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VENEZUELA - Declaración de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en relación al derrame petrolero en el río Guarapiche, Estado Monagas Imprimir E-mail
Petróleo en Latinoamerica - Venezuela
Viernes, 02 de Marzo de 2012 11:36
:: Declaración de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en relación al derrame petrolero en el río Guarapiche, Estado Monagas

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en atención a lo dispuesto en los literales f y j del artículo 4 de su ley de creación y al contenido del artículo 2 de su reglamento, expresa su interés y preocupación por conocer con rigurosidad científica la magnitud que alcanzó y los efectos que pudiera tener sobre la población afectada y el sistema ecológico el derrame de petróleo ocurrido en el río Guarapiche, cuenca del río San Juan, en fecha 4 de febrero de 2012 y del cual ha tenido noticia a través de los medios de comunicación públicos y privados.

La Academia considera preocupante que los órganos del Estado responsables de las operaciones petroleras, de la salud pública, de la seguridad laboral y del ambiente, no hayan presentado, hasta el momento, una evaluación del hecho acaecido y de sus consecuencias.

Esta evaluación inicial debe ser el punto de partida de una consideración justa e imparcial de la evolución del suceso, con carácter retrospectivo elaborada conforme a severos protocolos.

La Academia, dispone de piezas de información, provenientes del trabajo de investigación periodística, reportajes, relatos, declaraciones de diverso orden, efectuadas por autoridades, expertos, la comunidad local y la comunidad afectada por las consecuencias, que consideradas en conjunto dan cuenta de opiniones diversas y percepciones de evaluación diferentes. De esas informaciones considera que las imágenes difundidas por los medios de comunicación social sobre la manera como algunas personas participaron en las tareas de control del derrame son alarmantes por el daño que esto puede causar a su salud, razón por la cual considera indispensable solicitar los estudios clínicos necesarios para garantizar la salud de quienes trabajaron en las condiciones evidenciadas en las imágenes referidas

La Academia enfatiza su preocupación sobre los posibles daños ambientales, debido a su conocimiento del valor ecológico del sistema hidrográfico comprometido.

De hecho la cuenca del río San Juan puede definirse como una isla ecológica. En ella habitan comunidades a quienes debe garantizarse que su agua de consumo esté en condiciones de uso sin afectaciones a la salud inmediatas o a largo plazo y que igualmente puedan hacer uso alimentario de la fauna íctica sin deterioro a su salud o que sometidas a la imposibilidad de usar ambos recursos o alguno de ellos, se garantice su adecuada suplencia con suficiencia y oportunidad.

Desde el punto de vista ecológico, la Academia informa que esta cuenca es un centro de gran importancia ictiogeográfica y evolutiva de la ictiofauna continental (Mago, 1970, 1978; Lasso et al, 2010). Doscientas dieciocho (218) especies de peces habitan en ella y muchas de ellas se encuentran solamente señaladas para estos ríos.

Además, existen por lo menos cuatro especies endémicas (únicas en el mundo): Bryconamericus yokiae, Creagrutus hysginus, Chaetostoma venezuelae y Farlowella venezuelensis descritas para esta cuenca.

La vegetación ribereña de los ríos de la cuenca del San Juan está compuesta por diferentes estructuras que incluye Bosques de Galería, de Piedemonte, Morichales, y Bosques Siempre Verdes de Pantano en la zona continental y un bosque de manglar en su desembocadura en el Golfo de Paria. Cada una de estas comunidades vegetales tiene sus particularidades e importancia biológica tanto como en componentes de biodiversidad como su uso como alimento, refugio y protección la fauna silvestre.

Los Artículos 127,128 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indican entre otros aspectos que toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Garantizan que el Estado protegerá al ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. Establecen, además, que la conservación de equilibrio ecológico es obligación expresa de cualquier persona natural o jurídica que realice actividades que puedan afectar los recursos naturales. En ellos, la Constitución reconoce que la naturaleza holística del ambiente al referirse a los estudios de impacto ambiental y socio cultural.

Atendiendo a esa última disposición la Academia considera necesario realizar una evaluación científica del impacto social que este derrame haya podido causar, de la afectación que pudiese haber ocurrido a la biodiversidad del sistema hidrográfico, asi como a la calidad del agua para su uso como tipo 1-A o 1-B, de acuerdo a lo previsto en el articulo 3 del Decreto No 883 sobre Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos.

Esta evaluación de carácter retrospectivo, debe medir la magnitud del daño ocurrido, conocer los mecanismos como se materializó y dar pautas para establecer medidas compensatorias justas, a la vez que dictar normas que procuren evitar sucesos indeseados como el sucedido. Ella debe ser una investigación exhaustiva, independiente de las instituciones, directa o indirectamente involucradas, que cuente con su buena disposición y colaboración..

