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Un OJO en la Repsol 43. Enero 2007 Imprimir E-mail
Domingo, 21 de Enero de 2007 04:41
UN OJO EN LA REPSOL Nº 42  Enero 2006 Observatorio Transnacional http://repsolmata.info **************************************************** 0. Presentación 1. (BO) Borrón y cuenta nueva con las petroleras 2. (BO) Carta de apoyo al pueblo guaraní de Itika Guasu 3. (CO) Audiencia Preliminar Petrolera Tribunal Permanente de los Pueblos en Saravena 4. (CO) Carta a Uribe: “Exigimos anular autorización de exploración sísmica en territorio del Pueblo U´wa” 5. (EC) Paro de los huaoranis contra Repsol 6. (EC) El pueblo huaorani en defensa de su territorio 7. (EC) Petróleo y megaproyectos en la agenda del nuevo gobierno 8. (EC) Decreto de zona intanible ¿la buena intención de proteger a los últimos salvajes que habitan la Amazonía? 9. (A.L) Gasoducto del Sur afectará 522 mil Km de la Amazonía 10.1 (CAT) Repsol comienza el 2007 con un importante derrame de crudo en el litoral de Tarragona 10.2 (CAT) Repsol afirma que la instalación del vertido era "prácticamente nueva" 10.3 (CAT) Recurso a la autorización ambiental de Repsol en Tarragona 11. (ESP) “Repsol no compra sus filiales aprovechando las crisis, más bien genera crisis”- Entrevista a M.G. 12. (GLOBAL) Manifiesto: “Bienvenida Crisis Energética: 15 puntos para romper la petrodependencia” 13. (LIBROS) “Viaje a Repsolandia. Pozo a Pozo por la Patagonia y Bolivia” *************************************************************** 0. PRESENTACIÓN: RUIDOS DE LANZAS EN EL BLOQUE Empezamos el año reseñando la oposición de poblaciones u´wa (Colombia), huaoranis (Ecuador) y guaranís (Bolivia) a las operaciones petroleras que invaden sus territorios. Cada vez más, las poblaciones originarias de América Latina que han sido invadidas por las corporaciones petroleras, se posicionan más frontalmente contra esta nociva convivencia que no han escogido. Sus voces deben ser atendidas. Los Estados nacionales defienden más las regalías que sus poblaciones. Por eso, en la violenta y petrolera región de Arauca, se realizó un importante evento de vigilancia social y empoderamiento de la sociedad civil frente al poder corporativo. La sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, realizada en Saravena, apuntó en sus resoluciones la participación de las petroleras Occidental, BP y Repsol en la violencia paramilitar que azota la región. Estas iniciativas populares son muy relevantes en países donde la justicia ampara la continuidad de la Impunidad Petrolera. Próximas sesiones del Tribunal Pemanente de los Pueblos se realizarán en Bogotá y Lima. En Tarragona, Repsol realizó un nuevo vertido sin castigo alguno, mientras no muy lejos de ahí, un colectivo lanzaba a nivel mundial, un manifiesto traducido en 6 idiomas que acota en 15 puntos las vías para visualizar y acelerar la transición hacia un modelo post-petrolero. Si esta dañina realidad es la sociedad petrolera, BIENVENIDA CRISIS ENERGÉTICA. Un Ojo en la Repsol, un boletín periódico de observación y denuncia de los impactos de Repsol-YPF. Escribe, Rebota y Difunde. Contactos: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla *********************************************************** 1. (BO) BORRÓN Y CUENTA NUEVA CON LAS PETROLERAS Evo legaliza los contratos de Repsol, Petrobras y otras petroleras, a las que "blanquea" todos sus delitos, perdona sus fraudes y garantiza nuevos y millonarios ingresos. Plena satisfacción entre las trasnacionales y el gobierno /Redacción de Econoticiasbolivia.com/ La Paz, octubre 29, 2006.- Las transnacionales petroleras lograron consolidar y legalizar su situación en Bolivia al firmar este fin de semana nuevos contratos con el gobierno de Evo Morales, lo que les garantiza nuevos y millonarios ingresos por la explotación de reservas de gas y petróleo valuadas en más de 200 mil millones de dólares durante los próximos 30 años, en los que tendrán que aumentar sus inversiones y pagar un poco más impuestos al Estado. Los contratos, suscritos este viernes y sábado con Repsol, Petrobras, Total, British Petroleum, Pluspetrol, Vintage, Pan American y otras, tendrán el aval del Congreso y se harán respetar con la fuerza del Estado, cerrando toda posibilidad para que en el futuro las transnacionales sean expulsadas del país y sus bienes y recursos expropiados. El compromiso oficial del gobierno, según anunció el vicepresidente Alvaro García Linera, es que los contratos serán refrendados por el Parlamento para tener total seguridad jurídica, no serán modificados en el tiempo y garantizarán altas ganancias para las transnacionales, que operan con los costos de producción más bajos del mundo y cometiendo delitos que van desde la defraudación y evasión fiscal, el contrabando de carburantes, la subfacturación y otras irregularidades denunciadas por las propias autoridades del gobierno boliviano. Aunque el texto de los contratos aún es confidencial, se conoce que éstos se regirán por la ley 3058, que establece que las petroleras pagarán, en términos nominales, un 50 por ciento en regalías e impuestos en la mayor parte de los campos, quedando aún sin confirmación el pago nominal del 82 por ciento en dos megacampos de gas. Tampoco se conoce si existen compensaciones económicas en favor de las petroleras por el cambio del sistema de tributación, tal como establece la ley, aunque sí se ratificó el incentivo tributario para las empresas (Repsol y Petrobras) que controlan el negocio de la exportación de gas a Argentina y Brasil. Así, las petroleras que operan a ambos lados de la frontera, en el doble papel de vendedores y compradores, pagarán impuestos sobre un promedio de 5 dólares por millón de BTUs, y no sobre 8, que es el precio internacional actual. CONCESIONES Y SATISFACCIÓN "Hubo concesiones de ambas partes (...) Se alcanzó un acuerdo satisfactorio", dijo el ministro de Energía de Brasil, Silas Rondeau, tras la firma del contrato entre Petrobras y Bolivia. En el mismo tono, el secretario de Asuntos exteriores de España, Bernardino León, que protege a Repsol, anunció nuevas inversiones. "Vamos a invertir en los próximos años más de mil millones de dólares para asegurar el cumplimiento con la (exportación de gas a) Argentina". En esta nueva exportación de gas a Argentina, el gobierno boliviano aspira a quedarse con 17 mil millones de dólares de los 50 mil millones que moverá el negocio en los siguientes 20 años. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que aglutina a las empresas petroleras y uno de los baluartes de los gobiernos neoliberales, dijo que "el escenario que se ha planteado con la firma de nuevos contratos vislumbra una relación positiva y duradera entre socios, las empresas y el Estado nacional". Los anteriores contratos de todas las petroleras habían sido declarados sin validez jurídica e inconstitucionales por decisión inapelable del máximo tribunal de justicia de Bolivia, el Tribunal Constitucional, lo que había reforzado la lucha que libran desde el 2003 los sindicatos y las organizaciones populares para lograr la expulsión de las transnacionales y para renacionalizar el gas y el petróleo. En esta lucha, se enfrentaron a los tanques y la metralla y derribaron a dos presidentes (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa), aunque sin lograr la expulsión/nacionalización de las petroleras, una consigna considerada como inviable por el actual gobierno. "Con estos contratos queremos resolver los problemas del país (...) sentamos soberanía sobre nuestros recursos sin expulsar a nadie, esta es la nacionalización sin indemnización", dijo el presidente Morales, tras la firma de los contratos, realizados al amparo de la ley pro petrolera 3058, aprobada hace un año y medio por el Congreso neoliberal para preservar los millonarios intereses de las transnacionales. BLANQUEO DE DELITOS Esta ley, viabilizada ahora con los nuevos contratos, blanquea todos los delitos mayores que las petroleras han cometido en Bolivia desde mediados de los años 90, cuando tomaron control y dominio de toda la industria petrolera al amparo de onerosas concesiones otorgadas por el poder neoliberal. La ley 3058 posibilita, por ejemplo, que las compañías como Repsol, Petrobras, Total, British Petroleum, Amoco & Pan American Energy, British Gas, Exxon, Enron, Shell, Pluspetrol, Vintage y otras puedan legalizar su ilegal e inconstitucional permanencia en Bolivia, explotando yacimientos que virtualmente no les costó casi nada. Con los nuevos contratos, el Estado queda sin la posibilidad legal de echar a las transnacionales y recuperar así más de 200 mil millones de dólares, que es el valor de las reservas de gas y petróleo, las segundas más importantes de Sudamérica. La Ley 3058 infiere, además, un segundo daño de magnitud a Bolivia cuando elimina toda posibilidad legal para que el Estado recupere de inmediato, sin necesidad de nacionalización, decreto o ley expresa, el 60 por ciento de las reservas de gas y petróleo de manos de las petroleras, que incumplieron el artículo 30 de una ley anterior y que les obligaba a devolver todos los campos y yacimientos en los que no hubiesen perforado pozos en los últimos cinco años. Una cincuentena de auditorías, instruidas por el gobierno de Morales, confirmaron este delito. En esta situación estaban casi todos los megacampos de gas y petróleo que están siendo explotados por Repsol, Petrobras, Total y otras compañías y que, si se cumpliera la ley, ya sólo deberían beneficiar al Estado. Así, "la ley 3058 (ratificada vía decreto por Morales N.d.E), resulta ser más entreguista y antinacional que la anterior, aprobada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada", decía hace un año y medio el ex ministro de Hidrocarburos del actual gobierno, Andrés Soliz Rada. El daño estimado en contra del Estado es, en este caso, de casi 100 mil millones de dólares, monto que, paulatinamente en el tiempo, irá a parar a la