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Tribunal ético y popular de juzgamiento a la empresa Chevron-Texaco Imprimir E-mail
Viernes, 09 de Diciembre de 2005 11:11
VEREDICTO:
En la ciudad de Francisco de Orellana, en la amazonía ecuatoriana, el día 22 de octubre del 2006, a las 15H00, el Tribunal Ético y Popular de Juzgamiento convocado para analizar los impactos socio-ambientales y la violación de derechos humanos, por las actividades de la empresa petrolera Texaco (hoy Chevron) en el Ecuador, y conformado por la Dra. Susana Cordero, ecuatoriana, el Dr. Andrés Barreda, mexicano, el Sr. Gregg Muttitt, inglés, el Dr. Raúl Moscoso, ecuatoriano y Monseñor Gonzalo López Marañón, ecuatoriano, quien lo preside, luego de sus deliberaciones, pone a conocimiento de la opinión pública nacional e internacional el siguiente veredicto.
Antecedentes y procedimiento:

 

Este tribunal, cuyo mandato ético está fundamentado en la voluntad expresa del pueblo que lo ha convocado, ha actuado de manera objetiva e imparcial y ha observado el siguiente procedimiento ad hoc:
  1. El Tribunal ha escuchado a las partes en Audiencia Pública desarrollada el día viernes 20 de octubre ante quinientas personas, delegadas y delegados de organizaciones y movimientos sociales nacionales e internacionales.
  2. Durante la Audiencia, este Tribunal ha garantizado el debido proceso, especialmente el derecho al libre y pleno ejercicio de la defensa de las partes. Para ello, ante la excusa de la empresa Chevron Texaco de presentarse a esta audiencia, el Tribunal nombró como defensor de oficio al Dr. Robert Flores. Por su parte, los demandantes actuaron con sus abogados defensores, los Abogados: Nieves Solórzano y Juan Pablo Sáenz. Se han respetado de manera rigurosa los tiempos para alegatos y réplica de las partes.
  3. Luego de la Audiencia, los miembros del tribunal han considerado los argumentos de hecho y de derecho, así como las pruebas aportadas por cada una de las partes, entre las cuales se ha destacado el testimonio de varios testigos. El tribunal ha tenido también acceso a informes periciales y otros documentos de prueba que han permitido el análisis detallado de los hechos y de sus consecuencias en el período comprendido entre 1964 hasta el mes de Octubre de 2006.
El Tribunal previamente a dictar su resolución, deja constancia de que este es un acto extraordinario, que reivindica el poder de los pueblos para convocar a ciudadanos y ciudadanas de diferentes lugares del mundo a hacer justicia frente a violaciones de derechos humanos que no reciben justa respuesta de parte de las cortes regulares. Así también este es un Tribunal excepcional pues enfrenta a una colectividad indígena-campesina y rural de un pequeño país de América del Sur contra una de las más grandes empresas petroleras transnacionales del mundo. Por esta razón, el Tribunal ha incluido en sus consideraciones tres grandes aspectos: derechos y obligaciones de Texaco, derechos y obligaciones del Ecuador e implicaciones internacionales de este caso. 

Con las pruebas aportadas por las partes y las investigaciones realizadas el 

TRIBUNAL ETICO Y POPULAR DE JUZGAMIENTO A LA EMPRESA CHEVRON­TEXACO

 

CONSIDERANDO: 
  1. Que la Texaco obtuvo el derecho de explorar y explotar petróleo en el Ecuador en el año 1964, con la ventaja para la compañía de negociar con un Estado que no conocía sobre los efectos sociales, culturales y ambientales negativos que se derivarían de la aplicación de las tecnologías exploratorias y extractivas de la época. Aunque el país si disponía de una normativa de protección ambiental, no existían normas que regulen adecuadamente las actividades técnicas de la extracción del petróleo.

