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Jueves, 04 de Junio de 2009 05:27 |
FIDH
Procesos judiciales contra seis dirigentes indígenas amazónicos
Paris-Ginebra,
2 de junio de 2009. El Observatorio para la Protección de los
Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial
Contra la Tortura (OMCT), denuncia la acusación por los delitos de
rebelión, de sedición y conspiración contra seis dirigentes indígenas
amazónicos en el Perú.
Desde
principios de abril de 2009, miles de personas provenientes de más de
cincuenta etnias amazónicas, han protestando para exigir la derogación
de los decretos legislativos 994, 995, 1060, 1064, 1080, 1081, 1083 y
1089 y la Ley de Recursos Hídricos, pues consideran que vulneran los
derechos humanos tanto por su impacto sobre el medioambiente como por
la falta de consulta para su promulgación, en violación de las
obligaciones internacionales del Perú contenidas en el Convenio 169 de
la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
El 10 de mayo de
2009, el Gobierno Peruano decretó Estado de Emergencia en los lugares
donde se realizaban las protestas y el 14 de mayo cerró todas las
instancias de diálogo con las comunidades amazónicas. El 15 de mayo de
2009, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
(AIDESEP) volvió a tomar contacto con el gobierno y se pactó para el
día 20 de mayo el inicio de diálogos entre el gobierno y AIDESEP. Sin
embargo, el 18 de mayo de 2009, una notificación fue recibida en el
local de AIDESEP para el Sr. Pizango Chota, presidente de AIDESEP,
denunciándolo por presunta comisión de los delitos de "rebelión,
sedición y conspiración, para una rebelión, sedición o motín" y contra
la tranquilidad y la paz pública, apología en agravio del Estado
Peruano, y citándolo para el 20 de mayo de 2009 a las oficinas del 44
Fiscalía Provincial de Lima.
Otros cinco dirigentes de los
pueblos indígenas amazónicos también fueron notificados por los mismos
delitos: los Sres. Saúl Puerta Peña, Secretario de actas de AIDESEP,
Marcial Mudarra Taki, Coordinador de la Coordinadora Regional de los
Pueblos Indígenas de San Lorenzo COREPI - SL, Cervando Puerta Peña,
Presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas Amazónicos
del Norte del Perú - ORPIAN - P, Daniel Marzano Campos, Presidente de
la Organización Regional Indígenas de Atalaya - OIRA y la Sra. Teresita
Antazú López, Presidenta de la Unidad Nacional de Pueblos Ashaninkas y
Yaneshas - UNAY.
Los delitos de los cuales se acusa a los dirigentes son punibles con
penas de prisión de 5 a 10 años.
Para
el Observatorio, estos hechos evidencian una persecución contra los
dirigentes indígenas amazónicos que lideran las protestas de los
pueblos indígenas de la Amazonia peruana. El Observatorio lamenta que
el gobierno haya privilegiado la criminalización sobre el diálogo
frente a protestas cuyo objeto reside en la reivindicación del respeto
de su derecho, en tanto pueblos indígenas, a ser consultados « cada vez
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles directamente » (art.6§1 del Convenio n°169 de la OIT), en
conformidad con las obligaciones internacionales del Perú amparadas en
el Convenio n°169 de la OIT.
Por lo tanto, el Observatorio exige
el cese inmediato de estos procesos judiciales en contra de los seis
dirigentes mencionados. El Observatorio requiere también a las
autoridades peruanas a que levanten el Estado de Emergencia en las
distintas provincias amazónicas y que reanuden el diálogo con las
comunidades.
Se solicita también que tomen las medidas más
urgentes y pertinentes para que se ponga fin a todo tipo de
hostigamiento e intimidación en contra de todos los defensores de
derechos humanos en Perú, asegurando la aplicación de lo dispuesto por
la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada
por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre 1998.
Contactos prensa:
FIDH: Karine Appy, Gaël Grilhot: +33 1 43 55 25 18
OMCT: Eric Sottas: +41 22 809 49 39
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