Los pueblos indígenas de la Amazonía se rebelan contra el Estado peruano y aparecen como un actor político por primera vez en su historia. Se cansaron de pedir y ahora exigen con firmeza. Para ser oídos convocaron al gobierno a una “mesa de diálogo† en San Lorenzo, muy lejos de Lima, a orillas del río Marañón, un poco antes de que este cambie de nombre para llamarse Amazonas. Los pueblos indígenas Awajun, Wampis, Matsiguenka y Shipibo cercaron a la petrolera argentina Perú Petro, una hidroeléctrica y, además, bloquearon algunas carreteras en las provincias de Bagua y Utcubamba en Amazonas, Datem, en Loreto, Echarate en Cusco y en Iparía, Ucayali. Como el gobierno no escucha a nadie que no bloquee carreteras y puentes, la lección ha sido aprendida por los pueblos amazónicos luego de la rebelión última de Moquegua.

Los insurgentes exigen que el gobierno derogue los decretos legislativos, sobre todo los 1015 y 1073, impuestos sin diálogo ni concertación alguna con los propios indígenas como ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, firmado por el Estado peruano.

Estos decretos legislativos facilitan el camino para la venta de tierras y entrega de recursos amazónicos a las grandes empresas transnacionales, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, firmado por el ex presidente Alejandro Toledo.

Hace dos años y medio, el candidato García prometió retirar la firma del Perú de ese tratado; una vez elegido presidente, este señor se convirtió en el mejor aliado de Estado Unidos junto con Uribe de Colombia y Bachelet de Chile, como un ejemplo maravilloso de la contradicción permanente entre el decir y el hacer.

Preocupado por la inversión capitalista de las multinacionales como único recurso para resolver el problema de la pobreza, el Sr. García exige que los indígenas amazónicos, a quienes insulta llamándoles “perros del hortelano, que no comen ni dejan comer†, usen sus tierras para producir capitalismo o las vendan si no pueden. El derecho de propiedad indígena no es como el derecho de propiedad del resto de ciudadanos de primera categoría.