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Lunes, 25 de Diciembre de 2006 20:13 |
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UN OJO EN LA REPSOL
Octubre 2006 Nº 41
Observatorio Transnacional
http://repsolmata.info/article.php3?id_article=102
http://argentina.indymedia.org/news/2006/12/476854.php
0. PRESENTACIÓN
1. (ESP) Repsol ficha a Dezcallar, ex director del Centro Nacional de
Inteligencia
2. (EC) Analizando el contrato de Repsol con las Fuerzas Armadas en el
Bloque 16
3. (PE) Pluspetrol podría ser demandada por contaminación
4. (PE) La Federacion de Comunidades Nativas del rio Corrientes rechaza
mas concesiones petroleras
5. (PE) Pueblo indígena Achuar llega a Lima para dialogar con altas
autoridades nacionales
6.(MEX) Merrill Lynch critica con dureza la compra de Repsol en el Golfo
de México.
7. (AFR)Proyectan Gasoducto Transahariano desde Nigeria a Almeria
8. (ESP) Comunicado Ali Supay: Repsol-Bolivia en la prensa española
9. (BO) La Justicia boliviana, los delitos de Repsol y los intereses
"Españoles"
10. (Bo) Detalles del arresto domiciliario al Síndico de Andina-Repsol
11. (BO) Investigarán ex presidente de YPFB en caso vinculado a Repsol YPF
12. (ARG) CAMPAÑA: Un millón de firmas por la Nacionalización del Petróleo
y el Gas
13. (ARG)Repsol YPF, la historia de un delito
14. (ARG) Sobreseimiento causa penal YPF
15. (URU) Vecinos denuncian a Repsol-YPF por Peligro y contaminación
0. PRESENTACIÓN: MILITARIZACIÓN, CONTAMINACIÓN Y DELITOS
Más vale tarde que nunca... Por eso, después de un letargo que nos mantuvo
ocupados en otros asuntos, volvemos a poner nuestro Ojo en la Repsol para
transmitir los hechos que son silenciados por los grandes medios. En la
despensa, quedaron un par de OJOs anteriores que quedaron a medias, pues
en el embrollo de la nacionalización boliviana, nos saturaron la cantidad
de noticias donde Repsol aparecía algunas veces víctima, otras
protagonista, según la óptica ( o la coima) del periodista. Todo llegará.
De momento, desaguamos las noticias del penúltimo trimestre de 2006, donde
la petromilitarización se acentúa con el fichaje de espías (en España) y
comandos militares (en Ecuador). La contaminación se visibiliza en los
castigados territorios amazónicos del Perú, y en las cercanías de una
planta de Almacenaje en Uruguay.
Por otra parte, en agosto se hacían públicos algunos de los casos de
corrupción en bolivia, al tiempo que en Argentina, un extraño
“sobreseimiento” del caso de la nulidad de la privatización de YPF, tiraba
las esperanzas de miles de trabajadores a la borda. No se pierdan el
detallado informe sobre la ilegal privatización de YPF (punto 13). Sin
embargo, la campaña del millón de firmas por la nacionalización de YPF
continua. Vale la pena apoyarla.
Un Ojo en la Repsol recopila noticias y denuncias de la mencionada
transnacional.
Copia , rebota y difunde. Contacto:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
http://repsolmata.info
http://www.cascall.or/repsol/unojo
1. (ESP) REPSOL FICHA A DEZCALLAR, EX DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE
INTELIGENCIA
EFE (21/08/2006)
La petrolera Repsol YPF ha nombrado al ex director del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) Jorge Dezcallar secretario general del nuevo consejo
sobre asuntos internacionales, un órgano consultivo de nueva creación que
la compañía espera poner en marcha a principios de 2007.
Dezcallar dirigió el CNI durante el último mandato del Partido Popular y
estaba al frente del organismo cuando se produjeron los atentados del
11-M. Además, ha sido embajador de España en Marruecos, director general
de Asuntos Políticos en el Ministerio de Exteriores y director general de
Política Exterior para África y Oriente Medio.
El nuevo órgano se denominará “Consejo Estratégico Internacional”, estará
formado por entre siete y 10 miembros, y lo presidirá el propio Antoni
Brufau, presidente de la petrolera hispano-argentina.
La compañía busca “economistas, políticos y expertos” con experiencia en
asuntos diplomáticos y buenos conocedores de las estrategias
internacionales, para que asesoren con una visión global al órgano de
dirección de Repsol sobre las regiones en las que la compañía está
presente o sobre nuevas áreas de negocio, explicaron en Repsol YPF.
2. (EC)ANALIZANDO EL CONTRATO DE REPSOL CON LAS FUERZAS ARMADAS EN EL
BLOQUE 16
Por Bolívar Beltrán.
Las Fuerzas Armadas tal cual dispone la Constitución Política y la Ley
Orgánica de las Fuerzas Armadas, legislación que las regulan, manifiesta
que : “...tendrán como misión fundamental:
la conservación de la soberanía nacional,
la defensa de la integridad e independencia del Estado y
la garantía de su ordenamiento jurídico
Pero al revisar el “Contrato de seguridad militar para el boque 16,
Ecuador”, al que comparen: “REPSOL-YPF ECUADOR S.A. empresa constituida al
amparo de las leyes de España y domiciliada en el Ecuador”, denominada “La
Compañía”y por otro lado el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito,
representada por el señor Coronel Juan Arnulfo Reinoso Sola en su calidad
de Comandante, denominado “CONTRATISTA,” se ve que las FF.AA Ecuatorianas
se han convertido en un contratado de la empresa petrolera extranjera.
Este contrato, signado con el número CO13.00009.2003”, fue firmado el 1 de
octubre del 2003, con una vigencia de un año y once meses y además puede
renovarse. Su contenido atenta contra la soberanía nacional al permitirse
que la empresa petrolera Española ordene e imponga las directrices a las
fuerzas Armadas, al mencionarse que: “Cualquier instrucción que por
escrito sea dada por la Compañía, y los términos y condiciones de este
contrato”. Es tan grave el contenido de esta cláusula que podemos
entender que las fuerzas armadas tienen la obligación de acatar todas las
ordenes que la empresa petrolera imponga y disponga a nuestras fuerzas
armadas ecuatorianas.
Además se menciona que:
La compañía tratará con las comunidades indígenas en el área de
operaciones y dará las directrices de conducta que el contratista debe
observar en referencia a estas comunidades indígenas. En tal contexto, la
compañía será responsable por las relaciones con las comunidades indígenas
y el contratista deberá cumplir con las políticas y directrices dictadas
por la Compañía.
Es decir las FF. AA., tendrán que cumplir lo que la empresa petrolera
disponga como política hacia las comunidades indígenas, por haberse
convertido las FF.AA en un contratado más para sus intereses de
exploración y explotación de petroleo, que se encuentra en muchos casos en
territorios indígenas.
Otra de las misiones de las Fuerzas Armadas es garantizar la defensa,
integridad e independencia del Estado, pero estos principios fundamentales
quedan en duda al permitirse que las Fuerzas Armadas Ecuatorianas acaten
las ordenes, y que se le impongan las políticas y directrices desde una
empresa petrolera privada extranjera. La institución armada es la que debe
garantizar la defensa, integridad e independencia del Estado, pero ahora
por el cumplimiento de un contrato de seguridad, esta salvaguardando los
intereses privados de la empresa Repsol YPF Ecuador S.A.
Consideramos que las Fuerzas Armadas, al firmar este contrato, han
renunciado al orden jerárquico que es el pilar principal de sus
existencia, ya que se supeditan a las disposiciones de la empresa, como
consta en la cláusula 3.- OPERACIONES.3.32, que dice:
Durante la ejecución de los trabajos, el contratista [FF.AA] trabajará en
comunicación, coordinación y a las ordenes del coordinador de seguridad de
la compañía. En caso de existir un conflicto o enfrentamiento, el
Contratista actuará bajo las ordenes del Mando Militar Armado, e informará
constantemente al Coordinador de Seguridad de la Compañía las condiciones
actuales y actividades ejecutadas.
El motivo por el que se firma este contrato lo tenemos en la cláusula
2-Objeto y Alcance del Contrato, que menciona:
El objeto de este contrato, es que el contratista proporcione seguridad
integral en el área de operaciones de la compañía mediante patrullajes,
control militar permanente en todas las locaciones, carreteras de acceso y
embarcaderos de ríos y afluentes; con el propósito fundamental de impedir
el ingreso de delincuentes y/o elementos subversivos en el área de
operaciones, así como en las áreas de influencia de la compañía.
Lo grave de esta afirmación de “impedir el ingreso de delincuentes y/o
elementos subversivos en el área de operaciones”, es que el bloque 16,
concesionado a Repsol YPF, es territorio indígena perteneciente a la
Nacionalidad Huaorani y a varias comunidades indígenas y de colonos que en
nada tienen que ver con ese calificativo de delincuentes y mucho menos
subversivos.
La acción militarista de Repsol YPF va más allá del bloque 16 y la
extienden al Área de Operaciones del contrato: “bloque 16, las áreas de
Bogi, Capirón, Tivacuno, Shushufindi, Lago Agrio y áreas de influencia, en
la región Amazónica de la República del Ecuador”; así que prácticamente
contratan un servicio de seguridad privado de una institución respetable
como las Fuerzas Armadas, para una extensa zona de la región amazónica del
Ecuador.
El personal que se pone a disposición de la seguridad de la empresa
petrolera consta detallado de la siguiente manera:
Personal Militar contratado:
2 Oficiales.
2 Sargentos.
2 Soldados de comunicaciones.
36 soldados.
Total 42 soldados de las fuerzas armadas del Ecuador al servicio de la
empresa petrolera Repsol-YPF Ecuador S.A.
A) El contrato compromete la siguiente dotación de las Fuerzas Armadas:
fusiles, chalecos antibala, suspender de combate, alimentadora, uniformes,
botas, visores nocturnos, binoculares, machetes, PS, eslinga y mosquetón.
El contratista deberá proveer al personal con rango de oficial, de una
pistola automática de 9mm.
B) Esta dotación deberá entenderse como la mínima indispensable, no
obstante, si por razones propias de la ejecución de los trabajos, la
dotación sufre en parte o en todo un desgaste acelerado, el contratista
deberá reemplazarla inmediatamente la parte o todo de la dotación que haya
sufrido el desgaste acelerado. La compañía se reserva el derecho de
aprobar la calidad de la dotación provista por el contratista”.
¿Qué pasa si las Fuerzas Armadas incumplen con el contrato? A más de ser
cancelado el contrato, los equipos que se comprometen en este contrato
podrían ser utilizados y pasarían a poder de la empresa petrolera, así
dispone la cláusula 8.2.2.:
En el caso de incumplimiento por parte del Contratista como se menciona
anteriormente, la Compañía puede utilizar el equipo, herramientas e
instalaciones del Contratista en el sitio y cualesquier materiales, equipo
permanente y suministro en la ejecución de los Trabajos. Los precios a
pagarse por tales equipos, herramientas e instalaciones al contratista se
acordarán entre las partes.”
Es decir, el contrato contempla la posibilidad de que las Fuerzas Armadas
tengan que entregar a la empresa privada sus instalaciones militares y
hasta sus fusiles y cartuchos, chalecos antibalas, uniformes, y demás
equipos.