bolsa de las petroleras, producto de la explotación y comercialización de las reservas. EL MILLONARIO FRAUDE DE REPSOL Y PAN AMERICAN Un tercer atentado contra Bolivia. La misma ley 3058, el decreto de Morales y los contratos petroleros convalidan otro millonario fraude en contra del Estado al legalizar, de facto, la mayor parte de las acciones que Repsol y Amoco & Pan American (y posteriormente British Petroleum) tienen en las empresas mixtas de Andina y Chaco, levantadas sobre los campos que eran antes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Repsol y Amoco & Pan American recibieron de los gobiernos neoliberales el 50 por ciento de las acciones a cambio de la promesa de invertir 843 millones de dólares. Sin embargo, esta entrega no tomó en cuenta que estos campos de YPFB (en Chaco y Andina) tenían reservas probadas y certificadas valuadas actualmente en 24 mil millones de dólares y que fueron pignoradas a título gratuito para que sean explotadas en beneficio de Repsol y Amoco & Pan American. El decreto de Morales convalida la fraudulenta propiedad de Repsol y Amoco & Pan American sobre el 50 por ciento de las acciones de Andina y Chaco, cuando en realidad la participación legal de estas transnacionales no debería ser mayor al cinco por ciento. Pese a ello, la intención del gobierno de Morales es "nacionalizar" el 3 por ciento de las acciones en Andina y Chaco, respetando el otro 48 por ciento. EL ASALTO DE ENRON Y SHELL Un cuarto atentado. La ley 3058 y el decreto de Morales dejan en total impunidad, sin sanción ni reparación, el asalto que la Enron, primero, y la Shell, después, realizaron en Bolivia al tomar a título gratuito el 40 por ciento del gasoducto a Brasil y otros ramales de transporte y distribución de hidrocarburos. Sin poner un solo centavo, la corrupta Enron tomó a medidos de los 90 la posesión y control de las acciones en estos gasoductos, que posteriormente los transfirió a la Shell. La Enron había sido contratada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para financiar o buscar financiamiento para construir el gasoducto al Brasil, que finalmente fue construido por Petrobras, sin ningún concurso de la transnacional norteamericana. El daño inferido al Estado fue cuantificado en 120 millones de dólares, por el ex delegado presidencial, Juan Carlos Virreina, que pretendió recuperar esos recursos mediante un juicio que fue dejado de lado por los últimos gobiernos, incluido el actual. UNA LEY ANTINACIONAL Por esta su esencia pro petrolera, la aprobación de la ley 3058, en mayo de 2005, constituyó una virtual declaratoria de guerra del poder transnacional contra el pueblo boliviano, que se alzó furibundo contra el presidente Carlos Mesa, al que derribó del cargo, y contra el Congreso neoliberal, recortándole su mandato constitucional y abriendo paso a nuevas elecciones, ganadas ampliamente por el deseo y la urgencia del pueblo para nacionalizar el gas y el petróleo. Razones más que suficientes para que el nuevo gobierno de Evo Morales, que ganó las elecciones agitando la bandera de la nacionalización, se hubiese jugado a fondo para montar una ficción y para mostrar y convencer a los bolivianos que su decreto de "nacionalización" era muy diferente a la cerrada defensa que hacían en el pasado las élites neoliberales del poder petrolero. Razones más que suficientes para que tras firmar los nuevos contratos, bajo el amparo de la ley 3058, todas las transnacionales hubiesen anunciado su intención de realizar inversiones y de ser las socias que Evo Morales quiere para Bolivia. Fuente: Econoticiasboliva.com ********************************************* 2. (BO) CARTA DE APOYO AL PUEBLO GUARANÍ DE ITIKA GUASU Señores: El próximo 20 de noviembre de 2006, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Itika Guasu se reunirá con Luis García y otros representantes de Repsol YPF en Bolivia. De acuerdo con el reciente Pronunciamiento Público del pueblo guaraní, Repsol YPF persiste en no respetar e incumplir sus compromisos, así como en no asumir los graves impactos socioambientales negativos ocasionados en su territorio por la empresa. Considerando que: - Las operaciones desarrolladas por Repsol YPF en el Campo Margarita afectan al territorio guaraní, la vida y la cultura de su pueblo - Repsol FYP no respeta los derechos de los pueblos indígenas establecidos en las leyes nacionales y en Convenios Internacionales como el Convenio 169 de la OIT puesto que realiza sus operaciones sin la consulta adecuada, no indemniza los daños ocasionados por sus actividades ni compensa de manera justa a las comunidades indígenas guaraníes - Repsol YPF incumple en el territorio indígena guaraní sus compromisos internacionales de Responsabilidad Social Corporativa y los Principios y Directrices Internacionales a los que se adhiere a nivel internacional Y en tanto que integrantes de la sociedad civil internacional, nos solidarizamos con las justas demandas del Pueblo Guaraní de Itika Guasu y emplazamos a Repsol YPF a que: - El presidente de Repsol YPF en Bolivia, Sr. Luis García se haga presente en la reunión convocada por la Asamblea del Pueblo Guaraní el 20 de noviembre de 2006. - Puesto que los directivos de la empresa exigen ?seguridad jurídica? a los países donde operan, que la empresa cumpla a su vez los compromisos asumidos con el Pueblo Guaraní en Bolivia, en el respeto de los derechos indígenas, los derechos humanos y la legislación nacional e internacional. Continuaremos manifestando nuestra solidaridad y apoyo al Pueblo Guaraní y difundiendo públicamente su mensaje a nivel nacional e internacional. ********************************************************* 3. (CO) AUDIENCIA PRELIMINAR PETROLERA TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS SESIÓN COLOMBIA Saravena, Arauca, Diciembre 11 al 13 de 2006 Miembros de las Organizaciones Sociales de Arauca, del Observatorio Social de empresas transnacionales, megaproyectos y derechos humanos en Colombia, representantes de sindicatos, asociaciones estudiantiles, campesinas, Indígenas, populares, defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y, venidas de distintas regiones de Colombia y de otros pueblos del mundo, nos reunimos para dar inicio al proceso de juzgamiento de la política de las transnacionales petroleras presentes en el país y del estado colombiano que privatiza la empresa estatal petrolera y entrega el recurso natural a los consorcios internacionales. Las gigantescas inversiones del capital transnacional por parte de Occidental Petroleum Company, British Petroleum Amoco y REPSOL principalmente y la necesidad de garantizar la explotación del recurso natural, han sido el principal motivo de la militarización y puesta en marcha de la política de seguridad democrática en departamentos como Arauca, Boyacá, Norte de Santander y Casanare. La militarización de la región, el asesinato selectivo, los bombardeos, las masacres, el desplazamiento y la persecución judicial y política contra las organizaciones sociales que se resisten a estos proyectos, ha sido el mecanismo utilizado por el estado y las transnacionales para debilitar y aniquilar las organizaciones sociales; todo esto con el apoyo en asesoría y recursos del gobierno estadounidense. Para los inversionistas es necesario que no haya ningún tipo de resistencia popular que impida la explotación de los recursos y el libre transito de mercancías. En el desarrollo del evento se evidenciaron permanentes violaciones a los derechos humanos y el beneficio obtenido por las transnacionales con la ejecución de crímenes de lesa humanidad, como: Su participación directa en el incremento de acciones bélicas con resultados atroces contra la población civil, pues han financiado y fortalecido batallones del ejército para que brinden seguridad a sus instalaciones y a sus intereses económicos y han tenido influencia directa en decisiones militares. El financiamiento de las Brigadas XVI en Yopal y la XVIII en Arauca; el bombardeo de Santo Domingo –Arauca; la ejecución del Plan escudo, el asesinato en Arauca de los líderes Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto y de varios miembros de la Asociación ACDAINSU, en Casanare; la penetración de grupos paramilitares desde áreas “protegidas” por el ejército; el servicio de guardas de seguridad a altos mandos de la BP por parte de reconocidos paramilitares; las Masacres; las Detenciones Masivas de 2002, 2003 y 2006; las desapariciones, torturas y desplazamientos forzados de comunidades perpetrados por grupos paramilitares en áreas de interés exploratorio, son algunos casos a resaltar. El gobierno norteamericano ha jugado un rol preponderante en esta estrategia y ha sido parte activa dentro del conflicto; los aportes económicos del gobierno estadounidense fueron de 188 millones de dólares entre 2003 y 2004, sin contar con los recursos del Plan Colombia. Las actividades de exploración y explotación petroleras han dejado serios daños sobre el medio ambiente, poniendo en grave riesgo la sostenibilidad y vida de la región. No existen controles institucionales de sus actividades ni del respeto de las normas ambientales colombianas. La desaparición del Ecosistema Geoestratégico de la Laguna de Lipa, sus humedales y Caño Limón, patrimonio de la cultura indígena; la destrucción de la cadena alimentaria, el vertimiento de aguas altamente contaminadas en la cuenca del río Arauca, la modificación del régimen hidrológico regional en el departamento de Arauca, el secamiento de humedales con el bombeo de agua pura al subsuelo y la deforestación relacionada con las actividades petroleras, la generación de gases contaminantes que han causado graves daños sobre cultivos, son algunos de los casos más relevantes. Además las actividades petroleras han estado relacionadas históricamente con procesos sistemáticos de exterminio a pueblos indígenas. Entre los casos mas relevantes podemos resaltar: los Yarigüies en el Magdalena Medio