El presidente ejecutivo de Petroecuador, Luis Jaramillo, precisó que solo falta una documentación de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI) para determinar la constitución mercantil de la sucursal de la japonesa Teikoku Oil en nuestro país.

Ese informe –explicó Jaramillo- se gestionó a través del Ministerio de Minas y Petróleos porque es un trámite de instituciones ejecutivas y Petroecuador es una empresa estatal, motivo por el cual no puede solicitarlo de forma directa.

Una vez recibido el informe se elaborará la parte final del estudio, que será entregado al Ministerio de Minas y Petróleos para que determine el proceso de caducidad del contrato de explotación de Petrobras, que está acusada de ceder parte de sus derechos sin la autorización del Ministerio.

Jaramillo manifestó que el estudio preliminar se entregará en un plazo máximo de 15 días y el definitivo en 30.

Resaltó que Petroecuador no decidirá sobre el pedido de caducidad realizado por la Procuraduría General del Estado. “Nosotros solo entregamos el informe”, dijo.

Para Fernando Villavicencio, ex dirigente de los trabajadores, el análisis que entregue Petroecuador debe ratificar los argumentos de la Procuraduría, que tiene fundamentos “contundentes” para pedir la caducidad del contrato.

El organismo de control argumenta que Petrobras suscribió en enero de 2005 un acuerdo previo de venta y asociación con Teikoku Oil Ecuador para ceder el 40% de sus derechos en los bloques petroleros 18 y 31, en el campo unificado Palo Azul y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Sin embargo, ese acuerdo no fue autorizado por el Ministerio de Energía y Minas (hoy Minas y Petróleos), pues recién el 25 de enero de 2005 Petrobras informa que el acuerdo ya fue firmado y el 14 de marzo entrega la copia certificada de esa negociación previa.

Según la Procuraduría, esa negociación es causal de caducidad del contrato, como establece el numeral 11 del artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos.

Más aún cuando recién el 11 de enero de 2007, el ex ministro de Energía y Minas, Iván Rodríguez, autorizó la cesión de derechos, a 4 días antes de que se posesione el nuevo Gobierno.

En cambio, Petrobras, en la información que remitió al Ministerio de Minas y Petróleos para desvirtuar los argumentos de la Procuraduría, explica que la negociación con la petrolera japonesa fue un “acuerdo previo” el cual se concretaría cuando se obtenga la autorización del ministerio del ramo.

Por tal motivo, no se ejecutó una cesión de derechos y no cabe la caducidad.

Pero Villavicencio aseguró que la transacción fue concretada, pues constan inscripciones en la Securities and Exchange Comission de Estados Unidos y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Argentina, en las cuales Petrobras declara haber transferido parte de su participación petrolera a Teikoku Oil Ecuador.

Y también consta la entrega de dinero entre las partes. De Teikoku, por pago de los derechos adquiridos, y de Petrobras, por las ganancias logradas en el bloque 18.

Adicionalmente, la Procuraduría señala que en enero de 2005 la compañía Teikoku no estaba registrada en el país, lo cual viola la Ley de Compañías. Recién el 16 de marzo de 2005 la Superintendencia de Compañías autoriza el establecimiento de la empresa.