ARGENPRESS
Ecuador:
"Las penas son de nosotros, el petróleo de otros". Nacionalizando el
campo de Petrobrás se garantizaría educación gratuita
Fernando Villavicencio
"No hay
que nacionalizar absolutamente nada porque, como
recoge la Constitución, el petróleo…
"siempre" ha sido del
Estado, y "si por eso alguna empresa se
quiere ir, que le vaya
bonito".
Presidente Correa, octubre de 2007
"No permitiremos, compatriotas, que se
nos sigan llevando
nuestro petróleo"¿Cuánto han gastado en
inversiones?, US$
200 millones. Tengan sus 200 millones,
que les vaya bonito"
Presidente Correa, enero de 2008
"Tampoco que toreen al gobierno, cuidado.
Si se demora
demasiado nacionalizo ese campo y se me
van del país".
Presidente Correa, octubre de 2008.
De
a poco los ecuatorianos nos vamos acostumbrando al karaoke, donde el
estribillo de una de las más sonadas canciones de la española Roxana,
se ha vuelto nostálgico y soberano verso patrio; así, como cuando en el
amor todo se extingue y solo queda el eco del a dios compasivo: "que te
vaya bien, que te vaya bonito".
Para quien alimente su
curiosidad informativa desde el prisma mediático oficial, el mapa de
Ecuador aparecería como un territorio "liberado" donde las
transnacionales han sido expulsadas (se han ido), los recursos
naturales nacionalizados y el socialismo ya purifica las venas de la
Patria. Me he sorprendido con lecturas tristemente empobrecidas de
verdad, incluso de finas plumas internacionales, que rellenan de
sustantivos y adjetivos elocuentes la "nueva" realidad nacional; ni
hablar de algunos "vocalistas" de la izquierda criolla, que siguen
"orinando fuera del pilche", cuando mascullan: "la política petrolera
soberana del gobierno". Solo una geológica ignorancia justificaría esa
zancadilla conceptual.
La memoria registra que en los casi dos
años de ajetreo del Movimiento PAIS, varias veces se ha presionado la
tecla "que les vaya bonito", en ritmo de advertencia a las
transnacionales. La del sábado 4 de octubre de 2008, con dedicatoria a
Petrobrás, merece algunas precisiones. El Presidente Correa amenazó a
la compañía brasileña con "nacionalizar el campo", si no firma rápido
el nuevo contrato. Señor Presidente: ¿cómo puede nacionalizarse el
petróleo si según sus expresiones de octubre del 2007, en Ecuador "no
hay que nacionalizar nada". ¿De quién es el petróleo que extrae
Petrobrás? El 76% del bloque 18 y el 50% de Palo Azul, se lleva la
transnacional. Es decir, el petróleo es inalienable, soberano, es del
pueblo, cuando está a 9 mil pies de profundidad, dormido en el útero
geológico; pero apenas nace a la superficie, la mayor parte va a
engordar las chequeras extranjeras. ¿En qué quedamos señor Presidente?
La
preocupación del gobierno es por la demora en la migración al modelo de
Prestación de Servicios, desconociendo en forma descarada que el
Contrato del Bloque 18 (Campo Palo Azul), de acuerdo con la
Constitución y la Ley de Hidrocarburos, no puede ser RENEGOCIADO, si
existe en firme un proceso legal de caducidad iniciado por el propio
gobierno de Correa, por similares causales que las aplicadas a
Occidental. La decisión del régimen de suspender la caducidad,
constituye prevaricato, un atentado a la seguridad jurídica y le hace
un gran favor a Occidental, que demanda al Ecuador en el CIADI por
trato discriminatorio y confiscación.
El Presidente Correa hace
unos giros sísmicos que desconciertan, ¿qué o quién se le atravesó por
el camino el 11 de septiembre de 2007, para haber declarado a la
prensa: "ahí hay un error, ese (campo Palo Azul) no es un campo
integrado y entonces no tenía que tenerlo Petrobrás y tenemos que
renegociar ese contrato... resulta que son dos yacimientos diferentes".