por parte de la Standard Oil, de los Sikuanes en Arauca por la OXI, los Cofanes y Sionas en el Putumayo por parte de la Argosy, y la sangrienta persecución contra los Motilón-Bari en el Catatumbo por la BP y de los Uwas en Boyacá y Arauca por la OXI. Las tácticas de negocios de las empresas transnacionales petroleras han sido un factor de corrupción, desestabilización, manipulación y sometimiento del Estado y de los intereses de la nación. Históricamente decretos, leyes y artículos de la constitución vienen siendo redactados en favor de las transnacionales. Sonados casos reportan que las regalías petroleras han sido un factor de exclusión, corrupción y empobrecimiento generalizado. Todos estos crímenes ocultan intereses políticos y económicos que promueven el desmantelamiento generalizado de los movimientos sociales de estas regiones. Arauca es uno de los departamentos que ha tenido que soportar una de las arremetidas militares mas violentas del régimen de Uribe, enmarcada dentro de una extraña figura denominada “Zona de Rehabilitación” que pretende recuperar el “orden público”, inmovilizar los grupos guerrilleros y destruir las organizaciones sociales. Sin embargo detrás de esta ofensiva estatal con abierta colaboración paramilitar, se busca brindar seguridad a las empresas transnacionales petroleras en una de las regiones con mayor importancia geopolítica del país, por su significado como uno de los mayores corredores viales entre Colombia y Venezuela; en el aseguramiento de las reservas, la infraestructura y los intereses de dichas empresas; y controlar la frontera con un país en el que se consolida un proyecto político popular. Ante todos estos hechos, las organizaciones participantes decidimos establecer los siguientes retos y estrategias de acción para la consolidación de la resistencia y del proyecto de vida de las comunidades afectadas en las regiones mencionadas: Detener la exploración y explotación petrolera en territorios indígenas y hacer respetar sus derechos y de las comunidades para que su voluntad sea respetada por el Estado. Detener la ofensiva militar y frenar la judicialización de los dirigentes sociales, en particular de Arauca, que se han opuesto a las medidas autoritarias estatales y a la irracional actividad petrolera en la región. Implementar un proceso de difusión y denuncia a nivel nacional e internacional que visibilice las verdaderas razones de la miseria, represión e impunidad en que se encuentran sumidas las comunidades de las regiones de explotación desde la llegada de las multinacionales petroleras y por la implementación de megaproyectos. Generar un proceso de investigación que devele el impacto de la explotación petrolera en la vida de la población y el medio ambiente, su relación con la violación de derechos humanos y las políticas internacionales que le sirven de sustento y obligar a las empresas petroleras a reparar los daños cometidos en contra de la naturaleza y las comunidades. En este sentido, nos comprometemos a: Fortalecer la campaña petrolera “POR EL RESPETO A LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS, LA CULTURA Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO”, como un símbolo de la resistencia de la población y sus organizaciones frente a la explotación petrolera. Promover formas de justicia alternativa como el Tribunal Permanente de los Pueblos y activar la estrategia jurídica integral, que develen ante la humanidad los crímenes cometidos por y en beneficio de estas multinacionales y trazar un plan de exigibilidad de verdad, justicia y reparación integral y comprometernos en el desarrollo de las audiencias preliminares preparatorias de la Audiencia Petrolera prevista para los días 3, 4 y 5 de agosto de 2007 en Bogotá. Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales de la región que han sufrido los embates de gobierno, el paramilitarismo y los mercenarios del petróleo, mediante la apertura de espacios participativos de formación en Derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, de recuperación de la memoria histórica. Acompañar a las comunidades indígenas en la recuperación de su cultura ancestral mediante el fortalecimiento de sus rituales espirituales, la recuperación de su medicina tradicional y de su cultura alimentaria. Contribuir a una discusión abierta sobre la irracionalidad del actual modelo de explotación petrolera protagonizado por las empresas petroleras y a la conquista de la autonomía y la soberanía de los pueblos, donde el petróleo no sea motivo de destrucción y muerte. Visibilizar la situación de departamentos afectados por el accionar de las transnacionales petroleras. Trabajar por la implementación y el respeto al Plan de Vida elaborado por las organizaciones de Arauca como su proyecto de pervivencia, y generar respaldo internacional que permita su sostenibilidad. El Tribunal Permanente de los Pueblos –TPP- Sesión Colombia, agradece el interés y la participación de un buen numero de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos nacionales, venidas de distintos rincones de Colombia y de las organizaciones internacionales que desde Estados Unidos, Europa y América Latina acompañan este importante proceso de lucha contra la impunidad. Hubiéramos querido contar con la asistencia de las autoridades civiles de la región (Arauca, Casanare, Boyacá y Norte de Santander), pero la ausencia visibilizó su poco interés en la defensa de los derechos humanos de la población y en este tribunal como instrumento de búsqueda de la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de la política de las transnacionales y del estado en Colombia. Organizaciones participantes: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Accion Permanente Por La Paz, Coordinadora Simon Bolivar De Venezuela, Canal Vive – Prensa Nacional De Venezuela, Askapena Euskal – Solidaridad Vasca Con Los Pueblos, Colombia Solidarity Campaign, Comunidad Indígena Kichua del Pueblo Sarayaku del Ecuador, Asociación Paz Con Dignidad, Red De Derechos Humanos de Montana, Berlin Colombia Campaign, Red Internacional de Revistas de la calle- Argentina Organizaciones Nacionales Organizaciones sociales de Arauca (ADUC, ASOJER, COAGROSARARE, ASOJUNTAS, CUT, ASCATIDAR, AMAR); Fundación Comité De Derechos Humanos “Joel Sierra” ; Asociacion Indígena UˋWa -Asou’was-; Observatorio Social De Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos en Colombia. Oset Red De Hermandad – Colombia; Sindicato Nacional De Trabajadores De La Industria De Alimentos “Sinaltrainal”; Corporación Social Para La Asesoría Y Capacitación Comunitaria “Cospacc” ; Comité De Integración Social Del Catatumbo “Cisca”, Comité Operativo Del Tpp Sesión Colombia; Organización Nacional Indígena De Colombia -Onic-; Muisca Upic; Red Estudiantil Antorcha; Red Jade; Colectivos De Abogados Jose Alvear Restrepo; Semillero de Investigación de la Fundación Universitaria Monserrate; Union Sindical Obrera USO; Corporación Sembrar; Censat; Instituto Nacional Sindical –Ins-; Coordinador Nacional Agrario -Cna-; Estudiantes de la Universidad del Sur Colombia ******************************************************************************** 4. (CO) CARTA A URIBE: “EXIGIMOS ANULAR AUTORIZACIÓN DE EXPLORACIÓN SÍSMICA EN TERRITORIO DEL PUEBLO U´WA” Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. 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Necesita activar JavaScript para visualizarla /Señor / /Álvaro Uribe Vélez/ /Presidente de la Republica de Colombia/ /Palacio de Nariño - Carrera 8, No.7-2/ /Bogota, Colombia/ /Vía Fax: 00- 571-342-0592 agadeceremos añadan nuestra firma a las ya enviadas /Señor Presidente Uribe;/ /Le estamos escribiendo en nombre de personas y organizaciones ambientalistas, indígenas, campesinas, derechos humanos y organizaciones sociales tanto nacionales e internacionales, porque nos encontramos totalmente sorprendidas ante el anuncio que hizo el gobierno colombiano el pasado 15 de diciembre de 2006 a través de la Viceministra del Interior y de Justicia, acerca de su decisión de reiniciar actividades de exploración petrolera en el Territorio U?wa./ /Nos indigna que se justifique tal decisión con el argumento de que los U´wa no han aceptado el proceso de Consulta Previa, pues así se desconocen e ignoran los argumentos que los U´wa entregaron al Gobierno Nacional y a los entes de control el pasado 12 de Octubre de 2006 en una reunión realizada en su resguardo, a través del documento titulado: “Fundamentos históricos, constitucionales, legales económicos, sociales, ambientales y culturales de la Asociación U?wa para objetar los argumentos del gobierno nacional frente al proyecto de exploración y explotación petrolera en territorio U´wa y solicitar su cancelación definitiva, NO A LA CONSULTA PREVIA”. El gobierno Colombiano no sólo está ignorando los argumentos de los U´wa sino que desconoce los derechos que les otorga la Constitución y la Ley. Los U?wa presentaron unos títulos coloniales en los cuales confirman su derecho a su tierra ancestral, incluidos el suelo y subsuelo. No se les esta reconociendo el derecho que les otorga la cédula real entregada por la Corona a la Nación Tuneba (U´wa) en el año de 1802 en la que se ratificó y delimitó el resguardo colonial de Tierradentro en jurisdicción de los actuales departamentos de Casanare, Arauca, Boyacá, Santander, Norte de Santander y en parte del territorio Venezolano. Estos derechos están reafirmados por la Ley Colombiana 153 de 1887 y también por Artículo 332 de la Constitución de 1991. La decisión del Ministerio de Interior de seguir adelante con el proyecto petrolero Sirirí/ Catleya está violando el Convenio 169 de la OIT y también viola las recomendaciones de la Comisión OEA-Harvard de 1998 acordadas entre el Gobierno Nacional y el Pueblo U´wa. También es muy preocupante lo que dijo el Director de Responsabilidad Integral de Ecopetrol en rueda de prensa del 15 de diciembre: “Ecopetrol estará encargado