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ECUADOR - ONU pide poner fin a violencia entre indígenas Imprimir E-mail
Petróleo en Latinoamerica - Ecuador
Miércoles, 22 de Mayo de 2013 11:27

El Comercio

Orellana-Despues-contactados-manifestacion-COMERCIO_ECMIMA20130517_0046_6El pronunciamiento se emitió ayer y ocurrió 50 días después de la matanza de al menos 30 taromenane (no contactados) en la reserva Yasuní en la Amazonía. El relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, James Anaya, pidió el fin de la violencia entre los indígenas huaorani y tagaeri-taromenane.
En el documento se precisa que información recibida por el relator, en efecto, ratifica que "varios miembros del pueblo taromenane resultaron muertos a finales de marzo en esa reserva de la provincia de Orellana en un ataque de indígenas huaorani".
El hecho toma nuevos matices, pues el miércoles en Carondelet se efectuó una reunión sorpresiva: el presidente Rafael Correa invitó al obispo de Riobamba, Julio Parrilla, quien el 24 de abril suscribió un comunicado en nombre de la Iglesia católica en la Amazonía, el cual exigía parar el "desangre en la selva". También acudieron Juan Carlos Andueza, del Vicariato de Aguarico; y Milagros Aguirre, directora de la Fundación Alejandro Labaka. Ellos dialogaron con el Presidente y con el fiscal Galo Chiriboga; con autoridades de la Gobernación de Orellana, del Ministerio de Justicia, de la Procuraduría, entre otros. La Fiscalía lo confirmó ayer.

El Gobierno manifestó que no se ha pretendido ocultar la masacre, como han cuestionado colectivo sociales de Orellana, solo que "no sabe la dimensión" del ataque.
En la Fiscalía se señaló que la reunión se hizo para coordinar acciones entre el Ejecutivo y la Fiscalía y otras instituciones que tienen relación con el manejo de territorio, salud, educación, y que están vinculados con los derechos sociales de los pueblos huaorani y de los taromenane.
¿Por qué Carondelet escucha a las voces críticas por la matanza 50 días después? ¿La presión internacional incide? Hace 15 días, el Relator de la ONU mantuvo una videoconferencia con las autoridades de Gobierno y del sistema judicial. Ocurrió en el Ministerio de Justicia y allí también estuvieron delegados de la Fiscalía. En la cita de anteayer participó el misionero capuchino Miguel Ángel Cabodevilla, quien durante 29 años se ha dedicado a la protección de los pueblos vulnerables dentro y fuera del Yasuní. Lo hizo a través de videoconferencia, desde la Embajada de Ecuador en España. "En lo referente a la actuación de la Fiscalía insistí en que no es un tema fiscal al uso, aunque es lógico que intervengan. Sin embargo, es evidente que no están siendo muy eficaces, ni menos rápidos (en la investigación de la última matanza)", dijo ayer, vía correo electrónico, a EL COMERCIO.
"¿Cómo puede ser que estén las niñas, que las fotos y videos de la matanza corran por Coca y sigan hablando de presunta (matanza)?", insistió el misionero que trabajó con Alejandro Labaka.
Este Diario buscó -por e-mail- una versión de Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, quien también participó en la reunión. Pero no hubo respuesta.
"Sabiendo que estamos hablando de una labor compleja, todo lo que ha sucedido es una muestra de las fallas de la aplicación actual en el sistema de Medidas de Protección. Ocurrió algo para que mataran a Ompure y Buganey y todavía no se sabe; nadie intervino eficazmente después de su muerte para evitar la venganza; han pasado dos meses y no tenemos ninguna medida eficaz en torno al tema", enfatizó Cabodevilla.
Este Diario conoció que luego de la reunión reservada, Correa se comprometió a tomar medidas para precautelar la vida de los taromenane e investigar lo ocurrido. Para el efecto, se conformó una comisión interinstitucional, que se nutrirá de la información recabada por los misioneros capuchinos, la Fundación Labaka, etc.
La tarde de ayer, la ONG Amazonía por la Vida emitió un comunicado sobre la masacre y solicitó que se investiguen tanto las muertes de los ancianos Ompure y Buganey, como la muerte del grupo que permanece en aislamiento.
En su informe, el primero tras los hechos del 26 de marzo, el Relator de la ONU pidió el Estado ecuatoriano que adopte "todas las medidas de protección necesarias en el máximo interés" de las dos menores de edad que fueron secuestradas por indígenas que habrían asesinado a sus padres.
Según Anaya, "ningún crimen cometido puede quedar impune" Y exhorto a las autoridades a que "procedan con la urgencia del caso y lleven a cabo una investigación a fondo en coordinación con el pueblo huaorani y el apoyo de peritos antropólogos".
Qué dice el pronunciamiento de la ONU
En cuanto a las  dos niñas Taromenane retenidas, el Relator señaló que corresponde al Estado adoptar las medidas de protección en el máximo interés de las menores.
Según Anaya,  la protección empieza por su salud física y psicológica y la preservación de su cultura, de acuerdo con los estándares internacionales.
El experto  recomienda adoptar las medidas necesarias de protección de estos pueblos conforme a la Constitución de Ecuador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las Directrices de Protección para los pueblos.
El relator reitera  que se debe respetar el principio de no contacto, lo cual implica implementar políticas públicas que protejan sus espacios vitales y preserve de presiones de empresas extra
Relator Especial de Naciones Unidas
El 26 de marzo de 2008,  el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombró a James Anaya (Estados Unidos) como el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas por un período inicial de tres años.
El mandato  de James Anaya se renovó por tres años más en el 2011 y finalizará en el 2014. Anaya es catedrático de derechos humanos en la Universidad de Arizona (Estados Unidos).
Se graduó de la Universidad de Nuevo México como bachiller en 1980 y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard como doctor en 1983. Se especializó en Derecho Internacional de DD.HH, Derecho Constitucional y asuntos relacionados a Derechos de Pueblos Indígenas.
Se ha desempañado  como asesor de organizaciones y agencias gubernamentales en temas relacionados a los derechos de pueblos indígenas.