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Petróleo en Latinoamerica -
Perú
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Jueves, 24 de Agosto de 2006 11:45 |
Sentimos mucho si reciben por duplicado este mensaje
saludos fraternos.
Perú: Petrolera podría ser demandada por contaminación
Perú: Petrolera podría ser demandada por
contaminación
Milagros Salazar
IPS
¡Arankartuktaram!,
¡Respétennos!, exclaman en su lengua las comunidades indígenas achuar
desde el corazón de la Amazonia de Perú. El grito va dirigido al Estado
y a las empresas multinacionales de exploración y explotación de
hidrocarburos.
Luego de más de 30 años de sufrir contaminación ambiental en sus
territorios, el pueblo achuar de la cuenca del río Corrientes, en la
selva peruana, _evalúa iniciar acciones legales contra las compañías
responsables de los daños. Este sería el primer caso llevado a las
instancias judiciales por los pueblos indígenas en este país.
Las actividades de explotación petrolera en territorios indígenas
comenzaron con la presencia de la estadounidense Occidental Petroleum
Corporation (Oxy) en los años 70. A partir de 1996, la compañía de
capitales argentinos Pluspetrol Norte opera en las cuencas altas de los
ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, y desde el año 2000, ha extendido su
área de intervención.
En la última asamblea indígena, efectuada el 5 y 6 de agosto, los apus
(jefes) de los indígenas acusaron nuevamente a las compañías de
hidrocarburos de haber atentado contra la salud y el ambiente del
pueblo achuar, de la cuenca del río Corrientes.
Dicha etnia se encuentra ubicada en el departamento de Loreto, norte
del país, y cuenta con 31 comunidades que agrupan a 8.000 habitantes,
de los cuales entre 3.000 y 4.000 son víctimas directas de la
explotación petrolera, según la organización no gubernamental (ONG)
Racimos de Ungurahui, que trabaja en la defensa de los derechos del
pueblo achuar.
"Hay una violación sistemática de nuestros derechos por parte del
Estado en complicidad con las empresas extractivas. El gobierno no es
capaz de sancionar a los que contaminan nuestros ríos y territorios.
Por eso pensamos tomar acciones", dijo a IPS Robert Guimaraes,
vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (Aidesep), que reúne a 47 federaciones y seis organizaciones
regionales indígenas.
Guimaraes, quien junto con la Federación de Comunidades Nativas del río
Corrientes (Feconaco), reiteró su denuncia desde uno de los salones del
Poder Legislativo, al que acudió el jueves 9 de agosto para participar
en un encuentro con motivo del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas.
La dirigencia de Aidesep considera que hay suficientes elementos
probatorios para demandar a las empresas. Uno de los informes más
reveladores es el del Ministerio de Salud, en el que se alerta, por
primera vez por parte del Estado, sobre los altos contenidos de cadmio
y plomo en la sangre de los achuar.
La investigación gubernamental "Visita de reconocimiento para la
evaluación de la calidad sanitaria de los recursos hídricos y muestreo
biológico en las comunidades de la cuenca del río Corrientes",
publicado en mayo de 2006, contiene un informe científico sobre la
presencia de metales pesados en la población indígena, el cual fue
elaborado como respuesta a un petitorio de Feconaco.
Para el estudio se evaluaron muestras de 199 personas, 74 de ellas de
niños de entre 2 y 17 años.
El informe reveló que 98,6 por ciento de los menores de la cuenca del
río Corrientes examinados superaban los valores límites de cadmio, de
0,1 miligramos por litro de sangre, y 97,3 por ciento sobrepasaban
inclusive la concentración habitual de este metal en fumadores, de 0,2
miligramos, pese a que las personas analizadas no tenían el hábito de
fumar.
Además, 37,8 por ciento de los menores se encontraban en niveles de
riesgo, es decir con concentraciones de 0,21 a 0,5 miligramos de cadmio
por litro de sangre, y 59,4 por ciento sobrepasaba el límite de
tolerancia biológica (LTB) de cadmio, superior a 0,5 miligramos. El
escenario fue similar en las muestras de la población adulta.
Los resultados sobre detección de plomo entre los menores de edad
fueron preocupantes: 66,2 por ciento de los casos "supera el límite
establecido para el plomo en población infantil (hasta 10 miligramos
por litro de sangre)", mientras que entre los mayores de 18, se
verificó que las concentraciones de este metal estaban por debajo de
los límites aceptados, de 20 miligramos por litro de sangre.
Según el informe La Oroya no Espera, elaborado por la Asociación
Interamericana para la Defensa del Ambiente y la Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental, la alta concentración de cadmio en la sangre puede
provocar daño y cáncer pulmonar, enfermedades del riñón, debilitamiento
del esqueleto, enfisema, bronquitis crónica, enfermedades del corazón y
depresión del sistema inmunológico. Mientras que la del plomo afecta al
sistema nervioso, con riesgo para el cerebro, y a los riñones.
Pero los representantes de Pluspetrol Norte no admiten la
responsabilidad del consorcio en la contaminación de los pobladores
porque sostienen que, como lo verificó el mismo informe gubernamental,
la concentración de plomo en las aguas es menor a los límites
reglamentarios permisibles.
Sin embargo, el documento aclara que no existen datos de presencia de
otros metales pesados en el río, como el cadmio y el cobre, debido a
que no se pudo evaluar por razones metodológicas.
