TOMADO DE SERVINDI
5 Julio 2007 0:37
Por Ivan Brehaut*, Asociación Nampitsi
El Estado Peruano viene lanzando una agresiva campaña por elevar el
nivel de inversión extrajera en el sector minero energético. Este
proceso ha llevado a que PeruPetro haya lanzado una agresiva campaña
internacional para la concesión de nuevos lotes de hidrocarburos. A la
fecha se tiene 45 contratos de exploración y 19 de explotación de gas y
petróleo en el país, los que generan inversiones por alrededor de
US$4,000 millones de dólares. En tanto, el 8 de junio se cerró la
convocatoria para licitar otros 19 lotes nuevos, 12 de los cuales están
en la Selva.
Con esta iniciativa, más del 80 por ciento de la amazonía está
ubicada dentro de lotes petroleros, que de una u otra forma afectarán
la vida de la población asentadas en sus límites. Las reacciones no se
hicieron esperar y podemos ver que la polémica recién empieza.
Conflictos en ciernes
Cuando en el 2004 la Red Muqui emitió un pronunciamiento en el que
mostraba preocupación por la multiplicación de conflictos mineros, si
es que no se promovían procesos transparentes de diálogo y consensos
entre los actores, así como mecanismos de participación efectivos y un
marco legal que proteja los derechos de las comunidades y poblaciones,
hicieron casi una predicción, si se compara con la situación actual del
sector minero.
Pero, en el sector hidrocarburos, ¿qué dicen hoy los grupos
ambientalistas y las organizaciones indígenas respecto a los nuevos
lotes? Son varias las voces, aunque no necesariamente los mismos
objetivos. Un grupo de destacadas organizaciones nacionales e
internaciones han salido al frente del tema de los nuevos lotes
sosteniendo, mapas de Perupetro en la mano, que muchos de los lotes
están sobre áreas naturales protegidas (ANP) como Reservas Comunales,
Zonas Reservadas y otras áreas protegidas y que otros lotes son
peligrosamente colindantes con Parques y Reservas Nacionales, todas de
alta importancia ambiental por los recursos físicos, biológicos y
paisajísticos que albergan.
El centro de los argumentos de estas organizaciones es que la
intangibilidad de las ANP debe ser respetada, y que es ilegal el hecho
que Perupetro promocione lotes superpuestos con ANP, sin que haya una
opinión positiva previa de INRENA declarando la compatibilidad entre
las actividades de hidrocarburos y los objetivos de protección de
recursos de las ANP.
Por su parte otro sector de organizaciones, en este caso
organizaciones indígenas como AIDESEP, sus bases regionales y
federaciones locales, así como sus organizaciones aliadas están
emitiendo pronunciamientos oponiéndose a los nuevos lotes, centrándose
en otro tema: la superposición de los nuevos lotes sobre áreas donde se
supone la existencia de población indígena en aislamiento. Aunque la
mayoría de estas áreas aún esperan su reconocimiento oficial por parte
de INDEPA y el trámite correspondiente, AIDESEP ha ido un paso mas allá
en sus reclamos, interponiendo una acción legal contra Daniel Saba,
Presidente de PeruPetro, por atentar contra la vida y la salud de la
población en aislamiento.
Perupetro por su parte justifica su actuación respondiendo a las ONG
diciendo que la promoción y suscripción de contratos por los lotes no
es una actividad de hidrocarburos, por lo que es inviable legalmente la
coordinación previa con INRENA. Por otro lado, el Presidente de
Perupetro ha anunciado la contratación de una empresa para ir a evaluar
la presencia de indígenas en aislamiento, insinuando un contacto
forzado no deseado, por lo que los ánimos se caldean más ese frente.
¿Qué pasa con el resto de zonas?
En medio de estas polémicas queda un espacio, a nuestro parecer
fundamental pero poco tratado. ¿Qué pasa con el resto de las áreas
donde no hay ONG velando por áreas protegidas o donde no existen
pedidos de reservas indígenas? ¿Qué pasa con la enorme cantidad de
comunidades que apenas atraen la atención de sus propios gremios?
