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Petróleo en Latinoamerica -
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Jueves, 25 de Septiembre de 2008 04:38 |
ENTERENSE LA FICHA DE EMEPA, LA EMPRESA ARGENTINA A LA QUE CORREA LE
ENTREGARIA EL DRAGADO Y OPERACIÓN DE LA HIDROVIA DEL NAPO. EMEPA ES
ADEMAS LA EMPRESA QUE MANEJARA EL NEGOCIO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA
AMAZONIA, JUNTO A EDUARDO EUNERKIAN DE LA CORPORACIÓN AMERICA, LOS
MISMOS DEL COCA-CODO SINCLAIR Y DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL.
La vereda y el tren
Por Horacio Verbitsky
Kirchner se encontró por primera vez con Alfonsín en un palco poco
recomendable, en la empresa de Gabriel Romero y con la presencia de
José Pedraza. La biografía del accionista de EMEPA y los negocios del
bipartidismo justicialista-radical. La propuesta de Carmen Argibay
contradice las presunciones sobre una Corte adicta y una tentación
autoritaria. La remoción del general Tereso revela las confusiones que
Kirchner y Pampuro todavía deberán disipar en las Fuerzas Armadas.
Al terminar el año, Néstor Kirchner obtuvo la bendición del ex
presidente radical Raúl Alfonsín: “Si sigue en la vereda del pueblo, lo
vamos a acompañar”, dijo durante la visita presidencial a Chascomús,
los pagos de Alfonsín. Luego explicó su coincidencia con la posición
del gobierno en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional
y los acreedores externos. Kirchner valoró la compañía y sus palabras,
porque a menudo identifica su gestión con la del primer gobierno
posterior a la dictadura militar. Esto implica una rica experiencia
sobre la que no está de más reflexionar. También vale la pena recordar
otras veredas recorridas en la última década por el bipartidismo
aborigen, con el deseo de que el nuevo gobierno no camine por ellas,
dado el sombrío lugar al que, como se ha visto, conducen.
Relaciones especiales
La presencia de Alfonsín en Chascomús, en su primer encuentro con
Kirchner, no era casual. Además de la ciudad en la que inició su
carrera política, el escenario era un emprendimiento con el que la
Unión Cívica Radical, pero también el Partido Justicialista, tiene
relaciones especiales, la empresa EMEPA. Su principal accionista,
Gabriel Romero, vinculado por amistad con los hijos del ex presidente,
creció como contratista y concesionario de servicios públicos durante
las presidencias de Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y
Eduardo Duhalde, en rubros muy diversos pero con un invariable punto en
común: el cobro de subsidios y/o sobreprecios, lo cual sin duda lo
habilita para formar parte del evanescente rubro de la “burguesía
nacional”. En 1986, Romero adquirió los talleres de EMEPA en Chascomús,
dedicados a la reparación de vagones ferroviarios. En ellos invertirá
ahora 100 millones de pesos el gobierno nacional para poner en
condiciones 120 vagones que correrán entre Retiro y Villa Rosa, el
lugar de reclusión de Fernando de Santibañes, Enrique Nosiglia y De la
Rúa. Ese es el trayecto que cubre la línea Belgrano Norte, a lo largo
de medio centenar de kilómetros que cruzan Vicente López, San Isidro,
Tigre, Malvinas Argentinas y Pilar. Su concesionario es Ferrovías,
también propiedad de Romero. En el reacondicionamiento de sus veintidós
estaciones, el Programa de Emergencia de Obras y Trabajos
Indispensables para el Desarrollo y Transformación del Sistema
Ferroviario invertirá otros 44 millones de pesos. En 1999, como parte
de una Unión Transitoria de Empresas, EMEPA obtuvo la concesión para
mejorar, conservar, mantener, explotar y administrar la estación
terminal ferroviaria Retiro de la ex línea Belgrano Norte, por valor de
500.000 pesos. Al mismo tiempo, el gobierno de entonces contrató obras
similares en la terminal Retiro de la ex línea San Martín, con
Desarrollos Comerciales SA (DECSA), propiedad del grupo Metropolitano,
concesionario del San Martín, entre cuyos accionistas figura otro
prócer, éste del justicialismo, Mario Montoto. Según el relevamiento
efectuado en febrero del año pasado por la Jefatura de Gabinete, las
líneas administradas por Romero y Montoto eran las que estaban en peor
estado. Duhalde firmó un denominado decreto de “emergencia
ferroviaria”, que dispuso la aplicación de fondos públicos a la
realización de un plan de obras prioritarias.
