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Domingo, 21 de Enero de 2007 04:41 |
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UN OJO EN LA REPSOL
Nº 42 Enero 2006
Observatorio Transnacional
http://repsolmata.info
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0. Presentación
1. (BO) Borrón y cuenta nueva con las petroleras
2. (BO) Carta de apoyo al pueblo guaraní de Itika Guasu
3. (CO) Audiencia Preliminar Petrolera Tribunal Permanente de los
Pueblos en Saravena
4. (CO) Carta a Uribe: “Exigimos anular autorización de exploración
sísmica en
territorio del Pueblo U´wa”
5. (EC) Paro de los huaoranis contra Repsol
6. (EC) El pueblo huaorani en defensa de su territorio
7. (EC) Petróleo y megaproyectos en la agenda del nuevo gobierno
8. (EC) Decreto de zona intanible ¿la buena intención de proteger a los
últimos salvajes que habitan la Amazonía?
9. (A.L) Gasoducto del Sur afectará 522 mil Km de la Amazonía
10.1 (CAT) Repsol comienza el 2007 con un importante derrame de crudo en
el litoral de Tarragona
10.2 (CAT) Repsol afirma que la instalación del vertido era
"prácticamente nueva"
10.3 (CAT) Recurso a la autorización ambiental de Repsol en Tarragona
11. (ESP) “Repsol no compra sus filiales aprovechando las crisis, más bien
genera crisis”- Entrevista a M.G.
12. (GLOBAL) Manifiesto: “Bienvenida Crisis Energética: 15 puntos para
romper la petrodependencia”
13. (LIBROS) “Viaje a Repsolandia. Pozo a Pozo por la Patagonia y Bolivia”
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0. PRESENTACIÓN: RUIDOS DE LANZAS EN EL BLOQUE
Empezamos el año reseñando la oposición de poblaciones u´wa (Colombia),
huaoranis (Ecuador) y guaranís (Bolivia) a las operaciones petroleras que
invaden sus territorios. Cada vez más, las poblaciones originarias de
América Latina que han sido invadidas por las corporaciones petroleras, se
posicionan más frontalmente contra esta nociva convivencia que no han
escogido. Sus voces deben ser atendidas. Los Estados nacionales defienden
más las regalías que sus poblaciones.
Por eso, en la violenta y petrolera región de Arauca, se realizó un
importante evento de vigilancia social y empoderamiento de la sociedad
civil frente al poder corporativo. La sesión del Tribunal Permanente de
los Pueblos, realizada en Saravena, apuntó en sus resoluciones la
participación de las petroleras Occidental, BP y Repsol en la violencia
paramilitar que azota la región. Estas iniciativas populares son muy
relevantes en países donde la justicia ampara la continuidad de la
Impunidad Petrolera. Próximas sesiones del Tribunal Pemanente de los
Pueblos se realizarán en Bogotá y Lima.
En Tarragona, Repsol realizó un nuevo vertido sin castigo alguno, mientras
no muy lejos de ahí, un colectivo lanzaba a nivel mundial, un manifiesto
traducido en 6 idiomas que acota en 15 puntos las vías para visualizar y
acelerar la transición hacia un modelo post-petrolero.
Si esta dañina realidad es la sociedad petrolera, BIENVENIDA CRISIS
ENERGÉTICA.
Un Ojo en la Repsol, un boletín periódico de observación y denuncia de los
impactos de Repsol-YPF.
Escribe, Rebota y Difunde.
Contactos:
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1. (BO) BORRÓN Y CUENTA NUEVA CON LAS PETROLERAS
Evo legaliza los contratos de Repsol, Petrobras y otras petroleras, a las
que "blanquea" todos sus delitos, perdona sus fraudes y garantiza nuevos y
millonarios ingresos. Plena satisfacción entre las trasnacionales y el
gobierno
/Redacción de Econoticiasbolivia.com/
La Paz, octubre 29, 2006.- Las transnacionales petroleras lograron
consolidar y legalizar su situación en Bolivia al firmar este fin de
semana nuevos contratos con el gobierno de Evo Morales, lo que les
garantiza nuevos y millonarios ingresos por la explotación de reservas
de gas y petróleo valuadas en más de 200 mil millones de dólares durante
los próximos 30 años, en los que tendrán que aumentar sus inversiones y
pagar un poco más impuestos al Estado.
Los contratos, suscritos este viernes y sábado con Repsol, Petrobras,
Total, British Petroleum, Pluspetrol, Vintage, Pan American y otras,
tendrán el aval del Congreso y se harán respetar con la fuerza del Estado,
cerrando toda posibilidad para que en el futuro las
transnacionales sean expulsadas del país y sus bienes y recursos expropiados.
El compromiso oficial del gobierno, según anunció el vicepresidente Alvaro
García Linera, es que los contratos serán refrendados por el Parlamento
para tener total seguridad jurídica, no serán modificados en el tiempo y
garantizarán altas ganancias para las transnacionales, que operan con los
costos de producción más bajos del mundo y cometiendo delitos que van
desde la defraudación y evasión fiscal, el contrabando de carburantes, la
subfacturación y otras irregularidades denunciadas por las propias
autoridades del gobierno boliviano.
Aunque el texto de los contratos aún es confidencial, se conoce que éstos
se regirán por la ley 3058, que establece que las petroleras pagarán, en
términos nominales, un 50 por ciento en regalías e impuestos en la mayor
parte de los campos, quedando aún sin confirmación el pago nominal del 82
por ciento en dos megacampos de gas.
Tampoco se conoce si existen compensaciones económicas en favor de las
petroleras por el cambio del sistema de tributación, tal como establece la
ley, aunque sí se ratificó el incentivo tributario para las empresas
(Repsol y Petrobras) que controlan el negocio de la exportación de gas a
Argentina y Brasil. Así, las petroleras que operan a ambos lados de la
frontera, en el doble papel de vendedores y compradores, pagarán impuestos
sobre un promedio de 5 dólares por millón de BTUs, y no sobre 8, que es el
precio internacional actual.
CONCESIONES Y SATISFACCIÓN
"Hubo concesiones de ambas partes (...) Se alcanzó un acuerdo
satisfactorio", dijo el ministro de Energía de Brasil, Silas Rondeau, tras
la firma del contrato entre Petrobras y Bolivia. En el mismo tono, el
secretario de Asuntos exteriores de España, Bernardino León, que protege a
Repsol, anunció nuevas inversiones. "Vamos a invertir en los próximos años
más de mil millones de dólares para asegurar el cumplimiento con la
(exportación de gas a) Argentina". En esta nueva exportación de gas a
Argentina, el gobierno boliviano aspira a quedarse con 17 mil millones de
dólares de los 50 mil millones que moverá el negocio en los siguientes 20
años.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que aglutina a las empresas
petroleras y uno de los baluartes de los gobiernos neoliberales, dijo que
"el escenario que se ha planteado con la firma de nuevos contratos
vislumbra una relación positiva y duradera entre socios, las empresas y el
Estado nacional".
Los anteriores contratos de todas las petroleras habían sido declarados
sin validez jurídica e inconstitucionales por decisión inapelable del
máximo tribunal de justicia de Bolivia, el Tribunal Constitucional, lo que
había reforzado la lucha que libran desde el 2003 los sindicatos y las
organizaciones populares para lograr la expulsión de las transnacionales y
para renacionalizar el gas y el petróleo. En esta lucha, se enfrentaron a
los tanques y la metralla y derribaron a dos presidentes (Gonzalo Sánchez
de Lozada y Carlos Mesa), aunque sin lograr la expulsión/nacionalización
de las petroleras, una consigna considerada
como inviable por el actual gobierno.
"Con estos contratos queremos resolver los problemas del país (...)
sentamos soberanía sobre nuestros recursos sin expulsar a nadie, esta es
la nacionalización sin indemnización", dijo el presidente Morales, tras la
firma de los contratos, realizados al amparo de la ley pro petrolera 3058,
aprobada hace un año y medio por el Congreso neoliberal para preservar los
millonarios intereses de las transnacionales.
BLANQUEO DE DELITOS
Esta ley, viabilizada ahora con los nuevos contratos, blanquea todos los
delitos mayores que las petroleras han cometido en Bolivia desde mediados
de los años 90, cuando tomaron control y dominio de toda la industria
petrolera al amparo de onerosas concesiones otorgadas por el poder
neoliberal.
La ley 3058 posibilita, por ejemplo, que las compañías como Repsol,
Petrobras, Total, British Petroleum, Amoco & Pan American Energy, British
Gas, Exxon, Enron, Shell, Pluspetrol, Vintage y otras puedan legalizar su
ilegal e inconstitucional permanencia en Bolivia, explotando yacimientos
que virtualmente no les costó casi nada. Con los nuevos contratos, el
Estado queda sin la posibilidad legal de echar a las transnacionales y
recuperar así más de 200 mil millones de dólares, que es el valor de las
reservas de gas y petróleo, las segundas más importantes de Sudamérica.
La Ley 3058 infiere, además, un segundo daño de magnitud a Bolivia cuando
elimina toda posibilidad legal para que el Estado recupere de inmediato,
sin necesidad de nacionalización, decreto o ley expresa, el 60 por ciento
de las reservas de gas y petróleo de manos de las petroleras, que
incumplieron el artículo 30 de una ley anterior y que les obligaba a
devolver todos los campos y yacimientos en los que no hubiesen perforado
pozos en los últimos cinco años. Una cincuentena de auditorías, instruidas
por el gobierno de Morales, confirmaron este delito. En esta situación
estaban casi todos los megacampos de gas y petróleo que están siendo
explotados por Repsol, Petrobras, Total y otras compañías y que, si se
cumpliera la ley, ya sólo deberían beneficiar al Estado.
