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PERU - Dos demandas para detener el proyecto de gas de Camisea Imprimir E-mail
Petróleo en Latinoamerica - Perú
Viernes, 21 de Marzo de 2014 15:08

SERVINDI

Nia_peroTres jueces peruanos tienen previsto reunirse el 1 de abril luego de que se presentara una demanda para detener a un consorcio de gas que opera en una reserva en el Amazonas, creada para pueblos indígenas que viven en "contacto inicial" y en "aislamiento voluntario".

 

Ya existen pozos en el oeste de la reserva, donde el gas se viene produciendo desde hace años. A fines de enero, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la expansión de las operaciones, implicando más pozos, una extensión de la tubería y pruebas sísmicas más a la norte, este y sur.

La demanda fue interpuesta contra el Ministerio de Energía y Minas y la empresa líder del consorcio, Pluspetrol, en agosto de 2013, por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible (IDLADS), con sede en Lima. En ella se le pide al juez, entre otras cosas, ordenar al Ministerio de Energía y Minas que deje sin efecto la aprobación de la expansión y que prohíba todas las operaciones de petróleo y gas en la reserva.

"Solicitamos se ORDENE AL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS excluya el territorio de la Reserva Territorial Indígena Kugapakori, Nahua, Nanti, y otros, de cualquier promoción, exploración o explotación de hidrocarburos", reza la demanda.

Esta solicita también al juez que ordene a Pluspetrol "que se abstenga de realizar operaciones hidrocarburíferas de explotación o exploración" en la reserva y que responda a las observaciones de un informe técnico sobre el EIA realizado por el Ministerio de Cultura, en julio del año pasado, que afirmó que los nuevos pozos, tuberías y pruebas sísmicas podrían "devastar" o "extinguir" a los habitantes de la reserva y que fue dejado sin efecto posteriormente.

IDLADS afirma que las operaciones en la reserva violan la Constitución del Perú, la legislación peruana, el derecho internacional y los derechos de los habitantes de la reserva a un "ambiente sano y equilibrado", la autodeterminación, la vida, la salud, la "identidad étnica y cultural", la "integridad biológica y cultural", la dignidad, el territorio, la propiedad, la posesión ancestral y la consulta previa.

Casi el 75% de la concesión de gas, creada en 2000 y denominada Lote 88, se superpone a la reserva, que fue establecida 10 años antes. En 2003, a la reserva se le concedió una mayor protección jurídica mediante un Decreto Supremo para garantizar "(su) integridad territorial", prohibiendo los "asentamientos humanos" diferentes a los de los habitantes de la reserva, así como "el otorgamiento de nuevos derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales." Y asegurando que "aquellos derechos de aprovechamiento de recursos naturales actualmente existentes deberán ejercerse con las máximas consideraciones para garantizar la no afectación de los derechos de las poblaciones indígenas que habitan al interior de la Reserva...", pero las operaciones han continuado y dos grandes fases de la expansión han sido aprobadas.

"No estamos en contra de la explotación de Lote 88″, dice el presidente de IDLADS, Henry Carhuatocto Sandoval, "sino en contra de la explotación del mismo vulnerando la intangibilidad de la reserva territorial Kugapakori-Nahua-Nanti y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que la habitan."

El 15 de agosto, la demanda fue declarada "improcedente" en una "resolución" del juez David Suarez Burgos, principalmente sobre la base de que estaba "'fuera de la competencia territorial del Juez Constitucional de Lima".

IDLADS apeló y el caso ya está previsto para ser considerado el 1 de abril por tres jueces de la 1ª Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. IDLADS no fue notificada de la opinión de Suarez Burgos hasta octubre de 2013, y la resolución de la Sala Civil anunciando la audiencia de abril fue emitida el 28 de enero -un día después de que el Ministerio de Energía aprobó el EIA de los nuevos pozos, tuberías y pruebas sísmicas.

El gas en el Lote 88 proviene de dos yacimientos al norte y al sur del río Camisea y las operaciones que ahí se realizan, junto a las de la vecina concesión del Lote 56, son conocidas como el Proyecto Camisea, que es el mayor proyecto de energía del Perú y juega un papel clave en la economía peruana. Tres de los cuatro puntos de pozos productores en el Lote 88 se encuentran en la reserva y, según la agencia estatal de petróleo y gas Perupetro, el Lote 88 representó el 43% de la producción de gas natural de Perú en 2012 y un 43% entre enero y noviembre de 2013.

"Creemos que nuestra petición (que prohíbe las operaciones de la reserva) es realista", dice Lilyan Delgadillo de IDLADS. "Nosotros pensamos que es posible. Si existe de por medio una renegociación del Lote 56 para efectos de abastecer la demanda nacional interna de gas que tranquilamente puede ser satisfecha con dichas reservas, y con ello se restaría presión sobre territorios indígenas y áreas naturales protegidas."

IDLADS también presentó una demanda en agosto de 2012 contra el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura después de que el primero aprobó el EIA de los planes de Pluspetrol para construir nuevos pozos en un lugar que se llama San Martín Este, a unos 10 km más al este en la reserva.