en Enero del 2007 de complementar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el proyecto Sirirí/Catleya”. Esto refleja un flagrante conflicto de intereses. Cualquier PMA que se haga debe ser comisionado por una compañía independiente, y no por Ecopetrol, el Ministerio de Interior, o cualquier otra instancia del gobierno. Por más de una década los U´wa han dicho al mundo lo que significa para ellos, cultural y espiritualmente, el petróleo, y no han dejado de denunciar las implicaciones que tendría una explotación petrolera a su territorio y su cultura. Su lucha y su convicción han inspirado a otros pueblos alrededor del mundo que han visto cómo la industria petrolera que sólo beneficia a unos pocos, ha destruido sus vidas. Con el argumento del desarrollo y el progreso se quieren imponer estos proyectos que al contrario traen es destrucción. Los U´wa han ofrecido incluso su vida para defenderse del llamado desarrollo. Diversos investigadores y expertos en los conflictos ambientales y sociales ocasionados por la industria petrolera han evidenciado los daños que ha causado y causará la exploración petrolera a las tierras y vidas de los U?wa. Entre ellos Terry Lynn Karl, profesora de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, quien escribió un análisis muy detallado de los impactos negativos del proyecto Sirirí/Catleya para los ecosistemas, juneto a los problemas sociales, económicos y de violencia en la región, que también generarán. Por todas estas razones, el proyecto petrolero Siriri/ Catleya no debe seguir adelante. Queremos decirle a Ud. que los U´wa no están solos, que seguiremos acompañando su valerosa lucha, que estaremos a su lado hasta que el Gobierno Colombiano y las empresas petroleras Ecopetrol y Repsol YPF entiendan que este territorio es sagrado y que las culturas con principios no tienen precio. Pedimos al Gobierno Nacional revisar la decisión de autorizar la exploración sísmica en el Territorio del Pueblo U?wa y archive para siempre este proyecto. Sinceramente, ****************************************** 5. (EC) PARO DE LOS HUAORANIS CONTRA REPSOL Comision de prensa de Orellana ((i)) (04.12.2006) Ecuador. Francisco de Orellana, 30 de Noviembre de 2.006 (16:30h) Desde el pasado Lunes, las comunidades Waoranis DICARO, YARENTARO, PENENO, IPOCA Y GUYERO, mantienen una medida de hecho contra la petrolera española REPSOL YPF, que opera en el Bloque 14. La medida ha provocado que en estos días se hayan producido en la Vía Maxus, numerosos cortes de carretera. Piden que se elabore un nuevo convenio de compensación para apoyar a estas comunidades. Se quejan de numerosos incumplimientos por parte de REPSOL del convenio existente, así como de la escasa atención médica que proporciona la compañía. En general existe un sentimiento de que la compañía en poco apoya para el bienestar de la gente. En estos momentos la zona está militarizada. Sabemos que un dirigente Waorani, el Sr. Eweguime Enkery, fue apresado por los militares y trasladado a las dependencias de la policía en el Coca. Ha permanecido preso un día, siendo liberado en la mañana de hoy. No es fácil obtener noticias de lo que está pasando, el único acceso a las comunidades en conflicto es a través de la vía Maxus, para acceder a ella es necesario cruzar en gabarra el río Napo (a la altura de Pompeya), luego existe un control, que no deja pasar a nadie que no tenga la autorización de REPSOL. Igual impedimento ocurre, por ejemplo, en el caso de derrames u otros problemas ambientales. Lo cierto es que desde hace tiempo no se ha registrado ningún problema en la zona, no se sabe si será cierto o no, porque no permiten la entrada. En la práctica es cómo si todo el área fuera la finca privada de REPSOL. El bloque dónde opera REPSOL es muy especial, está situado dentro del Parque Nacional Yasuní, declarado Reserva de la Biosfera, a pesar de esto Repsol está extrayendo más de 55.000 barriles diarios de petróleo pesado. Que el crudo sea pesado significa que por cada barril extraído, salen a la superficie muchos barriles de aguas de formación con contenidos tóxicos que hay que tratar. Supuestamente esa gran cantidad de aguas de formación se está reinyectando al subsuelo, pero no sabemos si será así (porque nadie entra allí). De cualquier forma este sistema es muy discutido, ya que dependiendo de las condiciones del suelo y de la profundidad de la reinyección, podría afectar las corrientes de agua subterránea. Este bloque también es especial porque afecta al territorio HUAO. Los Huaoranis son el último pueblo de la selva ecuatoriana, que quedaba por tomar contacto con la civilización Occidental. Este se produjo recién en los años 60, coincidiendo precisamente con el inicio de la explotación petrolera en la amazonía, la apertura de carreteras y la colonización. El pueblo Huaorani ha sido bruscamente acorralado por la arremetida de la nueva civilización. Perdieron gran parte de su territorio y su cultura. El impacto ha sido tal, que su propia existencia como pueblo está seriamente amenazada, de todo ello tienen una gran parte de responsabilidad las compañías petroleras y en los últimos años REPSOL. Añadamos por último que en toda esta zona, existen todavía algunas familias que nunca quisieron tomar contacto con nuestra civilización. No se sabe cuántos quedan, pero es seguro que estarán al borde de la extinción. Ni que decir tiene que ni el Estado ni las petroleras están tomando ninguna medida, para respetar la decisión de esta gente de seguir viviendo en la selva como sus ancestros. Ya está dicho que es difícil conseguir cualquier tipo de noticias sobre lo que ocurre en ese bloque. No se puede saber mucho de las operaciones de REPSOL. En cambio si podemos añadir algunos datos sobre sus ingresos, al precio actual del barril, el valor de esa producción en el mercado superaría los 2 millones de dólares diarios. No sabemos con precisión lo que están reclamando los Huaoranis, pero de seguro que con menos de un día de producción valdría para firmar un acuerdo con ell@s. Tampoco es el fuerte de esta empresa pagar impuestos. Ha estado declarando pérdidas hasta el año 2.003 (¡!No pagaba impuesto a la renta!!), recién en 2.004 y 2.005 ha comenzado a pagar algo, pero en cantidades muy inferiores a lo que correspondería según sus volúmenes de producción en esos años. Hemos sabido que los Huaronais piensan insistir en la acción hasta que la compañía acepte negociar sus demandas. También van a pedir ayuda a otras comunidades huao para que apoyen en la medida. Seguiremos informando cualquier cosa que ocurra. Contacto: comision prensa Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla ******************************************** 6. (EC) EL PUEBLO HUAORANI EN DEFENSA DE SU TERRITORIO Coca, 13 de enero del 2006 Boletín de Prensa Los días 11, 12, 13 de enero, el pueblo Huaorani se dio cita en el Coca para intercambiar experiencias y reflexionar sobre los impactos de los derechos colectivos, las petroleras, y otros problemas que los afectan como pueblo. El tema de los derechos colectivos fue tratado por organizaciones de Derecho Humanos tanto nacionales como la CEDHU e internacionales como la Plataforma Brasileña de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contó con la participación de la Relatora Nacional Lía Giraldo, quien se comprometió a realizar una Relatoría para difundir las violaciones que está padeciendo el Pueblo Huaorani por la acción de las petroleras, poniendo especial énfasis en las actividades de Petrobras en el Parque Nacional Yasuní y para informar y ampliar la consciencia del pueblo brasileño sobre esta situación. Con esto se pretende responsabilizar al gobierno brasileño y la empresa. Compartieron su experiencia otros pueblos indígenas, como el Mapuche de Argentina que está también afectado por empresas como Repsol y Petrobras. LA ONHAE quiere proteger su territorio y es consciente que la contaminación provocada por las petroleras no solo afecta su ambiente, sino a todos los pueblos de la Cuenca Amazónica.  Esta nacionalidad se ha empobrecido a causa de las petroleras. La ONAHE quiere seguir protegiendo su territorio como lo hicieron sus antepasados, libres de contaminación y empresas, recordando que es una cultura que nunca ha vendido su bosque, sus animales y su petróleo, que es un patrimonio para las futuras generaciones. El pueblo Huao quiere continuar viviendo, sin molestar a otros pueblos, y demanda al Estado que se respeten sus derechos consagrado en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT. Rechaza la presencia de empresas que llegan a explotar los recursos naturales en sus territorios ancestrales. Los viejos mantienen la tradición Huorani, pero las nuevas generaciones son más vulnerables al cambio cultural. El Taller se realizó en medio de diferentes expresiones culturales Huaorani, destacándose los cantos de las mujeres sobre su forma de vida en los bosque, donde mantienen contacto con su espiritualidad, e hicieron alusión a sus abuelos que eran fuertes guerreros que defendieron a su pueblo de las agresiones extranjeras y algunos de estos fueron muertos en la ciudad de Coca, al momento del contacto, lo cual tiene un fuerte recuerdo en la memoria. Se decidió exigir al gobierno que asuma los compromisos adquiridos durante la marcha a Quito que se realizó en el pasado mes de julio y que hasta la fecha no habido repuesta, sobre la moratoria petrolera en su territorio, y demandaron del gobierno que se realice una consulta a todo el pueblo Huaorani antes de continuar entregando bloques petroleros al interior de su territorio y para que se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas. ONHAE AMWAE Plataforma Desc Brasil Pueblo Mapuche Oilwatch ***************************************************************** 7. (EC) PETRÓLEO Y MEGAPROYECTOS EN LA AGENDA DEL NUEVO GOBIERNO Mario Melo A casi seis semanas del inicio del nuevo período presidencial, la agenda del gobierno entrante