En América Latina el papel de los recursos naturales energéticos es estratégico, y funciona como objeto de la competencia cada vez más abierta entre grandes empresas y países. Esto genera situaciones complejas que involucran tanto a las políticas de los Estados como a las transnacionales y a los organismos internacionales, con toda una batería de instrumentos jurídicos, legales y económicos que mantienen luchas desiguales sometiendo a estos países ricos, pero empobrecidos, a graves conflictos. Ni los recursos naturales, ni los Estados autoritarios, como denuncian algunas teorías sobre la petropolítica, son los causantes de la "maldición" que suponen estos conflictos a la población, se trata, más bien, de la "mal-acción" de potencias externas, que ejercen una fuerte presión sobre esta región.

En mayo de 2006 saltaban todas las alarmas mediáticas del Estado español, el presidente de Bolivia, Evo Morales, firmaba el Decreto de nacionalización de los hidrocarburos con el fin explícito de acabar con "el saqueo de nuestros recursos naturales por empresas extranjeras" 1]. El gobierno bolivariano de Venezuela no se quedaba atrás y, en febrero de 2007, desarrolló un Decreto Ley que recuperaba más control estatal en la actividad petrolera [2]. Estos dos movimientos gubernamentales fueron los pioneros en cuestionar el control de los recursos energéticos por parte de las transnacionales en América Latina.

En respuesta al logro de esta mayor soberanía energética se puso en marcha toda la maquinaria mediática de EE UU y Europa, que anunciaba la extensión de la pobreza, las transnacionales llamaban a las puertas de las Instituciones Financieras Internacionales para meter en cintura a estos gobiernos díscolos, y la diplomacia de los países del Norte tejía una tupida red de presión política y económica que revocara los cambios legislativos.

Lo que estaba en juego era, ni más ni menos, el control de los recursos que propulsan el sistema económico actual: los hidrocarburos. La región latinoamericana es responsable del 13,5 por ciento del petróleo que se comercializa en el mundo y tiene bajo su subsuelo el 9,7 por ciento de las reservas globales de crudo y el 4 por ciento de las de gas [3]. Pero más allá de las cifras, la región tiene un papel clave en la geopolítica internacional por dos cuestiones: es un territorio fundamental para el abastecimiento energético de EE UU y, por otro lado, en ella residen la mayor parte de los intereses de las transnacionales energéticas españolas.

El codiciado mapa latinoamericano de los recursos energéticos...

Si trazáramos un mapa ubicando las mayores concentraciones de hidrocarburos resaltarían tres países: Venezuela, en primer lugar, tiene el 69 por ciento de las reservas de petróleo de toda América Latina, y también el 60 por ciento de las reservas de gas [4]. Luego, Brasil que, tras el reciente descubrimiento de un gran yacimiento en las profundidades marinas [5] , podría llegar a ser la segunda mayor reserva de petróleo de la región. Por último, Bolivia es el territorio con las segundas mayores reservas de gas natural. Aunque la clasificación descrita cambia si el criterio es la producción que ponen al servicio del mercado, para el petróleo, se situaría primero México y para el gas lo haría Argentina. Los países que aparecerían en segunda línea, en cuanto a riqueza de crudo y gas, serían Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago. Este mapa trazado pone en evidencia que los hidrocarburos siguen el camino del pie de monte andino hasta llegar a la región caribeña.

Pero el mapa energético de América Latina se completa con tres recursos más: el carbón, el agua y los agrocombustibles. El primer recurso tiene mayor abundancia en Brasil, si bien el principal productor es Colombia. El agua de los ríos representa casi el 60 por ciento del recurso que utiliza esta región para producir electricidad y si hablamos de países con mayor potencial hidroeléctrico, sin duda estaría en cabeza Brasil, que genera así el 84 por ciento de su electricidad. En cuanto a los agrocombustibles, son potenciados por EE UU y la UE en calidad de alternativa renovable y ecológica, pero este carácter requiere de un análisis más profundo, imparcial y considerando escalas de producción, por los impactos ambientales y sociales que conlleva su implantación. No obstante, ésta es la alternativa elegida por algunos países de América Latina que cuentan con grandes espacios cultivables. Entre ellos destaca Brasil, que sustenta la política más favorable hacia este recurso.

... y las tensiones generadas por su control

Toda la riqueza descrita se corresponde, paradójica y lamentablemente, con países empobrecidos económicamente, que soportan presiones e históricas resistencias frente a los intereses foráneos, generadores de guerras, violencia e injusticias. A modo de contextualización, habría que recordar que los Estados asumían hasta la década de los noventa un papel regulador con control sobre sus recursos a través de las empresas energéticas estatales. Posteriormente, y por imposición de los Programas de Ajuste Estructural a los que se vieron sometidos, cedieron este control a empresas extranjeras mediante contratos leoninos para los diferentes Estados.

Como consecuencia de las tensiones políticas generadas por la presencia de las corporaciones de hidrocarburos, Gobiernos como el de Venezuela y Bolivia se han rebelado contra el expolio legalizado y han logrado cambiar el rumbo de las políticas económicas. En el primer caso, su actual Constitución impide la privatización de PDVSA, empresa completamente estatal y quinta petrolera más importante a nivel mundial. Por supuesto, estas medidas legislativas no han estado exentas de tensiones políticas, basta con recordar el golpe de Estado que sufrió el Gobierno de Hugo Chávez en abril de 2002. Y también ha ocasionado, como medida de presión, la salida de cuatro grandes petroleras [6] que rechazaron los contratos de explotación propuestos por este Estado. Aunque siguen estando allí otras como Chevron Texaco, Statoil y Repsol.

