Petróleo en Latinoamerica -
Ecuador
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Martes, 22 de Septiembre de 2009 00:00 |
ECUADOR - Nuevas reglas para las petroleras
9/22/2009
EL COMERCIO
Redacción Negocios
El proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos, presentado ayer por el
Ejecutivo, entrega el manejo del sector a empresas públicas y mixtas,
las cuales tendrán un único tipo de contrato para la exploración y
explotación de hidrocarburos: Prestación de Servicios.
La exploración y explotación petrolera son actividades de riesgo, donde
las empresas invierten capital para hallar petróleo y extraerlo del
subsuelo.
La iniciativa, que será debatida con la ciudadanía hasta octubre
próximo, supone un giro de 180 grados en el área energética, acorde a la
nueva Carta Política, aprobada en octubre de 2008.
La nueva normativa establece una participación activa del Estado en el
sector petrolero y reduce la participación privada a un tema
excepcional. El sector hidrocarburífero es considerado estratégico para
el país.
La propuesta de un contrato único de prestación de servicios tiene como
objetivo que el 100% del crudo vaya al Fisco, el cual reconocerá los
costos e inversiones que hagan las compañías privadas. Hoy, unos 200 000
barriles diarios de crudo del país son generados por firmas privadas. De
ese volumen, las privadas entregan un 36% al Fisco y el resto (64%) se
llevan como pago de costos, inversiones y utilidades.
La actual Ley de Hidrocarburos establece, además del contrato de
Prestación de Servicios, otras formas de contratación: participación,
alianzas para campos de difícil acceso por parte del Estado; marginales
(cuando tiene menos del 1% de la producción petrolera total del país); y
otros.
Los contratos de prestación de servicios se utilizaron en la década de
los ochenta y fueron cambiados a mediados de los noventa. Actualmente
solo la italiana Agip mantiene este tipo de contrato. El resto cambió a
participación.
El modelo de servicios es beneficioso cuando el precio del crudo es
alto, pero si cae no genera ingresos suficientes para que el Estado
devuelva los costos a las firmas.
Para evitar esto, el proyecto de ley crea un “fondo de soberanía
petrolera”, que obliga a las privadas a dar al Fisco el 20% de su
ingreso bruto (sin descontar gastos). Esto garantiza un pago al Estado
sin importar cuál sea el precio del crudo. Otro cambio importante del
proyecto es que elimina la obligatoriedad de concursos para adjudicar
contratos. Estos se podrán dar en forma directa.
Los cambios más importantes según el proyecto oficial
El proyecto de ley tiene 83 artículos, 12 disposiciones generales, cinco
transitorias y una final.
Art. 1
Empresas públicas. El proyecto de ley promueve que el Estado gestione el
sector petrolero a través de empresas públicas, que podrán conformar
empresas mixtas o excepcionalmente delegar a empresas privadas.
Art. 11
DNH desaparece. La Dirección Nacional de Hidrocarburos se transforma en
la Agencia de Regulación del sector petrolero, con independencia
administrativa y financiera. Con ello, Petroecuador deja de tener el
control de los contratos petroleros privados.
Art. 15, segundo inciso
Licitación es opcional. El proyecto establece que los contratos o
alianzas con socios o empresas podrán celebrarse por licitación o en
forma directa. La Ley actual establece que debe garantizarse la
competencia a través de concursos.
Art. 19
No al Ciadi. Las empresas se someterán a las leyes y cortes nacionales
en caso de desacuerdo. En caso de recurrir a un medio alternativo como
el arbitraje, que es un medio más rápido, este será en cortes
regionales. Antes podía ser en cualquier país.
Primera Transitoria
La renegociación. El proyecto de ley establece que se renegociarán los
actuales contratos en un plazo de dos años contados a partir de la
aprobación del proyecto de ley y entrarán todas las firmas que hoy
tengan contratos de riesgo.
Art. 63
Otros ingresos. El proyecto de ley establece nuevos ingresos para el
Fisco de las petroleras, entre ellos: participación en las tarifas de
transporte por todos los sistemas de ductos operados en el país, y un
fondo de soberanía petrolera sobre el 20% del ingreso bruto.
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