Así, "la ley 3058 (ratificada vía decreto por Morales N.d.E), resulta ser
más entreguista y antinacional que la anterior, aprobada por el ex
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada", decía hace un año y medio el ex
ministro de Hidrocarburos del actual gobierno, Andrés Soliz Rada. El daño
estimado en contra del Estado es, en este caso, de casi 100 mil millones
de dólares, monto que, paulatinamente en el tiempo, irá a parar a la bolsa
de las petroleras, producto de la explotación y comercialización de las
reservas.
EL MILLONARIO FRAUDE DE REPSOL Y PAN AMERICAN
Un tercer atentado contra Bolivia. La misma ley 3058, el decreto de
Morales y los contratos petroleros convalidan otro millonario fraude en
contra del Estado al legalizar, de facto, la mayor parte de las acciones
que Repsol y Amoco & Pan American (y posteriormente British Petroleum)
tienen en las empresas mixtas de Andina y Chaco, levantadas sobre los
campos que eran antes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB).
Repsol y Amoco & Pan American recibieron de los gobiernos neoliberales el
50 por ciento de las acciones a cambio de la promesa de invertir 843
millones de dólares. Sin embargo, esta entrega no tomó en cuenta que estos
campos de YPFB (en Chaco y Andina) tenían reservas probadas y certificadas
valuadas actualmente en 24 mil millones de dólares y que
fueron pignoradas a título gratuito para que sean explotadas en beneficio
de Repsol y Amoco & Pan American.
El decreto de Morales convalida la fraudulenta propiedad de Repsol y Amoco
& Pan American sobre el 50 por ciento de las acciones de Andina y Chaco,
cuando en realidad la participación legal de estas transnacionales no
debería ser mayor al cinco por ciento. Pese a ello, la intención del
gobierno de Morales es "nacionalizar" el 3 por ciento de las acciones en
Andina y Chaco, respetando el otro 48 por ciento.
EL ASALTO DE ENRON Y SHELL
Un cuarto atentado. La ley 3058 y el decreto de Morales dejan en total
impunidad, sin sanción ni reparación, el asalto que la Enron, primero, y
la Shell, después, realizaron en Bolivia al tomar a título gratuito el 40
por ciento del gasoducto a Brasil y otros ramales de transporte y
distribución de hidrocarburos.
Sin poner un solo centavo, la corrupta Enron tomó a medidos de los 90 la
posesión y control de las acciones en estos gasoductos, que posteriormente
los transfirió a la Shell. La Enron había sido contratada por el ex
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para financiar o buscar
financiamiento para construir el gasoducto al Brasil, que finalmente fue
construido por Petrobras, sin ningún concurso de la transnacional
norteamericana.
El daño inferido al Estado fue cuantificado en 120 millones de dólares,
por el ex delegado presidencial, Juan Carlos Virreina, que pretendió
recuperar esos recursos mediante un juicio que fue dejado de lado por los
últimos gobiernos, incluido el actual.
UNA LEY ANTINACIONAL
Por esta su esencia pro petrolera, la aprobación de la ley 3058, en mayo
de 2005, constituyó una virtual declaratoria de guerra del poder
transnacional contra el pueblo boliviano, que se alzó furibundo contra el
presidente Carlos Mesa, al que derribó del cargo, y contra el Congreso
neoliberal, recortándole su mandato constitucional y abriendo paso a
nuevas elecciones, ganadas ampliamente por el deseo y la urgencia del
pueblo para nacionalizar el gas y el petróleo.
Razones más que suficientes para que el nuevo gobierno de Evo Morales, que
ganó las elecciones agitando la bandera de la nacionalización, se hubiese
jugado a fondo para montar una ficción y para mostrar y convencer a los
bolivianos que su decreto de "nacionalización" era muy diferente a la
cerrada defensa que hacían en el pasado las élites
neoliberales del poder petrolero.
Razones más que suficientes para que tras firmar los nuevos contratos,
bajo el amparo de la ley 3058, todas las transnacionales hubiesen
anunciado su intención de realizar inversiones y de ser las socias que Evo
Morales quiere para Bolivia.
Fuente: Econoticiasboliva.com
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2. (BO) CARTA DE APOYO AL PUEBLO GUARANÍ DE ITIKA GUASU
Señores:
El próximo 20 de noviembre de 2006, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)
de Itika Guasu se reunirá con Luis García y otros representantes de Repsol
YPF en Bolivia. De acuerdo con el reciente Pronunciamiento Público del
pueblo guaraní, Repsol YPF persiste en no respetar e incumplir sus
compromisos, así como en no asumir los graves impactos socioambientales
negativos ocasionados en su territorio por la empresa.
Considerando que:
- Las operaciones desarrolladas por Repsol YPF en el Campo Margarita
afectan al territorio guaraní, la vida y la cultura de su pueblo
- Repsol FYP no respeta los derechos de los pueblos indígenas establecidos
en las leyes nacionales y en Convenios Internacionales como el Convenio
169 de la OIT puesto que realiza sus operaciones sin la consulta adecuada,
no indemniza los daños ocasionados por sus actividades ni compensa de
manera justa a las comunidades indígenas guaraníes
- Repsol YPF incumple en el territorio indígena guaraní sus compromisos
internacionales de Responsabilidad Social Corporativa y los Principios y
Directrices Internacionales a los que se adhiere a nivel internacional
Y en tanto que integrantes de la sociedad civil internacional, nos
solidarizamos con las justas demandas del Pueblo Guaraní de Itika Guasu y
emplazamos a Repsol YPF a que:
- El presidente de Repsol YPF en Bolivia, Sr. Luis García se haga presente
en la reunión convocada por la Asamblea del Pueblo Guaraní el 20 de
noviembre de 2006.
- Puesto que los directivos de la empresa exigen ?seguridad jurídica? a
los países donde operan, que la empresa cumpla a su vez los compromisos
asumidos con el Pueblo Guaraní en Bolivia, en el respeto de los derechos
indígenas, los derechos humanos y la legislación nacional e internacional.
Continuaremos manifestando nuestra solidaridad y apoyo al Pueblo Guaraní y
difundiendo públicamente su mensaje a nivel nacional e internacional.
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3. (CO) AUDIENCIA PRELIMINAR PETROLERA TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS
SESIÓN COLOMBIA
Saravena, Arauca, Diciembre 11 al 13 de 2006
Miembros de las Organizaciones Sociales de Arauca, del Observatorio Social
de empresas transnacionales, megaproyectos y derechos humanos en Colombia,
representantes de sindicatos, asociaciones estudiantiles, campesinas,
Indígenas, populares, defensores de derechos humanos, organizaciones no
gubernamentales y, venidas de distintas regiones de Colombia y de otros
pueblos del mundo, nos reunimos para dar inicio al proceso de juzgamiento
de la política de las transnacionales petroleras presentes en el país y
del estado colombiano que privatiza la empresa estatal petrolera y entrega
el recurso natural a los consorcios internacionales.
Las gigantescas inversiones del capital transnacional por parte de
Occidental Petroleum Company, British Petroleum Amoco y REPSOL
principalmente y la necesidad de garantizar la explotación del recurso
natural, han sido el principal motivo de la militarización y puesta en
marcha de la política de seguridad democrática en departamentos como
Arauca, Boyacá, Norte de Santander y Casanare.
La militarización de la región, el asesinato selectivo, los bombardeos,
las masacres, el desplazamiento y la persecución judicial y política
contra las organizaciones sociales que se resisten a estos proyectos, ha
sido el mecanismo utilizado por el estado y las transnacionales para
debilitar y aniquilar las organizaciones sociales; todo esto con el apoyo
en asesoría y recursos del gobierno estadounidense. Para los
inversionistas es necesario que no haya ningún tipo de resistencia popular
que impida la explotación de los recursos y el libre transito de
mercancías.
En el desarrollo del evento se evidenciaron permanentes violaciones a los
derechos humanos y el beneficio obtenido por las transnacionales con la
ejecución de crímenes de lesa humanidad, como:
Su participación directa en el incremento de acciones bélicas con
resultados atroces contra la población civil, pues han financiado y
fortalecido batallones del ejército para que brinden seguridad a sus
instalaciones y a sus intereses económicos y han tenido influencia directa
en decisiones militares. El financiamiento de las Brigadas XVI en Yopal y
la XVIII en Arauca; el bombardeo de Santo Domingo –Arauca; la ejecución
del Plan escudo, el asesinato en Arauca de los líderes Alirio Martínez,
Leonel Goyeneche y Jorge Prieto y de varios miembros de la Asociación
ACDAINSU, en Casanare; la penetración de grupos paramilitares desde áreas
“protegidas” por el ejército; el servicio de guardas de seguridad a altos
mandos de la BP por parte de reconocidos paramilitares; las Masacres; las
Detenciones Masivas de 2002, 2003 y 2006; las desapariciones, torturas y
desplazamientos forzados de comunidades perpetrados por grupos
paramilitares en áreas de interés exploratorio, son algunos casos a
resaltar. El gobierno norteamericano ha jugado un rol preponderante en
esta estrategia y ha sido parte activa dentro del conflicto; los aportes
económicos del gobierno estadounidense fueron de 188 millones de dólares
entre 2003 y 2004, sin contar con los recursos del Plan Colombia.
Las actividades de exploración y explotación petroleras han dejado serios
daños sobre el medio ambiente, poniendo en grave riesgo la sostenibilidad
y vida de la región. No existen controles institucionales de sus
actividades ni del respeto de las normas ambientales colombianas. La
desaparición del Ecosistema Geoestratégico de la Laguna de Lipa, sus
humedales y Caño Limón, patrimonio de la cultura indígena; la destrucción
de la cadena alimentaria, el vertimiento de aguas altamente contaminadas
en la cuenca del río Arauca, la modificación del régimen hidrológico
regional en el departamento de Arauca, el secamiento de humedales con el
bombeo de agua pura al subsuelo y la deforestación relacionada con las
actividades petroleras, la generación de gases contaminantes que han
causado graves daños sobre cultivos, son algunos de los casos más
relevantes.
