Étnia Ashaninka denuncia acción de Petrobrás en tierras de
indígenas aislados del Perú
Aldeia Apiwtxa, Terra Indígena
Kampa do Rio Amônea, 12 de agosto de 2008
Sr.
Edison Panayfo
Presidente Unión de Comunidades
Indígenas Fronterizas del Peru – UCIFP Presente
En los últimos 15 años, los
Asháninka que vivimos en la Tierra Indígena Kampa del Río Amônia, por
medio de la Asociación Ashaninka del Río Amônia (APIWTXA), de la
Cooperativa Ayonpare y de nuestra organización comunitaria, tenemos
planeado y puesto en práctica un amplio conjunto de acciones
encaminadas al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de
nuestro territorio y de la mejora de vida de nuestras familias. Con
iniciativas propias y movilizando órganos del Estado Brasilero, tenemos
como fin vigilar y defender los límites de nuestra tierra indígena y
alertar sobre las graves consecuencias sociales y ambientales de la
actividad maderera en territorios indígenas y unidades de conservación
en ambos lados de la frontera Brasil-Perú, especialmente en los altos
de los ríos Yurúa, Amônia y Tamaya. En los últimos cuatro años, hemos
promovido encuentros binacionales entre pueblos indígenas y para la
conservación y el uso sustentable de la biodiversidad de nuestras
florestas.
Teniendo en cuenta la
comunicación recibida de la Unión de Comunidades Indígenas Fronterizas
del Perú (UCIFP), con fecha 28 de julio, invitando a Apiwtxa a
participar del “I Taller de Capacitación y Fortalecimiento en
Actividades de Hidrocarburos para Líderes Indígenas”, realizada en la
Comunidad Nativa Nueva Shauaya del 13 al 15 de agosto, donde estuvo
prevista la presencia de 100 representantes de comunidades y
organizaciones indígenas de los ríos Yurúa, Breu, Amônia,
Huancapishtea, Piquiyacu y Genepanshea, órganos de gobierno, y la
empresa Petrobrás, para discutir temas relacionados a “hidrocarburos”,
queremos, por medio de la presente, esclarecer, inicialmente, nuestras
posiciones más generales.
En este sentido, firmemente
repudiamos:
1) Las concesiones
realizadas en los últimos años por el Estado Peruano a empresas de
varios países a lotes destinados a la búsqueda y exploración de
petróleo en el alto Yurúa y el río Tamaya, sin cualquier consulta
previa, informada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas
sobre cuyos territorios los lotes fueron establecidos de forma
unilateral, en una clara violación a la Convención 169 de la
Organización Internacional del Trabajo OIT y a la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
2) La concesión de
lotes para la prospección y exploración de petróleo y gas en los
bosques bañados por cuencas hidrográficas binacionales, en regiones de
frontera internacional, como es el caso de los ríos Yurúa y Amonia, lo
que podrá también causar graves consecuencias ambientales a las
comunidades que viven en tierras indígenas y unidades de conservación
del lado brasilero y comprometer fuentes de agua utilizadas para el
consumo humano en sedes municipales y comunidades de la selva;
3) Que, en el caso del
Alto Yurúa peruano, la concesión de lotes de petróleo y gas de parte
del gobierno peruano esté creando la sobreposición en casi la totalidad
de la Reserva Territorial Murunahua, área de 481.560 hectáreas, creada
en 1997 para la protección de pueblos indígenas aislados (Murunahua,
Chitonahua y otros);
4) La actuación de la
empresa brasilera Petrobras Energia Peru S.A. que, aprovechando las
posibilidades abiertas por la legislación peruana, se volvió, en
diciembre del 2005, concesionaria del Lote 110, por un período de 40
años. Localizado en el río Alto Yurúa peruano, en aguas binacionales,
con una extensión de 1,4 millones de hectáreas, ese
Lote está sobrepuesto a la
Reserva Territorial Murunahua y a territorios de comunidades Ashaninka,
Jaminawa y Amahuaca, ya titulados o solicitados.
