SERVINDI - 25 JULIO 2007
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Europa
Pres, 26 julio 2007.- Intermón Oxfam presentó hoy (ayer) en Madrid un
informe que denuncia la “violación sistemática” por parte de Repsol YPF
de los derechos de las poblaciones indígenas en cuyos territorios opera
en Perú, una región cuya legislación presenta “vacíos” entorno a la
protección de estas poblaciones de los que la petrolera española “se
aprovecha” para operar.
En declaraciones a Europa Press, la responsable del programa de
sector privado de Intermon Oxfan y firmante de este informe titulado
‘Pueblos sin Derechos’, Isabel Tamarit, explicó que tras “tres años
trabajando con la compañía” en la mejora de su política de
responsabilidad social en Perú sin que se haya producido “ningún
avance”, la ONG española ha decidido hacer pública la “falta de
compromiso” de Repsol YPF para promover un cambio definitivo.
El informe, que recoge testimonios de afectados directamente por las
exploraciones y explotaciones petroleras en las que la compañía está
presente, recoge, en líneas generales, “cuatro grandes violaciones de
derechos” de la población indígena: el derecho a consulta, el derecho a
indemnizaciones y compensaciones por daño, el derecho a participar en
los beneficios y a decidir el desarrollo de su comunidad y, por último,
los derechos laborales de algunos trabajadores.
“De la primera violación se derivan las demás”, explicó Tamarit,
tras recordar que el derecho de las poblaciones indígenas a ser
consultadas sobre los trabajos que van a realizarse en sus tierras, y a
recibir información veraz sobre las consecuencias que de ello pudieran
derivarse, está recogido en el artículo 169 de la Convención de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), un documento al que
Repsol YPF siempre manifestó estar suscrito, aunque desde 2005 ya no
puntualiza a qué parte del articulado.
Según Tamarit, Repsol YPF “no respeta los procesos de toma de
decisiones” ni a los responsables designados en el seno de las
comunidades para llevarlos a cabo. Además, en caso de solicitar este
“consentimiento, no se hace de forma previa e informada”, como ocurrió
en el Lote (asignación gubernamental de terrenos para explotación)
número 57, donde “entraron en los pozos sin informar” a los habitantes
de la zona.
Esto ocurre, en parte, porque la legislación peruana, pese a haber
ratificado la citada Convención de la OIT, no cuenta con una
legislación que lo desarrolle y en su política de impulsar la inversión
privada, propicia que “primero se conceda la exploración de un terreno
y luego se consulte”, explicó Tamarit.
El problema es que la compañia “no quiere alcanzar un acuerdo con
los indígenas antes de estar segura” de que explotará el territorio, lo
que no se decide hasta que éste ha sido explorado (con procedimientos
que también resultan “agresivos” para el entorno) y se ha llegado a la
conclusión de que cuenta con petróleo suficiente para justificar la
inversión.
“Como no hay información ni consulta, no hay negociación, por lo que
Repsol YPF establece unilateralmente las compensaciones por daño” sin
que exista “un protocolo definido”, apuntó Tamarit en relación al
segundo bloque de “violaciones de derechos”. En este sentido, recordó
que se trata de poblaciones muy pobres y a menudo iletradas que pueden
llegar a aceptar “media docena de peonzas y un balón” como compensación
por una fuga que contamine el agua, por ejemplo.
Beneficios y desarollo
Otro de los derechos internacionalmente reconocidos de estas
poblaciones, es el que se les atribuye a participar de los beneficios
que se generen de la explotación de su territorio y elegir sus propios
caminos de desarrollo. En este sentido, Tamarit contó que, en una de
las reuniones con Repsol YPF, los responsables de la compañía hicieron
referencia a sus políticas de asistencia sanitaria.
“En 2004 desarrollaron un programa de acción social principalmente
sanitario en el Lote 90. Todas las medicinas que repartieron estaban
caducadas. Además, el médico estaba a más de cinco horas de la
comunidad”, apuntó.
También en relación con el Lote 90, Intermon Oxfam se hizo eco de
las denuncias de los trabajadores de Global Geophysical, una contrata
de Repsol YPF que, por indicación de la compañía, ha de emplear con
ocupaciones temporales a un porcentaje determinado de la comunidad en
que se instale. Este porcentaje depende de la población de dicha
comunidad. Los trabajadores denunciaron que, cuando Repsol había
prometido un pago de 800 soles al mes (unos 249 euros), la contrata
sólo pagaba unos 170 euros mensuales.
En total, Repsol YPF, presente en Perú desde 1995 opera en siete
lotes ubicados en la Amazonía, cuatro los gestiona directamente, donde
se localizan cinco áreas protegidas y donde se asientan seis pueblos
indígenas y uno en aislamiento voluntario. Su actividad, según
Intermon, “se ha traducido en una pérdida de recursos económicos y
naturales” para algunas de estas comunidades que ya son, de por sí, “de
las más castigadas” de todo el país.
Es por ello que reclaman a la compañía una “política pública,
transparente y verificable” en la que de forma expresa se comprometa
con los derechos de los indígenas” y el cumplimiento de las
Convenciones de la OIT y su artículo 169. Además, piden que se
comprometa a cumplir la legislación española especialmente en los casos
en que ésta sea más exigente que en el país de destino.
Asimismo, reivindican el desarrollo de un “procedimiento corporativo
de relación con los pueblos indígenas”, algo que por el momento, es un
documento interno “al que no se hace caso”, según Tamarit. Este
procedimiento deberá acompañarse de un plan de compensación e
indemnización en todas sus fases de actividad, incluyendo las previas a
la explotación propiamente dicha.
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