Además las actividades petroleras han estado relacionadas históricamente
con procesos sistemáticos de exterminio a pueblos indígenas. Entre los
casos mas relevantes podemos resaltar: los Yarigüies en el Magdalena Medio
por parte de la Standard Oil, de los Sikuanes en Arauca por la OXI, los
Cofanes y Sionas en el Putumayo por parte de la Argosy, y la sangrienta
persecución contra los Motilón-Bari en el Catatumbo por la BP y de los
Uwas en Boyacá y Arauca por la OXI.
Las tácticas de negocios de las empresas transnacionales petroleras han
sido un factor de corrupción, desestabilización, manipulación y
sometimiento del Estado y de los intereses de la nación. Históricamente
decretos, leyes y artículos de la constitución vienen siendo redactados en
favor de las transnacionales. Sonados casos reportan que las regalías
petroleras han sido un factor de exclusión, corrupción y empobrecimiento
generalizado.
Todos estos crímenes ocultan intereses políticos y económicos que
promueven el desmantelamiento generalizado de los movimientos sociales de
estas regiones. Arauca es uno de los departamentos que ha tenido que
soportar una de las arremetidas militares mas violentas del régimen de
Uribe, enmarcada dentro de una extraña figura denominada “Zona de
Rehabilitación” que pretende recuperar el “orden público”, inmovilizar los
grupos guerrilleros y destruir las organizaciones sociales. Sin embargo
detrás de esta ofensiva estatal con abierta colaboración paramilitar, se
busca brindar seguridad a las empresas transnacionales petroleras en una
de las regiones con mayor importancia geopolítica del país, por su
significado como uno de los mayores corredores viales entre Colombia y
Venezuela; en el aseguramiento de las reservas, la infraestructura y los
intereses de dichas empresas; y controlar la frontera con un país en el
que se consolida un proyecto político popular.
Ante todos estos hechos, las organizaciones participantes decidimos
establecer los siguientes retos y estrategias de acción para la
consolidación de la resistencia y del proyecto de vida de las comunidades
afectadas en las regiones mencionadas:
Detener la exploración y explotación petrolera en territorios indígenas y
hacer respetar sus derechos y de las comunidades para que su voluntad sea
respetada por el Estado.
Detener la ofensiva militar y frenar la judicialización de los dirigentes
sociales, en particular de Arauca, que se han opuesto a las medidas
autoritarias estatales y a la irracional actividad petrolera en la región.
Implementar un proceso de difusión y denuncia a nivel nacional e
internacional que visibilice las verdaderas razones de la miseria,
represión e impunidad en que se encuentran sumidas las comunidades de las
regiones de explotación desde la llegada de las multinacionales petroleras
y por la implementación de megaproyectos.
Generar un proceso de investigación que devele el impacto de la
explotación petrolera en la vida de la población y el medio ambiente, su
relación con la violación de derechos humanos y las políticas
internacionales que le sirven de sustento y obligar a las empresas
petroleras a reparar los daños cometidos en contra de la naturaleza y las
comunidades.
En este sentido, nos comprometemos a:
Fortalecer la campaña petrolera “POR EL RESPETO A LA VIDA, LOS DERECHOS
HUMANOS, LA CULTURA Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO”, como un símbolo de
la resistencia de la población y sus organizaciones frente a la
explotación petrolera.
Promover formas de justicia alternativa como el Tribunal Permanente de los
Pueblos y activar la estrategia jurídica integral, que develen ante la
humanidad los crímenes cometidos por y en beneficio de estas
multinacionales y trazar un plan de exigibilidad de verdad, justicia y
reparación integral y comprometernos en el desarrollo de las audiencias
preliminares preparatorias de la Audiencia Petrolera prevista para los
días 3, 4 y 5 de agosto de 2007 en Bogotá.
Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales de la región
que han sufrido los embates de gobierno, el paramilitarismo y los
mercenarios del petróleo, mediante la apertura de espacios participativos
de formación en Derechos humanos, económicos, sociales, culturales y
ambientales, de recuperación de la memoria histórica.
Acompañar a las comunidades indígenas en la recuperación de su cultura
ancestral mediante el fortalecimiento de sus rituales espirituales, la
recuperación de su medicina tradicional y de su cultura alimentaria.
Contribuir a una discusión abierta sobre la irracionalidad del actual
modelo de explotación petrolera protagonizado por las empresas petroleras
y a la conquista de la autonomía y la soberanía de los pueblos, donde el
petróleo no sea motivo de destrucción y muerte.
Visibilizar la situación de departamentos afectados por el accionar de las
transnacionales petroleras.
Trabajar por la implementación y el respeto al Plan de Vida elaborado por
las organizaciones de Arauca como su proyecto de pervivencia, y generar
respaldo internacional que permita su sostenibilidad.
El Tribunal Permanente de los Pueblos –TPP- Sesión Colombia, agradece el
interés y la participación de un buen numero de organizaciones sociales y
defensoras de derechos humanos nacionales, venidas de distintos rincones
de Colombia y de las organizaciones internacionales que desde Estados
Unidos, Europa y América Latina acompañan este importante proceso de lucha
contra la impunidad.
Hubiéramos querido contar con la asistencia de las autoridades civiles de
la región (Arauca, Casanare, Boyacá y Norte de Santander), pero la
ausencia visibilizó su poco interés en la defensa de los derechos humanos
de la población y en este tribunal como instrumento de búsqueda de la
verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de la política de
las transnacionales y del estado en Colombia.
Organizaciones participantes:
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Accion Permanente Por
La Paz, Coordinadora Simon Bolivar De Venezuela, Canal Vive – Prensa
Nacional De Venezuela, Askapena Euskal – Solidaridad Vasca Con Los
Pueblos, Colombia Solidarity Campaign, Comunidad Indígena Kichua del
Pueblo Sarayaku del Ecuador, Asociación Paz Con Dignidad, Red De Derechos
Humanos de Montana, Berlin Colombia Campaign, Red Internacional de
Revistas de la calle- Argentina
Organizaciones Nacionales
Organizaciones sociales de Arauca (ADUC, ASOJER, COAGROSARARE, ASOJUNTAS,
CUT, ASCATIDAR, AMAR); Fundación Comité De Derechos Humanos “Joel Sierra”
; Asociacion Indígena UˋWa -Asou’was-; Observatorio Social De Empresas
Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos en Colombia. Oset
Red De Hermandad – Colombia; Sindicato Nacional De Trabajadores De La
Industria De Alimentos “Sinaltrainal”; Corporación Social Para La Asesoría
Y Capacitación Comunitaria “Cospacc” ; Comité De Integración Social Del
Catatumbo “Cisca”,
Comité Operativo Del Tpp Sesión Colombia; Organización Nacional Indígena
De Colombia -Onic-; Muisca Upic; Red Estudiantil Antorcha; Red Jade;
Colectivos De Abogados Jose Alvear Restrepo; Semillero de Investigación de
la Fundación Universitaria Monserrate; Union Sindical Obrera USO;
Corporación Sembrar; Censat; Instituto Nacional Sindical –Ins-;
Coordinador Nacional Agrario -Cna-; Estudiantes de la Universidad del Sur
Colombia
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4. (CO) CARTA A URIBE: “EXIGIMOS ANULAR AUTORIZACIÓN DE EXPLORACIÓN
SÍSMICA EN TERRITORIO DEL PUEBLO U´WA”
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/Señor /
/Álvaro Uribe Vélez/
/Presidente de la Republica de Colombia/
/Palacio de Nariño - Carrera 8, No.7-2/
/Bogota, Colombia/
/Vía Fax: 00- 571-342-0592
agadeceremos añadan nuestra firma a las ya enviadas
/Señor Presidente Uribe;/
/Le estamos escribiendo en nombre de personas y organizaciones
ambientalistas, indígenas, campesinas, derechos humanos y organizaciones
sociales tanto nacionales e internacionales, porque nos encontramos
totalmente sorprendidas ante el anuncio que hizo el gobierno colombiano el
pasado 15 de diciembre de 2006 a través de la Viceministra del
Interior y de Justicia, acerca de su decisión de reiniciar actividades de
exploración petrolera en el Territorio U?wa./
/Nos indigna que se justifique tal decisión con el argumento de que los
U´wa no han aceptado el proceso de Consulta Previa, pues así se desconocen
e ignoran los argumentos que los U´wa entregaron al Gobierno Nacional y a
los entes de control el pasado 12 de Octubre de 2006 en una reunión
realizada en su resguardo, a través del documento titulado:
“Fundamentos históricos, constitucionales, legales económicos, sociales,
ambientales y culturales de la Asociación U?wa para objetar los argumentos
del gobierno nacional frente al proyecto de exploración y explotación
petrolera en territorio U´wa y solicitar su cancelación definitiva, NO A
LA CONSULTA PREVIA”.
El gobierno Colombiano no sólo está ignorando los argumentos de los U´wa
sino que desconoce los derechos que les otorga la Constitución y la Ley.
Los U?wa presentaron unos títulos coloniales en los cuales confirman su
derecho a su tierra ancestral, incluidos el suelo y subsuelo. No se les
esta reconociendo el derecho que les otorga la cédula real entregada por
la Corona a la Nación Tuneba (U´wa) en el año de 1802 en la que se
ratificó y delimitó el resguardo colonial de Tierradentro en jurisdicción
de los actuales departamentos de Casanare, Arauca, Boyacá, Santander,
Norte de Santander y en parte del territorio Venezolano. Estos derechos
están reafirmados por la Ley Colombiana 153 de 1887 y también por Artículo
332 de la Constitución de 1991. La decisión del Ministerio de Interior de
seguir adelante con el proyecto petrolero Sirirí/ Catleya está violando el
Convenio 169 de la OIT y también viola las recomendaciones de la Comisión
OEA-Harvard de 1998
acordadas entre el Gobierno Nacional y el Pueblo U´wa.