Esta demanda solicita que el juez, entre otras cosas, declare varias leyes "inaplicables" y ordena al Ministerio de Energía y Minas que deje sin efecto su aprobación del EIA de San Martin Este y que prohíba toda explotación de hidrocarburos en la reserva. Exige también ordenar al Ministerio de Cultura que "adopte las medidas de protección idóneas para proteger a estos grupos vulnerables lo que implica que haga respetar la intangibilidad de su territorio y que vele por la prohibición de actividades extractivas realizadas por terceros en la Reserva Territorial Indígena Kugapakori, Nahua, Nanti, y otros."

La demanda de agosto de 2012 fue declarada "improcedente" en una resolución de septiembre de ese año por el juez Henry Antonino Huerta Saenz, quien sólo tuvo en cuenta el pedido de declarar varias leyes "inaplicables" e ignoró el resto. IDLADS apeló después de ser notificada en diciembre.

"El juez no consideró todas nuestas pretensiones", dice Katherine Serrato, de IDLADS. "Se limitó solo a una de ellas."

La respuesta a la apelación de IDLADS fue suspender la resolución de septiembre y pasar el caso a una Sala Civil en la Corte Superior de Justicia de Lima, aunque IDLADS no fue notificado hasta octubre de 2013 y la Sala Civil tiene ahora "aproximadamente cuatro meses" de retraso en responder, de acuerdo con Serrato.

Durante este proceso, Pluspetrol ha estado instalando sus pozos en San Martín Este, según algunos miembros de las comunidades locales, unos trabajadores de la empresa y un informe financiero de una de sus filiales.

El Ministerio de Cultura, ante una interrogante planteada por The Guardian sobre la demanda pendiente, dio una declaración asegurando que esta "ha sido declarada improcedente y ha sido apelada" y que el Ministerio está protegiendo a los habitantes de la reserva.

"En relación a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial que habitan la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, el informe de opinión técnica (del Ministerio de Cultura) sobre el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación de Actividades en el Lote 88 ha asegurado las medidas precautorias para garantizar su derecho a la vida e integridad (...). Es importante resaltar que los estándares y obligaciones impuestos a la empresa han sido materia de diálogo con las organizaciones indígenas nacionales y regionales", detalló la citada cartera.

El Ministerio de Cultura hace esta afirmación a pesar de las serias críticas a la aprobación del EIA y los impactos potenciales en los habitantes de la reserva. A principios del mes pasado, más de 25 organizaciones peruanas e internacionales, junto a varias personas individuales, incluyendo a dos congresistas, escribieron al presidente del Perú, Ollanta Humala, indicando que el Ministerio estaba usando información desactualizada sobre la salud de los habitantes de la reserva y estaba ignorando las recomendaciones formuladas en diciembre por el Relator Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas.

La organización nacional indígena AIDESEP, que afirma representar a más de 1.400 comunidades indígenas de la Amazonía peruana, fue aún más crítica. Emitió un comunicado en referencia a las medidas de protección calificándolas como "ineficaces y de adorno" y prometió responsabilizar al Estado peruano, a las compañías gasíferas y al Banco Interamericano de Desarrollo, que ha desempeñado un papel clave en el proyecto Camisea hasta la fecha, "si muere un hermano (aislado) más" "en nombre del supuesto ‘progreso'".

Ambas demandas de IDLADS pidieron también a los jueces ordenar que el Ministerio del Ambiente o una "entidad internacional" esté implicada en la aprobación de los planes para estos proyectos, y que el Ministerio de Energía y Minas cumpla con una ley internacional ratificada por el Perú que concede a los pueblos indígenas el derecho a ser consultados sobre proyectos que puedan afectarlos directamente.

A pesar de proporcionar gas, generando enormes ingresos y usando un modelo de infraestructura "off-shore inland" -solamente helicópteros, sin carreteras, con el fin de minimizar los impactos sobre el bosque- el proyecto de gas de Camisea ha sido duramente criticado por motivos ambientales y sociales.

La expansión del proyecto ha sido causa de particular controversia en los dos últimos años, motivando que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial -en marzo de 2013- solicite su suspensión; que el Ministro de Cultura y otros funcionarios del Ministerio dejen sus puestos; y que las organizaciones indígenas AIDESEP y FENAMAD la critiquen en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en noviembre pasado.

Los pueblos indígenas en mayor riesgo por las operaciones en la reserva son aquellos que están en "aislamiento voluntario" con muy poco o ningún contacto con foráneos, incluyendo a los Kirineri, algunos Nanti y posiblemente algún otro grupo.

Los socios de Pluspetrol en el consorcio son Hunt Oil, Repsol, Tecpetrol, SK Innovation y Sonatrach, según Perupetro.

Pluspetrol y el Ministerio de Energía y Minas no respondieron a los mensajes de correo electrónico que pedían sus comentarios sobre el tema.

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David Hill es periodista. Puede seguirlo en su página web: www.hilldavid.com y en su cuenta de Twitter: https://twitter.com/DavidHillTweets