¿ A cambio de qué las Fuerzas Armadas se convierten en Contratistas de
seguridad privada para Repsol YPF?
Las Fuerzas Armadas se convierten en seguridad privada de Repsol YPF, por
el monto del contrato establecido en la cláusula: 5.10: “...el costo
estimado total antes de impuestos de este contrato es de USD
1´046,995.20.”
¿Es este precio suficiente para justificar que las fuerzas armadas se
convierten en una entidad de seguridad privada para uso exclusivo de la
empresa Repsol YPF?
Para concluir podemos decir que la empresa petrolera ha contratado a las
fuerzas armadas como entidad de seguridad privada para uso exclusivo de la
empresa Repsol YPF.*
Bolívar Beltrán.
CENTRO LIANAS DE CIENCIA, CULTURA Y AMBIENTE.
15 febrero 2005.
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3. (PE) PLUSPETROL PODRÍA SER DEMANDADA POR CONTAMINACIÓN
Milagros Salazar
IPS
¡Arankartuktaram!, ¡Respétennos!, exclaman en su lengua las comunidades
indígenas
achuar desde el corazón de la Amazonia de Perú. El grito va dirigido al
Estado y a las empresas multinacionales de exploración y explotación de
hidrocarburos.
Luego de más de 30 años de sufrir contaminación ambiental en sus
territorios, el pueblo achuar de la cuenca del río Corrientes, en la selva
peruana, _evalúa iniciar acciones legales contra las compañías
responsables de los daños. Este sería el primer caso llevado a las
instancias judiciales por los pueblos indígenas en este país.
Las actividades de explotación petrolera en territorios indígenas
comenzaron con la presencia de la estadounidense Occidental Petroleum
Corporation (Oxy) en los años
70. A partir de 1996, la compañía de capitales argentinos Pluspetrol Norte
opera en
las cuencas altas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, y desde el año
2000, ha extendido su área de intervención.
En la última asamblea indígena, efectuada el 5 y 6 de agosto, los apus
(jefes) de los indígenas acusaron nuevamente a las compañías de
hidrocarburos de haber atentado
contra la salud y el ambiente del pueblo achuar, de la cuenca del río
Corrientes.
Dicha etnia se encuentra ubicada en el departamento de Loreto, norte del
país, y cuenta con 31 comunidades que agrupan a 8.000 habitantes, de los
cuales entre 3.000 y 4.000 son víctimas directas de la explotación
petrolera, según la organización no gubernamental (ONG) Racimos de
Ungurahui, que trabaja en la defensa de los derechos del pueblo achuar.
"Hay una violación sistemática de nuestros derechos por parte del Estado
en complicidad con las empresas extractivas. El gobierno no es capaz de
sancionar a los que contaminan nuestros ríos y territorios. Por eso
pensamos tomar acciones", dijo a IPS Robert Guimaraes, vicepresidente de
la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que
reúne a 47 federaciones y seis organizaciones regionales indígenas.
Guimaraes, quien junto con la Federación de Comunidades Nativas del río
Corrientes (Feconaco), reiteró su denuncia desde uno de los salones del
Poder Legislativo, al que acudió el jueves 9 de agosto para participar en
un encuentro con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
La dirigencia de Aidesep considera que hay suficientes elementos
probatorios para demandar a las empresas. Uno de los informes más
reveladores es el del Ministerio de
Salud, en el que se alerta, por primera vez por parte del Estado, sobre
los altos contenidos de cadmio y plomo en la sangre de los achuar.
La investigación gubernamental "Visita de reconocimiento para la
evaluación de la calidad sanitaria de los recursos hídricos y muestreo
biológico en las comunidades de la cuenca del río Corrientes", publicado
en mayo de 2006, contiene un informe científico sobre la presencia de
metales pesados en la población indígena, el cual fue elaborado como
respuesta a un petitorio de Feconaco.
Para el estudio se evaluaron muestras de 199 personas, 74 de ellas de
niños de entre 2 y 17 años.
El informe reveló que 98,6 por ciento de los menores de la cuenca del río
Corrientes examinados superaban los valores límites de cadmio, de 0,1
miligramos por litro de sangre, y 97,3 por ciento sobrepasaban inclusive
la concentración habitual de este metal en fumadores, de 0,2 miligramos,
pese a que las personas analizadas no tenían el hábito de fumar.
Además, 37,8 por ciento de los menores se encontraban en niveles de
riesgo, es decir con concentraciones de 0,21 a 0,5 miligramos de cadmio
por litro de sangre, y 59,4 por ciento sobrepasaba el límite de tolerancia
biológica (LTB) de cadmio, superior a 0,5 miligramos. El escenario fue
similar en las muestras de la población adulta.
Los resultados sobre detección de plomo entre los menores de edad fueron
preocupantes: 66,2 por ciento de los casos "supera el límite establecido
para el plomo en población infantil (hasta 10 miligramos por litro de
sangre)", mientras que entre los mayores de 18, se verificó que las
concentraciones de este metal estaban por debajo de los límites aceptados,
de 20 miligramos por litro de sangre.
Según el informe La Oroya no Espera, elaborado por la Asociación
Interamericana para la Defensa del Ambiente y la Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental, la alta concentración de cadmio en la sangre puede
provocar daño y cáncer pulmonar, enfermedades del riñón, debilitamiento
del esqueleto, enfisema, bronquitis crónica, enfermedades del corazón y
depresión del sistema inmunológico. Mientras que la del plomo afecta al
sistema nervioso, con riesgo para el cerebro, y a los riñones.
Pero los representantes de Pluspetrol Norte no admiten la responsabilidad
del consorcio en la contaminación de los pobladores porque sostienen que,
como lo verificó el mismo informe gubernamental, la concentración de plomo
en las aguas es menor a los límites reglamentarios permisibles.
Sin embargo, el documento aclara que no existen datos de presencia de
otros metales pesados en el río, como el cadmio y el cobre, debido a que
no se pudo evaluar por razones metodológicas.
Pluspetrol Norte es una de las filiales peruanas de la petrolera de
capital argentino Pluspetrol, y tiene desde 2004 a la empresa estatal
china National Petroleum Corporation, el principal productor de petróleo
del gigante asiático, como copropietaria con 45 por ciento de
participación.
Pluspetrol Norte era en 2004 responsable de 54 por ciento de la producción
petrolera nacional.
"La empresa se acoge a los parámetros que exige la ley. Creemos que el
informe del Ministerio es serio pero no se puede asegurar que los niveles
de contaminación en la sangre se deban a la presencia de metales pesados
en los ríos. No se puede establecer una relación directa entre una y otra
cosa", dijo a IPS un funcionario de la compañía petrolera.
Racimos de Ungurahui, sin embargo, asegura que para determinar el grado de
Contaminación de los ríos debería analizarse la composición de los
sedimentos. Sin
embargo esto resulta difícil, dado que como aclara la evaluación del
Ministerio de Salud, "en Perú no existe una norma técnica que establezca
valores límites para evaluar metales pesados, hidrocarburos totales de
petróleo y otros parámetros en sedimentos".
La observación se basa en que el nivel de las aguas de los ríos de la
selva sube y baja en forma rápida y constante, y por tanto los restos de
los metales pesados se pierden en el caudal y terminan sedimentándose.
La ONG asegura que además hay contaminación en las lagunas y los lagos,
donde se abastecían de pescado las comunidades, y que se han alejado los
animales del monte,
que eran alimento de los pobladores. Se trata, dice un documento de
Racimos de Ungurahui, de una cadena de daños originada por la actividad
petrolera que se convierte "en un instrumento de violación de uno de los
derechos fundamentales de los pobladores: la alimentación".
Como resultado de un congreso de los pueblos indígenas de Loreto,
realizado del 20 al 24 de julio, la Organización Regional Aidesep Iquitos
(ORAI) exigió el establecimiento de "mecanismos de control sanitario
permanente para prevenir futuras afectaciones de salud de los pueblos
indígenas en áreas de explotación petrolera" y que se declare la cuenca
del río Corrientes en Estado de Emergencia Ambiental.
En el pronunciamiento de ORAI, los indígenas también exigen al Estado y a
la empresa Pluspetrol Norte la descontaminación del territorio achuar, y
la aplicación de tecnología de punta (limpia) en la zona en que está
operando, durante toda la explotación.
Guimaraes manifestó en nombre de las comunidades afectadas que urgía la
reinyección
de las aguas de producción, atender los pasivos ambientales y evitar las
actividades de nuevas petroleras en territorio achuar.
Al respecto, el ministro de Energía y Minas, el arquitecto Juan Valdivia
Romero, dijo a IPS que funcionarios de su despacho mantienen reuniones con
los directivos de Pluspetrol Norte, para que se aceleren las labores de
reinyección de las aguas residuales de producción en el subsuelo, como
método de disposición ambiental aceptable.
Sobre el conjunto de los daños ambientales producidos por las empresas
petroleras, Valdivia Romero afirmó que "reconocemos la importancia que
tiene para las comunidades la pronta disminución de los pasivos
ambientales. Nosotros, desde la dirección de fiscalización, le exigimos a
la empresa el estricto cumplimiento de las normas".
Por su parte, Pluspetrol Norte informó que a la fecha ha reinyectado unos
210.000 barriles diarios de agua de producción, lo cual supera su plan
inicial de 80.000. Se estima que esta labor finalizará en 2009.
Sin embargo, para Racimos de Ungurahui la petrolera no sólo avanza a paso
lento sino que además ha planificado la reinyección de apenas 15 por
ciento del total de las aguas Residuales.
El gerente general de Pluspetrol Norte, Roberto Ramallo, señaló mediante
una nota de prensa, que "somos conscientes de la existencia de un impacto
ambiental histórico en la zona, y por ello estamos desarrollando planes de
mitigación para mejorar la calidad de vida de las comunidades".
El ejecutivo destacó que la compañía brinda atención médica a 18.000
personas en forma gratuita, y construye y refacciona escuelas para 4.000
estudiantes nativos en la zona.
Pero Guimaraes insistió en que esa ayuda es tan sólo un paliativo.
"Nosotros queremos nuestro propio nivel de desarrollo con identidad y
armonía con la naturaleza sin renunciar a nuestra lengua, cultura y
territorios. Exigimos un Estado pluricultural y multilingüe", dijo a IPS.
El origen de la contaminación se debe buscar en la visión de desarrollo
que tiene el Estado peruano, basada en un modelo de explotación de
recursos naturales que no respeta a las poblaciones afectadas, dijo José
De Echave, de la ONG Cooperacción, especializada en temas mineros y
sociales.
Las comunidades indígenas también han recurrido a las instancias
parlamentarias. El nuevo presidente de la comisión de Amazonia y Asuntos
Indígenas del Congreso legislativo, Carlos Arana, señaló que el 15 de
agosto ésta analizó las preocupaciones de las comunidades.
"Veremos la posibilidad de presentar proyectos de ley que contribuyan a
atender los reclamos de estos pueblos y que incorporen también lo que
exigen los tratados
internacionales sobre el tema", señaló Arana a IPS.
