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Petróleo en Latinoamerica -
Perú
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Martes, 02 de Septiembre de 2008 12:07 |
PETRÓLEO-PERÚ: "El pueblo asháninka no va a
permitir tanto abuso"
Por Milagros Salazar, enviada especial
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=89610
Crédito: Gentileza CARE.
SATIPO, Perú, 30 ago (IPS) - Un nuevo conflicto petrolero se abre en la
selva central de Perú, donde comunidades indígenas rechazan de plano
las actividades de la corporación Pluspetrol en el Lote 108, que abarca
parte de cuatro regiones del país.
"No permitiremos el ingreso de la empresa porque habrá contaminación y
vamos a sufrir. Nosotros cazamos y pescamos, vivimos tranquilos, no
queremos que eso cambie", dijo la indígena asháninka Medaly Pancho, de
la comunidad de Samaniato, ubicada en la provincia de Satipo, parte de
la región de Junín.
Pancho se expresó así en un congreso de la Central Asháninka del Río
Ene (CARE) que reúne a las 18 comunidades de la zona y que resolvió
entre el 11 y 14 de julio oponerse a las actividades de exploración y
explotación de petróleo en el Lote 108. Para dejar patente su ira,
Pancho pintó las caras de los representantes de la compañía que
asistieron a la reunión con achiote, un colorante natural que usan los
nativos, señala el acta del congreso a la que tuvo acceso IPS.
"Si quieren entrar a su manera, las organizaciones no nos
responsabilizamos de lo que vaya hacer la población. Aquí correrá
sangre", advirtió a IPS una de las integrantes de la junta directiva
del CARE, Rosa Buendía.
Con una extensión de 12.417 kilómetros cuadrados, el Lote 108 ocupa
buena parte de la central cuenca del río Ene, en las regiones de Junín,
Cusco, Ayacucho y Pasco.
Otorgado en concesión a Pluspetrol Perú Corporation, filial del grupo
argentino Pluspetrol, el 13 de diciembre de 2005 por el gobierno del
entonces presidente Alejandro Toledo, las autoridades esperaron hasta
el viernes 29 de este mes para iniciar formalmente los talleres
informativos en el río Ene, un proceso obligatorio para obtener el
consentimiento informado de las comunidades indígenas que habitan estas
tierras.
Situaciones como ésta se reproducen como hongos en Perú, que vive un
particular boom de las industrias extractivas, animado por los elevados
precios internacionales de los minerales y los hidrocarburos.
Setenta y dos por ciento de la Amazonía peruana está ocupada por
concesiones para explorar y explotar hidrocarburos, lo que ocasiona
conflictos y amenaza a la biodiversidad y a los pueblos indígenas,
afirma un estudio publicado este mes por investigadores de la
Universidad Duke de Carolina del Norte y de las organizaciones no
gubernamentales Save America's Forests y Land is Life, con sede en
Estados Unidos.
SIN PERMISO
El rechazo a las operaciones de Pluspetrol en las 18 comunidades del
Ene es unánime. La gente cuestiona que las autoridades de turno no les
hayan consultado antes de que la empresa estatal Perupetro firmara la
concesión de sus territorios a Pluspetrol, pasando por encima de lo que
dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
En el congreso de julio, los nativos reiteraron su posición, ya
definida en febrero de 2007, y decidieron conformar una nueva comisión
encargada de solicitar al gobierno la anulación del contrato con
Pluspetrol.
También se resolvió expulsar de las comunidades a los nativos que
"traicionen la posición" de los pueblos originarios del Ene.
Esta última advertencia no era un disparo al aire. Rosa Buendía explicó
a IPS que "la empresa está acostumbrada a comprar a ex dirigentes para
avalar sus proyectos. Quieren dividirnos y nos ofrecen dinero".
Según los indígenas, ese fue el caso del asháninka Nehemías Tomás,
quien se presentó en la reunión de julio como traductor de los
representantes de Pluspetrol.
La dirigente Rosa Buendía insistió en que toda decisión relacionada con
el gobierno o las empresas debe ser tomada por las propias comunidades.
CARTAS QUE VAN Y VIENEN
En octubre de 2007, la compañía remitió una carta a la presidenta de la
CARE, Ruth Buendía, informándole que en noviembre efectuaría trabajos
de geología en el tramo carretero La Merced- Oxapampa, en la selva
central.
La organización respondió con una carta notarial dirigida a la empresa
y al Ministerio de Energía y Minas, aseverando que el proyecto se
"superpone sobre todas las comunidades nativas e incluso sobre la Zona
de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka por lo que los
trabajos de exploración y explotación afectarán directamente a las
comunidades incumpliendo así las disposiciones del Convenio 169".