  2. Que la Texaco, en el período comprendido entre 1964 y 1990, empleó una de las tecnologías de exploración y explotación más económicas de la época, reñida incluso con las normas ambientales vigentes en los Estados Unidos de Norteamérica, al momento de celebrar el contrato con el Estado ecuatoriano. Que por lo mismo construyó sin seguir las directrices elementales de la época aproximadamente 1000 piscinas para depósito de aguas de formación y de sustancias químicas nocivas, las mismas que no evitaron ni contuvieron la contaminación de las tierras, aguas y aire de la región sino que la propiciaron.
  3. Que la contaminación causada por la exploración, explotación y transporte petrolero de otras compañías nacionales y extranjeras, en este período o luego de él, no liberan a la Texaco de sus propias responsabilidades, y que el uso de este argumento por parte de la compañía demandada constituye un intento fraudulento e inaceptable de evadirlas ante este Tribunal.
  4. Que la acción de reparación de daños ambientales, en virtud de que los mismos constituyen violaciones de derechos humanos, es imprescriptible en razón del carácter difuso en el tiempo, en el espacio y en el universo de las personas afectadas y que la responsabilidad de la empresa en materia de destrucción ambiental no esta ceñida sólo al momento de la remediación realizada entre 1995 y 1998, (periodo en el que se celebra el contrato de remediación y suscripción del acta de liberación de responsabilidades entre Texaco y el estado ecuatoriano) sino que se extiende hasta el presente y el futuro mientras no ocurra una reparación integral en relación con todos los derechos humanos violentados.
  5. Que 30 mil hombres, mujeres, niños y niñas sufrieron y continúan sufriendo desde hace 40 años, el impacto negativo en sus tierras, aguas, salud y vivienda de las operaciones de la Texaco en el Ecuador. Que los vestigios actuales de ésta destrucción y contaminación -verificables en las zonas cercanas a los pozos de producción, estaciones de bombeo, ductos, poliductos y sitios de almacenamiento, por la presencia de químicos nocivos en la tierra, el agua y el aire- revelan la responsabilidad ineludible de la compañía respecto de los daños sociales y ambientales causados en la amazonía ecuatoriana, los mismos que continúan hasta el día de hoy.
  6. Que Texaco actuó lesivamente en una región nacional particularmente vulnerable por su diversidad cultural y biológica, esto es, en el norte de la amazonía ecuatoriana, ocasionando la destrucción de un medio ambiente estratégico nacional (por su biodiversidad y su agua), yendo en contra de leyes vigentes (Ley de Yacimientos de 1921, Código de la Salud y Ley de Hidrocarburos, los dos emitidos en 1971, la Ley de Aguas de 1972, la ley de Prevención y de Control de la Contaminación Ambiental de 1976, a lo cual se debe sumar que el Contrato del consorcio Texaco-Gulf, con el Estado ecuatoriano en su cláusula 46.1 prohibía tajantemente la contaminación medioambiental).

  7. Que las operaciones de la compañía Texaco ocasionaron la merma sistemática y dramática de cuatro pueblos indígenas de la zona, los Sionas, Secoyas, Waorani y Cofanes; e incluso la desaparición del pueblo Tetete (del cual irónicamente hoy sólo sobrevive el nombre de un campo petrolero). Que en virtud de ello, la diversidad cultural del mundo entero pierde.
  8. Que este impacto destructivo y los daños ocasionados todavía están presentes en la actualidad (octubre del 2006) y que los datos sobre la cantidad de crudo arrojado al ambiente por la Texaco dan a la contaminación producida en esta zona el carácter de la mayor catástrofe ecológica de la historia nacional y una de las peores a nivel mundial.
  9. Que uno de los problema de fondo es la perdida de la soberanía nacional del Estado ecuatoriano, por la forma en que el gobierno de Estados Unidos intentó imponer al primero, como condición necesaria para el inicio de negociación de un TLC el cese al juicio actualmente abierto en contra de Texaco, intentando que el poder ejecutivo se inmiscuya directamente sobre el poder judicial violentando el principio constitucional de separación de poderes; y que en este sentido está en juego la capacidad o incapacidad del Estado ecuatoriano para controlar dentro de su territorio la actividad de empresas transnacionales extranjeras; por la manera en que en este juicio también está en juego la posibilidad de que el Estado ecuatoriano corrija de raíz el estado crónico de indefensión en que ha vivido a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI.