En el caso del "corazón geopolítico de Suramérica", como denomina Chávez a Bolivia, el masivo reclamo de la población contra el expolio de las corporaciones energéticas condujo a la Guerra del Gas en octubre de 2003, en la que se organizaron marchas, protestas de todo tipo y enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad que se cobraron decenas de víctimas mortales. Este grito del pueblo determinó el proceso de nacionalización de los hidrocarburos a través de su estatal YPFB. No obstante, la lucha por la recuperación de los recursos está sometida a corsés judiciales y presiones como la ejercida por Petrobras y Repsol, con el respaldo de sus respectivos gobiernos, que dificulta el proceso de nacionalización. También recibe apoyos externos la oligarquía cruceña situada en el oriente del país. Esta elite ha respondido a las políticas soberanistas con la exigencia de la independencia de su territorio, donde se concentra gran parte de los recursos energéticos.

El trabajo de lobby de las transnacionales para evitar nacionalizaciones se convierte en cantos de sirena para animar a la privatización de una gran empresa estatal como es PEMEX, undécima mayor petrolera del mundo. El 8 de abril de este año, el Gobierno mexicano de Felipe Calderón hizo pública su disposición a la entrada de capital privado en la compañía mediante la reforma de la política energética, ante lo cual se ha levantado la oposición representada por López Obrador mediante la organización de resistencias civiles y la ocupación del Congreso para asegurar una decisión consensuada.

Uno de los escenarios latinoamericanos donde se reproducen con mayor virulencia los conflictos por el control de los recursos naturales energéticos es, sin duda, Colombia, donde se localizan fuertes intereses de las multinacionales españolas de la energía como Repsol. La crisis social que padece, como resultado de la aplicación de las medidas neoliberales, se suma a las escalofriantes cifras de violaciones de los Derechos Humanos que han dejado tras de sí un conflicto armado que dura ya más de cuarenta años. El posicionamiento de las transnacionales del petróleo ante este conflicto ha sido de complicidad, agravando la situación humanitaria, de por sí alarmante. Un ejemplo que permite reflejar esta situación es la actuación de Repsol en la región de Arauca (oriente de Colombia). Desde 2002, año en que Repsol anunció la existencia de petróleo en un campo de la región, ésta comenzó a sufrir el auge del paramilitarismo, incrementándose los crímenes contra la población civil y los índices del desplazamiento forzado. En cambio, la violencia no afectó a la compañía, más bien al contrario, después de dos años de terror impuesto desaparecieron las voces discordantes con la explotación de crudo, y fue entonces cuando Repsol pudo entrar a explorar en áreas con potencial petrolero sin encontrar ningún tipo de oposición social.

Multinacionales españolas y conflicto

Un recorrido por las explotaciones de hidrocarburos más importantes de la región pondría en evidencia la existencia de un denominador común, la presencia de Repsol en todas ellas: opera en Venezuela, Brasil, Bolivia, México, Argentina, Perú y Trinidad y Tobago. Al igual que si se examinan las principales empresas eléctricas de la región saltaría como principal compañía Endesa, líder en Chile, en Colombia y en Argentina, y, aunque no se posicione entre las más poderosas, Unión Fenosa también tiene un importante monopolio eléctrico en Centroamérica y Colombia, e Iberdrola representa la principal eléctrica privada en México.

Pero, paralelamente con los beneficios de estas corporaciones, los impactos ambientales, sociales y culturales sobre la región se han ido incrementando. Los principales afectados han sido pueblos originarios de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Argentina, con fuertes impactos sobre guaraníes, tagaeris y taromenani, etc. En la zona argentina, en julio de 2007 el Defensor del Pueblo denuncia ante el Tribunal Supremo a Repsol -y a otras 16 compañías petroleras- por el daño ecológico que causan en cinco provincias del centro del país [7] . En Chile, los mapuches llevan resistiendo una década contra Endesa, que ha construido la central hidroeléctrica de Ralco en su territorio ancestral.

En este panorama se integra el componente cultural y las reivindicaciones indígenas, que representan el corazón de los movimientos de base, protagonistas indiscutibles de los cambios en América Latina. Es importante resaltar que los procesos de dominación que llevan a cabo las transnacionales no sólo deterioran sus territorios e impactan sobre sus formas de vida, sino que, además, ejercen una presión ideológico-cultural, creando dependencias hacia formas de vida y de consumo occidental, unido a una desvaloración de lo indígena. El significado que sus culturas ancestrales otorgan al medioambiente, la comunidad y los recursos naturales desde su propia concepción, no se tienen en cuenta, y son parte de discursos secundarios, de patios traseros, infravalorados, para favorecer la visión capitalista que penosamente cuenta con un apoyo mucho más extendido.

En definitiva, la obtención por parte de las multinacionales de los grandes beneficios que origina la actividad en un sector tan estratégico como la energía se dirige, al igual que sus exportaciones, hacia los países del Norte. Ni sus gobiernos, ni las empresas transnacionales que operan en América Latina, reconocen la Deuda Ecológica cuyas actividades contribuyen a engrosar. No obstante, cada vez más países acreedores, como Ecuador y Bolivia, la reclaman legítimamente, en claro rechazo al actual sistema económico que no internacionaliza las externalidades o pasivos ambientales.

Erika González y Kristina Saez
Observatorio de Multinacionales en America Latina

Este artículo ha sido publicado originalmente en el nº 32 de Pueblos, junio de 2008.