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ECUADOR - Noticia en La Jornada; Comunidades petrolizadas y militarizadas Imprimir E-mail
Miércoles, 26 de Julio de 2006 15:51


La Jornada; Comunidades petrolizadas y  militarizadas
Diario La Jornada - Mexico-  

 

Suplemento Indígena La Ojarasca

 

 

 

 

Ojarasca 111  julio 2006

 

 


 


 

Ecuador se atenquiza  
 
 
Comunidades petrolizadas y  militarizadas
 

 
 
Las comunidades de la Amazonía  ecuatoriana continúan en lucha contra las multinacionales petroleras en una  zona donde el capitalismo salvaje devasta el tejido comunitario y el ambiente,  imponiendo la presencia de las fuerzas armadas del Estado, que actúan en  complicidad con las compañías.  
 
Los vínculos entre los militares ecuatorianos y las  petroleras que operan en Ecuador no son nuevos. Una investigación de Bolívar  Beltrán y Jim Oldham, publicada en Energy Bulletin en junio de 2005,  alerta: "El peligro es que ahora que las compañías petroleras han establecido  su autoridad sobre los militares y han hecho de las tierras indígenas un  objetivo de intervención militar, es también muy fácil ejercer terrorismo  militar en apoyo de la explotación petrolera como lo fue antes en Birmania,  Nigeria y Colombia".  
 
Hoy, el blanco de los militares no son sólo las comunidades  que resisten, sino también los activistas de derechos humanos, los estudiosos  y los defensores del medio ambiente. La justicia militar se encarga de  detener, interrogar y juzgar al que considere que amenaza los intereses no del  Estado, sino de las compañías extranjeras.
   
 
 
El 19 de junio las comunidades 15  de Abril, Payamino y Punino, en la provincia de Orellana, del oriente  amazónico, tomaron las instalaciones de la petrolera francesa Perenco Ecuador  Limited, en protesta por el detrimento ecológico provocado por un tubo  reinyector de la empresa, y en demanda de compensación e indemnizaciones por  los daños ocasionados a los pobladores. Después de varias reuniones con las  autoridades y de un ir a venir de manuscritos que no resolvieron sus demandas,  las comunidades afectadas decidieron ocupar pacíficamente los alrededores de  la Estación Coca, operada por Perenco.  
 
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador informó  que los campesinos fueron reprimidos por efectivos militares y policías, con  bombas lacrimógenas y balas de goma. La represión como respuesta a las  demandas de los pobladores. La fuerza pública al servicio de los intereses  multinacionales. En la protesta, los efectivos de la fuerza pública detuvieron  a Wilman Adolfo Jiménez Salazar y a Alfonso Cango --que se hallaban en el  lugar como observadores de derechos humanos. Jiménez fue herido por el impacto  de seis balas de goma.  
 
El caso podría ser parte de la represión cotidiana que se  vive en una zona de explotación y despojo, pero tomó otra dimensión al  encausarse por la vía militar. Tras su detención, Wilman fue conducido al  Hospital Civil de Orellana y luego a la Policía Judicial de dicha provincia.  Según informes de diversos organismos de derechos humanos, lo mantuvieron  incomunicado hasta el día siguiente, cuando lo enviaron a la Brigada 19 de la  Selva Napo, a cargo del general Gonzalo Meza.  
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de  Derechos Humanos (OPDDH), programa conjunto de la Organización Mundial contra  la Tortura y de la Federación Internacional de Derechos Humanos, advierte que  los sucesos en Orellana ocurren en el marco de una ofensiva "contra los  defensores de derechos humanos, y de represión violenta de la protesta social  en Ecuador". El OPDDH reporta lo dicho por el general Gonzalo Meza, que no  deja lugar a dudas: "Los únicos responsables de esta situación son los  defensores de los derechos humanos".  
 
Quince días después de su detención, Jiménez fue puesto en  libertad bajo fianza, pero continúa el proceso en una Corte Militar, acusado  de sabotaje. La intromisión del ejército, justifican, se debe al estado de  emergencia que rige en las instalaciones petroleras, establecido en la Ley de  Seguridad Nacional.  
 
