La respuesta represiva de los Estados

Wilwer Vilca Quispe

ALAI AMLATINA, 23/07/2009.- El viernes 5 de junio una noticia conmovió 
al mundo: en la amazonía peruana, la represión policial provocó 34 
muertes (24 policías y 10 indígenas). La indignación nacional e 
internacional ante esta matanza provocada por el Estado peruano se 
expresó de inmediato en una corriente de solidaridad pocas veces vista 
antes.

¿Cómo se llegó a esta situación? Desde el 2008, los pueblos indígenas de 
la amazonía venían pidiendo al Estado peruano el respeto sobre sus 
derechos territoriales, reconocidos por la Constitución e instrumentos 
internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y en la 
primera semana de abril, los indígenas amazónicos se declararon en 
huelga indefinida exigiendo la derogatoria de varios decretos 
legislativos que atentan contra el derecho de posesión sobre su territorio.

Sucede que el gobierno de Alan García, haciendo uso y abuso de las 
facultades conferidas por el Congreso mediante Ley 29157 con la 
finalidad de implementar el TLC celebrado entre el Perú y los Estados 
Unidos, emitió 102 decretos legislativos, ocho de los cuales afectan 
directamente los derechos de los pueblos indígenas, específicamente los 
derechos a la consulta previa e informada, a la libre determinación y a 
su territorio. Estas normas priorizan la inversión privada a costa 
desproteger a los pueblos y sin importar el derecho a la libre 
determinación sobre su desarrollo y forma de vida.

Luego de 54 días de paro, obstinado en su negativa de solucionar el 
pedido de los pueblos, el 5 de junio el gobierno ordenó la intervención 
policial en la zona conocida como Curva del Diablo (Bagua, Amazonas), lo 
que provocó un enfrentamiento entre los indígenas que defendían sus 
derechos y los policías que tenían el mandato de poner orden e imponer 
los decretos legislativos del TLC. La represión no terminó (ni había 
empezado) ahí: fue seguida por la persecución judicial a los dirigentes 
indígenas, denunciándolos por secuestro, asesinato, alteración del orden 
social, entre otros graves delitos.

Neoliberalismo

La criminalización de la protesta se inició en la dictadura de Alberto 
Fujimori. Y se fue agudizando al punto que en julio del 2007 el gobierno 
de Alan García emitió once decretos legislativos gracias a los cuales 
las fuerzas armadas son inimputables ante el uso de su arma 
reglamentaria cuando se trata de protestas sociales, es decir tienen 
licencia para matar; el bloqueo de carreteras o vías publicas puede ser 
condenado hasta con 30 años de privación de la libertad, pena más 
drástica a la que recibe un asesino; y las autoridades locales y 
regionales están prohibidas de apoyar las movilizaciones de sus pueblos, 
entre otras medidas que atentan contra el derecho nacional e internacional.

¿Cuál es el meollo del asunto? La historia reciente muestra que en el 
Perú, desde el gobierno de Alberto Fujimori, continuado por Valentín 
Paniagua, Alejandro Toledo y el actual Alan García, se ha aplicado una 
política económica de libre mercado, diseñada para favorecer el 
crecimiento económico y la inversión privada, sin importar los derechos 
de los pueblos históricamente olvidados, discriminados y menospreciados.

Esta política económica aplicada desde los años noventa, ha generado una 
serie de conflictos en todo el territorio nacional, principalmente por 
la presencia de empresas extractivas como las mineras, petroleras y 
forestales, que han incursionado en territorios de las comunidades y 
pueblos indígenas del ande y la amazonía sin el permiso ni la 
autorización de los pobladores, sólo con el consentimiento legal 
otorgado por los gobiernos, que declara los proyectos extractivos “de 
interés nacional” para que nadie se oponga a tales inversiones.

A la fecha, según información de la Defensoría del Pueblo, se registran 
47 conflictos mensuales, en 3300 comunidades afectadas, solo por la 
presencia de la actividad minera. Producto de estos conflictos, el 
gobierno viene persiguiendo a más de 740 líderes indígenas, a quienes se 
les imputan los más graves delitos con tal de silenciar y desarticular 
el sistema organizativo de las comunidades y pueblos indígenas.

Lacra continental

Esta realidad no sólo se da en el Perú. Casos similares de 
criminalización, exclusión total y violación a los derechos de los 
pueblos indígenas se repite con las mismas fórmulas en países como 
Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, por mencionar algunos en 
Latinoamérica.

En Colombia la historia oscura de la actuación del Estado marca que 
desde 1974 hasta el 2007 un total de 339.323 indígenas Nasa en el 
departamento del Cauca afectados por asesinatos, lesiones graves, 
torturas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, secuestro, 
violencia sexual, allanamiento, amenazas, entre otros. En el periodo de 
Álvaro Uribe (entre el 2001 y el 2006), 211 mil indígenas Nasa fueron 
victimizadas. Y; entre los años 2008 y 2009 los asesinatos a líderes 
indígenas no han parado, los últimos fueron el de Edgar Legarda, esposo 
de la líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aída Quilcue, 
que fue acribillado por las fuerzas militares. Sólo en el último periodo 
de gobierno de Alvaro Uribe se suma más de 1200 indígenas masacrados. 
Estos genocidios al que están sometidos los pueblos indígenas queda en 
la más absoluta impunidad.

Dicho incremento en la vulneración de los derechos de los pueblos 
indígenas está asociado con la expansión geográfica del conflicto y 
especialmente con la implementación de la política de Seguridad 
Democrática de los dos últimos gobiernos de Álvaro Uribe, cuya 
justificación es terminar con la presencia de las FARC, cuando se trata 
en realidad de la imposición de políticas económicas privatizadoras que 
benefician a las empresas transnacionales, especialmente forestales y 
mineras.