La Academia convencida de que las autoridades nacionales determinaran la pertinencia de esta evaluación, tal como se hizo en el caso de otros eventos de significación ocurridos en el territorio nacional, como la inundación del río Limón o el deslave de Vargas, ofrece sus buenos oficios para promover, de común acuerdo con los organismos gubernamentales competentes, las investigaciones técnicas y científicas que se consideren pertinentes con el concurso de las universidades nacionales, institutos y centros de investigación expertos en el tema.

La Academia con la convicción de actuar en la defensa del patrimonio natural de la nación y del derecho a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 127 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela exhorta al Ejecutivo Nacional a patrocinar la realización de estos estudios y las evaluaciones necesarias y su difusión a la comunidad nacional de modo de orientar el debido accionar ante situaciones como estas.

Claudio Bifano
Presidente

Antonio Machado Allison
Secretario

Caracas, 22 de Febrero 2012.

:: Provea exige estudio de impacto ambiental y establecimiento de responsabilidades en caso derrame Maturín

(Caracas, 14.02.12) El pasado 03 de febrero el rompimiento de una tubería del Complejo Operacional Jusepín, ubicado en el estado Monagas, desencadenó un derrame petrolero que, según informaciones no oficiales, se extendió140 kilómetrosy desembocó en las aguas del rio Guarapiche, una de las principales fuentes de agua de la ciudad de Maturín. Hasta ahora no existe información oficial sobre el accidente difundida por la compañía responsable, la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Sin embargo, las noticias afirman que estamos ante el peor derrame petrolero de los últimos años, el cual ocasionará daños al medio ambiente incalculables y de difícil reversión.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) expresa su preocupación que ante la falta de información veraz y oportuna, como lo establecela Constitución, no se estén tomando todas las medidas pertinentes para limitar los daños a la naturaleza, atender a las poblaciones rurales y urbanas afectadas por el derrame y resguardar la salud de los trabajadores de la industria petrolera, así como los diferentes voluntarios y voluntarias que se han sumado a la tarea de contener la contaminación. Denuncias realizadas a Provea por habitantes de la zona afectada aseguran que de manera improvisada, ante la magnitud de la catástrofre, las autoridades han contratado de manera improvisada a pobladores del sector, sin dotarlos de los necesarios implementos de seguridad, para trabajar en la limpieza del rio Guarapiche. Esta medida vulnera los derechos laborales de las personas contratadas y los expone a diferentes riesgos para su salud.

Provea ha consultado a trabajadores petroleros de la zona acerca de las causas del accidente, los cuales aseguran que el mismo es producto de la ausencia de medidas de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la industria. Situación que genera el riesgo que en otras zonas del país pueda repetirse el desastre ecológico que hoy afecta al estado Monagas.

Provea exige a los poderes públicos

1.- Realizar una investigación transparente acerca de las causas del derrame, lo cual permita tomar las medidas necesarias para evitar que un hecho similar pueda ocurrir en otras partes del país. Como lo ha venido registrando Provea en su Informe Anual, la compañía estatal de petróleos no ha tomado todas las medidas necesarias para disminuir el impacto de su actividad tanto en el medio ambiente como en las comunidades rurales e indígenas aledañas a los yacimientos. Por otra parte, diferentes señalamientos señalan la afectación de diferentes cosechas de alimentos pertenecientes a pequeños y medianos productores.

2.- En este sentido también exigimos PDVSA informe a la población venezolana sobre las dimensiones de los daños causados, las medidas inemdidatas y a mediano plazo que implementará para atender la situación en el estado Monagas.

3.- El pago oportuno y adecuado de indemnizaciones materiales para los afectados y afectadas.

4.- Realice en lo inmediato una evaluación de todo el sistema de gaseoducto instalado en el país para prevenir accidentes similares.

5.- Se abstenga de utilizar personal de la empresa o de las comunidades para asumir tareas ante la emergencia sin garantizar el instrumental adecuado para evitar daños a la salud. Además, solicitamos que se garantice las condiciones de salud y seguridad ocupacional de acuerdo ala Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y que se reduzca eficazmente los niveles de exposición del personal contratado para atender la contingencia, acatando las normas que regulan la materia por ser el producto derramado altamente tóxico

Finalmente expresamos que el accidente deja ver la vulnerabilidad de la industria de extracción de recursos energéticos y minerales del país y las potenciales violaciones al derecho al ambiente santo si la compañía no trabaja con los estándares de seguridad necesarios. Además revela la ausencia de proyectos de país diferentes al desarrollo promovido por la profundización de la economía minera primario-exportadora, discusión que en otros países de la región ocupa parte de las reflexiones tanto de las autoridades como de los activistas sociales.