Romero tiene la concesión de Ferrovías desde 1994. Los acuerdos
anunciados la semana pasada deberían implicar empleo directo para 650
personas e indirecto para el doble. Flagrante contradicción, en el
palco de Chascomús también asomó el rostro indeseable de José Pedraza,
el cómplice principal del desmantelamiento de la red ferroviaria
durante la década menemista y del encogimiento del gremio más numeroso
del país a una mínima expresión. De cada diez trabajadores ferroviarios
en 1991, hoy sólo quedan dos. En proporción, hay pocos aportes tan
significativos a la desocupación como el de la Unión Ferroviaria. A
pesar de ello, Pedraza sigue firmando convenios que reducen los
derechos de los pocos miles de trabajadores ferroviarios que quedan. El
año pasado acordó con las empresas América Latina Logística Central SA
y América Latina Logística Mesopotámica SA, el convenio 612/03 en el
que se admite la Polivalencia Funcional (o cláusula
del fregado y el barrido), la ampliación del período de prueba a seis
meses, la asignación de las vacaciones en cualquier momento del año a
voluntad del empleador y la aceptación del transporte ferroviario como
un servicio público esencial, que en caso de huelga debe acatar la
intimación ministerial a mantenerlo en funcionamiento. Ni los gremios
del transporte ni la OIT admiten ese criterio. Menem le concedió a
Pedraza por decreto el tramo de cargas del ex Ferrocarril Belgrano, con
el que recorriendo unos cinco kilómetros, empalma Ferrovías en la
estación Carlos Leme. Desde allí se puede alcanzar el Parque Industrial
Pilar.
También por agua
Romero también es accionista, en sociedad con capitales belgas, de
Hidrovía S.A, a cargo del dragado y señalización desde el Puerto de
Santa Fe hasta el mar a través de la zona de aguas profundas naturales
del Río de la Plata. Además del cobro de peaje, la empresa recibe un
subsidio estatal pese a que la convocatoria original, formulada en
1993, poco antes del Pacto de Olivos, no contemplaba aporte público
alguno. Por cierto, la obra fue beneficiosa para el comercio exterior
argentino, ya que al pasar el calado del río de 22 a 32 pies los fletes
disminuyeron y ello mejoró la competitividad de los granos que salen
por el sistema fluvial Paraná-Río de la Plata. Pero el contrato estuvo
abierto a renegociaciones constantes, como ha sido la norma en las
privatizaciones argentinas, con ventajas para la empresa, como la
extensión del plazo de la contrato y el pago de compensaciones por
incumplimientos estatales. El juez federal Rodolfo Canicoba
Corral investiga una denuncia según la cual EMEPA no contaba con el
patrimonio mínimo exigido en las bases del concurso por el dragado de
la hidrovía y la obra se realiza con sobrecostos de 70 millones de
dólares al año, en comparación con el similar dragado del canal Martín
García, que realiza un consorcio belgaholandés. En 1997, cuando
comenzaba a concebir la posibilidad de su rrreelección Menem prorrogó
el contrato original hasta el año 2013, lo cual implica para el
concesionario un beneficio adicional de 1.500 millones de dólares,
entre peaje y subsidio.