En esa misiva, la CARE señalaba que la concesión constituye "una
invasión, ya que no hubo previa consulta de los alcances del contrato a
fin de que las comunidades tomen una decisión libre e informada y
evalúen los beneficios".
El 27 de marzo de 2008, la empresa insistió con sus operaciones
llamando a la junta directiva de la CARE a una reunión informativa,
ante lo cual la organización decidió invitar a Pluspetrol al congreso
de julio para que informara a las comunidades los detalles del proyecto
petrolero del Lote 108.
Uno de los representantes de la compañía, José Palomares, dijo en ese
congreso que si "la organización no quiere que la empresa ingrese, no
lo hará".
Pocos días después, el 18 de julio, el Ministerio de Energía y Minas
informó a la CARE sobre el cronograma de talleres que se realizarían en
las comunidades para dar a conocer los estudios de impacto ambiental de
las operaciones de Pluspetrol.
"El gobierno hace lo que le da la gana sin respetar nuestros acuerdos
ni los convenios internacionales que nos protegen. Sólo está
acostumbrado a hacer talleres informativos como si eso diera confianza
a la gente", señaló Rosa Buendía.
"Piensan que la comunidad es tonta, pero ya no es como antes, cuando
sabíamos poco, ahora tenemos jóvenes preparándose. El pueblo asháninka
ya conoce sus derechos y no va a permitir tanto abuso", agregó.
EL GOBIERNO INSISTE
La directora general de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio,
Iris Cárdenas, dijo a IPS que se "han programado estos talleres
iniciales para ver los miedos y temores de la población".
"Hay un cronograma de visitas sólo en las comunidades que han aceptado
nuestra presencia. Nosotros respetamos lo que ellos han conversado con
la empresa, y quizás esto va a tomar mucho tiempo de diálogo para hacer
trabajos en esa zona", admitió Cárdenas.
Según la CARE, desde que comenzaron a llegar los enviados del
Ministerio a las comunidades, en la última semana de este mes, la
población empezó a expresar su rechazo.
"Ellos han ido con un grupo de facilitadores indígenas para ingresar a
la zona, pero la gente les ha pedido que se retiren porque están
alertas con sus comités de autodefensa", informó a IPS la abogada de la
CARE, Iris Olivera.
De acuerdo al cronograma, los talleres se celebran entre el viernes 29
al 4 de septiembre en nueve comunidades.
¿Por qué ahora se busca dialogar con la población? En la primera etapa
todo estaba en manos de Perupetrol, la empresa estatal que negocia y
suscribe los contratos, explicó Cárdenas. "Todo es paulatino. El método
del Ministerio es ir de comunidad en comunidad porque queremos
garantizar que participen todos", señaló.
"Con los precios altos que tiene el petróleo, sería contrario al
sentido común desaprovechar la oportunidad, porque con ello usted está
asegurando mayores ingresos para que el Estado pueda redistribuir la
renta y generar servicios como la electrificación rural", aseguró a IPS
el viceministro de Energía, Pedro Gamio, ferviente convencido de que la
explotación de los recursos naturales es fundamental para generar
desarrollo.
Para el antropólogo de la Pontifica Universidad Católica del Perú,
Oscar Espinosa, esa mirada gubernamental sólo termina generando un alto
costo social.
"Hay un afán de modernizar a los pueblos indígenas como parte de una
política totalmente desactualizada, del siglo XIX, que sólo genera
conflictos sociales. El Estado tiene una gran deuda pendiente con estas
comunidades, que debe asumir generando mecanismos claros de consulta
antes de tomar decisiones sobre sus territorios", dijo a IPS.
Para las comunidades nativas, el territorio está asociado al alimento
que conseguirán para sobrevivir, a la cultura, a la tradición, a la
herencia de los antepasados y a la que dejarán a sus descendientes.
"Nos darán plata ahora por sacar el petróleo, pero ¿qué les vamos a
dejar a nuestros hijos cuando todo esté contaminado, si el territorio
es lo único que tenemos?", se preguntó Rosa Buendía.
El pueblo asháninka ha padecido otras presencias ajenas en las últimas
décadas, cuando el grupo armado maoísta Sendero Luminoso declaró la
guerra al Estado.
La dirigente señaló que los asháninkas están incluso dispuestos a
renunciar a la reparación colectiva que les prometieron las
autoridades, equivalente a casi 35.000 dólares, por haber sido víctimas
de ese conflicto armado (1980-2000), si se retiran las empresas
petroleras de sus tierras.
"Primero nos invadió Sendero y generó conflicto social y muerte, ahora
vienen las empresas trasnacionales a tomar nuestro territorio. Que nos
contaminen es otra forma de morir", dijo Buendía. (FIN/2008)
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