Ante el anuncio de la empresa
petrolera de origen argentino Compañía General de Combustibles (CGC),
recogido por los medios de comunicación en días pasados, de que
iniciará acciones legales en contra del Estado Ecuatoriano ante el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI), porque supuestamente no le ha “dado garantías” para la
exploración y explotación de petróleo en el Bloque 23 de la Amazonía
ecuatoriana, el Pueblo Kichwa de Sarayaku:
RECUERDA que la concesión del
Bloque 23 por parte del Estado Ecuatoriano a la empresa CGC en 1996,
fue realizada sin que haya existido ningún proceso de información,
consulta, menos aún de consentimiento de los pueblos indígenas cuyo
territorio ancestral se estaba afectando. La exploración sísmica que
emprendió la CGC en el Bloque 23 entre los años 2002 y 2003 implicó
para Sarayaku, graves y sistemáticas violaciones de sus derechos
fundamentales. El ingreso arbitrario y violento de trabajadores de la
CGC y de su contratista CGG en territorio de Sarayaku, dentro del
denominado Bloque 23, Provincia de Pastaza, se realizó al amparo del
resguardo armado brindado por patrullas del Ejército Ecuatoriano
instrumentalizadas por la transnacional petrolera para dirigirlas en
contra de una comunidad indígena ecuatoriana. Fruto de la
militarización de la operación petrolera de la CGC, jóvenes de Sarayaku
sufrieron detenciones ilegales, torturas y malos tratos por parte de
soldados y trabajadores petroleros. El territorio sagrado de Sarayaku
fue mancillado por la CGC, que al abandonar el Bloque 23 a inicios de
2003, dejó sembrados alrededor de una tonelada y media de explosivos de
alto poder en 640 puntos de nuestro territorio, atentando contra la
vida y seguridad de los pobladores y contra los Derechos de nuestra
madre Naturaleza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante
estos hechos dispuso, en 2004 y 2005, que el Estado Ecuatoriano tome
medidas urgentes para garantizar la vida e integridad de los miembros
del Pueblo de Sarayaku, incluyendo el retiro de los explosivos dejados
por la empresa CGC en nuestro territorio. Pese al tiempo transcurrido
desde las resoluciones de la Corte, el proceso de retiro de los
explosivos, largo y costoso, aún no ha comenzado. Se espera que el
retiro de los explosivos, que será ejecutado por el Ministerio de Minas
y Petróleo a través del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía
Nacional y bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, empiece a realizarse este mes de marzo de 2009.
RECHAZA
la pretensión audaz de la
transnacional CGC de exigir al estado Ecuatoriano una indemnización de
ciento cincuenta millones de dólares cuando es ella la que debe
indemnizar a Sarayaku y a otros pueblos hermanos de la Amazonía
ecuatoriana por el sufrimiento causado por sus acciones violatorias de
nuestros Derechos Humanos y por los enormes daños causados por su
irresponsable y criminal acción de sembrar a nuestras espaldas
explosivos en nuestro territorio.
EXIGE a las Autoridades del Estado
Ecuatoriano que se declare la caducidad del contrato de concesión del
Bloque 23 y se garantice que los derechos fundamentales de nuestro
Pueblo y de la Naturaleza nunca más volverán a ser violentados por la
actividad petrolera en nuestro territorio. Sarayaku, 10 de marzo de
2009
Dionicio Machoa
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO
DE SARAYAKU