Sí, en efecto son dos yacimientos diferentes, como sostienen varios
informes técnicos, por ello, lo que manda el derecho es la caducidad
contractual, sin perjuicio de iniciar acciones penales por fraude
técnico. Renegociar sería claudicar. Si el régimen pasa de las amenazas
a la práctica y nacionaliza el Bloque 18 (campo Palo Azul), obtendría,
17.500 barriles día adicionales, equivalente a USD 640 millones
anuales, cifra similar a la que demandan las universidades públicas
para garantizar el derecho de la juventud a educarse gratuitamente, así
el petróleo se habrá vuelto abecedario.
El Presidente exige a
Petrobrás subir la producción, eso sencillamente, es un absurdo técnico
y una irresponsabilidad. El país debe saber que el Bloque 18 no tiene
reservas comerciales, el campo Pata (bloque 18) cuenta con 2 millones
de barriles de reservas y una producción diaria no mayor a 300
barriles. Mientras Palo Azul, el campo arrebatado a Petroecuador,
registra 100 millones de barriles, una producción de 35 mil barriles
día, casi el doble de la tasa de producción aprobada en el Plan de
Desarrollo (18 mil barriles día). Subir la producción de Palo Azul por
Decreto, implicaría daños a los yacimientos, es decir la pérdida de
millones de barriles de crudo.
Además, se debe recordar que el
proceso de caducidad del contrato del Bloque 18, inevitablemente se
haría extensivo al Bloque 31, por cuanto la causal principal se basa en
la firma de un Acuerdo Previo para la cesión de derechos y obligaciones
de Petrobrás a Teikoku, sin autorización Ministerial. El Acuerdo Previo
hace referencia a la cesión del 40% de derechos y obligaciones "en los
bloques 18 y 31" y una parte de las acciones del Oleoducto de Crudos
Pesados. Es decir que en sujeción a la Ley, los dos contratos deben
caducarse. El gobierno asegura que el bloque 31 se revierte al Estado
sin indemnización, pero, el acuerdo alcanzado por Galo Chiriboga,
compromete el transporte de 70 mil barriles diarios de petróleo del
Estado por el OCP, con una tarifa de USD 1.43 el barril, mientras que
por el SOTE le cuesta apenas USD 0,40 el barril. De esta forma el
régimen, a través de la tarifa de transporte, estaría devolviendo
soterradamente las inversiones a Petrobrás: USD 36 millones anuales,
USD 360 millones en 10 años.
El régimen de Correa ha perpetuado
la privatización al renegociar más de una decena de contratos con
transnacionales en términos lesivos para el país y avanza en el
desmantelamiento de la estatal petrolera, entregando los campos
productivos de Petroecuador a compañías extranjeras. En dirección
contraria, regímenes incluso de centro como el de Lula en Brasil, se
plantean giros estratégicos en el manejo de Petrobrás, su empresa
bandera, movimiento que va al ritmo impuesto por el nuevo orden
geoenergético mundial, donde las empresas estatales controlan ya el 95%
de las reservas de hidrocarburos, mientras en manos trasnacionales
privadas queda apenas un 5%.
En las amenazas y exigencias de
Correa a las transnacionales de que inviertan y suban la producción, se
nota desesperación y angustia por los efectos de la crisis mundial y la
caída inesperada de los precios del petróleo, que puede hacer agua el
Presupuesto estatal y humedecer los compromisos de campaña: bono de
pobreza, bono de vivienda, socio país, socio tienda y otros socios; así
como dejar en ilusiones los nuevos derechos constitucionales aprobados
por el pueblo el 28 de septiembre en el Referendum, como el caso de la
gratuidad de la educación universitaria pública.
Se trataría de
compensar la baja del precio con mayor producción, pero cualquier
turista del mundo petrolero, sabe que eso no es de "soplar y hacer
botellas". En circunstancias en que más de una década en el país no se
hace exploración, es decir no se han integrado nuevas reservas y las
pocas existentes, han sido y siguen irresponsablemente sobreexplotadas,
con cortes de agua, superiores al 90%, como es el caso del bloque 16 de
Repsol, en el Parque Yasuní.
Del total de las reservas probadas
originales estimadas en 8 mil 100 millones de barriles, en casi 40
años, se han explotado 3 mil 975 millones de barriles y queda un
remanente de 4.180 millones de barriles, en calidad de patrimonio
hidrocarburífero por explotar. Si de esas reservas descontamos 1200
millones del ITT y Bloque 31, que varios sectores exigen se mantenga en
tierra, estamos hablando de apenas 3 mil millones de barriles de
reservas probadas. Con una tasa de producción diario de 520 mil
barriles, estamos hablando de un horizonte inferior a 20 años.
