Redacción Negocios

‘Irresponsable, inconsulta, un error”.   Así calificó la Compañía General de Combustibles (CGC) la decisión del Gobierno de autorizar el reinicio de sus  operaciones  en el Bloque 23.

En los mismos términos se pronunciaron ayer sobre este tema los   dirigentes de la comunidad de Sarayaku, en una rueda de prensa ofrecida en Quito.

La decisión, notificada  por el  ministro de  Petróleos, Derlis Palacios, disgustó a ambas partes.

 Tanto CGC como Sarayaku consideraron  que la resolución no hace más que  agravar el conflicto.

“Derramarán nuestra sangre, pero no iniciarán la operación petrolera”, dijo Ólger Cisneros, representante de una de las comunidades ubicadas dentro del Bloque 23,  en Pastaza.

 Sarayaku se ha opuesto  a la extracción petrolera  desde 1996, cuando CGC entró a su territorio. El argumento de las comunidades es que han desarrollado un modelo  propio de economía basado en el turismo.

Los representantes advirtieron, incluso, con recurrir  al derecho a la resistencia, consagrado en la Constitución, si el Gobierno insiste en reiniciar la exploración y explotación de hidrocarburos.

  CGC no lo hará. “Nos ha caído muy mal este oficio de Palacio, porque en vez de abrir el diálogo parece que lo quiere cerrar y cuando hay un diálogo hablan las partes involucradas y en este caso solo habla él”, dijo Diego Sherriff, vocero de la compañía, para quien no existen las condiciones para reiniciar actividades. 

“Nos parece que el Ministro no ha  aprendido nada de lo que ha pasado en los últimos  años (en la zona). Nosotros aprendimos que  en Sarayaku existe un problema de mucha sensibilidad social frente a la actividad de hidrocarburos... por tanto nosotros consideramos inviable reiniciar operaciones”, señaló. 

CGC anunció  que continuará el arbitraje planteado el 9 de  marzo pasado, ante un tribunal internacional en contra del país.

 Esta opción da un plazo de seis meses a las partes para que busquen un acuerdo amistoso. Este plazo vence el 9 de septiembre próximo. De no haber acuerdo, se iniciará la demanda.

“Hasta ahora no nos han llamado para dialogar (el Gobierno). Ahora salen con una medida de esta naturaleza, pensando que con lo que escriben ya está solucionado  el problema”.