¿A  quién sirven los militares?
De.-  Javier Ponce

Le  he escuchado a un general, me parece que de apellido Meza, justificar la  represión a las comunidades de Orellana cercanas a las explotaciones  petroleras de la empresa Perenco, a nombre de un estado de emergencia  vigente en la zona.

Más aún, los militares allí acantonados han  pretendido –o pretenden aún– someter a un activista ecológico a un  tribunal militar.
Frente a estas actitudes, me pregunto ¿a quién sirven  las Fuerzas Armadas? ¿A las compañías petroleras? ¿A las comunidades  ecuatorianas?

Y no se trata de un caso aislado. Es una vieja  historia del papel jugado por sectores militares en defensa de intereses  económicos. Cuando se recorre la vía que cruza por las provincias de la  Sierra, ¿dónde encontramos los cuarteles militares? En los enclaves  terratenientes. Allí están, en las provincias de Cotopaxi o de Chimborazo,  en zonas de “alto riesgo” indígena. ¿Por qué se han asentado allí? ¿Por  qué motivos de estrategia militar?

Y en la Amazonia, su respaldo,  no a los pueblos ecuatorianos sino a los intereses petroleros tampoco es  nueva. Resulta inaudito pensar que una comunidad indígena, Sarayaku, se ha  visto forzada a presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de  Derechos Humanos contra su propio Estado, contra el Estado ecuatoriano,  contra las Fuerzas Armadas ecuatorianas, por su complicidad con la  compañía CGC adjudicataria de un bloque de explotación petrolera a  espaldas del pueblo indígena. ¿Allí también van a declarar “zona de  emergencia”?

Atenazadas por un tubo que emana veneno, las  comunidades de Orellana se tomaron las instalaciones de la Perenco como  única vía para denunciar el peligro que vive la comunidad. Y los militares  no tuvieron mejor idea que entrar con gases lacrimógenos, para así sumarse  a la violencia contra los pobladores. ¿Por orden de quién? ¿El que ordenó  ese ataque conoce la Constitución? ¿Sabe que en la Constitución el Estado  se compromete a respetar y hacer respetar los derechos colectivos de los  pueblos, y uno de los derechos colectivos es el de la sobrevivencia sin  que ella se vea afectada por la contaminación de su ambiente?

¿La  emergencia puede ser acaso un justificativo para la violación de derechos  colectivos, puesto que en Orellana estaban pidiendo indemnizaciones, tal  como establece la Constitución?

La comunidad de Sarayaku ha vivido,  por su parte, el constante asedio militar para hacer cumplir una decisión  que atenta contra una Constitución que obliga al Estado a consultar –que  se oiga bien, a consultar y no a informar tardíamente– sobre la concesión  de bloques de explotación petrolera en territorio indígena.

Cuando  el Ecuador firmó los acuerdos de paz con el Perú, una de las aspiraciones  de muchos ecuatorianos fue ver reducido el poder omnímodo de las Fuerzas  Armadas en la vida republicana. Todos aquellos que han propuesto reformas  constitucionales durante los últimos meses, han subrayado la necesidad de  que las Fuerzas Armadas saquen las manos de la política y cumplan  estrictamente con su función. Pues ahora parece necesario volver a aclarar  constitucionalmente a quién sirven.