También es muy preocupante lo que dijo el Director de Responsabilidad
Integral de Ecopetrol en rueda de prensa del 15 de diciembre: “Ecopetrol
estará encargado en Enero del 2007 de complementar un Plan de Manejo
Ambiental (PMA) para el proyecto Sirirí/Catleya”. Esto refleja un
flagrante conflicto de intereses. Cualquier PMA que se haga debe ser
comisionado por una compañía independiente, y no por Ecopetrol, el
Ministerio de Interior, o cualquier otra instancia del gobierno.
Por más de una década los U´wa han dicho al mundo lo que significa para
ellos, cultural y espiritualmente, el petróleo, y no han dejado de
denunciar las implicaciones que tendría una explotación petrolera a su
territorio y su cultura. Su lucha y su convicción han inspirado a otros
pueblos alrededor del mundo que han visto cómo la industria petrolera que
sólo beneficia a unos pocos, ha destruido sus vidas. Con el argumento del
desarrollo y el progreso se quieren imponer estos proyectos que al
contrario traen es destrucción. Los U´wa han ofrecido incluso su vida para
defenderse del llamado desarrollo.
Diversos investigadores y expertos en los conflictos ambientales y
sociales ocasionados por la industria petrolera han evidenciado los daños
que ha causado y causará la exploración petrolera a las tierras y vidas de
los U?wa. Entre ellos Terry Lynn Karl, profesora de la Universidad de
Stanford en Estados Unidos, quien escribió un análisis muy detallado de
los impactos negativos del proyecto Sirirí/Catleya para los ecosistemas,
juneto a los problemas sociales, económicos y de violencia en la región,
que también generarán.
Por todas estas razones, el proyecto petrolero Siriri/ Catleya no debe
seguir adelante. Queremos decirle a Ud. que los U´wa no están solos, que
seguiremos acompañando su valerosa lucha, que estaremos a su lado hasta
que el Gobierno Colombiano y las empresas petroleras Ecopetrol y Repsol
YPF entiendan que este territorio es sagrado y que las culturas con
principios no tienen precio.
Pedimos al Gobierno Nacional revisar la decisión de autorizar la
exploración sísmica en el Territorio del Pueblo U?wa y archive para
siempre este proyecto.
Sinceramente,
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5. (EC) PARO DE LOS HUAORANIS CONTRA REPSOL
Comision de prensa de Orellana ((i))
(04.12.2006)
Ecuador. Francisco de Orellana, 30 de Noviembre de 2.006 (16:30h)
Desde el pasado Lunes, las comunidades Waoranis DICARO, YARENTARO, PENENO,
IPOCA Y GUYERO, mantienen una medida de hecho contra la petrolera española
REPSOL YPF, que opera en el Bloque 14.
La medida ha provocado que en estos días se hayan producido en la Vía
Maxus, numerosos cortes de carretera. Piden que se elabore un nuevo
convenio de compensación para apoyar a estas comunidades. Se quejan de
numerosos incumplimientos por parte de REPSOL del convenio existente, así
como de la escasa atención médica que proporciona la compañía. En
general existe un sentimiento de que la compañía en poco apoya para el
bienestar de la gente.
En estos momentos la zona está militarizada. Sabemos que un dirigente
Waorani, el Sr. Eweguime Enkery, fue apresado por los militares y
trasladado a las dependencias de la policía en el Coca. Ha permanecido
preso un día, siendo liberado en la mañana de hoy.
No es fácil obtener noticias de lo que está pasando, el único acceso a las
comunidades en conflicto es a través de la vía Maxus, para acceder a ella
es necesario cruzar en gabarra el río Napo (a la altura de Pompeya), luego
existe un control, que no deja pasar a nadie que no
tenga la autorización de REPSOL. Igual impedimento ocurre, por ejemplo, en
el caso de derrames u otros problemas ambientales. Lo cierto es que desde
hace tiempo no se ha registrado ningún problema en la zona, no se sabe si
será cierto o no, porque no permiten la entrada. En la práctica es cómo si
todo el área fuera la finca privada de REPSOL.
El bloque dónde opera REPSOL es muy especial, está situado dentro del
Parque Nacional Yasuní, declarado Reserva de la Biosfera, a pesar de esto
Repsol está extrayendo más de 55.000 barriles diarios de petróleo pesado.
Que el crudo sea pesado significa que por cada barril extraído, salen a la
superficie muchos barriles de aguas de formación con contenidos tóxicos
que hay que tratar. Supuestamente esa gran cantidad de aguas de formación
se está reinyectando al subsuelo, pero no sabemos si será así (porque
nadie entra allí). De cualquier forma este sistema es muy discutido, ya
que dependiendo de las condiciones del suelo y de
la profundidad de la reinyección, podría afectar las corrientes de agua
subterránea.
Este bloque también es especial porque afecta al territorio HUAO. Los
Huaoranis son el último pueblo de la selva ecuatoriana, que quedaba por
tomar contacto con la civilización Occidental. Este se produjo recién en
los años 60, coincidiendo precisamente con el inicio de la explotación
petrolera en la amazonía, la apertura de carreteras y la colonización.
El pueblo Huaorani ha sido bruscamente acorralado por la arremetida de la
nueva civilización. Perdieron gran parte de su territorio y su cultura. El
impacto ha sido tal, que su propia existencia como pueblo está seriamente
amenazada, de todo ello tienen una gran parte de responsabilidad las
compañías petroleras y en los últimos años REPSOL.
Añadamos por último que en toda esta zona, existen todavía algunas
familias que nunca quisieron tomar contacto con nuestra civilización. No
se sabe cuántos quedan, pero es seguro que estarán al borde de la
extinción. Ni que decir tiene que ni el Estado ni las petroleras están
tomando ninguna medida, para respetar la decisión de esta gente de
seguir viviendo en la selva como sus ancestros.
Ya está dicho que es difícil conseguir cualquier tipo de noticias sobre lo
que ocurre en ese bloque. No se puede saber mucho de las operaciones de
REPSOL. En cambio si podemos añadir algunos datos sobre sus ingresos, al
precio actual del barril, el valor de esa producción en el mercado
superaría los 2 millones de dólares diarios. No sabemos con precisión lo
que están reclamando los Huaoranis, pero de seguro que con menos de un
día de producción valdría para firmar un acuerdo con ell@s. Tampoco es el
fuerte de esta empresa pagar impuestos. Ha estado declarando pérdidas
hasta el año 2.003 (¡!No pagaba impuesto a la renta!!), recién en 2.004 y
2.005 ha comenzado a pagar algo, pero en cantidades muy inferiores a lo
que correspondería según sus volúmenes de producción en esos años.
Hemos sabido que los Huaronais piensan insistir en la acción hasta que la
compañía acepte negociar sus demandas. También van a pedir ayuda a otras
comunidades huao para que apoyen en la medida. Seguiremos informando
cualquier cosa que ocurra.
Contacto: comision prensa
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6. (EC) EL PUEBLO HUAORANI EN DEFENSA DE SU TERRITORIO
Coca, 13 de enero del 2006
Boletín de Prensa
Los días 11, 12, 13 de enero, el pueblo Huaorani se dio cita en el Coca
para intercambiar experiencias y reflexionar sobre los impactos de los
derechos colectivos, las petroleras, y otros problemas que los afectan
como pueblo.
El tema de los derechos colectivos fue tratado por organizaciones de
Derecho Humanos tanto nacionales como la CEDHU e internacionales como la
Plataforma Brasileña de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que
contó con la participación de la Relatora Nacional Lía Giraldo, quien se
comprometió a realizar una Relatoría para difundir las violaciones que
está padeciendo el Pueblo Huaorani por la acción de las petroleras,
poniendo especial énfasis en las actividades de Petrobras en el Parque
Nacional Yasuní y para informar y ampliar la consciencia del pueblo
brasileño sobre esta situación. Con esto se pretende responsabilizar al
gobierno brasileño y la empresa.
Compartieron su experiencia otros pueblos indígenas, como el Mapuche de
Argentina que está también afectado por empresas como Repsol y Petrobras.
LA ONHAE quiere proteger su territorio y es consciente que la
contaminación provocada por las petroleras no solo afecta su ambiente,
sino a todos los pueblos de la Cuenca Amazónica. Esta nacionalidad se
ha empobrecido a causa de las petroleras.
La ONAHE quiere seguir protegiendo su territorio como lo hicieron sus
antepasados, libres de contaminación y empresas, recordando que es una
cultura que nunca ha vendido su bosque, sus animales y su petróleo, que
es un patrimonio para las futuras generaciones.
El pueblo Huao quiere continuar viviendo, sin molestar a otros pueblos, y
demanda al Estado que se respeten sus derechos consagrado en la
Constitución y en el Convenio 169 de la OIT. Rechaza la presencia de
empresas que llegan a explotar los recursos naturales en sus territorios
ancestrales.
Los viejos mantienen la tradición Huorani, pero las nuevas generaciones
son más vulnerables al cambio cultural.
El Taller se realizó en medio de diferentes expresiones culturales
Huaorani, destacándose los cantos de las mujeres sobre su forma de vida en
los bosque, donde mantienen contacto con su espiritualidad, e hicieron
alusión a sus abuelos que eran fuertes guerreros que defendieron a su
pueblo de las agresiones extranjeras y algunos de estos fueron muertos en
la ciudad de Coca, al momento del contacto, lo cual tiene un fuerte
recuerdo en la memoria.
Se decidió exigir al gobierno que asuma los compromisos adquiridos durante
la marcha a Quito que se realizó en el pasado mes de julio y que hasta la
fecha no habido repuesta, sobre la moratoria petrolera en su
territorio, y demandaron del gobierno que se realice una consulta a todo
el pueblo Huaorani antes de continuar entregando bloques petroleros al
interior de su territorio y para que se respeten los derechos colectivos
de los pueblos indígenas.