En los próximos días se conocerá el anuncio de las organizaciones
indígenas sobre las medidas que adoptarán. Aunque los portavoces de las
etnias han estado muy sigilosos, se prevé que una primera medida será
iniciar acciones legales, y luego, como tantas otras veces, un proceso de
negociación con las compañías extractoras del oro negro.
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=38391
4. (PE) LA FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO CORRIENTES RECHAZA
MAS CONCESIONES PETROLERAS
Reporte del 20 de octubre del 2006
Informe sobre la paralización petrolera realizada pacíficamente por las
comunidades indígenas Achuar, Quichua y Urarinas, --que habitamos desde
tiempos inmemoriales en nuestro territorio ubicado en la cuenca del río
Corrientes, Loreto, Perú-- paralizando con ello, los vertidos de un millón
cien mil barriles diarios de las tóxicas aguas de producción que nos
envenenan y que contaminan nuestras aguas de consumo, nuestros animales y
nuestras tierras desde 1970, en los lotes 1AB y 8, antes explotadas por
Occidental Peruana Inc. y por Petroperú, y actualmente por la empresa
Pluspetrol.
Hasta la fecha las comunidades indígenas del río Corrientes, continuamos
las medidas pacíficas iniciadas el martes 10 de octubre, e informamos al
pueblo peruano y a la opinión pública internacional, que hemos paralizado
casi totalmente las actividades petroleras en la selva norte del Perú, en
los lotes 1AB y 8, con más de 180 pozos de explotación en las baterías de
producción: Jibarito, Huayurí, Dorissa, Carmen, Shiviyacu, Forestal y
Teniente López, además del aeropuerto de Trompeteros y en todas las
carreteras de la empresa.
La medida para paralizar las actividades petroleras, fue asumida por
nuestras comunidades el pasado martes 10 de octubre, después de agotar
todas las instancias de diálogo con los diversos Gobiernos del país, para
lograr el cese del continuo vertido de las tóxicas aguas de
producción petrolera, que ha contaminado las aguas de consumo humano de
nuestras comunidades, los peces que son nuestro alimento y la sangre de la
población indígena con cadmio y plomo, según los análisis oficiales del
Ministerio de Salud, PRODUCE y del Organismo Supervisor de las actividades
energéticas, (OSINERG)
La medida continúa pacíficamente esta semana en vista de que luego de la
reunión que sostuvimos en el campamento petrolero Jibarito, el pasado
viernes 13 de octubre, con los Ministros de Energía y Minas, Ing. Juan
Valdivia; el Ministro de Salud, Dr. Juan Vallejos; y el Presidente del
Gobierno Regional de Loreto, Robinson Rivadeneyra, en el que se
establecieron algunos acuerdos, entre otros, la promulgación y publicación
de las correspondientes normas legales que oficialicen nuestras demandas y
viabilicen su cumplimiento, sin embargo, luego de su publicación, las
comunidades evaluamos que el contenido de las Resoluciones Ministeriales
emitidas, no incluían de manera explícita las
entidades de ejecución y el financiamiento que garantice el cumplimiento
de nuestras demandas.
El domingo 15 pasado, las comunidades hemos hecho llegar al Gobierno
central y regional nuestras demandas, incluyendo los mecanismos para su
efectivización, de la manera siguiente:
1) Para la Reinyección hasta diciembre del 2007 del 100% de las aguas de
producción: Para legalizar la obligación de reinyectar el 100% de las
aguas de producción hasta Diciembre del 2007, que actualmente se vierten
al río Corrientes y sus afluentes, se debe incorporar esta decisión en el
Plan Ambiental Complementario (PAC) de los lotes 1AB y 8 debidamente
aprobados por el Ministerio de Energía y Minas.
2) Para la ejecución de los Planes de Salud y Desarrollo Integral de las
comunidades del río Corrientes: Para efectivizar ambos Planes, deben
establecerse dos correspondientes Proyectos Especiales, adscritos a la
Dirección Regional de Salud de Loreto, (DIRESA-Loreto) y al Gobierno
Regional de Loreto, (GOREL) respectivamente.
Cada uno de estos Proyectos Especiales, tendrá en su directorio a
representantes indígenas de FECONACO, conjuntamente con funcionarios
públicos de ambas entidades DIRESA y GOREL en representación paritaria.
Los representantes indígenas participarán en la planificación, diseño y
aprobación de las actividades, así como en la fiscalización de dichos
planes y de la fiscalización de la administración de los recursos del
Proyecto Especial.
Para la ejecución del Plan de Salud Integral, que fue elaborado meses
atrás, conjuntamente entre FECONACO y la DIRESA-Loreto, se pondrá en
ejecución desde el presente año, de acuerdo a su Plan Operativo anual
aprobado, con el financiamiento comprometido por PLUSPETROL, por el monto
de 40´169,986.00 nuevos soles, por 10 años. Por su parte el GOREL, con el
apoyo del Ministerio de Salud y la empresa PLUSPETROL,
construirán en el primer trimestre del 2007, un Hospital Rural, categoría
1,4 en la localidad de Trompeteros.
Para la ejecución del Plan de Desarrollo Integral, que incluye los
aspectos de titulación de tierras, educación, producción, medio ambiente,
entre otros, fue también elaborado meses atrás, conjuntamente entre
FECONACO y GOREL. El Presidente del Gobierno Regional de Loreto se
comprometió a gestionar la obtención de 11 millones de soles para dicho
plan. Las comunidades planteamos que ese monto debe ser aprobado para
financiar las actividades del plan operativo del primer año. Asimismo
GOREL y la Municipalidad Distrital de Trompeteros asignarán de aquí en
adelante, cada una el 20% de lo que reciban por concepto de Canon
petrolero, para financiar el Plan Integral de Desarrollo para las
comunidades del Corrientes.
3) La atención temporal de Emergencia con Alimentación y Agua potable:
PRONAA, brindará alimentación complementaria temporal y de emergencia a
las comunidades, de acuerdo a los productos de la canasta básica,
establecida en el Plan de Salud Integral, conforme con los criterios
culturales y nutricionales aplicados al caso de las comunidades del
Corrientes.
PLUSPETROL se compromete a evaluar, reparar y tratar todo el sistema de
agua estableciendo su suministro durante todo el día, en un plazo de 45 a
60 días.
La Dirección General del Salud Ambiental, (DIGESA), en coordinación con
los monitores indígenas de FECONACO, realizarán evaluaciones cada dos
meses, de la calidad de las aguas para consumo humano y de los ríos y
quebradas de la cuenca.
4) Para la Remediación de pasivos y daños ambientales de ambos lotes, con
vigilancia de FECONACO. En el acta del 13 de octubre, PLUSPETROL se
comprometió a capacitar a los monitores indígenas y pagarles por la
realización de su trabajo de monitoreo. Hemos precisado que, para que se
garantice la autonomía con la que deben actuar nuestros monitores
indígenas, no deben tener relación laboral con la empresa, por tal motivo,
el financiamiento para el monitoreo, debe ser depositado en una cuenta
bancaria especial de FECONACO, asumiendo nuestra organización la
responsabilidad de cumplir con pagar mensualmente el trabajo de los
monitores.
5) No más concesiones petroleras, ni el inicio de operaciones en los
recientes lotes 104 y 106: El acta del 13 de octubre, suscrito entre los
Ministros y las comunidades de FECONACO, expresa que las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos se realizarán con el
consentimiento de los pueblos y las comunidades indígenas de la cuenca.
Nosotros agregamos que el pueblo y las comunidades indígenas achuar,
quichua y urarinas, del Corrientes, ya hemos expresado en múltiples
oportunidades nuestro NO consentimiento para el otorgamiento de nuevas y
más concesiones petroleras en la cuenca del Corrientes, así como para no
iniciar las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en
el lote 104 otorgado a la empresa Burlington y el lote 106 otorgado a la
empresa Petrolífera.
Queremos expresan que el Estado no nos consulta ni informa claramente
sobre el uso que desde las oficinas de Lima se plantea dar a los
territorios que ocupamos y poseemos legítimamente por derecho ancestral y
por mandato expreso de la Constitución. Asimismo informamos la dejadez del
Estado en nuestras comunidades: hay mínimos servicios públicos, no hay
control por la contaminación, el canon no llega y nunca se nos ha
pagado compensaciones por el uso de nuestras tierras. Situación que
resulta contradictoria si se considera que el área de Corrientes provee,
desde hace 35 años, el 60% del petróleo que se produce en el país estando
todos los distritos de donde se extrae este recurso en la lista oficial de
los de extrema pobreza.
No puede ser que el petróleo suponga bienestar y beneficios para la
sociedad nacional a costa de la salud física y mental, la pobreza, el
hambre, la contaminación, la intranquilidad social, la invasión y
destrucción de la propiedad y el riesgo a la sobrevivencia de los
legítimos y ancestrales dueños y vivientes de las tierras de donde el
petróleo es extraído.
Además, queremos expresar nuestro reconocimiento a la Policía Nacional de
la región Loreto, que se encuentra cumpliendo cabalmente sus funciones en
las diversas instalaciones de ambos lotes, y quienes son testigos que
ninguna propiedad, equipos y suministros de la empresa ha sido afectados,
porque los indígenas somos respetuosos de lo ajeno, y porque nosotros nos
proveemos y alimentamos de lo que el bosque nos prodiga.
Deploramos las últimas declaraciones de la Ministra del Interior, Pilar
Mazzetti, de que próximamente va a enviar contingentes policiales para
desalojarnos, nos apena, sobretodo viniendo de una médica, quien hace un
año, cuando era Ministra de Salud, del anterior gobierno, se reunió con
nuestros dirigentes en Lima, y ordenó la realización de la evaluación de
salud humana en nuestras comunidades, lo que arrojó como resultado que
el 99% de nuestra población muestreada, está contaminada con altos niveles
de plomo y cadmio en la sangre.
Las comunidades les recordamos al Estado que el principio de autoridad y
el cumplimiento de la ley debe aplicarse a quienes la están violando, y no
sólo debe invocarse para acallar la respuesta de la ciudadanía frente a la
violación de sus derechos sino para enrumbar el país por las rutas del
respeto a la ley, la vida, la salud y la equidad, algo que las empresas
petroleras vienen ignorando, en el Río Corrientes desde hace 35 años con
total impunidad.
Finalmente, queremos informar que el día de hoy, estamos enviando una
delegación indígena a la ciudad de Lima, para informar directamente al
pueblo peruano, a las autoridades y a los medios de prensa nacional y
extranjera, que nuestras demandas son justas, que nuestras medidas son
absolutamente pacíficas y que no permitiremos que nuestra madre tierra
siga siendo dañada, y que nuestros hijos queden condenados a la
enfermedad y la muerte.
¡CON EL PODER Y LA FUERZA ESPIRITUAL DEL ARUTAM, SEGUIREMOS FIRMES EN
NUESTRO TERRITORIO!!
Con el ruego de su difusión, FECONACO
Contacto:
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http://www.achuarperu.org
5. (PE) PUEBLO INDÍGENA ACHUAR LLEGA A LIMA PARA DIALOGAR CON ALTAS
AUTORIDADES DE NIVEL NACIONAL
Las Comunidades Nativas del Pueblo Indígena Achuar asentadas en la Cuenca
del Río Corrientes, ubicado en la parte nor-oriental de la Amazonía
Peruana, en el departamento de Loreto, Perú, son víctimas desde hace tres
décadas de los severos impactos ambientales y sociales ocasionados por la
discriminatoria pasividad del Estado y la indiferencia, irresponsabilidad
e impunidad con que las empresas efectúan la exploración y explotación
petrolera en sus territorios ancestrales.
