Batalla legal entre DD.HH. y militares
EL
COMERCIO
7 de julio del 2006
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Batalla legal entre DD.HH. y militares
Redacción Judicial
La liberación del activista de Derechos Humanos Wilman Jiménez
desencadenó una batalla legal entre los defensores y las fuerzas
militares.
Mientras la Justicia Militar sigue el caso penal por supuesto sabotaje
en contra del defensor de DD.HH., los activistas esperan la
comparecencia del general Gonzalo Meza, comandante del IV Distrito del
Ejército, el 13, para que aclare por qué hubo un presunto desacato de
la libertad por el Hábeas Corpus de Jiménez.
El defensor fue enjuiciado luego de ser detenido, el 19 de junio, en
medio de una protesta de las comunidades 15 de Abril, Payamino y
Punino, en contra de la petrolera Perenco para que mejore las
condiciones ambientales. Él recibió seis impactos de bala de goma
mientras realizaba fotografías de la protesta y la reacción militar en
el campo Coca-Payamino.
Luego de 15 días de detención, el activista fue liberado el miércoles
último, a las 15:30, luego del pago de una fianza por parte del
gobernador, Ángel Aldana.
Pero este caso, que convulsionó a Orellana, no ha terminado. A más del
juicio militar y la comparecencia de dos autoridades, las Fuerzas
Armadas decidieron enjuiciar a la presidenta de la organización Acción
Ecológica, Alexandra Almeida. El motivo, según la denuncia firmada por
el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, es presuntas injurias a las
FF.AA. al asegurar que la detención de Jiménez fue ilegal.
Ayer, Almeida rechazó la acusación del titular de Defensa. “Nosotros
no hemos injuriado a las Fuerzas Armadas, nosotros defendemos los
DD.HH. de los afectados por las actividades petroleras”.
Por su parte, Luis Saavedra, de Inredh, dijo que Jiménez sí fue
detenido ilegalmente y que desapareció por dos días, luego de su
detención porque no se cumplieron normas de procedimiento.
El abogado defensor de Wilman Jiménez, Ramiro Román, aseguró que los
responsables de esa desaparición de dos días son los altos jefes
militares. “Jurídicamente tienen que responder por la detención ilegal
y el por qué no se cumplió una orden de libertad, eso se llama
desacato y es un delito”, dijo el penalista. Román, además, pidió que
el caso de Jiménez pase a la justicia común.
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