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ECUADOR - La ruptura con Perenco tomará solo días Imprimir E-mail
Petróleo en Latinoamerica - Ecuador
Miércoles, 22 de Julio de 2009 13:00
La ruptura con Perenco tomará solo días
El Gobierno analiza los mecanismos legales para definir el futuro de Perenco en el país. 
La petrolera protestó por la intervención del Gobierno en sus campos.

Redacción Negocios


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El conflicto
En  2006  se aprueba la Ley 42 con la que el Estado participa del 50%  de  los ingresos que las privadas obtienen  por el aumento del precio del crudo.
En octubre de 2007  el Gobierno aumenta esta participación del 50 al 99%. Perenco se niega a pagar.
El Gobierno  decide en marzo pasado cobrar por la vía legal esta deuda a la petrolera. Hasta ahora ha cobrado  USD 80 millones de  USD 356,9 millones.
 La petrolera  francesa demandó al país por USD 434 millones en una corte internacional adscrita al Banco Mundia
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La permanencia  de Perenco en el país puede ser cuestión de días. Tras la decisión de esta firma  de paralizar sus operaciones, al Gobierno   prácticamente  solo le resta esperar a que se den las condiciones legales para terminar su contrato.

La compañía anunció su decisión de suspender la  producción de manera temporal desde el jueves de la semana pasada.  El objetivo  era  frenar los embargos de crudo emprendidos por el Gobierno para cobrar una deuda pendiente de la firma con el Fisco.

Pero la suspensión  quedó en    anuncio, pues los trabajadores de los bloques 7 y 21,  que están a  cargo de la petrolera francesa,  se negaron a cumplir la disposición.

Según el Gobierno, la paralización de la producción de Perenco es   injustificada y evade  una orden de la Dirección Nacional de Hidrocarburos  de no hacerlo.
 
El ministro de Petróleos, Germánico Pinto,   dijo ayer que  analiza el mecanismo legal para definir el futuro de Perenco en el país.
Pero la  Ley de Hidrocarburos es clara en este tema. La paralización de operaciones petroleras es causal para la terminación anticipada de un  contrato  privado.
 
El numeral 4 del  artículo 74 de esta norma señala que se podrá declarar la caducidad de los contratos  si el contratista “suspen-
diere las operaciones de explotación por más de treinta días, sin justa causa...”.

Además, la compañía no ha pagado los impuestos relacionados con la Ley 42. Esta norma establece el pago al Fisco del 99%  de sus ingresos extras generados por el alto precio del crudo.

La compañía acumuló una deuda  de  USD 356, 9 millones hasta mayo de este año. No cumplir con este pago  es otra causal para terminar su contrato en el país.
 
La firma opera los bloques 7 y 21.  Juntos tienen una producción de unos 20 000 barriles por día.

La firma se defendió. En una carta fechada el 17 de abril pasado y enviada al Gobierno dijo que “protesta enfáticamente” en contra de la toma de las instalaciones de los bloques 7 y 21 por parte del Gobierno.

“Las amenazas por parte de autoridades del Gobierno presentes en los campos, así como los deseos de Perenco y Burlington de proteger a nuestro personal y de evitar que este conflicto continúe escalando no nos dejaron otra opción que dejar que el Gobierno y
Petroecuador tomen el control de nuestras instalaciones”, dijo.

El país “confiscó ilegalmente los campos”, señalaron Perenco y Burlington en la misiva.
 
Pinto dijo ayer  que no se trató de ninguna expropiación, sino de “mecanismos” para asegurar  la continuidad de la  producción. Aclaró que el contrato está vigente y  los   campos son de Perenco.

La Cancillería francesa se mostró contrariada por esta situación y aseguró que esto no crea un “clima de negocios” apropiado en el país.  Para Pinto,  el conflicto con Perenco “de ninguna manera implica una afectación a las excelentes relaciones con Francia”.