APRODEH
RECHAZA ESTADO DE EMERGENCIA FRENTE A MOVILIZACIÓN DE INDÍGENAS
AMAZÓNICOS
La
Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, expresa su profunda
preocupación frente al establecimiento del Estado de Emergencia en las
provincias de Bagua y Utcubamba (Amazonas), Datem del Marañón (Loreto)
y en el distrito de Echarate, de la provincia de La Convención (Cusco),
debido a las protestas de la población indígena.
Al
respecto, APRODEH señala a la opinión pública que estas protestas se
deben a las graves amenazas sobre los territorios ancestrales de los
pueblos indígenas. En los últimos años, el Estado peruano viene
otorgando concesiones sobre dichos territorios a empresas petroleras y
gasíferas, sin establecer ninguna consulta a los pueblos indígenas que
habitan dichas áreas. Como resultado, los indígenas suelen ser víctimas
de serios daños ambientales como ha ocurrido con los achuares del Río
Corrientes.
Inclusive
son asignadas las tierras habitadas por pueblos indígenas en
aislamiento, quienes simplemente podrían desaparecer debido a las
actividades extractivas.
Según el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización
Internacional del Trabajo ratificado por el Estado peruano, los pueblos
indígenas tienen el derecho de participar en la planificación de su
propio desarrollo. Sin embargo, este derecho se incumple
permanentemente, al punto que el actual gobierno ha promulgado decenas
de Decretos Legislativos que ponen en serio peligro las tierras
indígenas, permitiendo inclusive que sean otorgadas a empresarios
contra su voluntad (Decreto Legislativo 1064) y flexibilizando la venta
y disposición de las tierras comunales (Decretos Legislativos 1015 y
1073).
Nos preocupa especialmente que las últimas movilizaciones de los
pueblos indígenas hayan sido enfrentadas con inusitada violencia por
las fuerzas de seguridad, como ocurrió en Andoas (marzo) y Puerto
Maldonado (julio): detenciones arbitrarias, maltratos físicos y tortura
demuestran que, como sucedió durante el conflicto armado, subsiste la
percepción de los indígenas como seres inferiores. Ninguno de estos
hechos ha sido sancionado.
No es con medidas represivas que se logrará establecer la confianza de
los pueblos amazónicos en el Estado peruano, sino con un verdadero
diálogo donde sus legítimas demandas sean escuchadas. Ello implica que
el gobierno acepte la posibilidad de derogar las normas que amenazan
los territorios indígenas y respete su derecho a participar en la toma
de decisiones que les afecten.
En las manos de las autoridades peruanas está la posibilidad de avanzar
por el reconocimiento de los derechos de los indígenas o actuar de
manera violenta hacia quienes solamente luchan por su subsistencia. El
Perú tiene una deuda social con la población amazónica y debería
satisfacerla.
Lima, 18 de agosto de 2008
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Área de Comunicación
APRODEH
T: (51-1) 424-7057 /
431-0482 / 431-4837 anexo 108
F: (51-1) 431-0477
www.aprodeh.org.pe
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Demanda de los
Pueblos Indígenas
Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana,
organizados desde hace 28 años en nuestras comunidades, federaciones,
regionales y su central nacional AIDESEP, hemos sido sorprendidos por
el ciudadano presidente Alan García Pérez, quien valiéndose de un
otorgamiento de facultades legislativas dadas por el Congreso de la
República y ante la miopía política de los partidos políticos de
oposición, ha vulnerado nuestros derechos al querer consolidar el
Tratado de Libre Comercio con los Estado Unidos emitiendo Decretos
Legislativos que afectan nuestros territorios.
El Presidente ha tenido la osadía de violentar la
Constitución, las leyes nacionales y tratados internacionales que
protegen los derechos de los pueblos indígenas, de los que el Estado
peruano es signatario, poniéndose al margen de la ley en contra de
todos los pueblos que conformamos el Perú. En tal sentido, y asumiendo
nuestra responsabilidad histórica ante nuestros pueblos, nos declaramos
en PIE DE PROTESTA para oponernos a todas las normas que afectan el
goce de nuestras libertades y legítimos derechos a la identidad como
pueblos, a la autonomía y autodeterminación, al uso de los recursos
naturales y principalmente aquellas que afectan a nuestros territorios
ancestrales, las que en ningún momento han sido consultadas ni
consentidas por nuestras comunidades y mucho menos por nuestra
organización.
