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Opinión
Venezuela
Detrás de la petrolera no sólo hay
intereses millonarios sino también la mano imperial
Por: Emilio Marín (LA ARENA)
Fecha publicación: 18/02/2008
La disputa comenzó en mayo pasado, cuando Hugo Chávez rescató la
soberanía petrolera en la Faja del Orinoco. Y se profundizó en
diciembre, cuando Exxon Mobil pleiteó ante el Ciadi, tribunal arbitral
del Banco Mundial.
La gigantesca petrolera norteamericana, descendiente de la tradición
expoliadora de Esso y Standard Oil, se había acostumbrado hasta los ´90
a dar las órdenes en Venezuela. Al socaire de los contratos firmados
con los socialdemócratas de Carlos Andrés Pérez y los socialcristianos
de Rafael Caldera, libó las riquezas petroleras hasta el hartazgo.
Esos políticos, que no se caracterizaban precisamente por su
patriotismo, crearon las brechas jurídicas para que la multinacional
pudiera apelar a arbitrajes internacionales, pese a que la Constitución
lo impedía. Desde fines del siglo XIX Venezuela simpatizaba con la
tesis del argentino Carlos Calvo, de que los países fueran respetados
como soberanos, a salvo de la injerencia de potencias extranjeras. Y
luego, a principios del siglo XX, dio lugar a la doctrina Drago, de que
no se pudiera exigir el pago de deuda por la fuerza u ocupaciones
militares.
Pérez y Caldera allá, como Carlos Menem acá, firmaron concesiones y
privatizaciones donde se dejaba la puerta abierta a dirimir eventuales
controversias ante tribunales internacionales. De soberanía ni hablar.
Tomándose de esos resquicios 'legales', la Exxon acudió en diciembre de
2007 al tribunal arbitral del Banco Mundial, el Ciadi, para demandar al
estado bolivariano porque éste rescató el área de Cerro Negro, en el
Orinoco, y le propuso que quedara como socio minoritario.
La supuesta perjudicada no aceptó ese trato ni las conversaciones
tendientes a indemnizarla. Caracas pensaba que con 1.200 millones de
dólares estaba más que bien remunerada. Pero la compañía 'gringa' tenía
otros números y demandó una inmovilización de activos de Pdvsa
(Petróleos de Venezuela SA) por 12.000 millones. La solicitud a la
justicia norteamericana, inglesa y holandesa ya tuvo un primer paso
adelante. Una corte federal de Manhattan, sin demasiado debate, en una
sesión de dos horas, resolvió inmovilizar 300 millones de dólares de
Pdvsa, a petición de Exxon.
Y no es que a aquélla le falte dinero. Junto con General Motors disputa
el liderazgo entre los pesos pesados de la economía de EEUU. El año
pasado tuvo ganancias por 40.600 millones de dólares, provenientes de
negocios como el que tenía en la Faja del Orinoco y que por obra de
Chávez se echó a perder (en realidad se iba a achicar pues el Estado se
quedaría con el 60 por ciento del paquete accionario y la firma
extranjera con el resto).
En apoyo de la tesitura venezolana no sólo está la ley venezolana. La
ONU tiene dispuesto desde 1962 que 'las legislaciones nacionales y los
intereses nacionales están por encima de cualquier interés particular'.
Lo que sucede es que los directivos de Exxon se creen los amos del
universo y esa idea se les refuerza cuando gobiernos claudicantes los
tienen en esa consideración.
Beneficios
La política de rescate del Estado en la Faja del Orinoco afectó a 32
'convenios operativos' firmados en los ´90 con las multinacionales.
Casi todas éstas admitieron de mal grado la decisión de Chávez y se
acogieron a las nuevas normas de funcionamiento (lo que trasunta que
aún así siguen ganando buenos dividendos). Fue el caso de British
Petroleum, Chevron, Total y Statoil.
Solamente Exxon y Conoco-Phillips, también 'made in USA', abandonaron
los emprendimientos y en el primer caso demandaron al Estado. La otra,
lo mismo que la italiana ENI, están discutiendo el monto indemnizatorio.
Para el país de Simón Bolívar fueron importantes los beneficios de
aquella nacionalización. El Estado dejó de ser el socio bobo para tener
la mayoría de las acciones y los beneficios, además de recaudar mucho
más por los impuestos. El ministro de Energía y Petróleo, y titular de
Pdvsa, Rafael Ramírez, recordó que las regalías que pagaban los
privados pasaron del uno al 33,3 por ciento, en tanto los impuestos
petroleros llegaron al 50 por ciento.