“Democracia” chilena

En el caso chileno, los pueblos indígenas mapuches, al igual que sus 
similares en otros países del continente, históricamente fueron 
sometidos al despojo de sus tierras. En el proceso de pacificación de la 
Araucanía (segunda mitad del siglo XIX), el Estado Chileno de manera 
unilateral despojó el 95% del territorio mapuche. Ya en el siglo XX, 
tras el golpe militar de Augusto Pinochet, las tierras dejaron de ser 
indígenas porque se entregó títulos de propiedad individual a empresas 
forestales.

En los últimos años se expanden proyectos viales para favorecer a las 
empresas madereras que operan dentro de territorios de pueblos 
indígenas. También está la construcción de las hidroeléctricas que 
despojan aguas para desviar para el consumo de las empresas mineras y 
abastecimiento de las ciudades, dejando sin agua los campos agrícolas de 
las comunidades. Otro proyecto es el de la celulosa que desplaza a las 
comunidades aledañas al mar. Con todo esto, los pueblos indígenas ya no 
solo están negados del acceso a sus tierras sino hasta del mar.

Por estas realidades, los pueblos mapuches se organizaron alrededor de 
la Iglesia Católica y en partidos políticos. El Estado reaccionó creando 
la Ley Antiterrorista, al amparo de la cual se procesa y encarcela a 
líderes indígenas. Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 se 
registraron 209 mapuches procesados, sólo en la región de la Araucanía. 
A esto se debe agregar la práctica común de allanamientos ilegales a las 
viviendas, detenciones, vigilancia policial, maltratos en operativos, 
interrogatorios sin ser procesados, torturas, etc.

Expropiaciones en Argentina

Luego de la crisis económica y social de fines del 2001, que se agudizó 
en el 2002, a partir de 2003 Argentina crece económicamente por la 
exportación, en especial de la soja. En ese contexto, de 2003 hacia 
adelante, el bienestar de la población dejó de ser prioridad para las 
políticas del Estado, que se concentró en las exportaciones con el 
objetivo de lograr un mayor avance del crecimiento económico, dejando de 
lado las políticas agrarias, de salud, educación y otros sectores.

Pero las políticas de expropiación de territorios comunales no habían 
empezado con las crisis económica del 2001, sino desde años atrás. Entre 
1995 y 2000, en el Chaco se vendieron más de 700 mil hectáreas de 
tierras, por lo que la provincia del Chaco tuvo que reformar su 
Constitución para detener la venta de tierras indígenas hasta que se 
entregue titulo de propiedad a los pueblos originarios. Sin embargo, 
hasta la actualidad no se otorga esos títulos, pero se sigue vendiendo 
territorio de pueblos indígenas a empresas transnacionales 
norteamericanas, sobe todo en el norte de Argentina, donde existen 1500 
yacimientos mineros.

En el norte, además de los hidrocarburos y la minería, esta la tala de 
árboles del monte nativo. En la provincia de Salta se tala 103 hectáreas 
por hora. Todo por la política económica que prioriza la inserción en la 
economía global de mercado.

Producto de estos despojos de tierras, existen 347 conflictos indígenas 
que comprenden a un millón 300 mil hectáreas, sin considerar otros 
conflictos que no se reportan. Por ejemplo, en Santa Rosa se reclaman 
535 hectáreas de territorio que fue despojado por la Compañía Benenton. 
Frente a las legítimas demandas de los pueblos indígenas, se criminaliza 
su protesta con persecución judicial, secuestro, tortura, vigilancia 
permanente, entre otras acciones.

Respuesta global

Ecuador, en el contexto del boom petrolero, los pueblos indígenas son 
perturbados por el desastre de la naturaleza, al punto que en la 
actualidad hay 30 mil personas afectadas y muchos casos de cáncer. En el 
periodo de Lucio Gutiérrez se empezó una ofensiva apostando por la 
inversión privada en el sector minero, producto de lo cual se llegó a 
asignar unas 4,500 concesiones. Este modelo de economía dejó como 
secuela un incremento en la deuda externa y la migración de alrededor de 
tres millones de ecuatorianos.

Frente a estas políticas económicas, los indígenas levantan permanentes 
movilizaciones. En uno de los casos, en 1992, por defender la tierra 
fueron asesinados 18 líderes indígenas, inaceptable solución política 
dentro de un estado democrático y de derecho.

Todas estas formas de operar por parte de los estados frente a 
conflictos sociales, se convierten en una plantilla en todos los países, 
que en vez de dar soluciones políticas y prevenir conflictos, lo que 
hacen es agudizar las crisis para luego justificar la intervención 
policial y militar con la finalidad de desarticular a las organizaciones 
indígenas.

Además, no sólo es una forma de operar política y militarmente en contra 
de los pueblos indígenas, sino de desprotegerlos jurídicamente y 
negarles una adecuada administración de justicia. Todo bajo el silencio 
de los medios de comunicación de alcance nacional, que no visibilizan 
los problemas a los que se enfrentan los pueblos, excepto cuando estos 
son objetos de noticia policial o para burlarse de sus formas de vida, 
diferentes a las habitantes de las ciudades capitalinas.

Por ello, frente a un problema global, la respuesta debe ser global: la 
articulación de los movimientos indígenas en el continente avanza, y con 
ella se fortalecen sus organizaciones y se unifican sus propuestas. La 
criminalización no detendrá su lucha contra la imposición de la economía 
neoliberal.

* Este artículo se basa en los testimonios de líderes de organizaciones 
indígenas de los cinco países mencionados.

- Wilwer Vilca Quispe, es M.Cs. Derechos Humanos, Especialista en 
Derecho de Pueblos Indígenas y Miembro del Consejo Consultivo de la 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.


Más información: http://alainet.org