empieza a delinearse. La visita del Presidente Electo a Brasil y los compromisos acordados con el gobierno de Lula nos muestran claramente que la explotación petrolera continuará siendo una actividad económica prioritaria para el Estado ecuatoriano, hasta el punto de que a su ritmo marchen, como lo han hecho desde el inicio de la era petrolera en los setentas, los procesos de cambio en los patrones de ocupación del espacio en la amazonía ecuatoriana. Correa ha anunciado el inicio, en su gobierno, de la operación del proyecto ITT, con el argumento incontrastable de los novecientos millones de barriles de su reserva. (Diario Hoy, 11 de diciembre de 2006). La explotación de un proyecto hidrocarburífero de esa envergadura provocará un segundo ³boom petrolero². Su desarrollo y producción se calcula costará 1.667 millones de dólares y su industrialización otro tanto (Reyes y Ajamil:2005). Una inversión de esa naturaleza provocará sin duda, una importante dinamización de la economía y los beneficios cuando lleguen, constituirán una oportunidad para el Estado de contar con los recursos necesarios para atender las enormes necesidades sociales. Sin embargo, la infraestructura que se requerirá instalar para extraer y transportar el crudo pesado cambiará para siempre una región de humedales frágiles y megadiversos, afectando áreas protegidas y el territorio ancestral de pueblos indígenas, algunos incluso en aislamiento voluntario. Consecuente con la decisión de empujar el ITT, Correa se manifiesta entusiasta del Proyecto Multimodal Manta-Manaos (La Hora, 10 de diciembre de 2006) y parece ser que comprometió el apoyo de Lula da Silva para financiar los dos mil quinientos millones de dólares que costaría su construcción, bajo la modalidad ³llave en mano² por la que la beneficiaria del contrato de construcción de las carreteras, puentes y viaductos sería la empresa brasileña Oderbretch (Ecuadorinmediato.com 10 de diciembre de 2006) Hasta el momento parece que en los próximos años veremos surgir ante nuestros ojos una nueva amazonía norte, atravesada por una carretera que lleve a través de lo que hoy es la selva de las riveras del Napo, convoyes de traileres que conduzcan mercadería desde el puerto de Manta, hasta Nuevo Rocafuerte, (la próxima Ciudad Juárez amazónica) para embarcarla hasta Manaos y el Atlántico y viceversa. Este panorama se complementará con una refinería en Jaramijó, obra imprescindible para romper la lógica perversa de ser un país exportador de crudo e importador de derivados, pero que requiere, a más de una inversión de tres mil millones para su construcción, otra parecida para el oleoducto de crudos pesados que permita llevar el crudo desde el ITT. Grandes proyecto con grandes impactos. También, grandes oportunidades. La decisión de explotar el ITT ha sido una política de Estado, gestada por décadas por los gobiernos de turno. El eje multimodal es parte del IIRSA, programa financiado por el BID, la CAF y FonPlata para integrar las infraestructuras de transporte del continente a fin de facilitar el libre comercio. Nada nuevo bajo el sol. Si estos proyectos hubieran sido anunciados por un presidente electo abiertamente neoliberal, todos los sectores ³progresistas² estaríamos poniendo el grito en el cielo. Como fueron anunciados por un presidente electo de izquierda, que ganó las elecciones con una propuesta nacionalista y antioligárquica, queremos creer que es posible ejecutarlos poniendo por delante de los intereses crematísticos del capital transnacional, los derechos humanos de la gente sencilla y la integridad de un medio natural privilegiado. Además, con un manejo inmaculado de los fondos públicos y pensando siempre en que primero es la Patria. Sin embargo, la experiencia histórica del Ecuador como país petrolero nos hace ser pensar que embarcarse nuevamente en el tren sin frenos del modelo extractivista petrolero terminará, muy probablemente, en un nuevo desastre ambiental y social. Varios de los hombres y mujeres clave en el nuevo gobierno han hecho su carrera denunciado la política petrolera resuelta en el conventillo de los interesados en el negocio de los hidrocarburos y exigiendo transparencia y apertura para el debate franco y no excluyente de las opciones de desarrollo para el país. Ahora que serán gobierno, queremos verlos a la altura de sus trayectorias. Las organizaciones sociales, el movimiento indígena, el movimiento ambiental, la academia y la ciudadanía progresista están llamados a apoyar al gobierno de Rafael Correa en la reforma política que ha ofrecido, de la mejor manera posible, esto es, exigiendo el cumplimiento de su plataforma de campaña; permaneciendo vigilantes de que el respeto a los derechos humanos sea el primer deber del Estado, como manda la Constitución y ayudándolo a encontrar las alternativas de desarrollo más compatibles con la dignidad humana y la integridad de la naturaleza. Mientras tanto observamos y alertamos a las organizaciones amazónicas respecto a estas iniciativas del Presidente Correa a fin de que se preparen para el momento cuando, de acuerdo a la Constitución y los instrumentos internacionales vigentes, el Gobierno realice la respectiva consulta previa a fin de obtener el consentimiento de los directamente afectados. HYPERLINK "http://alainet.org/active/14980" http://alainet.org/active/14980 *********************************************************** 8. (EC) DECRETO DE ZONA INTANGIBLE ¿LA BUENA INTENCIÓN DE PROTEGER A LOS ÚLTIMOS SALVAJES QUE HABITAN LA AMAZONÍA? se declaran granos de arena como áreas protegidas para hacer lo que se quiera con el resto del desierto... ¿¿a quién pretenden engañar?? lea con atención, no vayan a levantarle otra vez la camisa... saludos fraternos, ali supay www.alisupay.org _________________________________________________________________________ DECRETO DE ZONA INTANGIBLE ¿LA BUENA INTENCIÓN DE PROTEGER A LOS ÚLTIMOS SALVAJES QUE HABITAN LA AMAZONÍA? El Estado Ecuatoriano desde sus inicios ha fomentado la extracción intensiva de recursos y la destrucción de la Amazonía, a pesar de ser uno de los ecosistemas más frágiles del Planeta y el hábitat natural histórico y ancestral de numerosos pueblos indígenas. En la Amazonía Ecuatoriana se disputan distintos sectores de poder, como son los petroleros, los que tienen interés en la biodiversidad, los que quieren comercializar los conocimientos ancestrales asociados a ésta, e incluso el patrimonio genético de los pueblos indígenas. Ante la inminente destrucción de la Amazonía, desde mediados del siglo pasado, se crearon las primeras áreas protegidas en el Ecuador, sin que se haga una crítica al modelo de desarrollo basado en el saqueo. La creación de áreas protegidas, sobre los territorios de los pueblos originarios no impidió la depredación de ecosistemas. Y al mismo tiempo, abrió el camino a los intereses particulares de las grandes organizaciones de la conservación y al de grupos económicos dominantes. En 1999 se crea, bajo decreto ejecutivo, la Zona Intangible ZI dentro del Parque Nacional Yasuní PNY. El marco ambiental regulatorio sobre áreas protegidas prohíbe toda actividad extractiva exhaustiva dentro de éstas[1], sin embargo la creación de la ZI redujo de hecho, el marco para que únicamente éstas estén exentas de actividades petroleras, dejando abierta la posibilidad de intervenir en el resto del parque. Este modelo extractivista encuentra una piedra de tope con la existencia de pueblos que tradicionalmente han vivido y cuidado de la naturaleza. Se debe reconocer que parte de la rica biodiversidad del Ecuador responde directamente a la interrelación humana como parte del ecosistema. De la misma manera no es casual que los lugares donde se preserve en buen estado los bosques y páramos estén justamente habitados por pueblos indígenas. La declaración de una Zona Intangible, mediante Decreto Ejecutivo No. 2187, como medida de protección ambiental y de los pueblos que habitan en Parque Nacional Yasuní, distrae la atención sobre dos puntos medulares que han causado muerte y violencia: el modelo de extracción intensiva de recursos naturales y el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Este decreto no cuestiona la dependencia ni la depredación que mantiene el Estado sobre de los recursos naturales, el modo como se extraen los mismos, ni tampoco alternativas nacionales que se podrían plantear a este tema. Como lo afirman varios medios, los violentos ataques perpetrados por las petroleras, militares, iglesias y aventureros han causado un verdadero genocidio hacia los Tagaeri y Taromenane. La matanza del 2003, particularmente fue la que obligó al Estado a dar respuesta ante esta condenable situación de impunidad. En mayo del 2006 se da una nueva posible matanza a miembros de estos pueblos. El Decreto Ejecutivo No. 2187, que persigue la delimitación geográfica, no hace más que evidenciar la falta de entendimiento y voluntad para lograr un proceso que permita avanzar hacia la construcción de un Estado - nación vinculado estructuralmente a las reivindicaciones de Derechos desde otras prácticas culturales. Los pueblos en aislamiento representan el límite de la institucionalidad estatal y sus marcos jurídicos, dejando al Estado una enorme deuda sobre sus vidas y cultura. La "aparición" de los pueblos en aislamiento voluntario en el marco jurídico nacional es una apuesta para el Estado. Son los pueblos indígenas quienes han puesto en discusión la institucionalidad impuesta desde el Estado al momento de tratar sus derechos, territorialidades y cosmovisiones. La ilegitimidad del Decreto Ejecutivo La propuesta contempla la creación de un área intangible de 758.000 Ha. y una zona de amortiguamiento de 10 km. alrededor, con la supuesta intención de aislar los impactos directos sobre el área. Todo lo contrario, la creación de una franja de amortiguamiento es un espacio permisivo que fomenta la presencia de actividades petroleras y turísticas, convirtiéndose en una puerta a actores externos. El Estado deja abierta la posibilidad de explotación de recursos que han sido el móvil del genocidio. En el caso del pueblo Huaorani, este Decreto Ejecutivo ha violado su derecho de los pueblos a ser consultados a través de sus organizaciones representativas, garantizado en la Constitución Ecuatoriana en el Artículo 84, 88 y en el Convenio169 de la OIT ratificado por Ecuador. El Estado ha manipulado el proceso de consulta, asumiendo que la única reunión de carácter informativo realizada al pueblo Huaorani ha sido un proceso de consulta en la que se aceptaría el establecimiento de la ZI. En el decreto se incluye la colocación de hitos dentro del PNY para la delimitación de la ZI, propuesta que evidencia un pleno desconocimiento antropológico y que en nada aporta para resolver el problema de los contactos violentos que se han producido desde hace décadas. La simple colocación de letreros no es suficiente para detener las incursiones ilegales a la zona y tampoco garantizan la libre circulación de los pueblos en aislamiento voluntario. La escasez de recursos que les permite la supervivencia, la contaminación ambiental les empuja cada vez a buscar el sustento en zonas más extensas.