Del este, el lote tiene
límites, aún con el Parque Nacional Alto Purús, estando sobrepuesto en
el trecho donde está la Reserva Territorial Mashco-Piro, creada en 1997
para proteger grupos aislados Mascho-Piro. A nuestro entender, la
intención de Petrobras de iniciar actividades de búsqueda y exploración
de petróleo y gas, en el río Yurúa peruano, en el lote sobrepuesto a
los territorios de comunidades nativas e inclusive de indígenas
aislados, constituye una flagrante y condenable contradicción con el
discurso de responsabilidad socio ambiental adoptado por la empresa en
Brasil y con la legislación que la empresa está obligada a respetar en
nuestro país.
5) La pretensión de las
empresas canadienses True Energy y North American Vanadium Inc., de dar
inicio a La investigación y exploración de petróleo y gas en su
concesión en el Lote 126, que tiene extensión de poco más de un millón
de hectáreas, está situado en la frontera internacional, coincide con
parte del límite oeste de nuestra tierra indígena en el río Amônia y
del Parque Nacional da Serra do Divisor, y se encuentra sobrepuesto a
los territorios no titulados de las comunidades Asháninka del río alto
Tamaya.
6) La política de
desenvolvimiento del gobierno peruano en el Alto Yurúa, que asociado a
empresas transnacionales, opta hoy por promover la exploración y
extracción del petróleo y gas en la región fronteriza, donde la
actividad maderera continúa causando inmensos prejuicios ambientales
(con invasión de reservas territoriales y unidades de conservación, la
apertura de una extensa de red de caminos, la destrucción de recursos
forestales y de fauna, la inutilización de áreas utilizables para la
agricultura y la contaminación de fuentes de agua), “correrías”,
contactos y migraciones forzadas de los indígenas aislados, violaciones
de derechos humanos y laborales y la desestructuración de las formas de
organización comunitaria, política y cultural en varias comunidades.
En cuanto al I Taller de
Capacitación y Fortalecimiento en actividades de Hidrocarburos para
Líderes Indígenas”, realizado los días 13,14 y 15 de agosto en la
Comunidad Nativa Nueva Shauaya, tenemos que exponer las siguientes
consideraciones:
1) Lejos de representar un
evento partido en tres partes, el taller constituye un evento de dos
partes, dado que los intereses y las acciones del gobierno peruano y de
las empresas concesionarias aparecen de manera articulada: fue el
gobierno que por medio de sus políticas, concedió los lotes a las
empresas que ahora actúan, bajo la fachada de “capacitación”, como
facilitador de procesos de negociación entre empresas y organizaciones
de comunidades indígenas, pretendiendo que éstas den su consentimiento
al inicio de las actividades de prospección y exploración de petróleo y
gas sobre sus territorios.
2) al contrario de lo que
procura hacer creer a la convocatoria del “taller”, encaminada por
UCIFP, no acreditamos que la actividad de extracción de petróleo y gas
abra cualquier alternativa de desenvolvimiento sustancial para las
comunidades y territorios indígenas en el Alto Yuruá. Aunque se vayan a
ejecutar acciones de prevención, mitigación y compensación de los
impactos sociales y ambientales inicialmente previstos, las
consecuencias de la búsqueda y exploración de petróleo y gas serán
definitivas e irremediables sobre los recursos naturales (agua,
florestas, caza y pesca) de las cuales las comunidades dependen para su
sobrevivencia inmediata y futura, sobre las condiciones de salud de las
comunidades y sobre sus propias formas de organización social, política
y cultural.
3) Lamentar que la Unión de
Comunidades Indígenas Fronterizas del Peru (UCIFP), organización que en
los últimos tiempos viene demostrando clara asociación con los
intereses de la empresa maderera Forestal Venao SRL, decida en este
nuevo momento discutir la posibilidad de operación de empresas
petrolíferas en territorios de las comunidades que representa, e
inclusive en reserva territorial destinada a indios aislados, que
ninguna posibilidad tienen de ser consultados.