Esta pregunta tiene una base sencilla, respaldada por la realidad de
los hechos. Y volvemos otra vez la vista a Camisea. Mientras las ONG
ambientalistas y pro indígenas estaban concentradas en el tema de
indígenas no contactados dentro de la Reserva Territorial Nahua
Kugapakori, y en la afectación de las áreas protegidas de Vilcabamba y
Paracas, centenares de comunidades campesinas, caseríos y comunidades
nativas veían el ingreso de la empresa TgP y su principal contratista
Techint dentro de sus territorios.
En el caso específico de las comunidades del Bajo Urubamba, pocas
comunidades pudieron tener el valiente apoyo de CEDIA y la Defensoría
del Pueblo. La mayoría no tuvieron ni tiempo para pedir apoyo; la
velocidad de las operaciones en el campo, la ausencia de asesoría
especializada, y el ímpetu de TgP por cerrar acuerdos bajo términos
poco transparentes ocasionaron la firma de convenios de uso de la
tierra con montos irrisorios, comparados con lo que Pluspetrol estaba
dando por sus operaciones localizadas en la misma zona.
Más adelante, los impactos por el tráfico fluvial, la erosión y los
reclamos comunales fueron llegando con timidez a los discursos de las
ONG, concentradas en Lima y sin contacto con el campo. Las
organizaciones indígenas nacionales y sus aliados en el extranjero poco
captaron de estos temas y siguieron concentradas en el tema de los
aislados. Las noticias de impactos reales eran muchas veces
transformadas en noticias espantosas de muerte y contaminación masiva,
lo que fue restando la credibilidad y seriedad de sus afirmaciones.
Sólo en el Bajo Urubamba, más de 10,000 personas vivieron los impactos
del día a día de las operaciones, que alteraron su rutina y a la larga,
han alterado su destino como pueblo.
Unas horas río abajo, cerca de Atalaya, en el Alto Ucayali, Repsol
desarrollaba exploraciones sísmicas bajo la crítica constante de la
organización indígena OIRA. Sin una política de compensaciones, sin la
atención de la prensa y las ONG verdes, las antipetróleo, y todas las
que se concentraban en Camisea, las comunidades pasaron por problemas
recordados hasta ahora por la población y que lamentablemente se vienen
repitiendo.
Escenarios y retos presentes
Las circunstancias actuales nos devuelven escenarios similares a los
anteriormente descritos, con una gran concentración temática y grandes
temas ausentes. Es cierto que la legislación ambiental ha mejorado y
que tenemos experiencia para compartir y aplicar. Sin embargo, esto no
es suficiente.
Los Estudios de Impacto Ambiental son un primer aspecto a revisar.
Más allá de que estén bien o mal escritos, de que contengan información
confiable o no, subsiste un pequeño problema que ya ha sido
abiertamente señalado por la Defensoría del Pueblo y otras
instituciones. Es imposible que las autoridades locales, que las
comunidades o sus federaciones, revisen en quince días documentos que
un equipo de técnicos del MEM o de INRENA, duchos en el asunto, les
toma al menos el mismo tiempo.
Todas las operaciones de hidrocarburos implican el uso de recursos
naturales que son usados muchas veces por la población local. La
afectación de los recursos flora, fauna y aguas superficiales a las que
comúnmente se hace referencia en los estudios de impacto en realidad
son nombres genéricos para frecuentes impactos concretos sobre recursos
que sustentan la vida de gente, que lamentablemente no cuenta con
garantías concretas respecto a su buen uso por parte de terceros.
En ese caso, los temas de compensaciones e indemnizaciones y los
criterios para atender estas situaciones, comunes a todas las
operaciones de hidrocarburos, apenas han sido discutidos. Y no hablamos
de pocos casos. Para darnos una idea, en el gasoducto de Camisea se
negociaron 2556 convenios de compensación por parte de TgP, de los
cuales 302 fueron en el tramo selva. En una sísmica no es raro el tener
que establecer acuerdos con por lo menos media docena de comunidades o
caseríos. Estos acuerdos no están regulados y lamentablemente se dan
generalmente en condiciones totalmente asimétricas, con una enorme
desventaja de los pobladores frente a los equipos que representan a los
intereses empresariales.