ONHAE
AMWAE
Plataforma Desc Brasil
Pueblo Mapuche
Oilwatch
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7. (EC) PETRÓLEO Y MEGAPROYECTOS EN LA AGENDA DEL NUEVO GOBIERNO
Mario Melo
A casi seis semanas del inicio del nuevo período presidencial, la agenda
del gobierno entrante empieza a delinearse. La visita del Presidente
Electo a Brasil y los compromisos acordados con el gobierno de Lula nos
muestran claramente que la explotación petrolera continuará siendo una
actividad económica prioritaria para el Estado ecuatoriano, hasta el punto
de que a su ritmo marchen, como lo han hecho desde el inicio de la era
petrolera en los setentas, los procesos de cambio en los patrones de
ocupación del espacio en la amazonía ecuatoriana.
Correa ha anunciado el inicio, en su gobierno, de la operación del
proyecto ITT, con el argumento incontrastable de los novecientos millones
de barriles de su reserva. (Diario Hoy, 11 de diciembre de 2006). La
explotación de un proyecto hidrocarburífero de esa envergadura provocará
un segundo ³boom petrolero². Su desarrollo y producción se calcula costará
1.667 millones de dólares y su industrialización otro tanto (Reyes y
Ajamil:2005). Una inversión de esa naturaleza provocará sin duda, una
importante dinamización de la economía y los beneficios cuando lleguen,
constituirán una oportunidad para el Estado de contar con los recursos
necesarios para atender las enormes necesidades sociales. Sin embargo, la
infraestructura que se requerirá instalar para extraer y transportar el
crudo pesado cambiará para siempre una región de humedales frágiles y
megadiversos, afectando áreas protegidas y el territorio ancestral de
pueblos indígenas, algunos incluso en aislamiento voluntario.
Consecuente con la decisión de empujar el ITT, Correa se manifiesta
entusiasta del Proyecto Multimodal Manta-Manaos (La Hora, 10 de diciembre
de 2006) y parece ser que comprometió el apoyo de Lula da Silva para
financiar los dos mil quinientos millones de dólares que costaría su
construcción, bajo la modalidad ³llave en mano² por la que la beneficiaria
del contrato de construcción de las carreteras, puentes y viaductos sería
la empresa brasileña Oderbretch (Ecuadorinmediato.com 10 de diciembre de
2006)
Hasta el momento parece que en los próximos años veremos surgir ante
nuestros ojos una nueva amazonía norte, atravesada por una carretera que
lleve a través de lo que hoy es la selva de las riveras del Napo, convoyes
de traileres que conduzcan mercadería desde el puerto de Manta, hasta
Nuevo Rocafuerte, (la próxima Ciudad Juárez amazónica) para embarcarla
hasta Manaos y el Atlántico y viceversa.
Este panorama se complementará con una refinería en Jaramijó, obra
imprescindible para romper la lógica perversa de ser un país exportador de
crudo e importador de derivados, pero que requiere, a más de una inversión
de tres mil millones para su construcción, otra parecida para el oleoducto
de crudos pesados que permita llevar el crudo desde el ITT.
Grandes proyecto con grandes impactos. También, grandes oportunidades. La
decisión de explotar el ITT ha sido una política de Estado, gestada por
décadas por los gobiernos de turno. El eje multimodal es parte del IIRSA,
programa financiado por el BID, la CAF y FonPlata para integrar las
infraestructuras de transporte del continente a fin de facilitar el libre
comercio.
Nada nuevo bajo el sol.
Si estos proyectos hubieran sido anunciados por un presidente electo
abiertamente neoliberal, todos los sectores ³progresistas² estaríamos
poniendo el grito en el cielo. Como fueron anunciados por un presidente
electo de izquierda, que ganó las elecciones con una propuesta
nacionalista y antioligárquica, queremos creer que es posible ejecutarlos
poniendo por delante de los intereses crematísticos del capital
transnacional, los derechos humanos de la gente sencilla y la integridad
de un medio natural privilegiado. Además, con un manejo inmaculado de los
fondos públicos y pensando siempre en que primero es la Patria. Sin
embargo, la experiencia histórica del Ecuador como país petrolero nos hace
ser pensar que embarcarse nuevamente en el tren sin frenos del modelo
extractivista petrolero
terminará, muy probablemente, en un nuevo desastre ambiental y social.
Varios de los hombres y mujeres clave en el nuevo gobierno han hecho su
carrera denunciado la política petrolera resuelta en el conventillo de los
interesados en el negocio de los hidrocarburos y exigiendo transparencia y
apertura para el debate franco y no excluyente de las opciones de
desarrollo para el país. Ahora que serán gobierno, queremos verlos a la
altura de sus trayectorias.
Las organizaciones sociales, el movimiento indígena, el movimiento
ambiental, la academia y la ciudadanía progresista están llamados a apoyar
al gobierno de Rafael Correa en la reforma política que ha ofrecido, de la
mejor manera posible, esto es, exigiendo el cumplimiento de su plataforma
de campaña; permaneciendo vigilantes de que el respeto a los derechos
humanos sea el primer deber del Estado, como manda la Constitución y
ayudándolo a encontrar las alternativas de desarrollo más compatibles con
la dignidad
humana y la integridad de la naturaleza.
Mientras tanto observamos y alertamos a las organizaciones amazónicas
respecto a estas iniciativas del Presidente Correa a fin de que se
preparen para el momento cuando, de acuerdo a la Constitución y los
instrumentos internacionales vigentes, el Gobierno realice la respectiva
consulta previa a fin de obtener el consentimiento de los directamente
afectados.
HYPERLINK "http://alainet.org/active/14980"
http://alainet.org/active/14980
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8. (EC) DECRETO DE ZONA INTANGIBLE ¿LA BUENA INTENCIÓN DE PROTEGER A LOS
ÚLTIMOS SALVAJES QUE HABITAN LA AMAZONÍA?
se declaran granos de arena como áreas protegidas para hacer lo que se
quiera con el resto del desierto...
¿¿a quién pretenden engañar??
lea con atención,
no vayan a levantarle otra vez la camisa...
saludos fraternos,
ali supay
www.alisupay.org
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DECRETO DE ZONA INTANGIBLE ¿LA BUENA INTENCIÓN DE PROTEGER A LOS ÚLTIMOS
SALVAJES QUE HABITAN LA AMAZONÍA?
El Estado Ecuatoriano desde sus inicios ha fomentado la extracción
intensiva de recursos y la destrucción de la Amazonía, a pesar de ser uno
de los ecosistemas más frágiles del Planeta y el hábitat natural histórico
y ancestral de numerosos pueblos indígenas. En la Amazonía Ecuatoriana se
disputan distintos sectores de poder, como son los petroleros, los que
tienen interés en la biodiversidad, los que quieren comercializar los
conocimientos ancestrales asociados a ésta, e incluso el patrimonio
genético de los pueblos indígenas.
Ante la inminente destrucción de la Amazonía, desde mediados del siglo
pasado, se crearon las primeras áreas protegidas en el Ecuador, sin que se
haga una crítica al modelo de desarrollo basado en el saqueo.
La creación de áreas protegidas, sobre los territorios de los pueblos
originarios no impidió la depredación de ecosistemas. Y al mismo tiempo,
abrió el camino a los intereses particulares de las grandes organizaciones
de la conservación y al de grupos económicos dominantes.
En 1999 se crea, bajo decreto ejecutivo, la Zona Intangible ZI dentro del
Parque Nacional Yasuní PNY. El marco ambiental regulatorio sobre áreas
protegidas prohíbe toda actividad extractiva exhaustiva dentro
de éstas[1], sin embargo la creación de la ZI redujo de hecho, el marco
para que únicamente éstas estén exentas de actividades petroleras, dejando
abierta la posibilidad de intervenir en el resto del parque.
Este modelo extractivista encuentra una piedra de tope con la existencia
de pueblos que tradicionalmente han vivido y cuidado de la naturaleza. Se
debe reconocer que parte de la rica biodiversidad del Ecuador responde
directamente a la interrelación humana como parte del ecosistema. De la
misma manera no es casual que los lugares donde se preserve en buen estado
los bosques y páramos estén justamente habitados por pueblos indígenas.
La declaración de una Zona Intangible, mediante Decreto Ejecutivo No.
2187, como medida de protección ambiental y de los pueblos que habitan en
Parque Nacional Yasuní, distrae la atención sobre dos puntos
medulares que han causado muerte y violencia: el modelo de extracción
intensiva de recursos naturales y el desconocimiento de los derechos de
los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Este decreto no cuestiona la dependencia ni la depredación que mantiene el
Estado sobre de los recursos naturales, el modo como se extraen los
mismos, ni tampoco alternativas nacionales que se podrían plantear a este
tema.
Como lo afirman varios medios, los violentos ataques perpetrados por las
petroleras, militares, iglesias y aventureros han causado un verdadero
genocidio hacia los Tagaeri y Taromenane. La matanza del
2003, particularmente fue la que obligó al Estado a dar respuesta ante
esta condenable situación de impunidad. En mayo del 2006 se da una nueva
posible matanza a miembros de estos pueblos. El Decreto
Ejecutivo No. 2187, que persigue la delimitación geográfica, no hace más
que evidenciar la falta de entendimiento y voluntad para lograr un proceso
que permita avanzar hacia la construcción de un Estado -
nación vinculado estructuralmente a las reivindicaciones de Derechos desde
otras prácticas culturales. Los pueblos en aislamiento representan el
límite de la institucionalidad estatal y sus marcos jurídicos, dejando al
Estado una enorme deuda sobre sus vidas y cultura.
La "aparición" de los pueblos en aislamiento voluntario en el marco
jurídico nacional es una apuesta para el Estado. Son los pueblos indígenas
quienes han puesto en discusión la institucionalidad impuesta desde el
Estado al momento de tratar sus derechos, territorialidades y
cosmovisiones.