  10. Que la lógica perversa aplicada por la empresa Texaco en Ecuador ­consistente en desplazar población, desaparecer y mermar pueblos indígenas, destruir el medio ambiente, firmar actas fraudulentas, violar leyes y normas ambientales, evadir impuestos, otorgar programas de asistencia caritativa a las comunidades y establecer ligas y manipular a las élites de poder político local y con el poder militar- es exactamente la misma lógica que siguen la mayor parte de las empresas transnacionales de los países del norte dedicadas a la extracción de recursos naturales de los países del Sur.

  11. Que las asimetrías de poder existentes entre los pueblos y naciones afectados y las empresas transnacionales inciden en la falta estructural de acceso de los pueblos a los mecanismos elementales de la justicia, y a que el principio de celeridad, eficacia y oportunidad de la protección judicial no ha sido considerado en los 13 años en que las 30,000 víctimas continúan esperando justicia.

  12. Que no solo se está juzgando la buena o mala aplicación de la tecnología petrolera; sino que también se están juzgando los mecanismos políticos y jurídicos defectuosos que durante 30 años permitieron efectuar acciones ilegales y la nula aplicación de cualquier principio de precaución.

  13. Y que en este Tribunal Ético y Popular que las organizaciones sociales de Ecuador realizan en contra de Texaco, una cuestión central es el reconocimiento y acceso efectivo a los derechos humanos que han sido violados por las actividades de esta empresa, derechos sobre los cuales el Estado ecuatoriano es también responsable y garante a nivel nacional e internacional, y en particular en consideración de:

 

a) Que desde el 23 de marzo de 1976 está vigente en el Ecuador el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (PIDSP), por el cual el Estado ecuatoriano ha reconocido y ratificado con la comunidad internacional, el derecho a la libre determinación de los pueblos y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales (Art. 1. 1 y 1.2) con el fin de garantizar el derecho a la vida (Art. 6) y todos los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas. 

b) Que de igual manera, desde el 18 de julio de 1978 está vigente en el Ecuador la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la cual el Estado ecuatoriano ha reconocido a nivel nacional e internacional el derecho a la vida (art.4) sin discriminación por ninguna causa (Art.1), y en relación directa con estos derechos, el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, los mismos que están explícitamente mencionados en el Art. 11.1 y Art. 11.2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, vigente desde 1999.

c) Que el derecho a la salud integral, y a un medio ambiente sano es un derecho por el cual el Estado ecuatoriano debe rendir cuentas a nivel internacional y exigir que las empresas que actúan en su territorio, rindan cuentas, desde enero de 1976, ya que se encuentra establecido en el Art. 12. 1 y 12.2.b) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

d) Que el Estado ecuatoriano debe responder a la comunidad internacional y a sus ciudadanos por la violación del Art. 1 sobre discriminación racial, conforme a la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, vigente en el Ecuador desde enero de 1969. Esta responsabilidad general se relaciona también con el Art. 4 del Convenio 169 de la OIT que hace referencia al derecho a medidas especiales para salvaguardar el medio ambiente de los pueblos indígenas; y al derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas- Art. 6 del Convenio 169 OIT, el mismo que está vigente en el país desde 1999.

e) Finalmente, que el Estado ecuatoriano tiene responsabilidad internacional para garantizar el derecho a una protección judicial efectiva de acuerdo al Art. 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos, desde 1978 así como conforme al Art. 2.3 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (PIDSP), desde 1976.

Los miembros del Tribunal, de manera unánime y en cumplimiento de su mandato ético y político, en representación del pueblo que lo ha convocado, resuelven:
  1. Denunciar y reprobar las maniobras y artimañas utilizadas por la empresa demandada, para dilatar de forma innecesaria el juicio que los 30.000 afectados y afectadas siguen en su contra y de esta forma evitar ser sancionada y obligada a reparar el daño causado así como para permitir que éste tipo de saqueos continúen ocurriendo en el Ecuador y en todos los países del Sur. Denunciar que el acceso lento e inoportuno a la justicia viola principios expresos de derechos humanos, y que un proceso legal que lleva ya más de trece años ha probado la paciencia de la gente a favor de la chequera de la empresa.