Pluspetrol Norte es una de las filiales peruanas de la petrolera de
capital argentino Pluspetrol, y tiene desde 2004 a la empresa estatal
china National Petroleum Corporation, el principal productor de
petróleo del gigante asiático, como copropietaria con 45 por ciento de
participación.
Pluspetrol Norte era en 2004 responsable de 54 por ciento de la
producción petrolera nacional.
"La empresa se acoge a los parámetros que exige la ley. Creemos que el
informe del Ministerio es serio pero no se puede asegurar que los
niveles de contaminación en la sangre se deban a la presencia de
metales pesados en los ríos. No se puede establecer una relación
directa entre una y otra cosa", dijo a IPS un funcionario de la
compañía petrolera.
Racimos de Ungurahui, sin embargo, asegura que para determinar el grado
de contaminación de los ríos debería analizarse la composición de los
sedimentos. Sin embargo esto resulta difícil, dado que como aclara la
evaluación del Ministerio de Salud, "en Perú no existe una norma
técnica que establezca valores límites para evaluar metales pesados,
hidrocarburos totales de petróleo y otros parámetros en sedimentos".
La observación se basa en que el nivel de las aguas de los ríos de la
selva sube y baja en forma rápida y constante, y por tanto los restos
de los metales pesados se pierden en el caudal y terminan
sedimentándose.
La ONG asegura que además hay contaminación en las lagunas y los lagos,
donde se abastecían de pescado las comunidades, y que se han alejado
los animales del monte, que eran alimento de los pobladores. Se trata,
dice un documento de Racimos de Ungurahui, de una cadena de daños
originada por la actividad petrolera que se convierte "en un
instrumento de violación de uno de los derechos fundamentales de los
pobladores: la alimentación".
Como resultado de un congreso de los pueblos indígenas de Loreto,
realizado del 20 al 24 de julio, la Organización Regional Aidesep
Iquitos (ORAI) exigió el establecimiento de "mecanismos de control
sanitario permanente para prevenir futuras afectaciones de salud de los
pueblos indígenas en áreas de explotación petrolera" y que se declare
la cuenca del río Corrientes en Estado de Emergencia Ambiental.
En el pronunciamiento de ORAI, los indígenas también exigen al Estado y
a la empresa Pluspetrol Norte la descontaminación del territorio
achuar, y la aplicación de tecnología de punta (limpia) en la zona en
que está operando, durante toda la explotación.
Guimaraes manifestó en nombre de las comunidades afectadas que urgía la
reinyección de las aguas de producción, atender los pasivos ambientales
y evitar las actividades de nuevas petroleras en territorio achuar.
Al respecto, el ministro de Energía y Minas, el arquitecto Juan
Valdivia Romero, dijo a IPS que funcionarios de su despacho mantienen
reuniones con los directivos de Pluspetrol Norte, para que se aceleren
las labores de reinyección de las aguas residuales de producción en el
subsuelo, como método de disposición ambiental aceptable.
Sobre el conjunto de los daños ambientales producidos por las empresas
petroleras, Valdivia Romero afirmó que "reconocemos la importancia que
tiene para las comunidades la pronta disminución de los pasivos
ambientales. Nosotros, desde la dirección de fiscalización, le exigimos
a la empresa el estricto cumplimiento de las normas".
Por su parte, Pluspetrol Norte informó que a la fecha ha reinyectado
unos 210.000 barriles diarios de agua de producción, lo cual supera su
plan inicial de 80.000. Se estima que esta labor finalizará en 2009.
Sin embargo, para Racimos de Ungurahui la petrolera no sólo avanza a
paso lento sino que además ha planificado la reinyección de apenas 15
por ciento del total de las aguas residuales.
El gerente general de Pluspetrol Norte, Roberto Ramallo, señaló
mediante una nota de prensa, que "somos conscientes de la existencia de
un impacto ambiental histórico en la zona, y por ello estamos
desarrollando planes de mitigación para mejorar la calidad de vida de
las comunidades".
El ejecutivo destacó que la compañía brinda atención médica a 18.000
personas en forma gratuita, y construye y refacciona escuelas para
4.000 estudiantes nativos en la zona.
Pero Guimaraes insistió en que esa ayuda es tan sólo un paliativo.
"Nosotros queremos nuestro propio nivel de desarrollo con identidad y
armonía con la naturaleza sin renunciar a nuestra lengua, cultura y
territorios. Exigimos un Estado pluricultural y multilingüe", dijo a
IPS.
El origen de la contaminación se debe buscar en la visión de desarrollo
que tiene el Estado peruano, basada en un modelo de explotación de
recursos naturales que no respeta a las poblaciones afectadas, dijo
José De Echave, de la ONG Cooperacción, especializada en temas mineros
y sociales.
Las comunidades indígenas también han recurrido a las instancias
parlamentarias. El nuevo presidente de la comisión de Amazonia y
Asuntos Indígenas del Congreso legislativo, Carlos Arana, señaló que el
15 de agosto ésta analizó las preocupaciones de las comunidades.
"Veremos la posibilidad de presentar proyectos de ley que contribuyan a
atender los reclamos de estos pueblos y que incorporen también lo que
exigen los tratados internacionales sobre el tema", señaló Arana a IPS.
En los próximos días se conocerá el anuncio de las organizaciones
indígenas sobre las medidas que adoptarán. Aunque los portavoces de las
etnias han estado muy sigilosos, se prevé que una primera medida será
iniciar acciones legales, y luego, como tantas otras veces, un proceso
de negociación con las compañías extractoras del oro negro.
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=38391
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