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ECUADOR - Presentan demanda de inconstitucionalidad para evitar explotación del Yasuní Imprimir E-mail
Petróleo en Latinoamerica - Ecuador
Miércoles, 28 de Mayo de 2014 14:26

SERVINDI

ECUARUNARIAnte el rechazo por parte del Gobierno de las firmas para un referéndum sobre la explotación petrolera en el Parque Yasuní, la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) presentó el pasado 15 de mayo una demanda de inconstitucionalidad para detener la iniciativa extractiva del Gobierno.
La demanda de Ecuarunari plantea la inconstitucionalidad de una declaratoria de la Asamblea Nacional que en octubre del año pasado consideró de "interés nacional" la explotación de los bloques 31 y 43, ubicados en el Yasuní.
Esta acción exige como medida cautelar que se suspenda la actividad en los referidos bloques para evitar "delitos de etnocidio y ecocidio y otros derechos individuales y colectivos garantizados en la Constitución y tratados internacionales", aseguró la organización en un comunicado.
Asimismo, la demanda se basa en el artículo 57 de la Constitución de Ecuador, que dispone que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario "son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva".
Para Ecuarunari esta demanda es una respuesta a "la negativa del Gobierno ecuatoriano y del Consejo Nacional Electoral (CNE) de realizar una Consulta Popular".
Esto en referencia al rechazo por parte del organismo electoral de gran cantidad de las firmas acopiadas para un referéndum sobre la actividad petrolera en el parque.
"Más de 500 mil voluntades fueron eliminadas, tras un proceso que no tenía ninguna garantía de transparencia y democracia manera", señaló la organización.
En otros aspectos, la demanda se refiere al presunto incumplimiento por parte del Gobierno de las medidas cautelares que concedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los indígenas.
El presidente de Ecuarunari, Carlos Pérez, aseguró que con las acciones presentadas los indígenas están agotando las instancias nacionales para después acudir a cortes internacionales.
"La explotación en zonas intangibles está vedada. Si se hace eso sería un ecocidio, etnocidio y genocidio que no solo sería llevado a la CIDH, sino a la Corte Penal de La Haya", afirmó el líder indígena.
"Doble moral"
Carlos Pérez consideró que el Gobierno actúa bajo una "doble moral" en el tema del Yasuní, porque inicialmente, cuando buscaba respaldo para evitar la explotación del parque, aseguró en ámbitos internacionales que en la zona había indígenas en aislamiento.
Sin embargo, el Gobierno cambió su discurso al punto de negar ante la Asamblea la presencia de indígenas en las zonas donde se explotará petróleo, cuando se debatía la declaratoria de interés nacional para extraer hidrocarburos en el área natural protegida.
En el mismo sentido, un informe del Ministerio de Justicia del año pasado, entregado a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, aseguró que tras 244 patrullajes fluviales y terrestres así como otros medios de monitoreo en el parque, no se encontró evidencias de la presencia de indígenas.
"(...) se puede concluir que, en el período observado, no existe registro radial, ni alertas en territorio sobre una posible presencia o avistamientos de miembros de pueblos indígenas en aislamiento" concluyó el estudio.