Alineados con lo ya declarado
por organizaciones indígenas brasileras y peruanas en el Documento
Final del IV Encuentro de los Pueblos Indígenas de la Frontera
Acre-Ucayali, reiteramos la urgente necesidad de una auditoría
independiente, con la participación de la
Defensoría del Pueblo, de la
Organización Internacional de Trabajo, y de la Relatoría Especial de
los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, para investigar las
violaciones de los derechos humanos y laborales hoy en curso en la
actividad maderera en el Alto Yurúa peruano y de forma cautelar, para
acompañar los entendimientos que pretenden respaldar el inicio de la
extracción de petróleo y gas en esa misma región.
Alineados con lo ya declarado
por las organizaciones indígenas brasileras y peruanas en el documento
final del IV Encuentro de Pueblos Indígenas de la Frontera
Acre-Ucayali, reiteramos la necesidad urgente de una auditoria
independiente, con la participación de la Defensoría del Pueblo, de la
Organización Internacional del Trabajo y la Relatoría Especial de los
Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, para investigar las
violaciones de derechos humanos y laborales vigentes en la actividad
maderera en el Alto Yurúa peruano y, de forma cautelar, para acompañar
a los entendimientos que pretenden respaldar el inicio de la extracción
de petróleo y gas en esa misma región.
También, como ya fue destacado
en el documento final del IV Encuentro de Pueblos Indígenas de la
Frontera Acre-Ucayali, reafirmamos nuestra posición contraria al inicio
de las actividades de exploración aérea en el Estado del Acre, sin que
cualquier consulta haya sido hecha a las organizaciones y comunidades
indígenas y sin que cualquier información sustantiva haya sido hecha a
las comunidades que viven en la selva cuando se da el inicio de las
actividades. Y repudiamos, desde ya, cualquier cambio en la legislación
o articulación política que pretenda posibilitar la exploración de
petróleo y gas en tierras indígenas y unidades de conservación, en una
obvia violación de la legislación hoy vigente en el país y de las
convenciones internacionales de las que Brasil es signataria.
Por último, declaramos nuestro
firme propósito de apelar al público, junto al gobierno brasilero y la
opinión pública nacional e internacional, los procesos que están en
curso en la región de la frontera internacional Brasil-Perú,
pretendiendo construir alianzas que fortalezcan a las comunidades y
organizaciones comprometidas con el uso sustentable y la conservación
de la biodiversidad en el Alto Yurúa, garantizando los derechos humanos
y territoriales de los pueblos indígenas que ahí viven, resulten en
soluciones definitivas para los graves problemas ambientales y sociales
hoy causados por la actividad maderera y se eviten aquellas que
ciertamente serán causadas con el inicio de la exploración de petróleo
y gas.
Nos despedimos cordialmente,
llamando a las comunidades y organizaciones indígenas del Alto Yurúa
peruano a hacer prevalecer sus derechos, que se opongan a cualquier
negociación o acuerdo que, mediante promesas fáciles de
“desenvolvimiento sustentable” o de beneficios económicos y sociales,
no implique ningún consentimiento al inicio de la exploración de
petróleo y gas en sus comunidades, en las reservas territoriales o en
su entorno.
Aunque la prospección y la
exploración de petróleo y gas estén previstas en territorio peruano,
como fruto de políticas de gobierno de su país, y que las decisiones de
las comunidades Asháninka, Jaminawa y Amahuaca sobre el futuro de sus
territorios y sus formas de vida tengan que ser respetadas por
nosotros, llamamos la atención que esas actividades, próximas a ser
promovidas por Petrobras, empresa brasilera, en aguas binacionales,
podrá también traer daños irreparables no sólo en Apiwtza sino también
a otras comunidades indígenas y de agricultores que viven en el lado
brasilero de nuestra frontera común.