Casi
todos los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos,
llamados de riesgo, suscritos desde la década de los 80, bajo ese
modelo, excepto el de AGIP, fueron modificados a Participación, con un
saldo promedio para el Estado de 20%, o sea que de cada 100 barriles,
80 se llevan las transnacionales, ese dramático pasado neoliberal,
sigue casi igual en el régimen de la revolución ciudadana.
El bloque de Repsol debe ser revertido
al Estado
Así
se hizo la tragedia. En el caso del Bloque 16 (Repsol-YPF-Maxus), de
acuerdo al informe de la Comisión Especial que investigó el tema, este
Bloque no debió ser calificado comercial, es decir, la compañía debía
abandonar el país y revertir las áreas al Estado. Pero, se hizo el
milagro. Para volver rentable (a esa fecha) al bloque 16, e impedir que
la contratista de vaya, el régimen de Rodrigo Borja(1), a través de
Luis Román y Oscar Garzón, entregó ilegalmente, bajo la figura de
UNIFICADO el campo Bogi-Capirón, cuyo 93% le pertenece a Petroecuador.
El caso no quedó ahí, violando también la Ley se adjudicó el Campo
Tivacuno, 100% propiedad de Petroecuador y completamente alejado del
Bloque 16, este proceso se lo hizo con un contrato de Servicios
Específicos, una figura contractual inexistente. Maxus, hoy Repsol-YPF,
destruyó el campo Bogi-Capirón, conificó(2) los pozos. De ahí, DE
NUESTROS CAMPOS, se sacó la plata para pagar todas las monstruosas
inversiones del Bloque 16, hasta la lascivia de los gringos y ahora de
los españoles. Izquierda Democrática cogobierna con Rafael Correa.
Según
reportes oficiales, actualmente de las áreas operadas por REPSOL-YPF,
93 barriles de cada 100 de fluido, son aguas de formación y apenas 7
corresponde a petróleo, es decir que para obtener los 50 mil barriles
diarios de petróleo se deben extraer más de 900 mil barriles diarios de
aguas de formación. Estos enormes volúmenes de aguas contaminantes, son
reinyectados a una estructura llamada TIYUYACU(3), considerada una de
las más importantes reservas subterráneas de agua dulce del planeta. Es
decir, que por recibir 18 barriles de petróleo por cada 100, el Estado
permite un auténtico crimen ambiental, la afectación a pueblos
ancestrales y de especies en peligro de extinción, que coexisten en el
Parque Nacional Yasuní, y hasta la humillación de una compañía que como
REPSOL, por poco exige visa a los ecuatorianos que quieran ingresar al
Yasuní.
Cuando falta un poco más de 3 años para que Repsol se
vaya del país, pues el contrato de Participación fenece en enero del
2012, y contando con saldos económicos, sociales y ambientales, que son
una verdadera afrenta nacional, nuevamente el Estado decide dar la
vuelta en U y retornar al Contrato de Prestación de Servicios, con el
premio de extenderles el plazo del contrato por 7 años más, generando
un cuadro económico perjudicial para el país.
El acuerdo
alcanzado con Repsol es parte de un paquete negociado con todas las
compañías extranjeras, las diferencias son mínimas. Las negociaciones
fueron lideradas por el Ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga y
un equipo negociador integrado por los mismos neoliberales que
tramitaron el cambio de los contratos de Prestación de Servicios a
Participación, sus nombres, son de conocimiento público y algunos
huelen a naftalina. El propio Presidente Correa habría pedido la
remoción del grupo, pero donde manda Chiriboga, las compañías mandan.
El
pacto incluye la suscripción de un contrato transitorio, con vigencia
de 1 año y luego la "voluntad" de migrar a un Contrato de Prestación de
Servicios, incluyendo en el caso Repsol, la extensión del mismo por
otros 7 años adicionales, hasta diciembre del 2018. Se entiende que a
cambio la contratista desistirá de demandar al Ecuador ante el CIADI y
reconocerá al Estado una participación del 70% sobre los excedentes del
precio del crudo (Ley 42), y según el Presidente, el pago de las deudas
pendientes que mantiene la compañía por el 50/50 y el 99/1. Hasta mayo
de 2008 la deuda de Repsol era de US$ 139 millones, la deuda total de
las compañías ascendía a USD 944 millones.