  2. Denunciar y reprobar la participación activa de las fuerzas armadas en beneficio de la empresa demandada, protegiendo a sus abogados y sus bienes y perdiendo de esta forma el sentido de su esencia como garante de la soberanía nacional, y de la vida y bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas, misión central de su existencia en el Ecuador, para reducirse al servicio pagado de dar seguridad a una empresa transnacional.

  3. Condenar a la compañía Chevron Corporation (Texaco) a reconocer el daño causado, a pedir disculpas y perdón a los pueblos amazónicos; y, a reparar y remediar el ambiente contaminado como consecuencia de sus operaciones en el Ecuador, reconociendo además que la defectuosa remediación llevada a cabo a causado más daños, los mismos que se mantienen hasta nuestros días y deben ser reparados de manera inmediata e integral.

  4. Condenar a la compañía Chevron Corporation (Texaco) a indemnizar a las víctimas humanas de la contaminación producida por las operaciones en el Ecuador de esta empresa.

  5. Condenar a la demandada a realizar obras de compensación, efectivas, reales y justas a favor de las comunidades afectadas por la contaminación producida por las actividades petroleras de Texaco en el Ecuador; para cuyo efecto las comunidades deberán conformar comisiones que determinen cuáles son las obras de compensación y en qué lugar se las debe realizar.

  6. Exhortar a la Fiscalía General de la Nación, a agilitar el trámite de acciones penales por el supuesto fraude cometido por la empresa demandada tanto en el momento de celebrar el contrato con el Estado ecuatoriano, como por la manera que realizó el trabajo de remediación y suscribió las actas de liberación de los pasivos ambientales

  7. Exhortar a la ciudadanía del mundo a que se abstenga de consumir productos de la Chevron Corporation (Texaco) mientras ésta no repare integralmente las diversas violaciones de derechos humanos en que ha incurrido en el Ecuador, en especial en relación con el derecho a la vida, a la salud, a un medio ambiente sano, a la no discriminación y a la protección judicial. En especial, este Tribunal exhorta a Texaco (Chevron) a que remedie y reponga el medio ambiente e indemnice a las víctimas y realice obras de compensación a las comunidades afectadas por sus operaciones en el Ecuador

  8. Recomendar a la opinión pública internacional la creación de una instancia de observación internacional, de carácter jurídico, técnico y social, a fin de vigilar y garantizar la efectiva defensa y vigencia de los derechos humanos de los pueblos habitantes en la Amazonía Ecuatoriana, y en particular de las 30,000 victimas que llevan más de 13 años luchando por que se haga justicia en este caso.

  9. Recomendar a la sociedad civil del Ecuador y en particular a sus instituciones educativas y de investigación pública, así como a los organismos de derechos humanos y de observación nacional e internacional, que inicien un proceso de investigación profundo y cuidadoso sobre la posible conexión que la empresa Texaco haya podido mantener con el Estado ecuatoriano y con las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) al momento en que ambas promovieron los procesos de colonización de la región amazónica reforzando los procesos de destrucción ambiental y étnica que ya realizaban las actividades de prospección petrolera en el lugar.

  10. Conminar a la ciudadanía en general y organizaciones sociales del Ecuador, que no permitan nunca más ninguna empresa nacional o extranjera a cuenta de extraer recursos naturales o generar riquezas causen un sufrimiento humano y un daño, ambiental, social, cultural y ecológico como el que causó Texaco. En particular, exigir al Estado ecuatoriano que garantice que en el presente y el futuro este tipo de violaciones de derechos humanos no vuelvan a suceder.

 


Para constancia de lo actuado, suscriben este veredicto:

Monseñor Gonzalo López Marañón
Presidente

Dra. Susana Cordero
Jueza

Señor Gregg Muttitt
Juez

Andrés Barreda
Juez

Doctor Raúl Moscoso
Juez

Dra. Juana Sotomayor
Secretaria