Atentamente,
Moisés da Silva Piyãko
Presidente de la Asociación
Ashaninka del Río Amônia (APIWTXA)
Isaac da Silva Piyãko
Benki da Silva Piyãko
Antônio Piyãko
Pishiro Asheninka
Aricemi Asheninka
Shomõtsi Asheninka
Alípio Piyãko
Winko Piyãko
Aldeia Apiwtxa, Terra Indígena Kampa do Rio
Amônea, 12 de agosto de 2008
Sr. Edison Panayfo Presidente
Unión de Comunidades Indígenas Fronterizas del Peru – UCIFP Presente
Referencia: Convite a Associação
Ashaninka do Rio Amônia (APIWTXA) participar no “I Taller de
Capacitación y Fortalecimiento en actividades de Hidrocarburos para
Líderes Indígenas”, na Comunidad Nativa Nueva Shauaya, nos dias 13 a 15
de agosto de 2008, para discutir temas relacionados a prospecção e
exploração de petróleo e gás, preparar as comunidades indígenas para os
“os novos desafios do desenvolvimento sustentável” e “lograr relações
harmoniosas entre o Estado, as empresas petrolíferas e as comunidades”.
Nos últimos 15 anos, nós
Ashaninka que vivemos na Terra Indígena Kampa do Rio Amonea, por meio
da Associação Ashaninka do Rio Amônia (APIWTXA), da Cooperativa
Ayonpare e de nossa organização comunitária, temos planejado e posto em
prática um amplo conjunto de ações voltado ao aproveitamento sustentado
dos recursos naturais de nosso território e a melhoria da vida de
nossas famílias. Com iniciativas próprias e mobilizando órgãos do
Estado brasileiro, temos procurado vigiar e defender os limites de
nossa terra indígena e alertar para as graves conseqüências sociais e
ambientais da atividade madeireira em territórios indígenas e unidades
de conservação em ambos os lados da fronteira Brasil-Peru,
especialmente nos altos rios Juruá, Amônia e Tamaya. Nos últimos quatro
anos, temos promovido encontros binacionais entre povos indígenas nesta
fronteira, buscando fortalecer processos de diálogo e de intercâmbio de
experiências e reforçar estratégias para o reconhecimento e a proteção
dos territórios indígenas e para a conservação e o uso sustentável da
biodiversidade de nossas florestas.
Tendo em vista a comunicação
recebida da Unión das Comunidades Indígenas Fronterizas del Peru
(UCIFP), com data de 28 de julho, convidando a Apiwtxa a participar do
“I Taller de Capacitación y Fortalecimiento en actividades de
Hidrocarburos para Líderes Indígenas”, a ser realizada na Comunidad
Nativa Nueva Shauaya, de 13 a 15 de agosto, onde está prevista a
presença de 100 representantes de comunidades e organizações indígenas
dos rios Juruá, Breu, Amônia, Huancapishtea, Piquiyacu e Genepanshea,
órgãos de governo e da empresa Petrobrás, para discutir temas
relacionados a “hidrocarburos”, vimos, por meio da presente,
esclarecer, inicialmente, nossas posições mais gerais.
Neste sentido, firmemente
repudiamos:
1) as concessões feitas nos
últimos anos pelo Estado peruano a empresas de vários
países de lotes destinados a
prospecção e exploração de petróleo e gás no alto rio
Juruá e no rio Tamaya, sem
qualquer consulta prévia, informada e de boa fé aos
povos e comunidades indígenas
sobre cujos territórios os lotes foram estabelecidos
de forma unilateral, numa clara
violação à Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e
à Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.