Habiéndose desarrollado serios enfrentamientos entre
el gobierno y las fuerzas sociales populares de la costa y la sierra
del Perú, los pueblos indígenas de la Amazonía hacemos un llamado para
que nos unamos en un solo puño y a partir del día 9 de agosto hagamos
sentir que en el Perú los pueblos indígenas estamos dispuestos a no
permitir la entrega de nuestro territorio a las ambiciones de las
empresas extractivistas transnacionales.
Esta acción de declararnos en pie de PROTESTA cesará el
día en que se hayan logrado las siguientes exigencias:
1.
Derogatoria inmediata de los Decretos Legislativos Nº
(1015) 1073 (inconstitucionales), Nº 994, Nº 1020, Nº 1064, Nº 1081 y
Nº 1090 por atentar contra los territorios indígenas y el archivamiento
definitivo los Cinco Proyectos de Leyes N° 840, 1770, 1900, 1992 y
2133. Toda iniciativa legislativa relacionada a los pueblos indígenas y
sus derechos tendrá que ser sometido a consulta a estos pueblos para
evitar la afectación de su integridad territorial.
2.
Modificación del artículo 89º de la Constitución Política
del Estado restableciendo el carácter inalienable, inembargable e
imprescriptible de los territorios indígenas y los derechos colectivos.
3.
Restitución de PETT para el restablecimiento de los
mecanismos y las instituciones de registro, titulación y ampliación de los territorios indígenas.
4.
Instalar a la mayor brevedad posible la comisión del
Congreso de la República encargada de implementar la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Perú,
conforme a lo dispuesto en su artículo 42.
5.
Creación de un fondo para proyectos sostenibles para los
pueblos indígenas y campesinos.
6.
Restablecimiento del rango ministerial del INDEPA.
7.
Respeto al rechazo de los pueblos indígenas a las
concesiones hidrocarburíferas, mineras y forestales superpuestas en
nuestros territorios.
8.
Conformación
de una comisión multisectorial de alto nivel que se encargue de evaluar
los impactos socio ambientales de las actividades extractivas existentes en la Amazonía
peruana y su correspondiente resarcimiento, con participación directa
de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana –
AIDESEP y sus organizaciones regionales.
9.
Creación de Ministerio de Educación Intercultural
Bilingüe y Vice-Ministerio de Salud
Intercultural.
10.
El Estado asuma como política pública la creación de
centros de estudios superiores en los pueblos indígenas que tomen
iniciativas de gestión, apoyando con presupuesto público.
11.
Creación por parte del Estado de un programa especial
para la urgente protección a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y
tomar medidas concretas e inmediatas para la
protección de la vida y la salud que garanticen su existencia e
integridad y demás derechos fundamentales.
Plataforma Regional Ucayali.
12.
Incremento de la inversión publica para la atención de
las comunidades nativas y campesinas.
13.
Reorganización
y cambio inmediata de los miembros de la comisión organizadora de la
Universidad Intercultural de la Amazonia – UNIA, incorporando a
profesionales indígenas en la comisión.
– Distrito de Masisea.
14.
Urgente funcionamiento de 24 horas de la energía
eléctrica del Distrito de Masisea
15.
Apoyo a los campesinos agricultores productores de
papaya, arroz con la instalación de agroindustria en la misma sede del
distrito de Masisea.
Hacemos un llamado a todos los comuneros, jefes, apus,
presidentes de federaciones, dirigentes regionales, a organizarse, para
hacer valer nuestros derechos colectivos vulnerados por este gobierno
anti indígena, y por lo tanto anti nacional.
Masisea, 13 de Agosto del 2008.
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