¿Qué sucedería si se produce un nuevo hecho violento en los alrededores de la ZI? ¿Son los pueblos en aislamiento voluntario los responsables por haber cruzado los límites establecidos? Esto demuestra la visión colonialista y racista que mantiene el Estado y la sociedad ecuatoriana hacia los Pueblos indígenas, al anteponer los supuestos intereses nacionales a los derechos humanos y colectivos de estos pueblos. La delimitación ha sido elaborada en complicidad con las grandes transnacionales que tienen concesiones petroleras en la Reserva de la Biosfera Yasuní. Estas compañías han facilitado mapas, información, infraestructura y por último, han ejercido una presión considerable para que en los últimos días del gobierno de Alfredo Palacio el decreto salga a la luz. Es así como los límites han sido modificados en repetidas ocasiones, respondiendo a los intereses de las petroleras, más no a las prácticas de movilidad y asentamiento de los Pueblos Tagaeri y Taromenane. CONCLUSION La creación de la zona intangible deslegitima las otras siete categorías de protección que constan en el sistema nacional de áreas protegidas, y abre la posibilidad explotación de las mismas, especialmente del Parque Nacional Yasuní. La ZI carece de sustento jurídico y constituye un híbrido entre área protegida y territorio indígena, y que está amparado por un débil cuerpo legal. La delimitación geográfica de la ZI es el resultado de la política de un Estado que desconoce la diversidad cultural y que obedece a intereses petroleros, madereros, conservacionistas y "la buena intención de proteger a los últimos salvajes que habitan la Amazonía". El tema de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario no ha sido abordado. El genocidio continua siendo una amenaza permanente ante un Estado insensible y una sociedad generalmente indiferente ante estos temas. Aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que debería ser recogida en la propuesta de la reforma constituyente e impulsada desde la organizaciones indígenas. Hasta ahora, el debate se ha centrado únicamente, en la aprobación del decreto ejecutivo, y ha dejado de lado las medidas emergentes que tienen que ser tomadas y que ponen en evidencia las debilidades del Ministerio del Ambiente en cuanto al manejo del tema forestal y petrolero. [1]Reglamento de Aplicación de la Ley Forestal y de Conservación de las Áreas Naturales y de Vida Silvestre Art. 199. Nathalia Bonilla José Proaño Acción Ecológica ***************************************************** 9. (A.L) GASODUCTO DEL SUR AFECTARÁ 522 MIL KM DE LA AMAZONÍA en Ciencia Guayana Así lo advierten más de 330 ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales de Venezuela y Brasil en una carta enviada a los presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela solicitando “descartar definitivamente de sus agendas” la realización del mencionado proyecto gasífero Destino: Jefes de Estado de los países Brasil, Argentina y Venezuela. Remitente: Más de 330 ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales de varios países. Asunto: Descartar definitivamente de sus agendas la construcción del Gasoducto del Sur como medio para cubrir las necesidades energéticas de Suramérica y buscar una opción mas cónsona con la realidad ecológica, económica, y social de la región. La carta, que congrega a los representantes y miembros de las organizaciones ambientalistas y sociales tanto de Venezuela como Brasil, entre las que se mencionan: Amigransa, Orinoco Oilwatch y Avva Frontera Gran Sabana (Venezuela); Núcleo Amigos da Terra y Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais (Brasil), fue entregada el pasado 19 de abril durante la reunión celebrada en la capital de Paraguay donde los líderes sudamericanos Evo Morales (Bolivia), Nicanor Duarte (Paraguaya), Tabaré Vásquez (Uruguay) y Hugo Chávez (Venezuela) suscribieron un Memorandum de Entendimiento sobre Integración Energética y Física con el objetivo de seguir avanzando en la consolidación de la construcción del Gasoducto del Sur, proyecto considerado por el mandatario venezolano como la “columna vertebral de la integración suramericana” (www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/ ver_detalles.pag?idNoticia=48223). 8 mil kilómetros polémicos La misiva advierte que los 150 millones de metros cúbicos de gas venezolano viajarían a través de la inmensa tubería que partiría desde la desembocadura del Río Orinoco en Venezuela, atravesando el frágil territorio de la Gran Sabana -asiento de los milenarios tepuyes-, para seguir su ruta a través de la Amazonia brasilera hasta llegar a Buenos Aires, en Argentina para ser distribuido a Argentina, Brasil y a Uruguay con posibles interconexiones con el Paraguay y Bolivia. Una extensión de ocho mil kilómetros que a juicio de los firmantes se vería impactada de forma permanente e irreversible. La construcción de un gasoducto de 8000 kilómetros, la instalación de decenas de plantas de compresión y de cientos de estaciones de válvulas, tendría desastrosas consecuencias ambientales debido a que implicaría inmensas deforestaciones de selva tropical amazónica, la remoción de grandes cantidades de tierra, apertura de caminos de acceso en sitios vírgenes, instalación de campamentos, posibles desalojos a poblaciones nativas y pueblos indígenas, la proliferación de enfermedades tropicales, etc., todo ello, facilitando el acceso de oleadas de depredadores e invasores que agravarían aun más la destrucción que generaría la misma obra”. Balance ecológico El grupo de ambientalistas y ciudadanos que rechaza este proyecto -y que cada día se incrementan por las firmas que se van anexando a través de la página www.PetitionOnline.com/rechaz01/petition.html; señala que una obra de tal magnitud “afectará el balance ecológico de ríos que serán atravesados por el gasoducto causando impactos adversos como el estancamiento de aguas, contaminación, y erosión”. Sostienen que las tuberías de hidrocarburos son inexorablemente proclives al desgaste y la corrosión sobre todo en ambientes húmedos tropicales como el Guayanés-Amazónico, lo cual las convierten en un riesgo permanente a filtraciones y rupturas pudiendo crear una catástrofe de dimensiones inimaginables en el Amazonas, ocasionando una clara amenaza para Venezuela, Brasil y sus vecinos”. Al respecto, cabe destacar los señalamientos del ingeniero de gas Nelson Hernández (www.petroleumworld.com.ve/PV021306.htm ) quien explica que la pluviométrica (cantidad de agua que cae en un metro cuadrado de superficie) en la Amazonia es un factor de alta importancia a tener en cuenta porque existen zonas que durante la época de lluvia que suele durar hasta ocho meses al año, alcanzan un nivel de agua de 12 metros de altura. Además, Hernández reitera que la hidrografía de la Amazonia “es altamente complicada”. Cree que no se conocen con exactitud la cantidad de ríos, riachuelos, pantanos existentes en el denominado “pulmón del mundo”, por lo que el experto en gas se pregunta si el gasoducto irá tendido por debajo de los lechos de los ríos o deberá ser subterráneo. Lo cierto es que lo anterior, aunado a lo que plantean las organizaciones denunciantes, el proyecto ambicioso del gasoducto afectaría “casi 522 mil kilómetros de áreas prístinas de la región amazónica, hogar de 22 pueblos indígenas y una diversidad de riqueza biológica aun desconocida”. Integración de otro tipo La mencionada carta -que rechaza este ambicioso proyecto gasífero por “inconsulto”-, considera que la idea de integrar a Suramérica “a través de ese gigante gasoducto no traería ni unidad ni bienestar a los pueblos del sur ya que está basada en la sobre explotación de los recursos naturales y en la destrucción de la diversidad que existe hoy en día en la región amazónica”. Para ellos el proyecto “no toma en consideración los peligrosos impactos que tendrá la sobre explotación del gas en las costas y tierras venezolanas, ni tampoco los impactos en la región amazónica conocida como el más grande reservorio de agua y reservorio de biodiversidad. Indiscutiblemente este proyecto agregará más deuda a la ya existente deuda ecológica y social que afecta la región”. Reiteran que la integración de los pueblos “es pertinente y necesaria”, pero no a costa del “grave impacto que se le estaría causando a la Amazonia, que es garantía de vida, reservorio de agua dulce, de biodiversidad y hábitat natural de muchos Pueblos Indígenas”. Piensan que la misma debe estar basada “en un enriquecedor intercambio social y cultural; en el diálogo de saberes; en el intercambio de experiencias agro-ecológicas, sin transgénicos ni monocultivos; en la satisfacción del déficit energético basada en el uso consciente de la energía