La ilegitimidad del Decreto Ejecutivo
La propuesta contempla la creación de un área intangible de 758.000 Ha. y
una zona de amortiguamiento de 10 km. alrededor, con la supuesta intención
de aislar los impactos directos sobre el área. Todo lo contrario, la
creación de una franja de amortiguamiento es un espacio permisivo que
fomenta la presencia de actividades petroleras y turísticas,
convirtiéndose en una puerta a actores externos. El Estado deja abierta la
posibilidad de explotación de recursos que han sido el móvil del
genocidio.
En el caso del pueblo Huaorani, este Decreto Ejecutivo ha violado su
derecho de los pueblos a ser consultados a través de sus organizaciones
representativas, garantizado en la Constitución Ecuatoriana en el Artículo
84, 88 y en el Convenio169 de la OIT ratificado por Ecuador. El Estado ha
manipulado el proceso de consulta, asumiendo que la única reunión de
carácter informativo realizada al pueblo Huaorani ha sido un proceso de
consulta en la que se aceptaría el establecimiento de la ZI.
En el decreto se incluye la colocación de hitos dentro del PNY para la
delimitación de la ZI, propuesta que evidencia un pleno desconocimiento
antropológico y que en nada aporta para resolver el problema de los
contactos violentos que se han producido desde hace décadas.
La simple colocación de letreros no es suficiente para detener las
incursiones ilegales a la zona y tampoco garantizan la libre circulación
de los pueblos en aislamiento voluntario. La escasez de recursos que les
permite la supervivencia, la contaminación ambiental les empuja cada vez a
buscar el sustento en zonas más extensas.¿Qué sucedería si se produce un
nuevo hecho violento en los alrededores de la ZI? ¿Son los pueblos en
aislamiento voluntario los responsables por haber cruzado los límites
establecidos? Esto demuestra la visión colonialista y racista que mantiene
el Estado y la sociedad ecuatoriana hacia los Pueblos indígenas, al
anteponer los supuestos intereses nacionales a los derechos humanos y
colectivos de estos pueblos.
La delimitación ha sido elaborada en complicidad con las grandes
transnacionales que tienen concesiones petroleras en la Reserva de la
Biosfera Yasuní. Estas compañías han facilitado mapas, información,
infraestructura y por último, han ejercido una presión considerable para
que en los últimos días del gobierno de Alfredo Palacio el decreto salga a
la luz. Es así como los límites han sido modificados en repetidas
ocasiones, respondiendo a los intereses de las petroleras, más no a las
prácticas de movilidad y asentamiento de los Pueblos Tagaeri y Taromenane.
CONCLUSION
La creación de la zona intangible deslegitima las otras siete categorías
de protección que constan en el sistema nacional de áreas protegidas, y
abre la posibilidad explotación de las mismas, especialmente del Parque
Nacional Yasuní. La ZI carece de sustento jurídico y constituye un
híbrido entre área protegida y territorio
indígena, y que está amparado por un débil cuerpo legal.
La delimitación geográfica de la ZI es el resultado de la política de un
Estado que desconoce la diversidad cultural y que obedece a intereses
petroleros, madereros, conservacionistas y "la buena intención de proteger
a los últimos salvajes que habitan la Amazonía".
El tema de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario no ha
sido abordado. El genocidio continua siendo una amenaza permanente ante un
Estado insensible y una sociedad generalmente indiferente ante
estos temas.
Aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a la protección de los
pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que debería ser recogida en
la propuesta de la reforma constituyente e impulsada desde
la organizaciones indígenas.
Hasta ahora, el debate se ha centrado únicamente, en la aprobación del
decreto ejecutivo, y ha dejado de lado las medidas emergentes que tienen
que ser tomadas y que ponen en evidencia las debilidades del Ministerio
del Ambiente en cuanto al manejo del tema forestal y petrolero.
[1]Reglamento de Aplicación de la Ley Forestal y de Conservación de las
Áreas Naturales y de Vida Silvestre Art. 199.
Nathalia Bonilla
José Proaño
Acción Ecológica
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9. (A.L) GASODUCTO DEL SUR AFECTARÁ 522 MIL KM DE LA AMAZONÍA
en Ciencia Guayana
Así lo advierten más de 330 ciudadanos, organizaciones y movimientos
sociales de Venezuela y Brasil en una carta enviada a los presidentes de
Argentina, Brasil y Venezuela solicitando “descartar definitivamente de
sus agendas” la realización del mencionado proyecto gasífero
Destino: Jefes de Estado de los países Brasil, Argentina y Venezuela.
Remitente: Más de 330 ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales de
varios países. Asunto: Descartar definitivamente de sus agendas la
construcción del Gasoducto del Sur como medio para cubrir las necesidades
energéticas de Suramérica y buscar una opción mas cónsona con la realidad
ecológica, económica, y social de la región. La carta, que congrega a los
representantes y miembros de las organizaciones ambientalistas y sociales
tanto de Venezuela como Brasil, entre las que se mencionan: Amigransa,
Orinoco Oilwatch y Avva Frontera Gran Sabana (Venezuela); Núcleo Amigos da
Terra y Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais (Brasil),
fue entregada el pasado 19 de abril durante la reunión celebrada en la
capital de Paraguay donde los líderes sudamericanos Evo Morales (Bolivia),
Nicanor Duarte (Paraguaya), Tabaré Vásquez (Uruguay) y Hugo Chávez
(Venezuela) suscribieron un Memorandum de Entendimiento sobre Integración
Energética y Física con el objetivo de seguir avanzando en la
consolidación de la construcción del Gasoducto del Sur, proyecto
considerado por el mandatario venezolano como la “columna vertebral de la
integración suramericana” (www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/
ver_detalles.pag?idNoticia=48223).
8 mil kilómetros polémicos
La misiva advierte que los 150 millones de metros cúbicos de gas
venezolano viajarían a través de la inmensa tubería que partiría desde la
desembocadura del Río Orinoco en Venezuela, atravesando el frágil
territorio de la Gran Sabana -asiento de los milenarios tepuyes-, para
seguir su ruta a través de la Amazonia brasilera hasta llegar a Buenos
Aires, en Argentina para ser distribuido a Argentina, Brasil y a Uruguay
con posibles interconexiones con el Paraguay y Bolivia. Una extensión de
ocho mil kilómetros que a juicio de los firmantes se vería impactada de
forma permanente e irreversible.
La construcción de un gasoducto de 8000 kilómetros, la instalación de
decenas de plantas de compresión y de cientos de estaciones de válvulas,
tendría desastrosas consecuencias ambientales debido a que implicaría
inmensas deforestaciones de selva tropical amazónica, la remoción de
grandes cantidades de tierra, apertura de caminos de acceso en sitios
vírgenes, instalación de campamentos, posibles desalojos a poblaciones
nativas y pueblos indígenas, la proliferación de enfermedades tropicales,
etc., todo ello, facilitando el acceso de oleadas de depredadores e
invasores que agravarían aun más la destrucción que generaría la misma
obra”.
Balance ecológico
El grupo de ambientalistas y ciudadanos que rechaza este proyecto -y que
cada día se incrementan por las firmas que se van anexando a través de la
página www.PetitionOnline.com/rechaz01/petition.html; señala que una
obra de tal magnitud “afectará el balance ecológico de ríos que serán
atravesados por el gasoducto causando impactos adversos como el
estancamiento de aguas, contaminación, y erosión”. Sostienen que las
tuberías de hidrocarburos son inexorablemente proclives al desgaste y la
corrosión sobre todo en ambientes húmedos tropicales como el
Guayanés-Amazónico, lo cual las convierten en un riesgo permanente a
filtraciones y rupturas pudiendo crear una catástrofe de dimensiones
inimaginables en el Amazonas, ocasionando una clara amenaza para
Venezuela, Brasil y sus vecinos”. Al respecto, cabe destacar los
señalamientos del ingeniero de gas Nelson Hernández
(www.petroleumworld.com.ve/PV021306.htm
) quien explica que la pluviométrica (cantidad de agua que cae en un metro
cuadrado de superficie) en la Amazonia es un factor de alta importancia a
tener en cuenta porque existen zonas que durante la época de lluvia que
suele durar hasta ocho meses al año, alcanzan un nivel de agua de 12
metros de altura. Además, Hernández reitera que la hidrografía de la
Amazonia “es altamente complicada”. Cree que no se conocen con exactitud
la cantidad de ríos, riachuelos, pantanos existentes en el denominado
“pulmón del mundo”, por lo que el experto en gas se pregunta si el
gasoducto irá tendido por debajo de los lechos de los ríos o deberá ser
subterráneo. Lo cierto es que lo anterior, aunado a lo que plantean las
organizaciones denunciantes, el proyecto ambicioso del gasoducto afectaría
“casi 522 mil kilómetros de áreas prístinas de la región amazónica, hogar
de 22 pueblos indígenas y una diversidad de riqueza biológica aun
desconocida”.