Como se evidenció en el reportaje televisivo del programa dominical
Cuarto Poder, el pueblo Achuar viene soportando por 35 años una
permanente agresión ambiental desde que, a inicios de los años setenta,
fueran encuadrados en su territorio dos lotes petroleros, los actualmente
denominados lote 1AB y lote 8, lotes operados inicialmente por empresas
Occidental Petroleum Co. (OXY) y Petroperú, y actualmente por la empresa
Argentina Pluspetrol.
Diariamente se vierte a sus ríos, sin los cuidados adecuados,
aproximadamente 1'100,000 barriles de aguas de producción petrolera (1
barril = 159 litros) de alta salinidad y elevada temperatura (90°C),
compuestas por hidrocarburos, cloruros y metales pesados que, como el
plomo, cadmio, cromo, bario, níquel, mercurio, arsénico y otros, producen
alteraciones genéticas, cáncer y fuertes daños a la salud física y mental
de la población.
La situación actual de la salud de las Comunidades es grave hasta poner
en riesgo su sobrevivencia, principalmente por los efectos de la
contaminación entre la población infantil.
El 29 de mayo del 2006, el Ministerio de Salud entregó a la FECONACO, el
informe elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental ? DIGESA,
Informe N° 995-2006/DEPA-APRHI/DIGESA, de la "Visita de reconocimiento
para la evaluación de la calidad sanitaria de los recursos hídricos y
muestreo biológico en las comunidades de la cuenca del río Corrientes". En
este informe oficial se da cuenta, de la grave situación de salud de los
Achuar, reconociendo la profundidad de los daños, y confirmando la
situación que los pobladores venían denunciando desde hace muchos años.
El 98,65% de los comuneros supera los valores límites de cadmio en sangre.
En el caso de plomo en sangre, el 66.21% de niños entre 2 y 17 años y el
24% de la población adulta superaron los límites máximos permisibles. Un
13% más de la población presenta niveles considerados peligrosos para la
salud
No es más que un primer contacto con la realidad. Como consecuencia de la
ardua insistencia de las organizaciones representativas del pueblo achuar
se han realizado por vez primera pesquisas que, como en el caso del
informe de la OSINERG, revela innumerables prácticas de camuflaje
informativo que las empresas habían estado acostumbradas a efectuar en
complicidad con los órganos encargados de la vigilancia ambiental para
encubrir una realidad que hoy ponen de manifiesto una serie informes. No
sólo la sangre de las personas. Aguas, animales terrestres, peces, suelos
y recursos están seriamente contaminados haciendo inviable la vida social
y familiar de los achuar.
Esta situación puede aún agravarse puesto que en los planes del Estado
está abrir nuevas explotaciones en los últimos reductos sanos que restan
del territorio Achuar del Corrientes. El pueblo Achuar consideran que es
su derecho y su deber cívico no aceptar el ingreso de las empresas
Burlington y Petrolifera para que desarrollen esas nuevas operaciones
petroleras en sus territorios sin que el Estado Peruano se ocupe de la
remediación urgente de los pasivos ambientales, desarrolle un plan
integral de salud y alimentario, suficiente para atender la situación de
toda su población y ordene a la empresa Pluspetrol a reinyectar el 100% de
sus tóxicas aguas de producción en el menor plazo posible.
Los representantes de la Federación de Comunidades Nativas del Río
Corrientes ? FECONACO y de la Organización Achuar Chayat ? ORACH,
llegaron a Lima para dialogar con altas autoridades de nivel nacional del
nuevo Gobierno del Perú, sobre esta problemática ambiental y humanitaria.
Los Achuar, vienen a Lima por tercera y última vez y se quedarán una
semana hasta cumplir sus objetivos para extremar sus esfuerzos de diálogo.
Esperan poder conversar con el mismo presidente Alan García, además del
Congreso de la República, los Ministerios de Salud y Energía y Minas,
Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional del Ambiente ? CONAM y otras
instituciones involucradas en su caso.
Junto con su problemática ambiental los Achuar expresan su malestar al
afirmar que el Estado no les consulta ni informa claramente sobre el uso
que desde las oficinas de Lima se plantea dar a los territorios que ocupan
y poseen legítimamente por derecho ancestral y por mandato expreso de la
Constitución. Asimismo reclaman la dejadez del Estado en
su zona de asentamiento: hay mínimos servicios públicos, no hay control
por la contaminación, el canon no llega a sus comunidades y no se cumple
un régimen de pagos y compensaciones por el uso de sus tierras.
Situación que resulta contradictoria si se considera que el área de
Corrientes provee, desde hace 35 años, el 60% del petróleo que se produce
en el país estando todos los distritos de donde se extrae este recurso en
la lista oficial de los de extrema pobreza.
Para los achuar el mandato constitucional es claro al señalar la vida y
la dignidad de la persona como la base del funcionamiento de la sociedad
peruana. Así mismo son contundentes al asumir la responsabilidad y el
deber ciudadano de contribuir a la protección de la salud pública, a un
medio ambiente sano y al desarrollo sostenible y participativo,
respetuoso de las generaciones por venir. La igualdad de la ciudadanía
debe expresarse de manera concreta. No puede ser que el petróleo suponga
bienestar y beneficios para la sociedad nacional a costa de la salud
física y mental, la pobreza, el hambre, la contaminación, la
intranquilidad social, la invasión y destrucción de la propiedad y el
riesgo a la sobrevivencia de los legítimos y ancestrales dueños y
vivientes de las tierras de donde el petróleo es extraído.
El pueblo Achuar recuerda al Estado que el principio de autoridad y el
cumplimiento de la ley debe aplicarse a quienes la están violando, y no
sólo debe invocarse para acallar la respuesta de la ciudadanía frente a la
violación de sus derechos sino para enrumbar el país por las rutas del
respeto a la ley, la vida, la salud y la equidad, algo que la actividad
petrolera viene ignorando, en el Río Corrientes desde hace 35 años con
total impunidad.
*Prensa FECONACO Achuar* contacto:
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6. (MEX) MERRILL LYNCH CRITICA CON DUREZA LA COMPRA DE REPSOL EN EL GOLFO
DE MÉXICO::
. El banco de inversiones Merrill Lynch considera que la compra anunciada
ayer por Repsol YPF del 28% del yacimiento Shenzi en el Golfo de México
por 2.145 millones de dólares ha sido "una de las operaciones más
costosas" que han visto. La compra anunciada ayer podría ser la primera de
una serie que podría alcanzar los 10.000 millones, según el banco. También
estiman que Repsol conseguirá entre 2.000 y 3.000 millones en OPV de YPF.
Según la entidad financiera, la petrolera hispano argentina deberá
obtener unas reservas "sustanciales" para justificar esta compra y señala
que las empresas del sector de exploración y producción de Reino Unido
están haciendo adquisiciones a unos 7,2 dólares por barril cuando ésta le
ha salido a Repsol por unos 19 dólares. Merrill Lynch menciona otras
operaciones similares en la zona por empresas europeas. Statoil e Hydro
hicieron en 2005 compras de tamaño similar, pero señala que el riesgo de
éxito exploratorio asumido era "sustancialmente" más bajo en el caso de
la primera, o el plazo para la obtención de beneficios era más corto,
aprovechándose así de los altos precios del crudo estos años, en el caso
de la segunda. Sin embargo, el banco no cree que el importe sea el único
factor a tener en cuenta, señala que el factor riesgo es muy importante y
subraya que la exploración del flanco Norte del yacimiento a finales de
año "será la clave para determinar el valor de la transacción" realizada.
Además, indica que el flanco Norte comporta mayores riesgos que el Sur,
de hasta un 40%, frente al cero riesgo atribuido al flanco Sur que
empezará a dar sus frutos en 2009. Merrill Lynch cree que esta compra es
la primera de una serie en la que la petrolera que preside Antoni Brufau
acabará invirtiendo hasta 10.000 millones de euros, ya que dispone de la
capacidad financiera necesaria, que además incrementará con una OPV de
YPF proyectada en Argentina. En esta OPV, estiman que conseguirá entre
2.000 y 3.000 millones de euros por vender entre el 15% y el 25% de YPF.
"Este capital flotante no es irrelevante, pero no va a servir para
desbloquear de manera inmediata su valor subyacente", explica. Además
señala que el mercado le va a demandar un dividendo del 11% por los
títulos de la filial argentina. El banco de inversiones mantiene la
recomendación de la petrolera hispano argentina en neutral. Su cotización
acusa el golpe.
Fuente: Europortal Jumpy España, S.A (13/07/2006)
7. (AFR) PROYECTAN EL EL GASODUCTO TRANSAHARIANO desde Nigeria a Almeria
IGNACIO CEMBRERO - Madrid
Será el mayor gasoducto del mundo, y sus promotores, Argelia y Nigeria,
quieren que desemboque en España. Los ministros de Energía de Argelia,
Nigeria y Níger presentaron en septiembre en Argel el proyecto de la mayor
obra de infraestructura energética de África, el Trans Saharian Gas
Pipeline (TSGP), de 4.128 kilómetros, que costará unos 10.000 millones de
dólares (7.936 millones de euros) y que tendrá una capacidad de bombeo de
hasta 25.000 millones de metros cúbicos al año. Esta cantidad equivale al
consumo de gas de España en 2003.
Los tres ministros de Energía, el argelino Chakib Khelil, el nigeriano,
Edmund Daukoru, y el de Níger, Mohamed Abdoulahi, se dieron cita el 18 de
septiembre en el Hotel Milton de Argel para marcar su voluntad política de
sacar adelante el ambicioso proyecto. Presentaron el estudio que les
acababa de entregar la consultora británica Penspen/Ipa.
"Demuestra la viabilidad técnico-económica de la empresa", recalcó Khelil.
El estudio indica que la mayor parte del gasoducto (2.310 kilómetros)
discurrirá por territorio argelino, otros 841 kilómetros lo harán por
Níger y 1.037 atravesarán Nigeria. El enorme /tubo/ podrá transportar
entre 18.000 y 25.000 millones de metros cúbicos al año. El coste de la
obra se elevará, según los ministros, a 10.000 millones de dólares (7.936
millones de euros) a los que habrá que añadir unos 3.000 (2.380 millones
de euros) para llevar a cabo prospecciones adicionales.
Por ahora no se ha constituido una sociedad para construir y explotar el
gasoducto ni mucho menos se ha resuelto la financiación de la gigantesca
obra, pero esto no es un gran escollo, según los ministros. "Hemos llegado
a una fase avanzada", declaró el argelino Khelil; "es casi la fase de
realización. Además de la NNPC y de Sonatrach (compañías
petroleras de Nigeria y Argelia) habrá otros inversores". Y añadió:
"Incluso las empresas europeas estarán interesadas por este proyecto".
Para el dirigente argelino, el año 2015 será el momento de "colmar el
déficit gasístico de la Unión Europea".