:: Transiciones a la Venezuela post-petrolera

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

En su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Provea ha venido alertando acerca de la degradación al medio ambiente producto de la actividad extractiva petrolera. Desde hace varios años denunciamos que los esfuerzos que realiza la estatal PDVSA para disminuir el impacto ecológico negativo es, a todas luces, insuficiente. En diferentes puntos del país diferentes comunidades rurales e indígenas son afectadas por la contaminación de aire, agua y suelos producto de la minería. Esta situación es constante en otros países de la región que, al igual que el nuestro, se encuentran en proceso de expansión de su economía primario-exportadora de recursos energéticos. Sin embargo, en comparación, en ellos hay dos diferencias importantes: 1) Un activo movimiento social de base enfrentado a los grandes proyectos de infraestructuras a beneficio de la minería y a la ampliación de los diferentes yacimientos, y 2) Un variado tejido social, que incluye universidades e instituciones, que han puesto en el debate público la necesidad de planificar transiciones hacia una economía post-petrolera. En este último punto los intereses no provienen solamente de los ecologistas radicales. Diferentes economistas y funcionarios han afirmado que por un lado el recurso no es renovable y que, a pesar que algunos rubros (como el crudo pesado) existen reservas hasta dentro de 200 años, estiman que el mundo en algunas pocas décadas será menos dependiente de los hidrocarburos de lo que es en la actualidad. En resumen, que la gallina de los huevos de oro tiene un rendimiento finito.

Diferentes organizaciones sociales de la región promueven activamente tanto la denuncia al llamado "neoextractivismo" como una serie de alternativas para realizar un proceso de transición a un desarrollo diferente. Por ejemplo, el Centro Latinoamericano de Economía Social (CLAES) ha propuesto una serie de medidas que permitan armonizar las necesidades energéticas humanas con la sustentabilidad ecológica, en el entendido que la transición a una economía post-petrolera debe dar cortos pero firmes pasos. Algunas de estas son:
- Moratoria a la exploración de nuevas reservas fósiles: Además de los impactos ambientales ya conocidos de la explotación de hidrocarburos convencionales y los aún mayores de los no convencionales, las reservas probadas de estos recursos fósiles contienen más carbono del que se puede emitir para evitar un cambio climático peligroso. Por lo tanto no tendría sentido aumentar la cantidad de reservas de algo que no vamos a poder utilizar.

- Cálculo de los costos sociales y ambientales: Este es un instrumento económico bastante aceptado -aunque poco utilizado- y que cuenta con antecedentes. En el caso de la explotación y utilización de hidrocarburos, la sola incorporación de los costos sociales y ambientales en las evaluaciones previas o en los precios finales haría inviables muchos emprendimientos y aplicaciones. Hasta ahora los costos de la energía no contabilizan los daños al medio ambiente y a las comunidades aledañas a los yacimientos.

- Reorientación de subsidios. Los subsidios a la explotación, transporte y consumo de hidrocarburos llegan a cifras exorbitantes en muchos países. Es difícil sostener el argumento de que las energías renovables no son competitivas cuando se las compara con fuentes fósiles tan altamente subsidiadas y que no incorporan como costo los impactos que ocasionará. Retirar los subsidios a los fósiles y reorientarlos a las renovables volvería más competitivas a estas fuentes.

- Aprovechamiento del financiamiento internacional sobre Cambio Climático: La preocupación internacional sobre el cambio climático ha impulsado la creación de fondos, políticas y mecanismos de mercado orientados a la promoción de las energías renovables. Si bien es probable que esto por si solo sea insuficiente, no deben ser desaprovechados.

- La realización de Evaluaciones Ambientales Estratégicas y de Impacto Ambiental como base de los nuevos acuerdos de producción de energía

- Utilización de indicadores de "empleabilidad" para la aprobación de nuevos proyectos: Uno de los criterios generalmente utilizados para medir la capacidad de distribución de la riqueza de una industria es la cantidad de fuentes de trabajo que genera. Para el caso de la energía el indicador utilizado es el que relaciona la cantidad de empleos directos con la cantidad de energía consumidos por la industria en cuestión.

Como claramente lo establece el CLAES los cambios necesarios para poder alcanzar una matriz energética sustentable son muchos, deben darse en diferentes ámbitos y sectores y requieren de profundas transformaciones políticas y tecnológicas. No obstante, existen herramientas conceptuales, jurídicas y económicas con potencial para iniciar el período de transiciones. La profundidad y velocidad de esos cambios dependerá de las acciones que desde los distintos ámbitos de la sociedad (política, académica, institucional, etc.) tomen en esa dirección. Si alguna consecuencia buena puede derivarse del reciente derrame petrolero de Monagas es internalizar la necesidad de comenzar a pensar y promover, la Venezuela post-petrolera.