Del 99/1 al 70/30 del incremento del
precio
Finalmente,
el Presidente Correa, acabó reconociendo que el Decreto que incrementó
la participación en los excedentes del precio de 50% a 99% para el
Estado, fue solo una medida de presión, para que las compañías se
sienten a negociar. Vaya estrategia, le salió el tiro por la culata,
las compañías se negaron a pagar no solo el 99%, sino el 50% y nos
demandaron ante el CIADI, dejando al Estado indefenso, de rodillas. En
esa situación de derrota, Correa claudicó y acordó con las compañías
reducir el 99% a 70%, y públicamente pretendió dorar la píldora,
diciendo que 70 es muy superior a 50. Cuando esa es una "verdad
mentirosa", porque esconde el hecho de que subieron el precio base, con
lo cual en la mayoría de casos el 70% de Rafael Correa se vuelve igual
o incluso inferior al 50%, resuelto por el Gobierno de Alfredo Palacio
el año 2006.
¿Cómo se traduce esto a platas? Si el precio base
del contrato de Repsol para el bloque 16, actual es de 25 US/BL, con un
precio del petróleo de 100 US/BL, aplicando el 50/50, el Estado
recibiría por excedentes 37.5 US/BL; con el 99/1, 74.25 US/BL; pero si
se considera el precio base pactado 41.17 US/BL, aplicando el 70/30 el
Estado recibiría 41.18 US/BL. En el caso del campo Bogi-Capirón, al
subirse el precio base a 44.4 US/BL, la situación es peor, pues el
Estado recibiría apenas 38.92 US/BL, una diferencia de 1.4 US/BL frente
al 50/50. Ciertamente que el equipo negociador se merece una
condecoración.
Un informe de 6 de junio de 2008, suscrito por el
Jefe de la Unidad de Administración de Contratos de Petroecuador y
miembro del equipo negociador, Iván Nieto Guerrero, respecto a los
acuerdos alcanzados por el Ministro Chiriboga con las compañías, para
aplicar el 70/30, sentencia lo siguiente: "Al comparar los resultados
negociados con la opción en que la Ley 42 pudiera ser del 70/30,
incluidos los precio base actuales, se desprende que solo para el caso
del bloque 7, campo Coca Payamino, se observa un incremento de los
ingresos para el país". El mencionado informe agrega graves
observaciones económicas, legales, técnicas y éticas, que ningún
gobierno responsable debería pasar por alto:
1. "EL PERFIL DE
PRODUCCION. Este no fue analizado a profundidad para determinar su
razonabilidad. Para los modelos se tomaron los datos presentados por
las compañías.
2. LOS COSTOS Y GASTOS. Básicamente fueron los
presentados por las compañías; ya que, al igual que en los perfiles de
producción, faltó análisis para verificar su razonabilidad.
3.
INVERSIONES. Se aceptó las presentadas por las compañías. En cuanto a
las inversiones no amortizadas (INA), estas se tomaron en cuenta como
inversiones realizadas en el primer día.
4. EL PRECIO BASE. Su
determinación fue resultado de las negociaciones y sirvió de modulador
para obtener los beneficios económicos que las compañías plantearon. En
promedio, el precio base saltó de 24.3 a 39.2 US/BL. Es decir, un
incremento superior al 60% (ver Anexo 5). Los diversos índices
utilizados fueron más bien para justificar los altos precios base que
se requerían para satisfacer las utilidades a las que las compañías
aspiraban. De esta manera, el sustancial incremento del precio base
sirvió, en unos casos, para contrarrestar, en gran parte, los
incrementos en las participaciones para el Estado y, en otros casos –
Bloques 14 y 17 -, para superarlos y alcanzar de esta manera resultados
inferiores a los que se obtenían con la Ley 42 en su nivel 50/50% (ver
Anexo 6).
5. No analizaron los montos totales de los ingresos
extraordinarios y utilidades de las compañías petroleras entre el
inicio de los contratos de Participación y el 31 de diciembre del 2007.