La intervención de la población en el control y monitoreo de las
actividades está apenas iniciándose en el Perú. A pesar de lo lógico
que puede parecer el desarrollo de iniciativas independientes de
monitoreo, no hemos obtenido grandes avances en estos temas. Las pocas
experiencias desarrolladas tienen resultados muy diferentes y no son
aún una norma para las empresas. Por otro lado, el Estado aún no las ha
articulado a sus propios sistemas de monitoreo, a pesar de que como
todos los implicados reconocen, la credibilidad de los entes
supervisores está constantemente en cuestión.
La participación de las instancias locales y regionales en los temas
de hidrocarburos es otro aspecto importante a tratar. Con el impulso
que desde varias tribunas se da a la descentralización, nos
preguntamos, dónde quedan los gobiernos locales y regionales en estos
temas de industrias extractivas. El colectivo Vigila Perú está
eficientemente llamando la atención a los temas de gasto público y uso
de los recursos del canon minero y petrolero. Sin embargo, ¿es esa la
única función de los gobiernos locales? Nos parece que no.
Algunas de las competencias de los gobiernos locales, de acuerdo a
la Ley Orgánica de Municipalidades y a la Ley de Bases de la
Descentralización, son la protección y conservación del ambiente. Otra
de las funciones previstas es el coordinar con los diversos niveles de
gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicación local
de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco
del sistema nacional y regional de gestión ambiental.
En el caso de los municipios distritales, una de las funciones
incluidas en la ley es el fiscalizar y realizar labores de control
respecto de la emisión de humos, gases, ruidos, efluentes y demás
elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente, elementos que
están definitivamente presentes en las industrias extractivas
planificadas. Sin limitar u objetar las funciones de OSINERGMIN, ente
fiscalizador minero energético, hay un espacio no cultivado de
cooperación entre los niveles centrales y locales. Este es un campo
fértil para el desarrollo de iniciativas de monitoreo local de las
actividades de hidrocarburos.
Información para mejores decisiones
Existe una enorme necesidad de llevar información al campo,
desmitificar la industria y brindarle información a la población para
que pueda defender su derecho a un ambiente sano. Pero no sólo para la
defensa de derechos, como la definen algunos activistas. Algo poco
trabajado por quienes están inmersos en estos temas, dialogando con la
gente sobre hidrocarburos o minería es que también es posible obtener
beneficios de estas actividades.
El canon petrolero o gasífero en el Perú ha sido históricamente
usado en las capitales de departamento y zonas aledañas, no en las
zonas productoras. Basta darle una ojeada a las actas suscritas entre
Pluspetrol Norte, el Estado y FECONACO por la contaminación en el río
Corrientes para darse una idea del abandono que existe en la zona que
más petróleo le ha producido al país y que sin duda, ha financiado mas
de una obra pública en el centro de Iquitos.
Los fondos del canon, como es sabido, sólo pueden usarse dentro del
marco de aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública, cuya
complejidad no permite el desarrollo de iniciativas viables por parte
de los gobiernos locales con tan poco soporte técnico interno. Como
consecuencia, el desarrollo de inversiones sociales se estanca y los
supuestos beneficios de la inversión extranjera, se quedan en planes y
no en obras. Más frustraciones locales y más argumentos en contra de la
industria. Una salida viable a estas trabas a la inversión, menos
riesgosa que la exoneración del trámite SNIP a los proyectos, sería que
la PCM y el MEF enviaran comisiones técnicas de apoyo a gobiernos
locales clave, que apoyen el uso eficiente de los recursos, tan
necesitados en el campo.
Otro de los aspectos que requiere un nuevo enfoque es el desarrollo
de nuevas prácticas para la difusión de información hacia la población.
La población indígena mantiene culturas principalmente orales, ante
ellas, los discursos técnicos o legales de los especialistas del Estado
y las empresas son apenas voces que intentan decirles algo. Ese algo es
que va a llegar una empresa, que va a haber trabajo, quizás. Alguien va
a entrar en las tierras comunales. No sabemos bien a que, y no sabemos
si respetará el hecho que quizás no tengamos un título de propiedad
pero que de todas maneras ahí vivimos. Y con estos medios mensajes
empieza la desinformación. Con un Estado ausente en la mayoría de zonas
donde se establecen los lotes petroleros, que llega sólo para las
audiencias públicas que demanda la ley, que se desplaza siempre en los
vehículos de la nueva empresa, es comprensible que su credibilidad sea
tan baja. Urge entonces cambiar la estrategia de comunicación frente a
la población, cambiar las formas de comunicarse. El Estado tiene que
aprender a comunicarse. Las exposiciones con cuadros, datos y colores
no son eficientes y eso algo que los funcionarios del Estado tienen que
entender.