Para sus promotores la idea es trasladar por tierra a Europa el gas de
Nigeria, un país que posee unas reservas de 190 trillones de metros
cúbicos, 30 más que Argelia. Níger también acaricia la idea de
incorporarse al club de los productores, según anunció Mohamed
Abdoulahi, aunque su aportación al /tubo/ transahariano será modesta.
Khelil explicó que el TSGP sólo tendrá sentido si cruza el Mediterráneo y
llega a Europa, dónde el crecimiento anual del consumo de gas es del 2% a
causa, sobre todo, de su creciente uso para la generación de electricidad.
En la Europa del sur el consumo aumenta, sin embargo, más rápidamente: 15%
en España y 8% en Italia.
El estudio de viabilidad británico, reveló Khelil, apuesta por prorrogar
el gasoducto de Beni Saf, cerca de Orán, a Almería, en lugar de optar por
hacerlo desde El Kala, más al este en Argelia, hacia Cerdeña (Italia). La
prolongación por Andalucía es menos costosa y técnicamente más fácil de
hacer. "Pensaremos en una segunda etapa en el otro camino",
declaró el ministro.
Alargar el gasoducto hasta Almería, sumergiéndolo en el Mediterráneo,
requiere conversaciones con el Gobierno español, que por ahora no han
empezado, según fuentes diplomáticas. Si se alcanza un acuerdo es probable
que compañías de hidrocarburos españolas participen en la sociedad que
gestione el gasoducto, señalan en el sector.
Capacidad de bombeo
Si el TSGP se lleva a cabo será el tercer gasoducto que enlace a España
con África. Ahora bien, la capacidad de bombeo del transahariano superará,
con creces, a las de los otros dos juntos y además transportará gas
nigeriano y no argelino.
El primer gasoducto, que los argelinos llaman Pedro Durán Farell, el
nombre del difunto presidente de Gas Natural, une desde mediados de los
noventa a Argelia con España pasando por el norte de Marruecos y bombea
8.000 millones de metros cúbicos. El segundo, Medgaz, conectará a los dos
países, desde Beni Safi a Almería, en 2009. Transportará hasta 12.000
millones anuales. El grueso de su recorrido, 220 kilómetros,
discurrirá a más de dos mil metros de profundidad lo que eleva el precio
de la obra hasta 700 millones de euros.
Por tierra o por mar, Argelia es desde hace años el primer proveedor
gasístico de España. A principios de esta década alcanzó el tope previsto
por la ley de hidrocarburos española, que prohíbe que un solo país rebase
el 60% del suministro total.
Aunque sus exportaciones han aumentado su cuota de mercado ha caído ahora
hasta el 44% porque el consumo español no sólo crece sino que se
diversifica. El segundo gran suministrador de España es Nigeria, con el
15%, y el tercero Egipto, con el 11%.
Fuente: El País (02-10-2006)
8. (ESP) COMUNICADO ALI SUPAY: REPSOL-BOLIVIA EN LA PRENSA ESPAÑOLA
Vuelve a hablarse de REPSOL y Bolivia como un contencioso injusto que
este país andino esta dispuesto a litigar contra la compañía de bandera
española. En la madre patria diversos medios de comunicación se hacen eco
del descontento general que hay en la clase política
nacional y empresarial. Bolivia entre ceja y ceja. Evo Morales como el
peor enemigo en que no cabe confiar. Todos parecen dispuestos a enarbolar
la bandera del interés general pero, ¿que país se interfiere en las
decisiones soberanas de otros? ¿le dice alguien a nuestro
gobierno cómo debe funcionar? Quizá sepa mal que en este país andino se
pague de una vez por todas aquello que los colonizadores supieron tomar
sin costo alguno y en la mayoria de los casos a la fuerza. Hoy en día la
huella que continúa dejando la empresa Repsol,no sólo en territorio
boliviano, es lamentable. Quizá vaya siendo hora de que los
medios de comunicación den cancha a este otro tipo de información. ¿Dónde
podemos hallar info al respecto? visiten la página...
http://repsolmata.info
Seguro que no les deja indiferentes. Detrás de las cuantiosas ganancias
economicas que genera REPSOL en ultramar, también se generan auténticos
dramas humanos. no es producto de la fantasía, es la verdad, aquella que
no conviene enseñar...
La mejor petrolera?
LA QUE NO EXISTE!!!!
SALUDOS,
Ali Supay
9. (BO) LA JUSTICIA BOLIVIANA, LOS DELITOS DE REPSOL Y LOS INTERESES
"ESPAñOLES"
Juan Torres López - Rebelión ECONOMíA 28-08-2006
Bolivia no es un país pobre pero es el país más empobrecido de América
Latina.
La empresa multinacional Repsol-YPF es una petrolera que gana millones de
dólares a costa de retribuir lo menos posible a sus trabajadores y a los
dueños de los recursos que explota, por ejemplo, en Bolivia.
La justicia boliviana detecta la posibilidad de que actuaciones
fraudulentas de Repsol hayan costado al Estado Boliviano varios cientos
de millones de dólares, bien por contrabando, bien por presuntas
estafas que se han de investigar.
Las autoridades gubernamentales españolas, el propio Rey Juan Carlos,
los dirigentes conservadores españoles y los grandes empresarios con
menos escrúpulos y peores prácticas comerciales ponen el grito en el
cielo por la "amenaza" y la "agresión" que las
autoridades judiciales bolivianas ejercen sobre las empresas y los
intereses "españoles" en Bolivia.
Las autoridades gubernamentales españolas, el propio Rey Juan Carlos,
los dirigentes conservadores españoles y los grandes empresarios con
menos escrúpulos y peores prácticas comerciales no parecen sentirse
concernidos por el hecho de que una empresa
"española" haya podido robar cientos de millones de dólares a una nación
en donde casi el 65% de la población se encuentra por debajo del nivel de
pobreza.
Esta es la secuencia de los hechos desde que una mayoría sustancial de
ciudadanos eligiera a Evo Morales como Presidente de Bolivia cuando lo
que ha ocurrido es bastante simple.
Lo que antes eran prácticas consentidas por gobiernos enemigos de su
propia patria (concesiones petroleras a precios de saldo, exenciones
ilegales de impuestos, vista gorda frente a los desmanes ambientales y
crímenes ecológicos, mano abierta frente al contrabando y el fraude que
enriquecía a los directivos, regalías misérrimas que
dejaban en Bolivia una minúscula parte de las rentas que obtenía
Repsol...) con Evo Morales pasan a ser lo que son en todo el mundo
civilizado: delitos contra el Estado que la Justicia tiene el deber de
investigar y condenar si efectivamente se han producido.
Pero, cuando la justicia boliviana comienza a actuar gracias a que
ahora hay un gobierno limpio y dispuesto a dar al Estado lo que es
suyo, un gobierno como el español, que se reputa democrático,
solidario, justo y defensor de la paz, se deja llevar por lo que le
piden al oído las grandes empresas que han estado cometiendo esas
tropelías y levanta su voz para criticar al débil Estado Boliviano que
quiere administrar justicia, al menos, como pueden hacerlo los fuertes.
Si el gobierno español, el Rey Juan Carlos, o los dirigentes políticos
y empresariales que ahora están tan preocupados por las iniciativas de
la justicia boliviana estuvieran de verdad interesados en defender los
intereses ?españoles?, el buen nombre de España en el
exterior, nuestro papel pacificador y contribuyente a la paz y al
progreso, ¿no deberían ser críticos con los presuntos delincuentes ?como
Repsol- y no con quienes tratan de averiguar si ha habido empresas
?españolas? que hayan robado a un pueblo tan necesitado como el
boliviano?, ¿no deberían pedir que se acelerase la acción de la justicia
boliviana en lugar de criticarla y que fuese especialmente ejemplar para
limpiar la imagen de España?, ¿no deberían condenar los abusos económicos
y ambientales de todo tipo de empresas, Repsol
incluida, en lugar de considerar que quien los persigue pone en peligro la
"seguridad" en los negocios"?
Y si se demostrase que empresas ?españolas? han robado y empobrecido a
un pueblo que sufre tanto como el boliviano, ¿no sería más lógico que
manifestaran, entonces, su condena y su vergüenza por la actuación de
esas empresas ?españolas??
Y teniendo en cuenta que los delitos y crímenes de Repsol ya han sido
demostrados en otras ocasiones, ¿se puede confiar de verdad en la
sinceridad de todos esos gobernantes, políticos y dirigentes
empresariales cuando mantienen silencio sobre esos delitos y crímenes y
siguen considerando que los empresarios delincuentes son los que
representan los intereses ?españoles? en el mundo y en América Latina
en particular?
Quizá esta torticera confusión entre los intereses de algunas empresas
y los intereses de España es lo que explica la "preocupación" de las
autoridades gubernamentales españolas, del propio Rey Juan Carlos, de
los dirigentes conservadores españoles y de los grandes empresarios sin
escrúpulos por las actuaciones, legítimas, de la administración de
justicia boliviana. ¿Quién, en su sano juicio democrático, puede
preocuparse porque la Justicia
investigue si se han cometido estafas o contrabando? ¿No son estos delitos
los que alteran el funcionamiento del mercado, mientras que su
erradicación es lo que permite que los mercados sean más libres, más
seguros y transparentes?
Si el gobierno español, el Rey Juan Carlos, o los dirigentes políticos
y empresariales quieren considerar como propios los intereses de ese
tipo de multinacionales ladronas es cosa suya, pero no tienen derecho a
confundir sus intereses con los de la inmensa mayoría de los españoles:
ni nos identificamos con esos empresarios delincuentes ni sus intereses
son los intereses de España.
Es una obviedad que debería entender cualquiera pero mucho más un
gobierno progresista.
PARA SABER MÁS:
http://www.repsolmata.info/[1]
http://indigena.nodo50.org/04/repsol.htm[2]
http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=5213[3]
http://www.amigos.org.ar/index.php?q=node/207
/Juan Torres López es catedrático de Economía de la Universidad de
Málaga (España) y colaborador habitual de Rebelión./ Su página web:
_http://www.juantorreslopez.com[4]_
10. (BO) DETALLES DEL ARRESTO DOMICILIARIO AL SÍNDICO DE ANDINA-REPSOL
por El Mundo La Paz, Bolivia. (27-08-2006)
La nota describe la nueva estafa gasífera realizada por Repsol y
Petrobrás contra la población boliviana. La denuncia de la Fiscalía y
la Justicia boliviana fue ampliamente respaldada por el ministro de
Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada.
El síndico de la compañía petrolera Andina-Repsol, Saúl Carlos Encinas
Miranda, guardará arresto domiciliario sin custodia con libertad
irrestricta sólo para asistir a su fuente de trabajo, además del
compromiso de presentarse ante el juez cada fin de semana y señalar
dos garantes a fin de evitar "su fuga" para no obstaculizar el proceso
investigativo de un presunto contrato lesivo al país, entre la firma
Andina y la brasileña Petrobrás, por un monto cercano a los 200
millones de dólares.
Así dio a conocer su conclusión el juez de turno de este sábado, Jimmy
López Rojas, en la audiencia cautelar realizada en la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Crimen (FELCC) donde los representantes del Ministerio
Público encabezados por el fiscal José Centenaro Cardozo, solicitaron al
juez López la detención preventiva del imputado (es decir acusado)
Encinas Miranda, por participar en la firma del señalado contrato que
causó daño al
Estado boliviano.