2) a concessão de lotes
para a prospecção e exploração de petróleo e gás em florestas banhadas
por bacias hidrográficas binacionais, em regiões de fronteira
internacional, caso dos rios Juruá e Amônia, o que poderá também causar
graves conseqüências ambientais às comunidades que vivem em terras
indígenas e unidades de conservação do lado brasileiro e comprometer
fontes de água utilizadas para consumo humano em sedes municipais e
comunidades na floresta;
3) que, no caso do Alto
Juruá peruano, a concessão de lotes de petróleo e gás pelo governo
peruano tenha criando sobreposição com a quase totalidade da Reserva
Territorial Murunahua, área de 481.560 hectares, criada em 1997 para a
proteção de povos indígenas isolados (Murunahua, Chitonahua e outros);
4) a atuação da empresa
brasileira Petrobras Energia Peru S.A. que, aproveitando possibilidade
aberta pela legislação peruana, tornou-se, em dezembro de 2005,
concessionária do Lote 110, por um período de 40 anos. Localizado no
alto rio Juruá peruano, em águas binacionais, com extensão de 1,4
milhão de hectares, esse Lote é sobreposto à Reserva Territorial
Murunahua e a territórios de comunidades Ashaninka, Jaminawa e
Amahuaca, já titulados ou reivindicados. A leste, o Lote tem limites,
ainda, com o Parque Nacional Alto Purús, estando sobreposto à sua zona
de amortecimento, no trecho onde está a Reserva Territorial
Mashco-Piro, criada em 1997 para proteger grupos isolados Mashco-Piro.
A nosso ver, a intenção da Petrobras de iniciar atividades de
prospecção e exploração de petróleo e gás, no alto rio Juruá peruano,
em lote sobreposto a territórios de comunidades nativas e inclusive de
índios isolados, constitui uma flagrante e condenável contradição com
o discurso de responsabilidade
socioambiental adotado pela empresa no Brasil e com a legislação que a
empresa é obrigada a respeitar em nosso país.
5) a pretensão das
empresas canadenses True Energy Trust e North American Vanadium Inc.,
de dar início à prospecção e exploração de petróleo e gás em sua
concessão no Lote 126, que tem extensão de pouco mais de um milhão de
hectares, está situado na fronteira internacional, coincide com parte
do limite oeste de nossa terra indígena no rio Amônia e do Parque
Nacional da Serra do Divisor, e encontrase sobreposto a territórios
não titulados de comunidades Ashaninka no alto rio Tamaya.
6) a política de
desenvolvimento do governo peruano no Alto Juruá, que, associado a
empresas transnacionais, opta hoje por promover a prospecção e a
extração de petróleo e gás em região fronteiriça, onde a atividade
madeireira continua a causar imensos prejuízos ambientais (com invasão
de reservas territoriais e unidades de conservação, a abertura de
extensa rede de estradas e caminhos, a destruição de recursos
florestais e da fauna, a inutilização de áreas utilizáveis para a
agricultura e a contaminação de fontes de água), “correrias”, contatos
e migrações forçados de índios isolados, violações dos direitos humanos
e trabalhistas e a desestruturação das formas de organização
comunitária, política e cultural em várias comunidades.
Quanto ao “I Taller de
Capacitación y Fortalecimiento em actividades de Hidrovarburos para
Líderes Indígenas”,” a ser realizado nos dias 13-15 de agosto, na
Comunidad Nativa Nueva Shauaya, temos a expor as seguintes
considerações:
1) longe de representar
um evento triparte, o “taller” constitui evento bipartite, dado que os
interesses e as ações de governo peruano e das empresas concessionárias
aparecem de maneira articulada e indissociada: foi o governo que, por
meio de suas
políticas, concedeu os lotes às
empresas e agora atua, sob a fachada da “capacitação”, como facilitador
de processos de negociação entre empresas e organizações e comunidades
indígenas, visando que estas dêem seu consentimento ao inicio das
atividades de prospecção e exploração de petróleo e gás sobre seus
territórios.
2) ao contrário do que
procura fazer crer a convocatória do “taller”, encaminhada pela UCIFP,
não acreditamos que a atividade de extração de petróleo e gás abra
qualquer alternativa de desenvolvimento sustentável para as comunidades
e territórios indígenas no Alto Juruá. Ainda que venham a ser
executadas ações para a prevenção, a mitigação e a compensação dos
impactos sociais e ambientais inicialmente previstos, as conseqüências
da prospecção e da exploração de petróleo e gás serão definitivas e
irremediáveis sobre os recursos naturais (água, florestas, caça e
pesca) das quais as comunidades dependem para sua sobrevivência
imediata e futura, sobre as condições de saúde das comunidades e sobre
suas formas próprias de organização social, política e cultural.