Dolarización e indexación
La expresión en dólares no es anacrónica, al menos en este caso. Luego
de la devaluación, el gobierno del senador Eduardo Duhalde no pesificó
la deuda que tenía con la empresa por subsidios atrasados, como imponía
la Ley de Emergencia. Además, tanto el subsidio como las tarifas de
peaje que Hidrovía percibe fueron dolarizadas, con excepción de las que
corresponden al tráfico de cabotaje nacional, que no llegan al 10 por
ciento del total. En cambio “la casi totalidad de sus costos son
erogados en moneda local y, por tanto, no se han visto mayormente
afectados”, afirman los investigadores de FLACSO, Daniel Azpiazu y
Martín Schorr en su libro Crónica de una sumisión anunciada. Las
renegociaciones de los contratos con las empresas privatizadas bajo la
Administración Duhalde. Como si todo esto fuera poco (por decirlo con
una muletilla de los vendedores ambulantes en los vagones de
ferrocarril reacondicionados y operados por las empresas de
Romero), la Procuración del Tesoro emitió en noviembre de 2002 un
sorprendente dictamen que modificó otro de marzo del mismo año. El
primero había dicho que la concesionaria debía tributar el IVA sobre el
subsidio que recibía del Estado. El segundo, que no. La diferencia: 50
millones de dólares según el cálculo de los investigadores de la
FLACSO. “No obstante las taxativas disposiciones en materia de
desdolarización/desindexación de las tarifas de los servicios públicos
de la Ley de Emergencia, se verificó la presencia de algunos actores
privilegiados, como los propietarios de Hidrovía, para los que la misma
no rigió en ninguno de sus aspectos fundamentales (la no pesificación
de las tarifas ni del subsidio estatal, la no observancia de los
criterios básicos establecidos para la renegociación, la aplicación de
incrementos tarifarios de significación, la readecuación de cláusulas
contractuales que incidieron fuertemente sobre la
ecuación económico-financiera original a favor de la concesionaria, y
la modificación de importantes aspectos del contrato de concesión por
fuera del ámbito de la Comisión de Renegociación”, afirman Azpiazu y
Schorr. Esto provocó incluso un conflicto con el Uruguay, ya que el
aumento tarifario se comunicó a su gobierno un día antes de que entrara
en vigencia, sin cumplir las consultas a las que obligan las Notas
Reversales que regulan el tratamiento conjunto de todo lo que tenga que
ver con las aguas de uso común. Esto dio lugar a un reclamo oriental.
Se educa y se come
Durante el gobierno de Fernando de la Rúa en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Romero se inició en una nueva actividad, como proveedor
de servicios gastronómicos para escuelas y hospitales. Pese a que el
precio testigo indicaba que cada almuerzo costaba $1,80, luego del
alejamiento de Adalberto Rodríguez Giavarini fue adjudicado a la
empresa Menú, que cotizó $1,53. Pero como era de prever, al poco tiempo
no pudo seguir prestando el servicio, lo cual provocó una crisis en las
escuelas que atendía. El gobierno se negó a renegociar el contrato y
Romero se ofreció a prestarlo. La Procuración del Tesoro de la Ciudad
dictaminó que EMEPA podía continuar el contrato de Menú siempre que
contratara a sus empleados. Esto implicó ignorar el artículo 48 del
pliego por el cual se había licitado, según el cual debía ofrecerse la
continuidad a los otros oferentes. Un funcionario de la Dirección de
Asuntos Jurídicos, Paco Rodríguez Villar fue a
comer a una de las escuelas y se descompuso. Pero recibió directivas
de no disponer la rescisión del contrato, porque eso hubiera inhibido a
la empresa de presentarse a otra licitación. En 1998 se le adjudicó el
servicio para 135 escuelas, más del 20 por ciento del total, pero a
2,14$ por chico. Romero tenía quienes argumentaran a su favor cerca del
jefe de gobierno. En su campo Santo Tomás, trabajaba el yerno del jefe
de gobierno, Juan Petracchi, y su abogado era Federico Polak, el vocero
de Alfonsín. Sus contratos duraron más allá del gobierno de De la Rúa.