Integración de otro tipo
La mencionada carta -que rechaza este ambicioso proyecto gasífero por
“inconsulto”-, considera que la idea de integrar a Suramérica “a través de
ese gigante gasoducto no traería ni unidad ni bienestar a los pueblos del
sur ya que está basada en la sobre explotación de los recursos naturales y
en la destrucción de la diversidad que existe hoy en día en la región
amazónica”. Para ellos el proyecto “no toma en consideración los
peligrosos impactos que tendrá la sobre explotación del gas en las costas
y tierras venezolanas, ni tampoco los impactos en la región amazónica
conocida como el más grande reservorio de agua y reservorio de
biodiversidad. Indiscutiblemente este proyecto agregará más deuda a la ya
existente deuda ecológica y social que afecta la región”. Reiteran que la
integración de los pueblos “es pertinente y necesaria”, pero no a costa
del “grave impacto que se le estaría causando a la Amazonia, que es
garantía de vida, reservorio de agua dulce, de biodiversidad y hábitat
natural de muchos Pueblos Indígenas”. Piensan que la misma debe estar
basada “en un enriquecedor intercambio social y cultural; en el diálogo de
saberes; en el intercambio de experiencias agro-ecológicas, sin
transgénicos ni monocultivos; en la satisfacción del déficit energético
basada en el uso consciente de la energía y en la producción de energías
alternativas mediante procesos ecológicos”. Están convencidos que el
Gasoducto del Sur “acrecentará la deuda ecológica y social y por ende, la
pobreza”. “La integración de nuestros pueblos requiere: un cambio de
paradigma que se aparte del modelo de desarrollo dependiente de los
hidrocarburos impuesto a nuestra civilización; una visión de protección
ambiental integral en aras de detener el aumento de la deuda ecológica y
social; la defensa de nuestros derechos como acreedores y no deudores de
una deuda externa; una relación directa Estado-Ciudadano para el diseño de
políticas públicas; y el fortalecimiento de valores de libertad, igualdad,
equidad, justicia, paz, de no discriminación, respeto a la vida y a los
Derechos Humanos”.
Dónde está la sociedad protagónica?
La preocupación de Acoana tiene que ver con el impacto ambiental de un
desarrollo de la magnitud de una obra como el gasoducto. Para Domingo
Medina, miembro de Acoana, en los tiempos de un proceso de participación y
de un nuevo modelo de cambios en lo que es el Estado y la sociedad
venezolana, no están los venezolanos siendo protagónicos de este potencial
desastre ecológico que pudiera ocurrir con la propuesta del Gasoducto del
Sur. “Se va a generar un conflicto y la gente que ha sido empoderada por
este mismo Gobierno a participar es la que va a reaccionar eventualmente.
Es un problema de concientización que ya están generando reacciones a
nivel internacional incluso, y eso es reflejo de que no ha habido un
proceso de apertura a la participación”. Considera que el Gobierno
Nacional ha demostrado que no le importan las figuras de Parques
Nacionales y un ejemplo de ello fueron las aperturas de la Reserva
Forestal Imataca, el tendido eléctrico en el Parque Nacional Canaima,
“pareciera que no hay normativa legal, una vez más es el hombre por encima
del ambiente, cuando aún no entendemos la complejidad de las dinámicas
ambientales y ecosistémicas”.
Para Medina urge un cambio de conducta en cuanto al consumo y uso de la
tierra para evitar que nuestros recursos naturales se destruyan y que las
futuras generaciones puedan disfrutar de eso que llaman sustentabilidad.
Fuente: Oilwatch América Latina
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10.1 (CAT) REPSOL COMIENZA EL 2007 CON UN IMPORTANTE DERRAME DE CRUDO EN
EL LITORAL DE TARRAGONA
GEPEC (Grupo de Estudio y Protección de los Ecosistemas del Campo)
06/01/2007
Entre los propósitos de Repsol para este año se destaca el de obtener un
máximo de beneficios para sus accionistas a cambio de dañar la salud y
el medio ambiente de los ciudadanos de Tarragona.
El peculiar regalo de Reyes de la empresa para los habitantes de la
Costa Dorada es un derrame de petróleo.
Desde hace ya muchos años que en Tarragona tenemos que convivir con la
incansable fumarola marrón de la refinería, que un día tras el otro
oscurece el cielo de nuestros campos y es desperdigada cual lotería
contaminante por el viento. También estamos
acostumbrados a que los racks y ductos que van y vienen desde el
Polígono Norte (La Pobla de Mafumet-El Morell) hasta el Polígono Sur
(Tarragona-Vilaseca), tengan fugas a lo largo de los tramos enterrados
o al descubierto. No nos sorprende que a menudo los
mecheros de la refinería ardan con furia y envíen a la atmósfera miles de
toneladas de gases contaminantes de manera incontrolada.
Desgraciadamente, tampoco nos sorprende que de manera más habitual que
la que querríamos, el Campo de Tarragona y su litoral tengan que ser
los testigos atónitos de la suciedad líquida con la cual Repsol arruina
nuestro litoral, los fondos marinos y las playas.
Hace casi medio siglo que muchos tarragoneses recuerdan haber retornado
más de una vez de la playa con la planta de los pies tatuada por manchas
grasosas negras muy difíciles de limpiar.
Efectivamente, el petróleo, también denominado crudo, que permite el
funcionamiento del mundo del capital para algunos, deja su huella cruda
y asquerosa para otros.
Una vez más el lugar del derrame ha sido la desgraciadamente bien
conocida Monoboya de Repsol, el punto desde donde se descarga el crudo
traído por gigantescos buques petroleros desde los lugares más remotos
del plantea y destinado a ser conducido a la refinería.
Nos preguntamos hasta cuando los ciudadanos de la Costa Dorada
tendremos que pagar este precio ambiental. ¿Cuántas veces más tendremos
que caminar sobre la suciedad de Repsol en nuestras playas, y lo que es
peor, cuándo seremos testigos de un Exxon Valdez o de un Prestige en
nuestro litoral?...
Lo peor de todo es que los ya demasiado habituales y constantes episodios
de contaminación cuentan con la complicidad administrativa, empezando
desde el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda hasta al ?ilustre?
Ayuntamiento de Tarragona. Resulta realmente patético que el
Ayuntamiento de Tarragona se arrastre
ante la industria química hasta el punto de que sea este sector
empresarial el que patrocine las fiestas mayores de la ciudad, con
enormes carteles colgados en la fachada del ayuntamiento.
¿No piensan los señores Nadal y Mallol que una ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad merece más que ser la puerta trastera de la
industria química? Bien, no esperamos que nos responda el señor Nadal
pues debe estar demasiado ocupado pesando los escasos kilos de materia
orgánica que recoge selectivamente el municipio. ¿Quién debe pues
responder ante las agresiones crónicas que sufre el Campo de Tarragona
por parte de la industria química?
Quien tiene la respuesta es el ciudadano, sobre todo aquel que apuesta
por un futuro sostenible, el que pone por delante la calidad de vida, el
que no vende su salud a cambio de nada, el que piensa que quien
contamina debe pagar. Es éste ciudadano el que sabe, aun cuando la
administración pública no lo admite, que difícil que resulta limpiar los
derrames contaminantes, y el tratamiento hospitalario de todos los
ciudadanos que vivimos y sufrimos la lacra de la industria química y
petroquímica. Se trata de un dinero que pagamos entre todos y que
podría más bien servir para mejoras sociales, culturales, sanitarias,
educativas y ambientales.
Fuente: www.gepec.cat
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10.2 (CAT) REPSOL AFIRMA QUE LA INSTALACIÓN DEL VERTIDO ERA
"PRÁCTICAMENTE NUEVA"
Repsol YPF se mostró "sorprendida" por el incidente de esta madrugada en
el puerto de Tarragona, donde se produjo un vertido de crudo, porque tuvo
lugar en una instalación que era "que fue cambiada en diciembre".
Según explicó el portavoz de la empresa, la instalación ahora "era
prácticamente nueva" y se había puesto en funcionamiento a mediados de
diciembre después de realizar todo un grupo de pruebas "que fueron
positivas" y contar con el asesoramiento de expertos llegados de Mónaco.
Por ello, a partir de mañana se iniciará una investigación para esclarecer
si el problema en la brida fue por un desajuste, o al colocar la manguera
o cualquier otra incidencia.
La monoboya se había modificado entera y mejorado su tecnología. La de hoy
era la segunda descarga que se efectuaba después de una primera que se
realizó "sin problemas".
Respecto la impresión del delegado de la Generalitat en el Camp de
Tarragona, Xavier Sabaté, de que el alcance de la mancha es mayor a los 70
metros cuadrados que afirma Repsol, el portavoz matizó que la visión desde
el aire puede dar esta impresión y que la mancha se había extendido
ligeramente debido a los trabajos de limpieza que estaban
efectuando los técnicos "pero no había incrementado el vertido".
Fuente: Europa Press
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10.3 (CAT) RECURSO A LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DE REPSOL EN TARRAGONA
Organización GEPEC presenta recurso de reposición a la autorización
ambiental de REPSOL PETRÓLEO, incidiendo en esas aleaciones que no han
sido contempladas a la resolución.
http://www.gepec.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=641
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11. (ESP) REPSOL NO COMPRA SUS FILIALES APROVECHANDO LAS CRISIS, MÁS BIEN
GENERA CRISIS
Entrevista a Marc Gavaldá en periódico Diagonal
Miguel Angel De Lucas
Con beneficios de 845 millones de euros anuales, los balances de Repsol
olvidan las numerosas denuncias por su alto impacto ecológico y sobre la
salud. Marc Gavaldá repasa las causas abiertas contra la petrolera.
El pasado 6 de noviembre, medio millar de indígenas guaraníes iniciaron
una movilización hasta el campo petrolero Margarita, en Bolivia, para
protestar contra Repsol. El objetivo: bloquear la ruta de acceso a la
zona petrolífera en protesta ante el uso de sus tierras por parte de la
empresa.
Es sólo un último ejemplo de los conflictos que genera en América Latina
Repsol-YPF, una compañía con actividades en regiones de enorme
diversidad ecológica, y habitadas por comunidades indígenas que se ven a
veces obligadas a abandonar sus modos de vida tradicionales. Para Marc
Gavaldá -ambientólogo, experto en la empresa española e integrante de
Repsol Mata- estas zonas podrían bautizarse como ?Repsolandia'. Así ha
titulado su último libro, donde describe “territorios colonizados por
las compañías petroleras, que ejercen un poder que supera a los
Estados”. Tras su viaje ?pozo a pozo, por la Patagonia y Bolivia?,
Gavaldá habló con DIAGONAL sobre algunas de las acusaciones que pesan
sobre la compañía.
P: ¿Cuáles son las causas más graves contra Repsol?
