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Petróleo en Latinoamerica -
Ecuador
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Domingo, 31 de Enero de 2010 22:00 |
CIDH entrega a Ecuador sus conclusiones en disputa con indígenas de
Sarayaku
Washington, 29 ene (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) entregó a Ecuador un informe, cuyo contenido es de
momento confidencial, sobre la disputa entre Quito y el pueblo Kichwa
de Sarayaku, al que el Gobierno presuntamente no consultó al autorizar
a una petrolera argentina a explotar su territorio.
La CIDH anunció el pasado día 26 al pueblo indígena Kichwa de Sarayuka,
al Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y al Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que había aprobado el
informe de fondo y que lo había entregado al Gobierno ecuatoriano,
informó hoy el CEJIL en un comunicado.
El informe de fondo incluye las conclusiones y recomendaciones de la
CIDH acerca de este caso, que data de 1996 cuando Ecuador firmó un
contrato con la empresa privada argentina Compañía General de
Combustible (CGC) para la exploración y explotación petrolera en una
zona que afecta al territorio del pueblo Kichwa de Sarayaku.
Esta comunicad indígena, ubicada en la provincia amazónica de Pastaza,
en el centro-sur de la región amazónica ecuatoriana, denunció ante la
CIDH que la firma de ese contrato se hizo sin consulta previa con el
pueblo Kichwa de Sarayaku y sin su consentimiento.
En defensa de la propiedad de sus tierras, el pueblo de Sarayaku se
opuso a la presencia de la compañía en su territorio, a pesar de lo
cual trabajadores petroleros entraron a la comunidad acompañados de
patrullas militares fuertemente armadas, indica el CEJIL.
De acuerdo con los denunciantes, las actividades de la petrolera han
implicado, entre otras cosas, la tala de bosque, la movilización de
tierra, vegetación y materiales, la colocación y detonación de
explosivos, y la construcción de helipuertos y campamentos, así como
amenazas y violencia en contra de miembros de la comunidad.
Todo ello ha tenido un gran impacto en la vida comunitaria del pueblo
de Sarayaku, afirman.
Al presentar el caso ante la CIDH, el 19 de febrero de 2003, el pueblo
de Sarayaku, CDES y CEJIL alegaron que al firmar dicho contrato, y al
permitir y apoyar el desarrollo de actividades en el territorio de esta
comunidad indígena, Ecuador restringió el derecho de sus habitantes a
la propiedad colectiva, entre otros derechos consagrados en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sarayaku y las organizaciones que lo apoyan solicitaron a la CIDH que
establezca la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por
haber violado los derechos a la vida, a la integridad y libertad
personal, a las garantías judiciales y protección judicial de estos
indígenas.
Además, pidieron a la CIDH que recomiende al Estado adoptar las medidas
adecuadas para reparar los daños producidos a las víctimas y asegurar
que no se repitan esos hechos.
En noviembre pasado, en el marco del 137 periodo de sesiones de la
CIDH, se abordó este caso así como otras peticiones de los indígenas de
Ecuador.
Entonces, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas
de Ecuador (Conaie), Marlon Santi, pidió a la CIDH que acompañara como
observador el diálogo que se ha instalado entre el Gobierno y
representantes de pueblos indígenas.
Por su parte, Patricia Gualinga, también de Conaie, instó a la CIDH a
que emita cuanto antes el informe de fondo sobre el caso Sarayaku,
porque estimaron que este documento sería un avance importante para
reiterar las obligaciones del Estado ecuatoriano en cuanto a los
derechos de los pueblos indígenas. EFE
cae/pgp/dmt
http://noticias.latino.msn.com/politica/articulos.aspx?cp-documentid=23359656
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