En Ecuador el debate sobre la intromisión de las fuerzas  armadas en asuntos civiles no se hizo esperar, pero resulta sorprendente que  muy pronto sea parte de lo cotidiano. "Resulta ya casi normal que petroleras y  comunidades se enfrenten alrededor de temas ambientales y que la Policía tome  partido por los más poderosos", señala César Monúfar en El  Comercio.  
 
"Lo aberrante y extremadamente peligroso del presente caso"  --continúa-- "es que Jiménez, luego de haber sido atendido en la casa de  salud, fue trasladado no al cuartel de Policía para ser juzgado por  autoridades civiles sino que, y aquí esta el problema, fue puesto a órdenes de  jueces militares".  
 
Wilman no debe ser procesado por militares ni debe permitirse  que su caso siente precedente, coinciden analistas y defensores de derechos  humanos.  
 
Existe una alarmante inseguridad para los defensores de  derechos humanos en Ecuador: "frecuentemente son objeto de amenazas de muerte,  de actos de acoso e intimidación con el fin de presionarlos a que abandonen su  servicio a la comunidad", advierte el OPDDH.  
 
Indiferentes, las Fuerzas Armadas anunciaron un juicio contra  Alexandra Almeida, presidenta de Acción Ecológica, por el delito de "injurias  calumniosas", por sus reclamos por la detención de Wilman Jiménez. En un  boletín de dicha organización, Almeida advierte que un juicio en su contra  "sólo develará el vínculo existente entre las fuerzas armadas y las empresas  petroleras que contaminan sin límite la Amazonía".  
 
Tiene razón. Si continúa el debate y si el ejército no  retrocede, saldrán a relucir más casos donde las Fuerzas Armadas se pusieron  al servicio de las transnacionales que cometen "delitos ambientales en la  Amazonía, contaminando los suelos y matando a la población debido, por  ejemplo, a la proliferación de casos de cáncer".
   
 
 
Un informe de la Oficina de  Derechos Humanos de Orellana, advierte que Perenco "tiene conflictos con casi  todas las comunas y comunidades a su alrededor y a casi todas las amenaza con  la fuerza pública o con enjuiciarlas". Las comunidades 15 de Abril y Payamino,  mantienen varios reclamos ante Perenco, por la mala operación de los pozos  Coca 18-19 y por el pozo Puninio 1.  
 
Ante el mal funcionamiento de las petroleras, las comunidades  hicieron denuncias ante la Dirección Nacional de Protección Ambiental  (Dinapa). Nunca obtuvieron respuesta satisfactoria. El 20 de abril, los  representantes de 15 de Abril y Payamino señalaron ante Dinapa: "la falta de  respuesta la consideramos una aceptación de nuestra petición, por lo que  exigimos una respuesta inmediata a lo solicitado. En caso contrario tomaremos  las medidas pertinentes para hacer valer nuestros derechos que tenemos como  comunidades afectadas".  
 
El 29 de mayo respondió Dinapa, señalando que la empresa  operadora cumplía con todos los estamentos legales. Las comunidades  cuestionaron: "¿El no haber tomado las precauciones para evitar que se  produzcan represas por falta de alcantarillas y producto de ello se hayan  producido enfermedades, no es violar los derechos de las personas? ¿El que no  se haya procedido de acuerdo al artículo 73 del RAOH, y producto de esta  negligencia se hayan producido quemaduras en varios niños y adultos de las  comunidades, no es incumplir con la legislación nacional ambiental y violar  los derechos humanos?"  
 
El 2 de junio se presentó un ingeniero de Perenco, junto con  un intendente de la policía de Orellana, a entregar un comunicado de la  empresa. "El documento constituye un insulto y una amenaza. Se reitera que esa  empresa no nos indemnizaría porque la Dinapa había fallado en su favor",  señalan las comunidades. Al mismo tiempo, se militarizó el campo Coca y se  hostigó a la población.  
 
Ante el agravio, los insultos y la burla, las comunidades de  Orellana decidieron tomar pacíficamente las instalaciones de Perenco, y el  debate sigue.
 

 

Gloria Muñoz Ramírez  

 


 



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La Jornada; Comunidades petrolizadas y militarizadas
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