Washington DC, 15 de diciembre 2009- Representantes de la Asamblea de Afectados por
Texaco informaron que la transnacional Chevron ha sufrido un
contratiempo a causa de una carta firmada por 26 miembros del Congreso
de los Estados Unidos, liderada por la congresista Linda Sánchez y
otras figuras importantes de ese país.
La
comunicación solicita en forma urgente al Representante de Comercio de
los EEUU (USTR, por sus siglas en inglés) que rechace los esfuerzos de
la gigante petrolera para cancelar las preferencias arancelarias del
Ecuador.
Chevron
ha presionado a la oficina del USTR y al Congreso durante muchos años
para lograr la revocatoria de las preferencias para el Ecuador, como parte de una campaña de retaliación contra el juicio
seguido por 30 mil ciudadanos ecuatorianos por daños ambientales en las
cortes ecuatorianas, acusando a Chevron por
descargar miles de millones de galones de aguas tóxicas directamente en
la selva amazónica a lo largo de 20 años.
La
Cámara de Representantes aprobó este 14 de diciembre una extensión por
un año de las preferencias arancelarias para el Ecuador.
Con éste son ya cuatro años consecutivos en que los esfuerzos de
cabildeo utilizados por Chevron contra el Ecuador han fracasado. Se espera que el Senado apruebe formalmente la
medida a fines de este año.
La
carta al USTR fue enviada el 15 diciembre del 2009, donde se expresa la
preocupación sobre los esfuerzos de Chevron
para ejercer indebida influencia en una litigación privada, la cual
originalmente empezó en el año 1993 en EEUU por varias comunidades
indígenas y campesinas, pero fue transferida al Ecuador en el 2002 a
pedido de Chevron.
“Nos
urge rechazar la petición de Chevron y reafirmar que el acuerdo
comercial de EEUU no debe ser utilizado como mecanismo para presionar e
impedir que procesos judiciales privados sigan su rumbo en el Ecuador,”
anotaron los congresistas en la carta.
El
juicio acusa a Chevron por haber vertido más que 18 mil millones de
galones de aguas tóxicas en la Amazonía, y
abandonado más de 900 piscinas tóxica, cuando operó una concesión en
las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos entre 1964 y 1990.
Un
equipo de peritos independientes nombrados por
la corte del Ecuador, han estimado que por lo menos 1.401 personas han
muerto por cáncer, determinando que los daños por contaminación
alcanzan la cifra $27,3 miles de millones,
según un reporte de 4.000 páginas entregado a la corte
el año pasado.
Los
miembros del Congreso recalcaron: “Nosotros no nos adelantamos al
resultado del caso, ni tomamos partido en la litigación.
Creemos, sin embargo, que miles de
personas indígenas del Ecuador que llevan 16 años buscando justicia,
merecen ser oídos por la corte. Además, creemos
que el USTR no debe intervenir en un tema judicial en curso,
especialmente cuando involucra aspectos de global importancia como son
lo ambiental, la salud y los derechos humanos.
Aún
y cuando Chevron presentó 14 declaraciones de expertos en la corte
federal de los Estados Unidos elogiando al sistema jurisdiccional
ecuatoriano para lograr la transferencia del juicio, una vez que la
evidencia en el mismo demostró su culpabilidad,
la petrolera cuestionó a la administración de justicia e inició una
campaña de cabildeo en Washington D.C. buscando la cancelación de las preferencias arancelarias para Ecuador.
Los cabilderos de Chevron han hecho
afirmaciones engañosos al Congreso, alegando que la compañía fue
liberada de toda responsabilidad después de una limitada “limpieza”
ambiental a mediados de la década de los
noventas. En realidad, el
texto concreto de la “liberación de responsabilidad” no cubre las
demandas presentadas por terceros en contra de la compañía. Además,
según las demandantes, dicha remediación fue fraudulenta.
La
meta última de la campaña de cabildeo de Chevron en Washington era
presionar al presidente del Ecuador, Rafael Correa, intentando forzarlo
a oponerse al juicio ambiental, para proteger
los trabajos de 300.000 ecuatorianos y ecuatorianas que
dependen de las preferencias, afirmó Steven Donziger, asesor
legal estadounidense para las demandantes del caso.
“Chevron
buscaba presionar al presidente del Ecuador para que viole su propia
Constitución al interferir en un juicio privado, para que la compañía
gane la batalla contra las nacionalidades indígenas que fueron
diezmadas por la polución de Chevron”, añadió Donziger.
La
campaña de cabildeo de Chevron ha provocado reacciones fuertes tanto en
el Congreso de los EEUU como en los medios. El
17 de noviembre, en un testimonio rendido ante la Subcomisión de
Comercio de la Comisión de Mediación y Arbitraje de la Cámara de
Representantes de los EEUU, la congresista Sánchez
calificó al cabildeo de Chevron como una “extorsión” y afirmó: “Al
parecer, si Chevron no pueden lograr el
resultado deseado dentro del juicio, utilizará al gobierno de los
Estados Unidos para negar las preferencias arancelarias hasta que el Ecuador se rinda”.
Un
reciente artículo de Los Angeles Times afirmó: “Si
Chevron se sale con la suya, se estará castigando al Ecuador por no
querer obstruir una demanda judicial privada contra la gigante
petrolera. Obtener por la fuerza una sentencia favorable en un juicio
privado provocaría con toda razón la indignación internacional”.
En
el año 2006, el ex Senador Barack Obama y el Senador
Patrick Leahy remitieron una carta similar al USTR pidiendo rechazar la
petición de Chevron, lo cual ocurrió efectivamente.
La
contaminación ha sido reconocida por expertos como el peor desastre
petrolero en el mundo y requeriría, al menos, de dos décadas para ser
limpiado. Se espera que el juicio concluya este
año con una sentencia final.
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Traducción
libre de la carta, LdH
