|
Petróleo en Latinoamerica -
Ecuador
|
|
Viernes, 23 de Octubre de 2009 12:00 |
Coalición de
organizaciones de Ecuador en apoyo al Caso Texaco
Miércoles 21 de octubre del 2006
Comunicado a la opinión pública
“Las manifestaciones en defensa de los derechos son un ejercicio
legítimo y necesario”
Recientemente la Chevron Corp. (a quien en Ecuador conocemos como
Texaco) denunció que sus abogados habían sido intimidados por
activistas que se manifestaron frente a sus instalaciones en Quito,
afirmando que se trataba de una estrategia para enrarecer el ambiente
que rodea el juicio y evitar que la empresa tenga un “juicio justo y
libre de influencia política en el Ecuador”. Concluyeron su denuncia
afirmando que "este tipo de politización indebida en el caso solo sirve
para empañar aún más la imagen del sistema judicial ecuatoriano ”.
¿Debemos pensar entonces que las manifestaciones que realizan
activistas pueden ser entendidas como actos de influencia ilegítima
sobre los tribunales que resuelven casos que involucran violaciones a
los derechos humanos?
Si la respuesta es afirmativa las madres de la plaza de mayo, que
durante décadas se han manifestado frente a los tribunales para lograr
sus derechos a la verdad y la justicia por sus hijos y nietos
desaparecidos, y también la garantía de no repetición del crimen de
desaparición forzada, tendrían que ser censuradas. De igual manera,
las personas que se manifestaron en Chile y el mundo entero para que
Augusto Pinochet fuera procesado por los crímenes de lesa humanidad que
orquestó, los cuales le costaron la vida a miles de chilenos, actuaron
entonces ilegítimamente. Lo mismo se deberá decir de los miembros del
Movimiento Nacional de Víctimas de Colombia que asisten a las
instalaciones judiciales donde se desarrollan las audiencias de la ley
de “Justicia y Paz”, que procesa a paramilitares, y de los cientos de
ciudadanos peruanos que permanecieron vigilantes del desarrollo del
juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori.
La historia reciente de la humanidad ofrece múltiples ejemplos de
instancias en que ciudadanos sensibles a la causa de la Justicia se
movilizan frente a tribunales de diversa índole para denunciar lo
odioso, infame e intolerable de las violaciones a los derechos
humanos, a los derechos de los pueblos y a los derechos de la
naturaleza. Sin embargo hay quienes opinan -generalmente los
victimarios-, que una ciudadanía apática de tales asuntos, constituye
una garantía para la independencia del poder judicial.
¿Qué dicen los organismos internacionales de derechos humanos al
respecto? ,
La Representante Especial del Secretario General para los defensores de
los Derechos Humanos reconoce que las y los defensores “pueden aplicar
estrategias de presión para que sus informes lleguen a la opinión
pública en general y a determinados funcionarios políticos y judiciales
a fin de que se tenga en cuenta su labor de investigación y se examinen
dichas violaciones ”. También cataloga como una violación a su derecho
a defender los derechos humanos, la formulación en su
contra de acusaciones penales por su “participación en manifestaciones
pacíficas, la presentación de una denuncia oficial por malos tratos de
la policía, la participación en una reunión de defensores de los
derechos de los indígenas, o el despliegue de una pancarta
conmemorativa de víctimas de violaciones de los derechos humanos” han
comportado el procesamiento con acusaciones tan variadas como soborno,
perturbación del orden público y gamberrismo ”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que
“a través del ejercicio del derecho de reunión las personas pueden
intercambiar opiniones, manifestar sus posiciones respecto de los
derechos humanos y concertar planes de acción, bien sea en asambleas o
en manifestaciones públicas. La defensa de los derechos humanos, como
cuestión legítima que interesa a todas las personas y que busca la
participación de toda la sociedad y la respuesta de las autoridades
estatales, encuentra en el ejercicio de este derecho un canal
fundamental para sus actividades. Igualmente, este derecho es esencial
para la expresión de la crítica política y social de las actividades de
las autoridades. Por estas razones, difícilmente puede ejercerse la
defensa de los derechos humanos en contextos en los que se restringe el
derecho de reunión pacífica. Además, el ejercicio del derecho de
reunión es básico para el ejercicio de otros derechos como la libertad
de expresión y el derecho de asociación ”.
También el Consejo de la Unión Europea, reconoce en sus Directrices
sobre defensores de los derechos humanos que sus actividades incluyen
“enfrentarse a la cultura de la impunidad que sirve para enmascarar las
violaciones sistemáticas y continuas de los derechos humanos y las
libertades fundamentales ”.
Finalmente, no podemos dejar de consultar a un procedimiento especial
de las Naciones Unidas que tiene gran relevancia en este debate: el
Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados,
Leandro Despouy. En su más reciente informe , el Relator fue enfático
al afirmar que “las libertades de expresión y asociación, en
particular, constituyen requisitos esenciales para el funcionamiento
adecuado e independiente de la profesión jurídica y deben estar
establecidas y garantizadas por la ley. Si bien todas las personas
gozan de esas libertades, éstas tienen una importancia específica en el
caso de las personas que participan en la administración de justicia.
Además, en un caso en el cual un abogado fue procesado por difamación,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión y que el simple hecho de ser
abogado no debe limitar ese derecho ”.
Como vemos, las manifestaciones que realizan activistas de derechos
humanos no pueden entenderse, desde ningún punto de vista, como actos
de influencia ilegítima sobre los tribunales que resuelven casos que
involucran la violación a tales derechos.
Por el contrario, constituyen un deber ciudadano, consagrado en el
artículo 83 de nuestra Constitución: respetar los derechos humanos y
luchar por su cumplimiento, respetar los derechos de la naturaleza,
preservar un ambiente sano y promover el bien común.
Consecuentemente, lo ilegítimo es la acusación de intimidación que
realiza la empresa y la sugerencia de que el sistema de justicia
ecuatoriano se ve empañado por la manifestación legítima de los
ciudadanos.
Para nosotros, ecuatorianos comprometidos con la defensa de la
naturaleza y de los derechos de las comunidades, mantener después de
tantos años la capacidad de protesta, de indignación y de vigilancia,
nos llena de satisfacción.
Finalmente queremos dejar constancia de que si Chevron Corp. realiza
este tipo de comunicados con el fin de juntar un expediente por medio
del cual pretenda evadir a la justicia, procuraremos que la presente
carta sea parte integral de dicho expediente.
Atentamente
Coalición de organizaciones en apoyo al Caso Texaco.
Acción Ecológica
Apdeh
Campaña Amazonía por la vida
CSMM,
Inredh
Pachamama
|