Marc Gavaldá: Son bastantes. En Bolivia tiene pendiente causas por
contrabando y falsificación de documentos. También en Ecuador se da otro
caso de fraude a las arcas públicas por evasión de impuestos. Pero en
Bolivia tiene incluso una denuncia, aunque no ha sido procesada, por
homicidio. En junio de 2005, en un pozo de Repsol en el campo de Surubí,
unos campesinos que estaban pescando murieron quemados por las llamas
provocadas por la deflagración de gas de un venteo ilegal que estaba
haciendo Repsol.
Otro caso importante es el que se está llevando en Arauca, Colombia.
Amnistía Internacional denunció la participación de Repsol en
financiación de grupos paramilitares. En 2002 visité en la zona d el
pozo Capachos. Allí ingresó Repsol y en la misma época ingresaron los
paramilitares. Era un departamento socialmente muy movilizado, pero se
fue desmembrando a medida que entraron las petroleras y de forma
paralela los grupos paramilitares, que en ocasiones realizaron incluso
magnicidios. En concreto mataron a dos senadores que representaban a
Arauca. Acabaron con ellos por sus desavenencias con todo lo que estaba
pasando: el plan Colombia, la imposición de una base militar de EEUU en
Arauca y también la entrada de las petroleras.
P.: ¿Qué casos se dan en Argentina?
M.G.: Allí tiene una demanda civil en Neuquén por parte de dos
comunidades mapuche. Se piden más de 440 millones de dólares para
reparar el impacto, tanto cultural, sanitario como medioambiental, que
se ha generado en estas comunidades. Estamos hablando de un yacimiento
que es el más grande tanto en reservas de gas como de petróleo de
Argentina. Repsol lo adquirió a través de la privatización de YPF y hay
una contaminación brutal. En Neuquén toda la gente que vive allí extrae
agua de los pozos. Con la contaminación, al sacar agua del pozo, le
pones un fósforo y ves que es inflamable. Es agua mezclada con gasolina.
Esta causa judicial ya lleva años, desde el ?99. Es una de las causas
que enfrenta Repsol y que sirve como referencia a nivel internacional
[días después de esta entrevista, a mediados de octubre, Repsol perdía
la demanda y reconocía los daños].
Además, hay una causa judicial levantada por los ex trabajadores de YPF.
Ellos dicen dos cosas. Primero: que Repsol privatizó ilegalmente YPF. La
compra se hizo en Nueva York un día antes de que apareciera en el
Boletín Oficial del Estado. Y segundo: que se vendieron ilegalmente las
acciones que habían comprado los trabajadores.
P.: Esta es una muestra de cómo Repsol adquiere nuevas empresas en
momentos de crisis.
M.G.: Bueno, no es que Repsol compre sus filiales aprovechando las
crisis, más bien genera crisis. En Bolivia se aprovechó de un Estado
totalmente desmantelado.
Eso permite que sucedan cosas como en el 2004. En Argentina hay nueve
gasoductos fronterizos, pero no hay autosuficiencia energética. En 2004
se produce una crisis energética. El Gobierno argentino negocia con el
de Bolivia para tener gas más barato. ¿Qué sucede? El gasoducto es de
Repsol. El gas lo pone Repsol. La filial boliviana de Repsol le vende
gas más barato a la filial argentina de Repsol. Pero cuando llega
después a Argentina, Repsol sube los precios y vende el gas mucho más
caro al consumidor.
Fuente: Diagonal
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12. (GLOBAL) BIENVENIDA CRISIS ENERGÉTICA
15 puntos para romper la petrodependencia
10º Comunicado del colectivo Repsol-Mata
Dado que:
1. La adicción humana a un consumo energético se ha desbordado a un nivel
insostenible en el que el petróleo es la droga dura de la sociedad global
capitalista.
2. Que este consumo comporta daños irreparables sobre la biosfera y empuja
al planeta a un colapso climático que condena a la extinción a muchas
formas de vida, entre ellas, probablemente la especie humana.
3. Que la producción y comercio de combustibles fósiles agrava las
desigualdades sociales, mantiene regímenes dictatoriales y enciende
conflictos bélicos por todo el mundo.
4. Que el petróleo se usa principalmente para asegurar el incesante flujo
de mercaderías a nivel mundial, drenando las venas del capitalismo.
5. Que las corporaciones petroleras son conglomerados financieros
anónimos, escudos legales de especuladores que actúan con impunidad,
haciendo que los responsables eludan procesos penales de crímenes
demostrados de lesa humanidad.
6. Que los beneficios de estas compañías crecen a medida que someten a la
humanidad a la petrodependencia, con estrategias opacas como el bombardeo
publicitario, el lavado verde y la corrupción política.
Decidimos:
7. Erradicar toda publicidad (explícita o subliminal) de compañías que se
enriquecen generando cambio climático (petroleras, automovilísticas,
aerolíneas, eléctricas, etc.).
8. Iniciar procesos penales contra los presidentes y miembros de los
consejos directivos de las corporaciones petroleras. Los reiterados
accidentes mortales, derramamientos de petróleo, violaciones de los
derechos humanos, invasiones de territorios indígenas, son crímenes
demostrados que tienen que ser juzgados para evitar que se repitan.
9. Investigar la responsabilidad de la industria petroquímica con los
impactos en la salud de todos sus subproductos cancerígenos. Que sean
estas empresas las que costeen los costes sanitarios de los enfermos, así
como también la gestión de los residuos plásticos.
10. Fortalecer lazos de solidaridad activa con las víctimas locales de las
actividades petroleras, haciendo de altavoz de las denuncias silenciadas
por los medios de comunicación, comprados por los intereses corporativos.
11. Iniciar los caminos hacia la autonomía energética individual y
colectiva, adoptando y practicando medidas diarias de ahorro energético y
arrancando proyectos comunitarios de obtención de energía solar y eólica a
escala humana.
12. Luchar por un transporte público de calidad y accesible, cerrando los
aeropuertos, paralizando la construcción de nuevas carreteras y vías de
alta velocidad, recuperando las calles de las ciudades para uso exclusivo
de peatones, autobuses y bicicletas.
13. Impulsar una moratoria mundial de construcción de coches y perforación
de nuevos pozos petroleros. Se tendrían que fundir los millones de coches
y camiones que hay en el planeta para detener la industria extractiva y
reaprovechar los metales para construir trenes, veleros y bicicletas.
14. Detener los flujos mundiales de mercaderías, modificando radicalmente
el modo de vida y consumo.
15. Promover y acelerar la transición energética hacia un modelo de vida
post-petrolero, acompañada de un decrecimiento económico necesario para
resituar la especie humana dentro de los límites físicos y ecológicos del
planeta tierra.
Campaña Repsol Mata
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13. (LIBROS) “ VIAJE A REPSOLANDIA POZO A POZO, POR LA PATAGONIA Y
BOLIVIA” de Marc Gavaldà
Hay viajes de todo tipo, pero el que narra Marc Gavaldà es singular i a la
vez impactante, como lo son los impactos del petróleo detallados en cada
capítulo. Porque “Repsolandia” un país que no aparece en los mapas pero sí
sobre el territorio, es el eje del viaje de una família que quiere
conocer lo que esconde el negro combustible que consumimos con voracidad.
Un viaje que se inicia en la petroquímica de Tarragona en cuyo perímetro
el autor nació recordando accidentes siniestros de la industria petrolera
en el Estado Español, como el hundimiento del Prestige y las llamas de la
refinería de Puertollano. En canvio, en Canarias y Extremadura,
movimientos ciudadanos se movilizan en 2006, para pararle los pies a
nuevos proyectos de Repsol.
En Buenos Aires, se visualiza cómo el desprendimiento de YPF, la insigne
compañía estatal, dejó mella en sus ciudadanos y su economía, aunque
Repsol, sintiéndose el blanco del descontento popular, agudiza su imagen
corporativa con tintes nacionalistas.
El viaje continúa por las desoladas carreteras del Sur, donde Repsol mandó
reprimir a sus propios trabajadores. En poblaciones como Caleta Olivia,
Pico Truncado y Las Heras los reclamos obreros fueron encarcelados.
En Neuquén, la Provincia donde Repsol tiene una Alianza Estratégica con su
gobernador, las comunidades mapuche enfrentan una nociva invasión
territorial que les deteriora sus posibilidades de vivir y reproducirse.
Siguiendo la cordillera, en Mendoza Repsol perdió un juicio contra una ONG
local. Sus pretensiones de sacar petróleo de un importante humedal han
sido, por el momento postergadas.
Pero es en Bolivia, donde los intereses petroleros colisionan con más
fuerza al empoderamiento de unos reclamos populares que giran en torno a
la nacionalización de los hidrocarburos.El autor, reconstruye los
episodios de la primera y segunda guerra del gas (2003 y 2005), desnudando
también los vericuetos legales donde Repsol se ha empantanado y el papel
de Evo Morales como nuevo Presidente.
Además, existen resistencias locales, como los guaranís de Tentayapi, o la
de una família entera devorada por las llamas de un pozo de Repsol en la
Amazonía, que aportan argumentos que van más allà de recuperar las
empresas petroleras privatizadas sino que plantean la transición hacia un
modelo de vida post petrolero.
Precisamente, los mecanismos para romper con la petrodependencia, son
descritos en el último capítulo, como ejemplos de una diversidad de
estrategias, todavía en germinación, que los movimientos sociales adoptan
para parar los pies al tremendo avance petrolero y preparar una retirada a
tiempo de este modelo energético ya caducado.
Título: Viaje a Repsolandia
Autor: Marc Gavaldà Palacín
Edición: Junio 2006
Editorial: Tutuma Edicions. Kan Pasqual, 08017 Les Planes, Barcelona
172 págs, 16 láminas a color, 12 mapas
ISBN: 84-611-0792-6
P.V.P: 12 euros
Distribuyen: Virus (Catalunya), Traficantes de Sueños (Madrid)
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