El discurso de anti petrolero en las organizaciones indígenas es
algo cada vez más escuchado en las reuniones que tratan temas
vinculados a derechos o tierras indígenas. Los argumentos en contra no
son pocos, dada la exclusión reinante y la ausencia de distribución de
beneficios de industrias extractivas en el campo. Si a estos hechos se
suma la propagación de videos mostrando la devastadora contaminación
ocurrida en el río Corrientes, obviamente, cualquier defensa legítima
del sector pierde rápidamente sustento.
Sin embargo, y pesar de las fervorosas declaraciones de los eventos
indígenas, muchos de los líderes comunales mantienen posiciones más
pragmáticas respecto al tema, concentrando sus intereses en temas
básicos y simples; oportunidades laborales y contaminación ambiental.
Es en el balance entre estos temas que las posiciones comunales se
definen. En nuestra opinión, el tema no es de traición al movimiento
indígena, ni solo de una mano negra de las petroleras dividiendo a la
población. Si la gente no tiene de que vivir, si todos sabemos que las
condiciones de vida en el campo son cada vez más duras, ¿No es
comprensible que la gente quiera un trabajo, al menos temporal, para
poder satisfacer las necesidades de sus familias? Pero atención,
también es cierto que bajo la promesa de trabajo y dinero para las
comunidades es que algunas empresas establecen una mínima
responsabilidad social, aprovechando estas carencias locales para
conducir operaciones descuidadas, en relaciones clientelistas con la
población y sobre todo con sus líderes. Esas son las operaciones que
finalmente terminan de desprestigiar no solo a las petroleras, sino a
los líderes que se dejan atrapar en este carrusel de beneficios
temporales.
En nuestra opinión la población debería recibir algo más que un
pedido solidario de decir no al petróleo. El derecho al no debe ser
respetado y esas voces deben ser escuchadas. Sin embargo, las
organizaciones indígenas y sus aliados deberían darle a la población
mayor información acerca de las oportunidades, riesgos y sobre todo,
las condiciones de operación que una empresa debería tener si
desarrolla sus actividades dentro del territorio de comunidades
nativas. Sin esa información y capacidades, se corre un gran riesgo
ante la aparición de empresas irresponsables, y la actitud permisiva
que con alguna frecuencia se observa de entes del Estado.
Los puntos importantes en este escenario son a nuestro criterio:
- Mejorar las prácticas participativas de las empresas y el Estado,
insistiendo en espacios y prácticas de verdadera participación de la
población.
- Establecer un esfuerzo de información hacia las comunidades y
federaciones respecto a los impactos positivos y negativos de la
industria de hidrocarburos, sobre información objetiva y realista.
- Desarrollar metodologías estandarizadas para el cálculo de
indemnizaciones y compensaciones.
- Abrir mayores espacios formales para el desarrollo de prácticas
de
monitoreo comunitario, incorporando la participación de los gobiernos
locales y regionales.
- Implementar a la brevedad un esfuerzo coordinado, multisectorial
y
tripartito para que los beneficios del canon y otros aportes de las
empresas sean canalizados con la mayor prontitud a las zonas donde de
realizan las actividades extractivas.
En resumen, los diversos actores involucrados en esta nueva ola de
inversiones de hidrocarburos requieren el desarrollo de nuevas
capacidades y actitudes, de cara a la construcción de nuevos espacios
de convivencia bajo el riesgo que de no hacerlo se generalice el clima
de conflicto que lamentablemente se expande en el país. Tanto el Estado
como las empresas deben estar concientes de que esta ola de conflictos
no es responsabilidad única de “activistas y revoltosos”. Es importante
que reconozcan su parte de responsabilidad no solo el origen, sino en
la solución de estos conflictos.
Sólo la conjunción de fuerzas y buenas voluntades de parte de los
actores locales, regionales y nacionales podrá superar los estándares
actuales de operación y generar, si esta vez, mejoras en las
condiciones de vida de la población rural, en particular, de las
comunidades nativas y campesinas.
29 de junio de 2007
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