Los grupos negociadores realizaron sus análisis y propuestas sobre la
base de los modelos matemáticos que van desde el 2008 hasta la
finalización de los contratos…"
Como se puede colegir, resulta
sorprendente que el gobierno haya validado un proceso de negociación y
resultados obtenidos con información fundamentalmente enviada por las
compañías, que como se sabe jamás han dicho ni van a reflejar la
verdad. En especial en lo referente a las inversiones realizadas y que
están por amortizarse, las empresas sobredimensionan los gastos, como
se ha visto en el caso del bloque 16. Se debía realizar una auditoría
de las inversiones.
Además, el régimen de Correa hace tabla raza
de una serie de informes técnicos, económicos y legales que desde el
año 1993 han determinado indicios de ilegalidad y perjuicios económicos
de esos contratos; lo más actual es el informe de junio del 2007,
elaborado por la Secretaría Nacional Anticorrupción del propio gobierno
correísta, que solicitó al ministerio de Minas y Petróleos, la
caducidad del Contrato del campo Tivacuno. La modalidad de SERVICIOS
ESPECÍFICOS, para explorar y explotar petróleo, es ilegal, como
estableció la citada Comisión Especial el año 1993, y lo ratificó la
SNA, por cuanto ese tipo de contratos no consta en la Ley de
Hidrocarburos. Con la entrega de Tivacuno a Maxus-Repsol-YPF, se sentó
un grave precedente:"El convenio suscrito con Maxus es ilegal y como
tal no puede continuar su vigencia", sentenció la Comisión, hasta el
día de hoy, nadie acata esos resultados irrefutables.
Lo que
debía y debe hacerse es una auditoría técnica, económica, legal y
ambiental a los contratos de exploración y explotación de petróleo,
caso por caso, para identificar: primero, si los bloques operados son
comercialmente rentables por sí mismos, es decir sin los campos
adyacentes o compartidos; segundo, verificar si las cesiones de
derechos, ventas de acciones y cambios de nombres de las compañías, se
sujetaron a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos y sus
Reglamentos; tercero, transparentar las inversiones hechas por las
compañías; cuarto, comprobar si la operación de las empresas se realizó
y se realiza, respetando los derechos sociales, colectivos y
ambientales; quinto, determinar la situación de la infraestructura de
aquellos contratos en los que ya se amortizaron las inversiones. Es
decir, como confiesan los clérigos neoliberales, verificar SI SE HA
RESPETADO EL ESTADO DE DERECHO. Luego de esto, cuando hayamos
identificado la enfermedad, entonces se recomendaría la medicina. De no
hacerlo así, el quirófano podría transformarse en funeraria.
Notas:
1)
Rodrigo Borja, de tendencia socialdemócrata, gobernó Ecuador entre 1988
a 1992, impuso severas contrarreformas laborales y adjudicó los campos
Bogi-Capirón y Tivacuno a Maxus (Repsol-YPY). El Vicepresidente de
Petroproducción de Borja, Oscar Garzón, fue Vicepresidente de la
estatal con Rafael Correa.
2) Inundar de agua el yacimiento por exceso de presión en el pozo
3)
En la cuenca sedimentaria de la Amazonía, el agua de producción está
asociada a los yacimientos de petróleo y particularmente se la
encuentra en los reservorios denominados Hollín y M-1, aunque se puede
evidenciar su presencia en los reservorio Napo "U" y hasta en Napo
"T"1.El agua de producción o formación es un tipo de agua sedimentaria
producto de150 millones de años de procesamiento natural y tiene
niveles muy altos de salinidad y metales pesados. Es fuertemente
salina, llegando a tener concentraciones de cloruros de sodio y otros
sólidos en cantidades que pueden llegar a las 100.000 ppm (miligramos
de sólidos por litro de agua.2 El agua de mar puede llegar a tener
35.000 ppm.En los yacimientos de petróleo la temperatura suele ser
cercana al gradiente térmico promedio de la tierra, 25-30°C/Km.,
(Elder, 1981). Considerando las profundidades a las que ocurre la
explotación petrolera (3-6 Km.), la temperatura del agua alcanza
valores del orden de hasta 180 °C.1 "Petróleo, Amazonía y Capital
Natural" de F. Reyes y C. Ajamil, 2006".
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