En 2002, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad comprobó que el
concesionario no cumplía con los compromisos asumidos en el pliego de
la licitación, pero tampoco con la alternativa que después de la
devaluación se contempló en la ley de emergencia. El perfil de Romero
es parecido al de Jorge Brito, el banquero radical que hizo fortuna con
el menemismo y al que Kirchner distinguió
con su primera referencia pública a la “burguesía nacional”. La
creación de puestos de trabajo legítimo, la reactivación de la
industria mediante inversiones en obras y servicios públicos son
decisiones inobjetables, que van en la línea de superación del
asistencialismo que ni alcanza ni enaltece a quien lo recibe. Ello no
significa que puedan pasarse por alto los antecedentes de los
empresarios que participan en ese tipo de convenios. Conocer su
biografía y sus nexos políticos es imprescindible para mantener el más
severo control sobre el cumplimiento de sus compromisos.
La mejor elección
La reconstrucción luego de un colapso ético e institucional, la pugna
con los organismos financieros internacionales y los acreedores
externos y el enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante la
guerra sucia militar contra la sociedad argentina son puntos en común
entre los gobiernos de Alfonsín y Kirchner. Ambos presidentes, además,
suelen fustigar en sus discursos a las denominadas corporaciones y
tienen una firme base de sustentación en las clases medias urbanas.
Esta semana, Kirchner tomó dos decisiones de notable coherencia con su
discurso. Una fue la propuesta de la jueza Carmen Argibay para integrar
la Corte Suprema de Justicia. Hija de un ministro del golpe gorila de
1955, sin vínculos personales ni ideológicos con el peronismo ni con el
actual gobierno, detenida sin proceso por la dictadura militar,
defensora tenaz de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres,
Argibay llegó a jubilarse luego de una dilatada carrera judicial
que culminó como jueza de un tribunal oral. Luego de ello fue escogida
para integrar el selecto grupo de jueces del tribunal internacional
para los crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la ex
Yugoslavia por la dictadura serbia de Slobodan Milosevic. Es uno de los
cargos de mayor jerarquía internacional que haya alcanzado nunca una
persona nacida en la Argentina. Sin duda, la designación por un mismo
gobierno de varios jueces del más alto tribunal no es la práctica
republicana más conveniente. Pero, igual que a la salida de la
dictadura militar, la necesidad de una renovación se hacía
imprescindible. Respondía al anhelo mayoritario de la ciudadanía, que
desea volver a creer en la justicia como control de las demasías
posibles de los otros poderes, y que se expresó tanto en las
movilizaciones significativas de 2002 cuanto en la votación de la
Cámara de Diputados, que por pocos votos no alcanzó los 2/3 necesarios
para
destituir ya entonces a los miembros de la asociación entre política y
negocios que se había aposentado en la Corte Suprema. Dadas estas
condiciones, era de la mayor importancia que el Poder Ejecutivo
ejerciera con restricción y sin partidismo su facultad de proponer a
los nuevos integrantes de la Corte. También en ese sentido, es difícil
imaginar mejor elección que la de Carmen Argibay. Su nombramiento
disipa los temores de que Kirchner quisiera conformar su propia Corte
adicta e implica una anticipada renuncia a cualquier tentación
autoritaria, del tipo que algunos opositores le han atribuido. Algo
similar suscita la designación al frente de la Obra Social de los
Jubilados y Pensionados de Graciela Ocaña, una persona capaz, honesta y
que ya ha demostrado que coloca sus convicciones bien por encima de las
conveniencias partidarias.