Sin embargo, el juez López Rojas, luego de escuchar la audiencia de las
partes que presentaron sus respectivos cargos y descargos documentados
entre las 17:30 y 18:30 de ayer, encontró que el síndico por el Estado,
Saúl Encinas, no había participado en la
firma del contrato lesivo el 30 de octubre de 2002, que fue la causal de
la imputación, sino que había ingresado en su calidad de fiscalizador
(síndico) a Andina el año 2003.
Y por ello, pese a la apelación del fiscal Centenaro Cardozo quien
insistió en la detención preventiva del síndico-fiscalizador de la
petrolera por no haber denunciado el daño económico al país cuando se
exportaba gas al Brasil por un precio menor (entre 1,12 y 1,25
dólar el millar de BTU) a lo establecido en el mercado internacional, el
juez López Rojas determinó dejar en libertad al acusado aplicando las
medidas sustitutivas señaladas.
De esa manera fue decidida una de las instancias del proceso de
investigación del acuerdo entre Andina-Repsol y Petrobrás, que fue
calificado como lesivo al Estado boliviano por parte del Ministerio
Público, que a través de sus representantes, señaló ayer en la audiencia
cautelar, que ninguno de los ejecutivos de Andina se encontraba en la
empresa el día del allanamiento que fue el viernes, cuando secuestraron
documentación para verificar y acumular pruebas sobre la presunta estafa
al país que desencadenó los operativos del Ministerio Público desde el
viernes último.
DATOS DE LA DENUNCIA
Este último mes el actual síndico de la petrolera Andina (Repsol),
Gabriel Camacho Cuéllar, denunció la existencia de un contrato "lesivo"
al país por 161 millones de dólares desde 2002.
OPERATIVO
El viernes último cerca del mediodía seis fiscales del Ministerio Público,
encabezados por el fiscal José Centenaro Cardozo, allanaron las oficinas
de la firma petrolera Andina-Repsol, secuestrando documentación para
comprobar la denuncia de estafa al país, y determinaron la aprehensión del
síndico Saúl Encinas.
IRREGULAR
La Fiscalía señaló que el día del allanamiento ninguno de los ejecutivos
fue visto en instalaciones de la petrolera Andina, y que de acuerdo al
extracto de migración, se había comprobado que habían salido del país.
FISCALÍA ASEGURA CONTAR CON INDICIOS SUFICIENTES PARA
PROCESAR A PETROLERA
Todos los argumentos esgrimidos, señaló la Fiscalía , permiten al
Ministerio Público tener la certeza que los firmantes del acta 08/2002 y
el "Contrato de Volatilidad de Precio de Gas", actuaron en conjunto de
manera dolosa para perjudicar al Estado boliviano y obtener jugosos
beneficios económicos en desmedro del país.
Ello habría demostrado, según el Ministerio Público, que los acusados
adecuaron sus conductas al tipo penal previsto y sancionado en el
artículo 335 con relación a los artículos 346 y 13; toda vez que los
administradores y síndicos de la empresa etrolera Andina SA, tenían la
obligación de velar y cuidar los intereses de todos sus representados,
pero se asociaron con pseudo representantes legales de Petrobrás, y
"actuando de manera engañosa y fraudulenta para provocar el error de
todos los bolivianos... les permitió no sólo labrar un contrato amañado,
sino, mantenerlo a espaldas de los dueños naturales del producto para
sacar provecho de tal situación", señaló con énfasis el Ministerio
Público en su imputación, que será presentada este fin de semana.
Sin embargo, continuó el Ministerio Público, no sólo son responsables
penales los que dieron vida al contrato irregular, sino también todos los
directores de Andina que estuvieron aprobando de manera constante la
vigencia del falso contrato en diferentes Actas de Reunión de Directorio
de Andina SA; "tal es el caso de los directores Sergio Argento Maradei,
Miguel Cirbian Krutzfeldt..." (ver I Textual), los cuales no sólo
respaldaban el
"ilegal" contrato, sino que estuvieron en las reuniones de directorio que
avalan las Actas 5 del 29 de octubre 2003, 2 del 18 de marzo 2004, 3 del
06 de mayo 2004, Acta 5 del 16 de junio de 2004, 6 del 16 de julio 2004 y
Acta 8 del 21 de septiembre de 2004.
Finalmente la Fiscalía dijo que todas las "bondades" del Contrato de
Volatilidad que había permitido conseguir vender mayor volumen de gas a
Petrobrás, olvidaron que dichas ventas estaban dentro de lo programado en
el Contrato real y verdadero celebrado entre el Estado Boliviano a través
de YPFB y Petrobrás SA; extremos que "nos permiten sostener con absoluta
convicción que participaron y prolongaron el engaño a los bolivianos para
saquear el país y beneficiar a las empresas transnacionales del petróleo,
y por consiguiente la conducta de todos y cada uno de ellos se ajusta al
tipo penal ya descrito líneas arriba", concluyeron los fiscales.
TESTIMONIO I: IMPUTACIÓN
En la investigación que practica el Ministerio Público, dentro del caso
signado con el número Proceso Fiscalía 01/2006, iniciado a denuncia del
señor Herman Gabriel Camacho Cuéllar, en su condición de director de la
empresa petrolera Andina SA, y el señor ministro
de Hidrocarburos y Energía de la Nación boliviana, contra los responsables
del daño económico al Estado de Bolivia y la sociedad en su conjunto, por
la suscripción del contrato de 'Reducción de Volatilidad de Precios de Gas
Natural' celebrado entre los
"representantes legales" de Petrobrás SA, y la empresa petrolera Andina
SA, se desprende que contra los investigados, existen sobrados indicios de
que pueden ser autores y
partícipes del delito tipificado como Estafa Agravada, tipo penal, que es
de orden público y sancionado con privación de libertad cuyo mínimo legal
es igual o superior a dos años y que también pueden ocultarse, fugarse,
ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación en la comisión de los
delitos investigados.
TESTIMONIO II: IMPUTACIÓN
El 16 de agosto de 1996, Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos y Petrobrás SA celebraron el contrato de venta de Gas
por 30 millones de metros cúbicos por día como máximo, vigente
hasta el 2019 y con un precio establecido inicialmente a 0.9075
dólares americanos, y ajustable de acuerdo al precio internacional del
petróleo. Desde la celebración del contrato Petrobrás SA-YPFB, el precio
del petróleo estuvo en alzada y obviamente el valor del gas vendido a
Brasil tuvo un considerable incremento, tal como lo
refleja la tabla internacional de precios que se adjunta.
El 28 de octubre de 2002, el directorio de Andina SA, reflejado en el
Acta 08/2002, acordó de forma unánime aprobar el Acuerdo de Reducción de
Volatilidad de precios con Petrobrás. El Acta referida se aprobó el 30
de octubre de 2002, se firma el Contrato de Volatilidad del Precio del
Gas entre los "Representantes Legales" de Petrobrás, Antonio Luiz Silva
de Menezes y Luis Rodolfo Landim Machado con el Gerente General de
Andina José María Moreno Villaluenga. En el contrato se fija el precio
del siguiente modo:
a) para el tercer trimestre del año 2002, dólar 1,15 el
millar de BTU;
a) a) para el cuarto trimestre 2002, dólar 1,125 el
millar de BTU;
b) b) para los años 2003 y 2004, dólar 1,125 el millar
de BTU,
más el índice de inflación de EEUU.
En el acta 08/2002 del 28 de octubre, menciona como presidente a Rubén
Patritti Leiva, sin embargo, éste había dejado de ser por haberse
revocado el Poder que tenía para fungir como tal, y estaba en su lugar
Eduardo Rucci Tur y José María Moreno Villaluenga, tal
como acusa el Instrumento 271/2001, además no se encontraba en Santa Cruz
- Bolivia, tal como refiere el informe de Migración.
TESTIMONIO III: IMPUTACIÓN
Para celebrar el Contrato de Volatilidad de precio del Gas, no se hizo
ningún estudio técnico que refiera la tendencia de baja del precio del
petróleo y por ende del gas; por el contrario el precio estaba en
constante alzada y las proyecciones internacionales así lo reflejaban
por el momento de confrontación armada que vivía el mundo en los
centros de mayor producción del petróleo. En la fecha que se celebró el
contrato se fijó un precio de u$s 1,15 el millar de BTU, para el primer
trimestre en forma retroactiva, pese a que el precio del gas era en ese
momento de u$s 1,6474 por MMBTU.
El "Escenario" que utilizó Andina para negociar el Contrato de
Volatilidad, establecía "presión de precios a la baja" y posibles
acciones de Petrobrás en el "GSA"; estos fundamentos eran falsos e
irreales. La firma del Contrato de Volatilidad de Precio del Gas,
tuvo un alto costo económico desde el primer día de la firma del leonino
contrato, tal es así que Bolivia ha devuelto a Petrobrás a través de
Andina por el contrato mencionado decenas de millones de dólares
americanos .
Por último, el Contrato de Volatilidad de Precio del Gas, estaba sujeto a
la más alta "confidencialidad", esto indudablemente para asegurar el
engaño al pueblo boliviano .
Andina había suscrito con YPFB el Contrato "Back to Back" al igual que
los otros proveedores de gas, con el único y claro objeto que YPFB cumpla
con su compromiso de venta de gas a Petrobrás SA. En el Contrato Back to
Back , claramente se señalaba que la relación vinculante era entre YPFB y
Petrobrás, no teniendo Petrobrás relación vinculante con Andina en su
calidad de proveedor. De ello se deduce que Andina actuó de forma desleal
y a espaldas de YPFB en perjuicio de los bolivianos.
Fuente: Diario El Mundo, La Paz, Bolivia. (27-08-2006).
Reproducido en InfoMORENO Nº 166
11. (BO) INVESTIGARÁN EX PRESIDENTE DE YPFB EN CASO VINCULADO A REPSOL YPF
11-07-2006
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
Raúl Lema Patiño será investigado por autorizar de forma supuestamente
irregular el pago a Repsol YPF de un subsidio por valor de 37 millones de
dólares, dijo hoy una fuente oficial.
La investigación contra el ex ejecutivo, que dirigió la entidad entre
2002 y 2003, fue anunciada este martes por el actual titular de YPFB,
Jorge Alvarado, durante una rueda de prensa celebrada en La Paz. El
pasado 23 de junio, la diputada del partido oficialista Movimiento Al
Socialismo (MAS) Milena Aracely Hinojosa presentó una denuncia formal
ante la Fiscalía General de la Nación contra Repsol Gas Bolivia por la
presunta recepción ilegal de la subvención. Entonces, la legisladora
acusó a la subsidiaria de la petrolera hispano-argentina de haber
recibido de forma irregular en 2002, 2003 y 2004 la subvención que se da
a empresas que distribuyen gas licuado de petróleo (GLP, de uso
doméstico) para que lo vendan más barato a los bolivianos. Con su
demanda, la diputada pretende que se devuelvan los 37 millones de dólares
al Estado para que sean reinvertidos en salud y educación. Alvarado
enfatizó hoy que Repsol YPF no tenía derecho a cobrar ese dinero porque
no estaba entre las empresas 'que iban a ser favorecidas por la
subvención'. Según el ejecutivo de la petrolera boliviana, los abogados
de YPFB investigarán la presunta participación de los ex cargos de la
entidad estatal en esos acuerdos que permitieron el cobro de la ayuda.