y en la producción de energías alternativas mediante procesos ecológicos”. Están convencidos que el Gasoducto del Sur “acrecentará la deuda ecológica y social y por ende, la pobreza”. “La integración de nuestros pueblos requiere: un cambio de paradigma que se aparte del modelo de desarrollo dependiente de los hidrocarburos impuesto a nuestra civilización; una visión de protección ambiental integral en aras de detener el aumento de la deuda ecológica y social; la defensa de nuestros derechos como acreedores y no deudores de una deuda externa; una relación directa Estado-Ciudadano para el diseño de políticas públicas; y el fortalecimiento de valores de libertad, igualdad, equidad, justicia, paz, de no discriminación, respeto a la vida y a los Derechos Humanos”. Dónde está la sociedad protagónica? La preocupación de Acoana tiene que ver con el impacto ambiental de un desarrollo de la magnitud de una obra como el gasoducto. Para Domingo Medina, miembro de Acoana, en los tiempos de un proceso de participación y de un nuevo modelo de cambios en lo que es el Estado y la sociedad venezolana, no están los venezolanos siendo protagónicos de este potencial desastre ecológico que pudiera ocurrir con la propuesta del Gasoducto del Sur. “Se va a generar un conflicto y la gente que ha sido empoderada por este mismo Gobierno a participar es la que va a reaccionar eventualmente. Es un problema de concientización que ya están generando reacciones a nivel internacional incluso, y eso es reflejo de que no ha habido un proceso de apertura a la participación”. Considera que el Gobierno Nacional ha demostrado que no le importan las figuras de Parques Nacionales y un ejemplo de ello fueron las aperturas de la Reserva Forestal Imataca, el tendido eléctrico en el Parque Nacional Canaima, “pareciera que no hay normativa legal, una vez más es el hombre por encima del ambiente, cuando aún no entendemos la complejidad de las dinámicas ambientales y ecosistémicas”. Para Medina urge un cambio de conducta en cuanto al consumo y uso de la tierra para evitar que nuestros recursos naturales se destruyan y que las futuras generaciones puedan disfrutar de eso que llaman sustentabilidad. Fuente: Oilwatch América Latina ********************************************************************* 10.1 (CAT) REPSOL COMIENZA EL 2007 CON UN IMPORTANTE DERRAME DE CRUDO EN EL LITORAL DE TARRAGONA GEPEC (Grupo de Estudio y Protección de los Ecosistemas del Campo) 06/01/2007 Entre los propósitos de Repsol para este año se destaca el de obtener un máximo de beneficios para sus accionistas a cambio de dañar la salud y el medio ambiente de los ciudadanos de Tarragona.   El peculiar regalo de Reyes de la empresa para los habitantes de  la Costa Dorada es un derrame de petróleo. Desde hace ya muchos años que en Tarragona tenemos que convivir con  la incansable fumarola marrón de la refinería, que un día tras el  otro oscurece el cielo de nuestros campos y es desperdigada cual lotería contaminante por el viento. También estamos acostumbrados a  que los racks y ductos que van y vienen desde el Polígono Norte  (La Pobla de Mafumet-El Morell) hasta el Polígono Sur  (Tarragona-Vilaseca), tengan fugas a lo largo de los tramos enterrados o al descubierto. No nos sorprende que a menudo los mecheros de la refinería ardan con furia y envíen a la atmósfera miles de toneladas de gases contaminantes de manera incontrolada. Desgraciadamente, tampoco nos sorprende que de manera más habitual  que la que querríamos, el Campo de Tarragona y su litoral tengan  que ser los testigos atónitos de la suciedad líquida con la cual Repsol arruina nuestro litoral, los fondos marinos y las playas. Hace casi medio siglo que muchos tarragoneses recuerdan haber retornado más de una vez de la playa con la planta de los pies tatuada por manchas grasosas negras muy difíciles de limpiar. Efectivamente, el petróleo, también denominado crudo, que permite el funcionamiento del mundo del capital para algunos, deja su huella cruda y asquerosa para otros. Una vez más el lugar del derrame ha sido la desgraciadamente bien conocida Monoboya de Repsol, el punto desde donde se descarga el crudo traído por gigantescos buques petroleros desde los lugares más remotos del plantea y destinado a ser conducido a la refinería. Nos preguntamos hasta cuando los ciudadanos de la Costa Dorada  tendremos que pagar este precio ambiental. ¿Cuántas veces más tendremos que caminar sobre la suciedad de Repsol en nuestras playas, y lo que es peor, cuándo seremos testigos de un Exxon  Valdez o de un Prestige en nuestro litoral?... Lo peor de todo es que los ya demasiado habituales y constantes episodios de contaminación cuentan con la complicidad administrativa, empezando desde el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda hasta al ?ilustre? Ayuntamiento de Tarragona. Resulta realmente patético que el Ayuntamiento de Tarragona se arrastre ante la industria química hasta el punto de que sea este sector empresarial el que patrocine las fiestas mayores de la ciudad, con  enormes carteles colgados en la fachada del ayuntamiento. ¿No piensan los señores Nadal y Mallol que una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad merece más que ser la puerta trastera de la industria química? Bien, no esperamos que nos responda el señor  Nadal pues debe estar demasiado ocupado pesando los escasos kilos  de materia orgánica que recoge selectivamente el municipio. ¿Quién  debe pues responder ante las agresiones crónicas que sufre el Campo  de Tarragona por parte de la industria química? Quien tiene la respuesta es el ciudadano, sobre todo aquel que apuesta por un futuro sostenible, el que pone por delante la calidad de vida, el que no vende su salud a cambio de nada, el que piensa que quien contamina debe pagar. Es éste ciudadano el que sabe, aun cuando la administración pública no lo admite, que difícil que resulta limpiar los derrames contaminantes, y el tratamiento hospitalario de todos los ciudadanos que vivimos y   sufrimos la lacra de la industria química y petroquímica. Se trata  de un dinero que pagamos entre todos y que podría más bien servir para mejoras sociales, culturales, sanitarias, educativas y  ambientales. Fuente: www.gepec.cat *************************************************** 10.2 (CAT) REPSOL AFIRMA QUE LA INSTALACIÓN DEL VERTIDO ERA "PRÁCTICAMENTE NUEVA" Repsol YPF se mostró "sorprendida" por el incidente de esta madrugada en el puerto de Tarragona, donde se produjo un vertido de crudo, porque tuvo lugar en una instalación que era "que fue cambiada en diciembre". Según explicó el portavoz de la empresa, la instalación ahora "era prácticamente nueva" y se había puesto en funcionamiento a mediados de diciembre después de realizar todo un grupo de pruebas "que fueron positivas" y contar con el asesoramiento de expertos llegados de Mónaco. Por ello, a partir de mañana se iniciará una investigación para esclarecer si el problema en la brida fue por un desajuste, o al colocar la manguera o cualquier otra incidencia. La monoboya se había modificado entera y mejorado su tecnología. La de hoy era la segunda descarga que se efectuaba después de una primera que se realizó "sin problemas". Respecto la impresión del delegado de la Generalitat en el Camp de Tarragona, Xavier Sabaté, de que el alcance de la mancha es mayor a los 70 metros cuadrados que afirma Repsol, el portavoz matizó que la visión desde el aire puede dar esta impresión y que la mancha se había extendido ligeramente debido a los trabajos de limpieza que estaban efectuando los técnicos "pero no había incrementado el vertido". Fuente: Europa Press ********************************************** 10.3 (CAT) RECURSO A LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DE REPSOL EN TARRAGONA Organización GEPEC presenta recurso de reposición a la autorización ambiental de REPSOL PETRÓLEO, incidiendo en esas aleaciones que no han sido contempladas a la resolución. http://www.gepec.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=641 **********************************************+ 11. (ESP) REPSOL NO COMPRA SUS FILIALES APROVECHANDO LAS CRISIS, MÁS BIEN GENERA CRISIS Entrevista a Marc Gavaldá en periódico Diagonal Miguel Angel De Lucas Con beneficios de 845 millones de euros anuales, los balances de Repsol olvidan las numerosas denuncias por su alto impacto ecológico y sobre la salud. Marc Gavaldá repasa las causas abiertas contra la petrolera. El pasado 6 de noviembre, medio millar de indígenas guaraníes iniciaron una movilización hasta el campo petrolero Margarita, en Bolivia, para protestar contra Repsol. El objetivo: bloquear la ruta de acceso a la zona petrolífera en protesta ante el uso de sus tierras por parte de la empresa. Es sólo un último ejemplo de los conflictos que genera en América Latina Repsol-YPF, una compañía con actividades en regiones de enorme diversidad ecológica, y habitadas por comunidades indígenas que se ven a veces obligadas a abandonar sus modos de vida tradicionales. Para Marc Gavaldá -ambientólogo, experto en la empresa española e integrante de Repsol Mata- estas zonas podrían bautizarse como ?Repsolandia'. Así ha titulado su último libro, donde describe “territorios colonizados por las compañías petroleras, que ejercen un poder que supera a los Estados”. Tras su viaje ?pozo a pozo, por la Patagonia y Bolivia?, Gavaldá habló con DIAGONAL sobre algunas de las acusaciones que pesan sobre la compañía. P: ¿Cuáles son las causas más graves contra Repsol? Marc Gavaldá: Son bastantes. En Bolivia tiene pendiente causas por contrabando y falsificación de documentos. También en Ecuador se da otro caso de fraude a las arcas públicas por evasión de impuestos. Pero en Bolivia tiene incluso una denuncia, aunque no ha sido procesada, por homicidio. En junio de 2005, en un pozo de Repsol en el campo de Surubí, unos campesinos que estaban pescando murieron quemados por las llamas provocadas por la deflagración de