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Petróleo en Latinoamerica -
Perú
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Martes, 02 de Junio de 2009 08:34 |
ARGENPRESS
A punto de cumplir dos meses en paro, varios miles de aborígenes de la
Amazonia peruana se mantienen en pie de lucha, en defensa de sus
ancestrales territorios, e insisten en la abrogación de leyes que
vulneran sus derechos a la propiedad de la tierra.
Los
nativos han advertido que, de hacer caso omiso (el gobierno o el
Congreso Nacional) a sus demandas, tomarán medidas más radicales,
mientras continúan con bloqueos de carreteras en varios puntos de la
selva y restringiendo el paso de los trenes que conducen a los turistas
a la ciudadela incaica de Machu Picchu, en el suroriental departamento
del Cusco.
El quid del problema radica en el decreto legislativo
1090, dictado por el gobierno central en uso de facultades
extraordinarias para dar pase a la implementación del tratado de libre
comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.
La mencionada norma,
llamada también Ley Forestal, si bien promueve el uso eficiente y la
conservación de los recursos forestales y de la fauna silvestre, no es
aceptada por la población aborigen que la considera lesiva a sus
intereses y porque, además, no se les consultó previamente sobre si
ellos la aprobaban o desaprobaban.
El gobierno central ha
respondido que si se deroga o se declara anticonstitucional el DL 1090
o Ley Forestal se pondría en riesgo uno de los acuerdos previos a la
firma del TLC con Estados Unidos, pues, si bien los indígenas tienen
derecho a la tierra, no son propietarios del subsuelo.
El
referido decreto busca garantizar la seguridad energética del país, y
las regiones en conflicto, según las prospecciones, cuenta con reservas
de hidrocarburos (petróleo y gas).
Actualmente, esa norma y
otras afines, son debatidas en el Congreso Nacional, aunque sin
resultados a la vista, y la situación se torna crítica ante la fuerte
actitud de los aborígenes.
Cabe señalar que no existe un censo
que pueda confirmar a ciencia cierta cuántos indígenas son y cuántas
etnias conviven en la Amazonia, así como tampoco un catastro que
permita diferenciar cuáles son sus tierras y los límites de cada una de
ellas; aunque a nivel nacional, en cifras del gobierno, se han titulado
cerca de 14 millones de hectáreas a favor de los nativos.
Si
bien la norma reconoce los bosques de las comunidades nativas y
campesinas, además de fijar límites máximos y mínimos, y existen
prohibiciones como el cambio de uso forestal por agropecuario, la
preocupación de fondo, y que también comparten ambientalistas, es qué
ocurriría si se empieza a explorar y a explotar los hidrocarburos.
Una
explotación o sobreexplotación implicaría deforestación, depredación de
flora y fauna y contaminación de las aguas de los ríos; además de que
la Amazonia, que domina gran parte del territorio sudamericano, es
considerada "el pulmón de la humanidad".
"Los conflictos (entre
los aborígenes y el gobierno central) se han presentado porque hay
comunidades o individuos sobre los cuales se otorgan derechos mineros,
se crean lotes de hidrocarburos u otra actividad extractiva donde hay
bosques o áreas protegidas en las que hay asentamientos humanos desde
hace siglos", acotó un estudioso del tema.
Es decir, existe un
vacío legal sobre las formas de ordenamiento del territorio nacional y
las formas para solucionar casos donde hay más de un derecho, en un
mismo territorio, para actividades distintas.
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, mediante sentencia
que sienta jurisprudencia, que "si bien las tierras de las comunidades
indígenas implican un manejo donde debe haber consentimiento informado
previo, no significa que no deban someterse a las reglas del derecho".
Empero,
en el caso peruano en discusión, también se habla del subsuelo donde el
Estado tendría los derechos que no tiene en la superficie.
Solucionar
todo ello pasa por una reforma jurídica, para lo cual los expertos
recomiendan que, si hay una riqueza natural en el subsuelo, hay que
compensar al que vive en la superficie.
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