El mismo día de la denuncia, la filial de Repsol YPF en Bolivia defendió
su inocencia en un comunicado de prensa en el que manifestó de 'forma
categórica que no ha incurrido en cobro ilegal alguno'. La firma señaló
que sus operaciones 'están sustentadas en los respectivos decretos
supremos emitidos por el Gobierno nacional, así como en los contratos
firmados con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)'.
La demanda de Hinojosa es la segunda presentada contra Repsol YPF en los
últimos meses en Bolivia, después de que en marzo pasado, la Aduana
Nacional se querellara contra los dos principales ejecutivos de otra de
sus filiales, Andina, por un supuesto contrabando de petróleo. Por aquella
causa, pendiente de resolución, fueron detenidos y puestos en libertad
horas después el español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez, sobre
los que pesa una orden de arraigo que les impide abandonar el país sin un
permiso especial de la justicia.
Fuente: Terra Actualidad
12. (ARG) UN MILLÓN DE FIRMAS POR LA NACIONALIZACIÓN DEL PETRÓLEO Y EL GAS
Por MORENO, Autoconvocados, CoCePA y Grupo Petróleo
El día 14 de julio en Buenos Aires, en un acto
público realizado frente a las oficinas de Repsol
YPF, en la Diagonal Norte, representantes y
simpatizantes del MORENO y otras asociaciones
declararon iniciada la campaña.
Los ex trabajadores de YPF y Gas del Estado, las
organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos,
gremiales, de desocupados, cooperativistas y
estudiantiles, y los diputados, personalidades y
dirigentes abajo firmantes iniciamos una campaña por un
millón de firmas por la nacionalización del petróleo y
el gas argentinos , que culminará el próximo 13 de
diciembre, Día del Petróleo Nacional, con la realización
de marchas y actos en todo el país.
Argentina es hoy el único país del mundo cuyos
hidrocarburos están totalmente en manos extranjeras.
Además, en nuestro país las multinacionales petroleras
pagan los impuestos más bajos, que se calculan según sus
propios informes, sin ningún control del Estado y encima
los evaden, como reconoció la AFIP.
La nacionalización del petróleo y el gas dispuesta por
el gobierno de Bolivia, fruto de la lucha de años de ese
pueblo hermano, fue un paso soberano y demuestra que se
puede. Defendemos solidariamente esa medida, convencidos
de que también aquí es preciso avanzar en la
recuperación del petróleo y el gas, recursos
estratégicos y no renovables.
Mientras se avecina una crisis energética, Repsol y las
mismas multinacionales que operan en Bolivia se llevan
de Argentina $ 42.000 por minuto. Ganan fortunas, las
giran afuera, nos dejan pobreza, contaminan y agotan
nuestras reservas, favorecidos por
las políticas entreguistas que siguen con el actual gobierno, como lo
demuestra su proyecto de ley de nuevos beneficios impositivos a las
petroleras.
Hay que parar cuanto antes ese saqueo vergonzoso. La
renta petrolera debe estar al servicio de las
necesidades de nuestro pueblo, y no de las
multinacionales. Por eso reclamamos:
. Nacionalización integral del petróleo, el gas y todos
los recursos energéticos, y potestad soberana de la
Nación sobre el subsuelo. La provincialización adoptada
por la reforma constitucional de 1994 es el subterfugio
a través del cual se canalizan los negociados.
. Reestatización de YPF y Gas del Estado, anulando esas
privatizaciones sin indemnización. Por una empresa de
hidrocarburos estatal, integrada, monopólica y
eficiente, bajo control democrático de sus trabajadores
y consumidores, único camino para lograr una política
genuinamente nacional y revertir la caída en la
exploración y explotación.
. Derogación de los recientes convenios entre Enarsa y
las petroleras para explorar y explotar áreas de la
plataforma submarina, lo que es una gravísima abdicación
de la soberanía.Defensa de la riqueza petrolera
potencial del mar que rodea a nuestras Malvinas.
. Contra la prórroga de contratos y anulación de la
licitación de áreas convocada por varias provincias, que
siguen desguazando nuestro subsuelo.
. Suspensión inmediata de la exportación de gas y
petróleo. Es agraviante e injusto que el país sufra
cortes y escasez de energía, mientras las
multinacionales siguen exportando con pleno aval
oficial.
. Basta de legalizar el saqueo. Anulación de las normas
que le permiten a las petroleras sacar del país el 70%
de las divisas por exportaciones. No al proyecto de ley
del gobierno que pretende extender a las empresas
petroleras los beneficios impositivos
prebendarios ya otorgados a las mineras.
. No al engaño de una seudo-nacionalización vía la
participación accionaria privada o estatal en
Repsol-YPF, como ahora intenta el gobierno en
Aerolíneas. Como decía el Gral. Mosconi, "la
organización fiscal y la privada no pueden coexistir
porque
representan intereses antagónicos" .
. Investigación de todos los negociados petroleros y
gasíferos, cuyo origen está ligado a la implantación de
la deuda externa ilegítima y fraudulenta. Por el fin de
la impunidad y la correspondiente penalización de esos
dolos. Que la Justicia Federal dé mayor impulso a la
causa 8658/99 presentada por ex trabajadores de YPF,
donde se investiga la venta dolosa de acciones de YPF a
manos de Repsol.
. Por una integración energética latinoamericana a
partir de empresas estatales, en beneficio de los
pueblos y para avanzar en la independencia económica y
política del imperialismo.
. No a la represión y las persecuciones contra los
trabajadores petroleros y sus luchas. Libertad a los
presos de Las Heras e inmediato retiro de la Gendarmería
de esa localidad.
Fuente: Boletín Info-Moreno 160.
13. (ARG)REPSOL YPF, LA HISTORIA DE UN DELITO
La Plata, Buenos Aires 24/07/2006
Argentina cuenta con las mismas armas para la recuperación
Por Fabián Viegas | Desde la Redacción de APM
La abogada que demandó a Repsol pidió, en una carta al Presidente
Kirchner, que anule los contratos con la empresa. La situación es similar
al caso boliviano.
“...le pongo de manera fehaciente en conocimiento de todos los
instrumentos legales que tiene en su favor a los efectos de revertir esta
política petrolera”. Así reza parte del final de la carta que la Dra.
Alejandra Dibo envió el 22 de mayo al Presidente argentino Néstor
Kirchner. La misma fue sumada a la causa penal 8568/99 que, con sus 21
cuerpos, ya alcanza un metro de altura en el Juzgado Federal Nº11 a cargo
del Juez Carlos Bonadío.
La empresa Repsol acrecienta sus franquicias en base al patrimonio de los
países latinoamericanos y parte de Indonesia, ya que su país de origen no
tiene cuencas hidrocarburíferas de importancia. La actualmente denominada
Repsol YPF S.A. -ya que presionó en 2000 para fusionar las dos empresas-,
obtiene sus regalías de los campos gasíferos de Camisea en Perú, es socia
de Petrobrás, por lo cual explota el petróleo de
Brasil y Bolivia y, en conjunto con la empresa Occidental Petroleum,
extrae petróleo de la cuenca de Arauca en Colombia, donde está denunciada
por Amnistía Internacional de financiar a grupos militares que matan
civiles. En Argentina es repudiada por la comunidad Lonko Purán de la
provincia de Neuquén por usurpar sus tierras en nombre del petróleo y,
tras cartón, los mapuches sólo reciben represión de la policía neuquina.
Los ex trabajadores de YPF y Petroquímica de Mosconi empresas anexadas al
activo de Repsol- denunciaron penalmente a la empresa española por comprar
en forma fraudulenta sus acciones en litigio.
La ley 26.939, llamada de Reforma del Estado, determinaba que los
trabajadores de las empresas a privatizar (texto de 1989), eran los dueños
del 10 por ciento accionario, denominado Programa de Propiedad
Participada. De ellos surge entonces la demanda penal 8568/99 ?YPF s/
daños de acción pública? donde se les imputan los cargos de defraudación,
malversación y asociación ilícita a 33 directivos de la empresa, a agentes
de bolsa internacional y a gran parte de los funcionarios y ministros que
participaron de las ventas de acciones en 1997 y 1999. También le exigen a
Repsol que les pague el dinero
correspondiente a sus acciones, hoy en manos de la empresa ibérica gracias
a Menem y sus socios, algunos de los cuales están mimetizados en las filas
kirchneristas.
El jueves 8 de este mes, la doctora Alejandra Dibo, en representación de
los ex trabajadores demandantes (hay unos 1500 que participan en la causa
de 40 mil que la privatización dejó en la calle), anexó a la causa 8568/99
la carta enviada por ella al Presidente Kirchner el 22 de mayo pasado. En
el reclamo epistolar la letrada denunció la venta fraudulenta de las
acciones de sus demandantes en el convenio que realizó Repsol con el
gobierno de Menem el 20 de enero de 1999, para comprar, por adjudicación
directa, el restante accionario estatal. También remarca la
responsabilidad de la actual funcionaria de la Auditoria General de al
Nación, la contadora Alessandra Minnicelli, quien es esposa del Ministro
de Infraestructura y Planeamiento, Julio De Vido. La funcionaria fue
Síndica suplente de las acciones clase A, B y C en el directorio de YPF
S.A. desde el 30 de Abril del año 1996 hasta el 14 de Octubre de 1999.
Por ello es co-responsable ?por inacción y/u omisión? como reza la ley
12.962 de Sociedades de Economía Mixta, de los hechos fraudulentos en la
venta de acciones de YPF S.A. a Repsol S.A. A partir de ello la doctora
recordó al presidente que debería ?declarar
nulos los contratos con Repsol y reclamar el dinero que nos fue robado por
la firma ibérica, que extrae en forma irracional nuestros recursos no
renovables, permitiendo el copamiento fraudulento en toda Latinoamérica?.
En la carta se explicita la necesidad de recuperación
del patrimonio nacional a partir de la anulación de las O.P.A. (Oferta
Pública de Adquisición) de 1997 y 1999 que reguló las dos ventas más
importantes de acciones a Repsol S.A.
La causa 8568/99 se encuentra en el juzgado federal Nº 11 a cargo del Juez
Carlos Bonadío, actualmente apuntado por el gobierno para adelantarle su
jubilación, por anteriores apegos al gobierno menemista.
Bonadío pidió licencia desde el 2 de mayo, fecha aproximada en que debía
exigir la extradición de Alfonso Cortina de Alcocer, ex director de Repsol
S.A. en España y uno de los principales actores de la venta. Lo
interesante de la situación es que, si bien sigue de licencia, Bonadío es
quien firma los oficios.