gas de un venteo ilegal que estaba haciendo Repsol. Otro caso importante es el que se está llevando en Arauca, Colombia. Amnistía Internacional denunció la participación de Repsol en financiación de grupos paramilitares. En 2002 visité en la zona d el pozo Capachos. Allí ingresó Repsol y en la misma época ingresaron los paramilitares. Era un departamento socialmente muy movilizado, pero se fue desmembrando a medida que entraron las petroleras y de forma paralela los grupos paramilitares, que en ocasiones realizaron incluso magnicidios. En concreto mataron a dos senadores que representaban a Arauca. Acabaron con ellos por sus desavenencias con todo lo que estaba pasando: el plan Colombia, la imposición de una base militar de EEUU en Arauca y también la entrada de las petroleras. P.: ¿Qué casos se dan en Argentina? M.G.: Allí tiene una demanda civil en Neuquén por parte de dos comunidades mapuche. Se piden más de 440 millones de dólares para reparar el impacto, tanto cultural, sanitario como medioambiental, que se ha generado en estas comunidades. Estamos hablando de un yacimiento que es el más grande tanto en reservas de gas como de petróleo de Argentina. Repsol lo adquirió a través de la privatización de YPF y hay una contaminación brutal. En Neuquén toda la gente que vive allí extrae agua de los pozos. Con la contaminación, al sacar agua del pozo, le pones un fósforo y ves que es inflamable. Es agua mezclada con gasolina. Esta causa judicial ya lleva años, desde el ?99. Es una de las causas que enfrenta Repsol y que sirve como referencia a nivel internacional [días después de esta entrevista, a mediados de octubre, Repsol perdía la demanda y reconocía los daños]. Además, hay una causa judicial levantada por los ex trabajadores de YPF. Ellos dicen dos cosas. Primero: que Repsol privatizó ilegalmente YPF. La compra se hizo en Nueva York un día antes de que apareciera en el Boletín Oficial del Estado. Y segundo: que se vendieron ilegalmente las acciones que habían comprado los trabajadores. P.: Esta es una muestra de cómo Repsol adquiere nuevas empresas en momentos de crisis. M.G.: Bueno, no es que Repsol compre sus filiales aprovechando las crisis, más bien genera crisis. En Bolivia se aprovechó de un Estado totalmente desmantelado. Eso permite que sucedan cosas como en el 2004. En Argentina hay nueve gasoductos fronterizos, pero no hay autosuficiencia energética. En 2004 se produce una crisis energética. El Gobierno argentino negocia con el de Bolivia para tener gas más barato. ¿Qué sucede? El gasoducto es de Repsol. El gas lo pone Repsol. La filial boliviana de Repsol le vende gas más barato a la filial argentina de Repsol. Pero cuando llega después a Argentina, Repsol sube los precios y vende el gas mucho más caro al consumidor. Fuente: Diagonal ********************************************** 12. (GLOBAL) BIENVENIDA CRISIS ENERGÉTICA 15 puntos para romper la petrodependencia 10º Comunicado del colectivo Repsol-Mata Dado que: 1. La adicción humana a un consumo energético se ha desbordado a un nivel insostenible en el que el petróleo es la droga dura de la sociedad global capitalista. 2. Que este consumo comporta daños irreparables sobre la biosfera y empuja al planeta a un colapso climático que condena a la extinción a muchas formas de vida, entre ellas, probablemente la especie humana. 3. Que la producción y comercio de combustibles fósiles agrava las desigualdades sociales, mantiene regímenes dictatoriales y enciende conflictos bélicos por todo el mundo. 4. Que el petróleo se usa principalmente para asegurar el incesante flujo de mercaderías a nivel mundial, drenando las venas del capitalismo. 5. Que las corporaciones petroleras son conglomerados financieros anónimos, escudos legales de especuladores que actúan con impunidad, haciendo que los responsables eludan procesos penales de crímenes demostrados de lesa humanidad. 6. Que los beneficios de estas compañías crecen a medida que someten a la humanidad a la petrodependencia, con estrategias opacas como el bombardeo publicitario, el lavado verde y la corrupción política. Decidimos: 7. Erradicar toda publicidad (explícita o subliminal) de compañías que se enriquecen generando cambio climático (petroleras, automovilísticas, aerolíneas, eléctricas, etc.). 8. Iniciar procesos penales contra los presidentes y miembros de los consejos directivos de las corporaciones petroleras. Los reiterados accidentes mortales, derramamientos de petróleo, violaciones de los derechos humanos, invasiones de territorios indígenas, son crímenes demostrados que tienen que ser juzgados para evitar que se repitan. 9. Investigar la responsabilidad de la industria petroquímica con los impactos en la salud de todos sus subproductos cancerígenos. Que sean estas empresas las que costeen los costes sanitarios de los enfermos, así como también la gestión de los residuos plásticos. 10. Fortalecer lazos de solidaridad activa con las víctimas locales de las actividades petroleras, haciendo de altavoz de las denuncias silenciadas por los medios de comunicación, comprados por los intereses corporativos. 11. Iniciar los caminos hacia la autonomía energética individual y colectiva, adoptando y practicando medidas diarias de ahorro energético y arrancando proyectos comunitarios de obtención de energía solar y eólica a escala humana. 12. Luchar por un transporte público de calidad y accesible, cerrando los aeropuertos, paralizando la construcción de nuevas carreteras y vías de alta velocidad, recuperando las calles de las ciudades para uso exclusivo de peatones, autobuses y bicicletas. 13. Impulsar una moratoria mundial de construcción de coches y perforación de nuevos pozos petroleros. Se tendrían que fundir los millones de coches y camiones que hay en el planeta para detener la industria extractiva y reaprovechar los metales para construir trenes, veleros y bicicletas. 14. Detener los flujos mundiales de mercaderías, modificando radicalmente el modo de vida y consumo. 15. Promover y acelerar la transición energética hacia un modelo de vida post-petrolero, acompañada de un decrecimiento económico necesario para resituar la especie humana dentro de los límites físicos y ecológicos del planeta tierra. Campaña Repsol Mata ************************************************************* 13. (LIBROS) “ VIAJE A REPSOLANDIA POZO A POZO, POR LA PATAGONIA Y BOLIVIA” de Marc Gavaldà Hay viajes de todo tipo, pero el que narra Marc Gavaldà es singular i a la vez impactante, como lo son los impactos del petróleo detallados en cada capítulo. Porque “Repsolandia” un país que no aparece en los mapas pero sí sobre el territorio, es el eje del viaje de una família que quiere conocer lo que esconde el negro combustible que consumimos con voracidad. Un viaje que se inicia en la petroquímica de Tarragona en cuyo perímetro el autor nació recordando accidentes siniestros de la industria petrolera en el Estado Español, como el hundimiento del Prestige y las llamas de la refinería de Puertollano. En canvio, en Canarias y Extremadura, movimientos ciudadanos se movilizan en 2006, para pararle los pies a nuevos proyectos de Repsol. En Buenos Aires, se visualiza cómo el desprendimiento de YPF, la insigne compañía estatal, dejó mella en sus ciudadanos y su economía, aunque Repsol, sintiéndose el blanco del descontento popular, agudiza su imagen corporativa con tintes nacionalistas. El viaje continúa por las desoladas carreteras del Sur, donde Repsol mandó reprimir a sus propios trabajadores. En poblaciones como Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras los reclamos obreros fueron encarcelados. En Neuquén, la Provincia donde Repsol tiene una Alianza Estratégica con su gobernador, las comunidades mapuche enfrentan una nociva invasión territorial que les deteriora sus posibilidades de vivir y reproducirse. Siguiendo la cordillera, en Mendoza Repsol perdió un juicio contra una ONG local. Sus pretensiones de sacar petróleo de un importante humedal han sido, por el momento postergadas. Pero es en Bolivia, donde los intereses petroleros colisionan con más fuerza al empoderamiento de unos reclamos populares que giran en torno a la nacionalización de los hidrocarburos.El autor, reconstruye los episodios de la primera y segunda guerra del gas (2003 y 2005), desnudando también los vericuetos legales donde Repsol se ha empantanado y el papel de Evo Morales como nuevo Presidente. Además, existen resistencias locales, como los guaranís de Tentayapi, o la de una família entera devorada por las llamas de un pozo de Repsol en la Amazonía, que aportan argumentos que van más allà de recuperar las empresas petroleras privatizadas sino que plantean la transición hacia un modelo de vida post petrolero. Precisamente, los mecanismos para romper con la petrodependencia, son descritos en el último capítulo, como ejemplos de una diversidad de estrategias, todavía en germinación, que los movimientos sociales adoptan para parar los pies al tremendo avance petrolero y preparar una retirada a tiempo de este modelo energético ya caducado. Título: Viaje a Repsolandia Autor: Marc Gavaldà Palacín Edición: Junio 2006 Editorial: Tutuma Edicions. Kan Pasqual, 08017 Les Planes, Barcelona 172 págs, 16 láminas a color, 12 mapas ISBN: 84-611-0792-6 P.V.P: 12 euros Distribuyen: Virus (Catalunya), Traficantes de Sueños (Madrid) Pedidos: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla PRÓXIMA PUBLICACIÓN EN ARGENTINA: Editado por Amigos de la Tierra. Contacto: HYPERLINK "http://webmail.drac.com/src/compose.php?send_to=rakuyeze%40gmail.com" Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla ************************************************************ UN OJO EN LA REPSOL Boletín periódico de observación y denuncia petrolera. Editado 100% Energía solar y eólica. Si desea suscribir o dejar de recibir el boletín contacte: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. 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