3) lamentar que a Unión
das Comunidades Indígenas Fronterizas del Peru (UCIFP), organização que
nos últimos tem demonstrado clara associação com os interesses da
empresa madeireira Forestal Venao SRL, decida neste novo momento
discutir a possibilidade da operação de empresas petrolíferas nos
territórios das comunidades que representa, e inclusive em reserva
territorial destinada a índios isolados, que nenhuma possibilidade tem
de ser consultados.
Alinhados com o já declarado por
organizações indígenas brasileiras e peruanas no documento final do IV
Encontro dos Povos Indígenas da Fronteira Acre-Ucayali, reiteramos a
urgente necessidade de uma auditoria independente, com a participação
da Defensoria del Pueblo, da Organização Internacional do Trabalho e da
Relatoria Especial dos Povos Indígenas das Nações Unidas, para
investigar as violações dos direitos humanos e trabalhistas hoje em
curso na atividade madeireira no Alto Juruá peruana e, de forma
cautelar, para acompanhar os entendimentos que visam respaldar o inicio
da extração de petróleo e gás nessa mesma região.
Também como já destacado no
documento final do IV Encontro dos Povos Indígenas da Fronteira
Acre-Ucayali, reafirmamos nossa posição contrária ao início da
atividade de prospecção aérea no Estado do Acre, sem que qualquer
consulta tenha sido feita às organizações e comunidades indígenas e sem
que qualquer informação substantiva tenha sido feita às comunidades que
vivem na floresta quando do início da atividade. E repudiamos, desde
já, qualquer mudança na legislação ou articulação política que vise
possibilitar a prospecção e a exploração de petróleo e gás em terras
indígenas e unidades de conservação, numa óbvia violação da legislação
hoje vigente no país e das convenções internacionais das quais o Brasil
é signatário.
Por fim, declaramos nosso firme
propósito de continuar a tornar públicos, junto ao governo brasileiro e
à opinião publica nacional e internacional, os processos que estão em
curso na região da fronteira internacional Brasil-Peru, visando
construir alianças que fortaleçam as comunidades e organizações
comprometidas com o uso sustentado e a conservação da biodiversidade no
Alto Juruá, garantam os direitos humanos e territoriais dos povos
indígenas que aí vivem, resultem em soluções definitivas para os graves
problemas ambientais e sociais hoje causados pela atividade madeireira
e evitem aqueles que certamente serão causados pelo início da
prospecção e da exploração de petróleo e gás.
Despedimo-nos cordialmente,
chamando as comunidades e organizações indígenas do Alto Juruá peruano
a fazer prevalecer seus direitos, se opondo a qualquer negociação ou
acordo que, mediante fáceis promessas de “desenvolvimento sustentável”
ou de benefícios econômicos e sociais, implique num consentimento ao
inicio da prospecção e exploração de petróleo e gás em suas
comunidades, em reservas territoriais ou no seu entorno.
Ainda que a prospecção e
exploração de petróleo e gás estejam previstas em território peruano,
como fruto de políticas do governo de vosso país, e que as decisões das
comunidades Ashaninka, Jaminawa e Amahuaca sobre o futuro de seus
territórios e suas formas de vida tenham que ser por nós respeitadas,
chamamos a atenção que essa atividade, a ser promovida pela Petrobras,
empresa brasileira, em águas binacionais, poderá também trazer danos
irreparáveis não só à Apiwtxa mas também a outras comunidades indígenas
e de seringueiros e agricultores que vivem do lado brasileiro de nossa
fronteira comum.
Atenciosamente,
Moisés da Silva Piyãko Presidente da Associação Ashaninka do Rio
Amônia (APIWTXA)
Isaac da Silva Piyãko
Benki da Silva Piyãko
Antônio Piyãko
Pishiro Asheninka
Aricemi Asheninka
Shomõtsi Asheninka
Alípio Piyãko
Winko Piyãko
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