En la carta al presidente argentino se relata el accionar del gobierno y
la empresa Repsol S.A. para hacerse adjudicataria del 14,99 por ciento que
controlaba el Estado Nacional. El 20 de enero de 1999 la empresa entregó
una oferta de compra al Estado y ese mismo día se firmó la carta ?Convenio
YPF?, en ella se arregló que la empresa recibiría por adjudicación directa
el paquete de acciones del Estado -que contenía también acciones clase C,
pertenecientes a los trabajadores de YPF y Petroquímica Mosconi-. En el
convenio participó como Fondo fiduciario de fidecomiso el Banco de la
Nación Argentina, y se pactó que, sujeto a ciertas condiciones como la
remodelación del Estatuto de YPF, Repsol
compraría 52.914.700 acciones a un precio estipulado en 38 dólares la
acción -unos 2.011 millones-. El 26 de enero de ese año se concreta la
compra a 38 dólares la acción, pero se oficializa la compra mediante la
O.P.A. el 30 de junio, cuando en realidad las acciones ya costaban 48
dólares cada una. Repsol compró ese año el 14,99 por ciento accionario
que quedaba en manos del Estado argentino, por adjudicación directa.
A esta situación irregular se le suma que el día 26 de febrero de ese año,
por nota 141/99 de la Subsecretaría de Bancos y Seguros del Ministerio de
Economía y Producción, se delega la representación de las acciones clase A
(del Estado Nacional) a Alfonso Cortina de Alcocer y a Miguel Ángel Remon
Hill, los dos pertenecientes a la empresa Repsol S.
A., casa matriz. Esto infringe las leyes 25.188 de Ética de la Función
Pública y la 19.550 de Sociedades Anónimas. Los mismos interesados en
comprar el patrimonio argentino, fueron los representantes de las acciones
clase A en el directorio de la empresa. Luego del escándalo en Argentina
contra el director de Repsol, generado a partir del pedido de
indagatorias que debía efectivizarse el día 5 de mayo en los juzgados
federales de Comodoro Py, la casa matriz le pidió la renuncia de Cortina,
quien fue indemnizado con la suma de 25 millones de dólares.
En medio de esto, las provincias petroleras agrupadas en la OFEPHI
(Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) demandan
una reforma de ley para repartir las regalías entre esas provincias. El
pedido encabezado por Julio Cobos, presidente de la entidad y gobernador
de la provincia de Mendoza, surge de que el propio Néstor Kirchner,
cuando comandó la OFEPHI como gobernador de Santa Cruz, logró imponer en
la reforma constitucional de 1994 el artículo 124 que reza: ?Corresponde a
las provincias el dominio originario de los recursos nacionales existentes
en su territorio?. En 1994 estaba en disputa la hegemonía de los
hidrocarburos entre el presidente Carlos Menem y las provincias
petroleras no alineadas a sus políticas. A la cabeza de esta empresa
estaba el actual presidente, hoy está atado a sus palabras. Si este
artículo fuera operativizado y existiera una nacionalización de los
hidrocarburos, los mismos pasarían al poder de las provincias. Algunas de
las cuales detentan gobiernos cuasi feudales o abiertamente de derecha
como el caso de Jorge Sobich en Neuquén.
La alternativa que propuso el gobierno con la creación de Enarsa ?que Pino
Solanas del grupo Moreno advirtió que debió llamarse Enarse, por Sociedad
del Estado-, es la exploración marítima en las costas offshore, como así
se informó recientemente. La única empresa que tiene los permisos de
exploración y explotación es Enarsa, creada para competir con las
multinacionales. Para la exploración en la costa marplatense Enarsa se
asoció con Repsol YPF S.A., Petrobrás y Petrouruguay. Siendo las mayores
inversiones las de la empresa Argentina y la de Repsol con un 35 por
ciento cada una. Las empresas contrataron un buque sísmico a la empresa
Western Geco para explorar 1.890 kilómetros cuadrados de mar en la Cuenca
Colorado Marina, a 300 kilómetros de la costa, con un costo
de 27 millones de dólares.
La causa penal 8568/99 tiene una triple finalidad: la nulidad de los
contratos de venta para la recuperación del patrimonio, la punición de los
responsables y el cobro de las acciones clase C de los ex ypefianos. Los
ex trabajadores de YPF y Petroquímica Mosconi, la mayoría expulsados de
las empresas a principios de los noventa cuando se buscaba ?mejorar el
rendimiento de la empresa?, reclaman hace años su parte correspondiente al
PPP que los hace dueños del 10 por ciento accionario.
Esas acciones clase C fueron vendidas por el gobierno de Menem en forma
fraudulenta gracias al decreto 628/97 y a la anuencia o pasividad de
ministros, agentes de bolsa, sindicalistas y funcionarios, entre los que
se encontraba la Alessandra Minnicelli. La contadora ya prestó declaración
indagatoria como imputada el 9 de marzo del este año en la
causa 8568/99.
En el gobierno provisional de Eduardo Duhalde se creó la ley 25.471 que
estipuló que los beneficiarios serían abonados con unos 70 mil pesos. La
pelea por esta ley fue promocionada por los ex trabajadores, que fueron
víctimas nuevamente de la desidia política: un mes antes de entregar el
mando, Duhalde firmó el decreto 1077/03 que reguló el pago a los ex
trabajadores en aproximadamente 20 mil pesos a cobrar en bonos 2016. El
decreto dictaba que aquellos que aceptaran dicho pago (unos 8 mil pesos
reales por medio de financieras), desistían a las acciones judiciales en
trámite y aún a la posibilidad de iniciar nuevos juicios. En el 2004
Kirchner firmó el decreto 821/04, que aseguró el pago de 24 mil
pesos/bonos a los ex trabajadores de YPF y Petroquímica Mosconi con el
mismo requerimiento que el 1077/03, que el que aceptara el cobro debía
abandonar los juicios.
Son varios los abogados que actualmente aceptan el cobro de los bonos,
quizás entendiendo que sea la única manera de recuperar algo de su
patrimonio. El sector que representa la doctora Dibo se unió el pasado 8
de junio en la agrupación ?Enrique Mosconi?, enmarcada en la CTA y
presidida por Carlos Guanciarrossa, ex delegado de Petroquímica Mosconi.
Estos mismos ex trabajadores, durante noviembre del 2003, mantuvieron
bloqueados los accesos de Repsol en Ensenada -provincia de Buenos Aires-
para presionar a la empresa y al gobierno a que pagara lo que les
correspondía por la ley 25.471. El 1º de diciembre, cuando decidían
levantar los bloqueos, siete de esos compañeros fueron arrestados en sus
domicilios y procesados por los jueces Carlos Atencio y Cesar Melazo de La
Plata ?allegados al duhaldismo-, quienes los imputaron por Intimidación
pública y a dos más por coacción agravada. Los juicios, acelerados si se
los compara con los tiempos de la causa 8568/99, siguen pendientes.
En una nota realizada a Gustavo Callejas, vicepresidente del Grupo Moreno,
por el diario argentino Página 12 el 7 de mayo de este año, aconsejaba
seguir el ejemplo de los bolivianos en la nacionalización de los
hidrocarburos, decretando la nulidad de los contratos por haber sido
realizados con mecanismos fraudulentos. El caso de Bolivia es muy similar
al argentino, y fue la misma Dra. Dibo quien suministró consejos y
documentación al país del altiplano para determinar la nulidad.
En la carta al presidente Alejandra Dibo recomienda que no se vendan las
mil acciones que quedan en poder del Estado argentino. Si bien es un
porcentaje mínimo, esas acciones son las denominadas Golden Share o
acciones de oro. Las mismas, en poder del gobierno, significan tener el
poder de veto en el directorio, especialmente si se toma la decisión de
vender una parte importante de las acciones o el cambio de domicilio,
actualmente en Av. R. Sáenz Peña 777, Buenos Aires.
Si comparamos la renta petrolera que obtienen países como Venezuela o
Bolivia, que llegan a un 87 por ciento, con la Argentina, que sólo obtiene
un 37 por ciento, se calcula que el país sureño pierde la posibilidad de
incrementar sus ingresos en 10 mil millones de pesos.
Para dar una idea de la importancia de esa suma, se puede estipular que
con ella se podría, por ejemplo, reactivar el Cordón de Contención
Sanitaria del país. Es decir, que los hospitales no estarían atiborrados y
en emergencia operativa, ya que el caudal de casos de importancia media y
baja serían contenidos en las ?Salitas? barriales.
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Fuente: www.prensamercosur.com.ar
14. (ARG) SOBRESEIMIENTO CAUSA PENAL YPF
Estimados Compatriotas: informamos que en el día de la fecha 21 de julio
de 2.006 el Juez Claudio Bonadío ha sobreseído a TODOS LOS IMPUTADOS en
la causa penal de Y.P.F.
En un /*SORPRENDENTE FALLO*/ el Juez Bonadio *SOBRESEE a TODOS* los
imputados, a pesar que los abogados del Fo.Na.Y. apelarán la medida, los
obreros sabemos bien que los largos brazos de la injusticia argentina
llegaron al juzgado, y se multiplicaron con el alcance de los más extensos
aún de la multinacional REPSOL S.A.
Si bien estaba dentro de las previsiones nuestras que una cosa así pasara
tarde o temprano, nos deja sin aliento la sorpresa, "algo" olemos los
trabajadores, algún puesto político o "función" pública desempeñará en el
futuro.
Dejamos claro que quienes hemos peleado esto no bajamos los brazos a
pesar del duro revés.
Agradecemos a quienes nos acompañaron todo este tiempo en la lucha por
lograr demostrar en la "injusticia argentina" la venta fraudulenta de
Y.P.F. y defendimos los derechos del programa de propiedad participada de
los trabajadores, sin descanso, en forma inclaudicable, con coraje,
renuncias, en la humildad, pero con todo el valor de los hombres con
mayúsculas esta justa causa del pueblo argentino.
Sabido era que un grupo de hombres y mujeres enfrentando a los distintos
gobiernos que han pasado por la rosada desde 1.989 hasta la fecha, más
los empresarios dela multinacional nefasta repsol s.a. demasiado
despareja era la lucha, la desigualdad marcó su rumbo. Y le pusimos el
pecho a todo.
Agradecemos entonces a todos los hombres de bien que confiaron y pusieron
de sí, para acompañarnos a los trabajadores.
"Algo huele a podrido en todo esto y el "Gobierno" seguro que tiene
mucho que ver".
José Antonio Tonón -Coordinador Nacional del Fo.Na.Y.-Ex- Trabajador de
Y.P.F.
15. (URU) VECINOS DENUNCIAN A REPSOL-YPF POR PELIGRO Y CONTAMINACIÓN
(29/08/2006)
Después de varios intentos por llegar a una solución no judicial, un grupo
de 46 vecinos del Barrio los Tanques, en Concepción del Uruguay,
denunciaron ante el Juzgado de Faltas del Municipio local a la
multinacional petrolera Repsol-YPF.
El motivo de la denuncia, presentada el 16 de Agosto, es poner en
evidencia la ilegalidad con que opera esta empresa en la ciudad, y el
peligro que conlleva tal situación ya que la Planta de Almacenaje y
Despacho de combustibles se encuentra en plena zona residencial urbana.
Otra cuestión que se denunció es la contaminación del aire con sustancias
peligrosas propias de la actividad como los hidrocarburos que contienen
Benceno, un agente probadamente cancerígeno.
Se espera que la justicia local actúe aplicando la legislación vigente en
procura de la protección de los derechos constitucionales que asisten a
los habitantes del suelo Argentino. De todas formas los vecinos estan
dispuestos a continuar con la defensa de sus derechos en la Justicia
Federal.
Más Información: Sebastian Chiappella (
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