Pequeña digresión: en Argentina, el gobierno K avaló el convenio con
Panamerican, donde la anglo-estadounidense se quedará por cuarenta años
con Cerro Dragón, pagando entre 12 y 15 por ciento de regalías, una
bicoca...
Con ese reforzamiento en el Orinoco, la petrolera estatal redondeó
activos propios por 109.000 millones de dólares y consolidó el país
como el primer productor y exportador de crudo en Latinoamérica y el
Caribe. Afincado en esa base material y los consiguientes aportes al
presupuesto público -50 por ciento proveniente de Pdvsa-, el gobierno
bolivariano tuvo en 2007 recursos para nuevas inversiones y planes
sociales que atienden a su población de menor ingreso. Inclusive ha
dispuesto de capital como para comprar bonos de países amigos como
Argentina, o prestar a socios del ALBA como Cuba, Bolivia y Nicaragua,
etc.
Ese es el punto donde coinciden la estrategia de Exxon con la del
gobierno de George Bush: tratar de derrotar a Chávez, su enemigo común.
La empresa para recuperar sus privilegios en el Orinoco y la Casa
Blanca para derrotar al presidente antiimperialista más activo en la
región. Si alguien tenía alguna duda sobre esa convergencia, la habrá
disipado luego de escuchar al vocero del Departamento de Estado tomando
como propia la querella de Exxon.
Contraofensiva
Las medidas fogoneadas en Washington contra el chavismo incluyeron un
proyecto de resolución en el Capitolio para incluirlo en la lista de
'terroristas' junto a Siria, Corea del Norte, Irán y Cuba. La
resolución está impulsada por la congresista republicana Ileana
Ross-Lehtinen, representante de la gusanera de Miami, y ya cuenta con
25 signatarios. El argumento es que Caracas tiene acuerdos comerciales
con Irán y que su presidente pidió se saquen a las FARC y el ELN de la
lista de organizaciones terroristas.
Pero esos planes chocan con fuerte resistencia de Venezuela, excluidos
los adversarios de Chávez y arietes de la administración Bush.
El presidente denunció la campaña norteamericana y advirtió que la
primera medida de fondo será suspender la venta de crudo venezolano a
EEUU, al que hoy vende casi un millón de barriles diarios. El 14 por
ciento de la demanda petrolera del Norte es cubierta por envíos
venezolanos, lo que da una idea del impacto que aquella suspensión
puede tener.
Simulando una fortaleza que no es tal, The Washington Post escribió que
Caracas no podrá vender a otros mercados ese crudo porque es 'muy
sulfuroso'. Pdvsa suspendió el convenio con Exxon y dejó de venderle
600.000 barriles al mes, en réplica por el embargo decidido en la corte
de Manhattan.
La fortaleza material del país afectado es evidente en materia
petrolera, teniendo en cuenta que una vez que culmine la certificación
internacional de las reservas del Orinoco, tendrá en total reservas
probadas por 316.000 millones de barriles.
Eso es mucha plata, con un barril que volvió a rozar los 100 dólares y
que según Chávez podría trepar hasta los 200 si el conflicto entre los
dos países sigue su escalada.
El contragolpe bolivariano no se limita a medidas comerciales sino que
incluye la doctrina de la guerra de todo el pueblo en la defensa
nacional, la profundización del ALBA, a la que se incorporó Martinica
en la reciente VI Cumbre de presidentes; los acuerdos con Ecuador,
Argentina y Brasil; los convenios políticos, militares y tecnológicos
con China y Rusia, etc.
Los que pueden sufrir consecuencias de esta tirantez son los aliados de
Bush al interior de Venezuela. Varios de los políticos de la IV
República pueden ver reactivados juicios en su contra por favorecer la
entrega con su fomento a la 'apertura petrolera' de la que hoy se toma
Exxon. Muchos son opositores al gobierno y en 2002 dieron un fracasado
golpe de Estado.
Sin quererlo, la campaña imperial en el seno del Ciadi puede terminar
abrochando más acuerdos entre los afectados por los juicios de las
multinacionales. Argentina es uno de ellos, como principal demandado
por los monopolios internacionales en ese tribunal del Banco Mundial.
En vez de seguir concediendo aumentos de tarifas en servicios públicos
para desactivar esos juicios ilegales, debería unirse a Caracas para
reafirmar la soberanía estatal y patear el tablero de los 'tribunales
internacionales' y las pretensiones de potencias extranjeras. Al fin de
cuentas Carlos Calvo y Luis María Drago eran diplomáticos y juristas
argentin
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