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Petróleo en Latinoamerica -
Ecuador
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Miércoles, 22 de Julio de 2009 13:00 |
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La
ruptura con Perenco tomará solo días
El
Gobierno analiza los mecanismos legales para definir el futuro de
Perenco en el país.
La petrolera protestó por la intervención del
Gobierno en sus campos.
Redacción Negocios
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El conflicto
En 2006 se aprueba la Ley 42 con la
que el Estado participa del 50% de los ingresos que las privadas
obtienen por el aumento del precio del crudo.
En octubre de 2007 el Gobierno aumenta esta participación del 50 al
99%. Perenco se niega a pagar.
El
Gobierno decide en marzo pasado cobrar por la vía legal esta deuda a
la petrolera. Hasta ahora ha cobrado USD 80 millones de USD 356,9
millones.
La petrolera francesa demandó al país por USD 434 millones en una
corte internacional adscrita al Banco Mundia
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La permanencia de Perenco en el
país puede ser cuestión de días. Tras la decisión de esta firma de
paralizar sus operaciones, al Gobierno prácticamente solo le resta
esperar a que se den las condiciones legales para terminar su contrato.
La compañía anunció su decisión de suspender la producción de manera
temporal desde el jueves de la semana pasada. El objetivo era frenar
los embargos de crudo emprendidos por el Gobierno para cobrar una deuda
pendiente de la firma con el Fisco.
Pero la suspensión quedó
en anuncio, pues los trabajadores de los bloques 7 y 21, que están
a cargo de la petrolera francesa, se negaron a cumplir la disposición.
Según
el Gobierno, la paralización de la producción de Perenco es
injustificada y evade una orden de la Dirección Nacional de
Hidrocarburos de no hacerlo.
El ministro de Petróleos,
Germánico Pinto, dijo ayer que analiza el mecanismo legal para
definir el futuro de Perenco en el país.
Pero la Ley de
Hidrocarburos es clara en este tema. La paralización de operaciones
petroleras es causal para la terminación anticipada de un contrato
privado.
El numeral 4 del artículo 74 de esta norma señala
que se podrá declarar la caducidad de los contratos si el contratista
“suspen-
diere las operaciones de explotación por más de treinta días, sin justa
causa...”.
Además,
la compañía no ha pagado los impuestos relacionados con la Ley 42. Esta
norma establece el pago al Fisco del 99% de sus ingresos extras
generados por el alto precio del crudo.
La compañía acumuló
una deuda de USD 356, 9 millones hasta mayo de este año. No cumplir
con este pago es otra causal para terminar su contrato en el país.
La firma opera los bloques 7 y 21. Juntos tienen una producción de
unos 20 000 barriles por día.
La
firma se defendió. En una carta fechada el 17 de abril pasado y enviada
al Gobierno dijo que “protesta enfáticamente” en contra de la toma de
las instalaciones de los bloques 7 y 21 por parte del Gobierno.
“Las
amenazas por parte de autoridades del Gobierno presentes en los campos,
así como los deseos de Perenco y Burlington de proteger a nuestro
personal y de evitar que este conflicto continúe escalando no nos
dejaron otra opción que dejar que el Gobierno y
Petroecuador tomen el control de nuestras instalaciones”, dijo.
El país “confiscó ilegalmente los campos”, señalaron Perenco y
Burlington en la misiva.
Pinto
dijo ayer que no se trató de ninguna expropiación, sino de
“mecanismos” para asegurar la continuidad de la producción. Aclaró
que el contrato está vigente y los campos son de Perenco.
La
Cancillería francesa se mostró contrariada por esta situación y aseguró
que esto no crea un “clima de negocios” apropiado en el país. Para
Pinto, el conflicto con Perenco “de ninguna manera implica una
afectación a las excelentes relaciones con Francia”.
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