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ECUADOR - Unidad Plurinacional respetará decisión de la CIDH sobre Sarayaku (Alberto Acosta) Imprimir E-mail
Petróleo en Latinoamerica - Ecuador
Jueves, 22 de Noviembre de 2012 15:22
Unidad Plurinacional respetará decisión de la CIDH sobre Sarayaku

Alberto Acosta,
Candidato presidencial de la Unidad Plurinacional
Quito, 25 de octubre de 2012

En mi papel de candidato a la Presidencia de la República, considero necesario emitir un pronunciamiento y posicionamiento sobre tres temas centrales: el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la sentencia y las medidas de reparación.

El ejercicio de la defensa de los derechos humanos ha salvado vidas, ha permitido abrir espacios democráticos ha combatido y combate la impunidad asegurando la verdad, justicia y reparaciones a las víctimas. En este contexto, los derechos indígenas, los derechos ambientales, los derechos de los defensores de derechos humanos son fundamentales y recuerdan permanentemente que la llamada razón de Estado tiene límites, que la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la población tiene expresiones interculturales propias y que la defensa de la naturaleza interesa -o debe interesar- y afecta a toda la humanidad.

La CIDH ha sido un instrumento fundamental para la protección de los derechos humanos y seguirá siéndolo, en la medida en que se consolide su trabajo e independencia, sea apoyada por las sociedades civiles en los diferentes países y en la medida en que los Estados asuman sus sentencias y resoluciones que son de obligado cumplimiento. Por eso se alzan voces potentes y comprometidas con los cambios civilizatorios en el mundo, como la de Boaventura de Souza Santos, quien con razón reclama, "que en el continente americano la medida más urgente es impedir la reforma de la CIDH en curso".

- En la sentencia de la Corte sobre el caso Sarayaku, se declaró "la responsabilidad internacional del Estado Ecuatoriano por la violación en contra del Pueblo de Sarayaku, de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural, a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de nuestro pueblo."

 

El pueblo de Sarayaku ha dado ejemplo en demostrar que tiene un plan de vida distinto. En donde el Kawsak Sacha, la Selva Viviente es todo, cada montaña, cada río, y en donde los grandes árboles se intercomunican y permiten penetrar en el mundo de la sabiduría y en la cosmovisión sublime del aprendizaje metódico. Aquí se contrapone la noción de Frontera de Vida con la de la frontera petrolera.

 

Sarayaku invitó a la Corte a pensar en las diferencias comunitarias, en los símbolos, en la noción de lo sagrado en relación a la naturaleza. Ese aprendizaje es un nuevo patrimonio que se incorpora a otros que desde diferentes pueblos nos orientan a pensarle a la naturaleza ya no como objeto, sino como sujeto.

 

La recuperación del pensamiento ancestral indígena en la Constitución de Ecuador que reconoció a la naturaleza, Pachamama o Madre Tierra, como sujeto de derechos, es luego de estos quinientos años un acontecimiento de emancipación del lastre colonial. La causa de Sarayaku ha estado enfocada en esta visión sobre la naturaleza, y es esa la que debe guiar nuestras reacciones y aprendizajes.

 

Adicionalmente, el caso Sarayaku permite contrastar dos opciones en materia petrolera: la opción por la explotación petrolera en territorios indígenas, que puede resumirse en sacrificar derechos para generar recursos que permitan proteger derechos; frente a la opción propuesta desde el movimiento indígena, que es proteger derechos para hacer frente, democrática y multiculturalmente, a la obligación de satisfacer progresivamente los derechos de todos y todas.

 

La sentencia de la Corte debe ser mirada en su integralidad, se propone la consulta, pero no solamente como un proceso de socialización de la información.

 

Los procedimientos internacionales de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas (artículos 10, 19, 29.2 y 32) reivindican el consentimiento cuando una actividad "amenaza provocar desplazamientos, implica el almacenamiento de materiales peligrosos en sus territorios o cuando se trata de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que pudieran tener un impacto mayor en los territorios indígenas con impactos sociales, culturales y ambientales significativos".

Para quienes conocemos los impactos de las actividades hidrocarburíferas, sabemos que esas condiciones descritas por el relator indígena como criterios fundamentales para requerir un consentimiento, se dan en las operaciones petroleras. En este sentido, es inadmisible el nuevo decreto 1247 que reglamente la consulta para actividades hidrocarburíferas, pues justamente desconoce cualquier espacio para el consentimiento. Esto también ocurre con el decreto 1040 que siendo un reglamento de participación social pretende regular la consulta en general, desnaturalizando este derecho.

 

En lugar de procedimientos desgastados a nivel institucional, que se basan en la desconfianza al pueblo y mezquinan derechos, valdría la pena desarrollar y avanzar desde el modelo de consulta interna que varios pueblos en Latinoamérica vienen impulsando bajo la denominación de consultas comunitarias, pues sin duda abren caminos para desarrollar -en apego a los principios del derecho-, verdaderas formas de participación y consulta.

 

- Sobre las Medidas de reparación, la CIDH ha desarrollado la jurisprudencia sobre reparación y ha establecido 5 dimensiones de la reparación: La restitución, la indemnización, la rehabilitación, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición.

 

La reparación representa restituir derechos que han sido violados, en este caso el derecho del pueblo de Sarayaku a decidir cómo manejar su territorio. En cualquier Estado, pero más aún en un Estado como el ecuatoriano que se ha reconocido como intercultural y plurinacional, este tipo de resoluciones deberían son mandatorias.

 

En cuanto a la indemnización que es una compensación monetaria por daños y perjuicios, incluyendo el daño material y el daño moral. Es una garantía saber que Sarayaku es un pueblo organizado, que evitará que esto se convierta en motivo de fraccionamientos internos. Allí la visión de futuro es fundamental, la voz de las autoridades tradicionales se respeta y la acción comprometida de los jóvenes está siemprepresente.

 

La demora en la aplicación de la sentencia es una nueva fuente de maltrato que sin duda afecta la rehabilitación. Finalmente tanto las medidas de satisfacción, que tienen que ver la sanciones a los responsables tanto de las agresiones como de las omisiones, como las garantías de NO repetición son medidas que ayudan a evitar que las violaciones se repitan.

 

Considero absolutamente oportuno demandar la suspensión de actividades denominadas de consulta en el sur de la Amazonía, pues esas operaciones se realizan con idénticos procedimientos a aquellos que provocaron este caso: falta de consulta, ruptura del diálogo, desconocimiento de formas de vivir y entender los territorios. El planteamiento del presidente Rafael Correa es tramposo: dejar todos los ingresos petroleros de la explotación petrolera en el sur de la Amazonía en la región. Es más resulta una tontería destrozar una región, en términos ambientales y sociales, para luego tratar de remediar los problemas generados por la extracción de crudo.

 

Quiero terminar asumiendo un compromiso público de aceptación en el próximo gobierno de la Unidad Plurinacional con las varias medidas dispuestas por la Corte, tanto aquellas que buscan remediar las situaciones de grave riesgo para la vida, como es el retiro de los explosivos, como aquellas que buscan prevenir la reiteración de las violaciones de derechos de los pueblos indígenas en el Ecuador.


¡Todo para la Patria, nada para nosotros!

 

Alberto Acosta
Candidato presidencial de la Unidad Plurinacional