Los viejos vicios
La misma intención de reconstruir instituciones estragadas por viejos
vicios se percibe en el fulminante relevo del Secretario General del
Ejército, general Jorge Tereso, quien había intercedido ante la
justicia federal para que seis ex integrantes del Batallón de
Inteligencia 601, detenidos por crímenes de lesa humanidad durante la
dictadura militar, pasaran las fiestas de Navidad y Año Nuevo con sus
familias. También se ordenó la aplicación a Tereso de la máxima sanción
disciplinaria que permiten los reglamentos, por lo cual no sería lógico
que se le asignara un nuevo destino castrense, sino que él se fuera a
casa con su familia. Algo menos que eso equivaldría a un respaldo por
parte del jefe del Ejército, Roberto Bendini quien, según informó el
jefe de gabinete Alberto Fernández no recibió ninguna consulta del
Secretario General antes de la solicitud a la justicia. ¿Lo dispondrá
así Bendini, o seguirá girando en descubierto
sobre su cuenta personal a expensas de la generosidad personal del
presidente con él? A fojas 55 del expediente 15.165/03, que el
ministerio de Defensa instruyó a raíz de las expresiones que Bendini
formuló en agosto del año pasado ante 21 capitanes en la Escuela
Superior de Guerra, el capitán Miguel A. Vázquez menciona como aspecto
positivo de la disertación del Jefe de Estado Mayor el que hubiera
dicho que se proporcionaría “apoyo jurídico y personal al personal
detenido por causas relativas a la Guerra contra la Subversión”, como
el Ejército sigue llamando a los crímenes atroces y aberrantes
cometidos entre 1976 y 1983. Según la síntesis presentada por el jefe
del grupo, teniente coronel Alejandro Lamacchia, también se consideró
positiva la “expresión permanente” de Bendini “acerca de un Ejército
único (personal retirado y en actividad)”. Es decir, definiciones
coherentes con las que inspiraron a Tereso y opuestas a lo
que Kirchner dijo en la entrega de sables a los nuevos oficiales
egresados este año.
Desde un punto de vista político, el Poder Ejecutivo no puede permitir
que uno de sus funcionarios, como Tereso, invoque razones humanitarias
para solicitar un beneficio que no se concede al resto de las personas
privadas de su libertad por delitos menores, y que un juez de la
servilleta menemista lo niegue. Pero hay también consideraciones menos
coyunturales. Aun después de la sanción, fuentes del Ejército argüían
que los coroneles detenidos no eran delincuentes (sic). Kirchner y su
ministro de Defensa José Pampuro deberán seguir explicando a las
Fuerzas Armadas que aquellos hombres no sólo cometieron delitos (según
la semiplena prueba valorada por un juez y una Cámara de Apelaciones)
sino que esos crímenes son de los más graves. El Ejército no opina que
el principio de inocencia obliga a que todos los procesados sigan en
libertad hasta que recaiga condena en ellos, como hizo hace poco una
sala de la Cámara del Crimen, sólo pide un
privilegio inadmisible para algunos de los que aún insiste en
considerar suyos. Además sostenían que si el Ejército se encarga de
detener al personal requerido por la justicia también debe tramitar sus
solicitudes ante el juez. El razonamiento no carece de lógica, pero la
conclusión debería ser la inversa: tampoco hay motivo para que la
detención de los retirados la realice el Ejército y no las fuerzas de
seguridad, como ocurre con los demás ciudadanos con cuentas pendientes
con la justicia. Otra conclusión del episodio es que en un marco de
subordinación al poder civil la propia Jefatura V carece de sentido.
Creada durante la dictadura de Lanusse con el nombre de Jefatura de
Política y Estrategia, se convirtió en Secretaría General en 1973, pero
conservó hasta ahora su carácter original, incompatible con las
competencias y atribuciones de una fuerza armada.
Las palabras y los hechos
Durante la campaña electoral de 1983, Raúl Alfonsín dijo que sólo debía
pagarse la parte “legítima” de la deuda externa. Al mes de asumir la
presidencia, propuso que América Latina concertara su acción
internacional en un club de deudores y sumara a la negociación con los
bancos a los gobiernos de los países acreedores, a los que consideraba
corresponsables. Advertía que de otro modo el panorama para “las
aspiraciones al desarrollo y las tendencias democráticas en el
continente sería sombrío”. Sólo su diagnóstico se demostró acertado. El
fantasma de una moratoria colectiva escalofriaba a los bancos
acreedores, cuyos créditos latinoamericanos no previsionados podían
desatar una epidemia de quiebras. Pero al primer vencimiento clave de
intereses, a tres meses de asumir, en vez de anunciar la moratoria, o,
como se dice hoy, el default, Alfonsín comunicó que Estados Unidos,
Brasil, México, Venezuela y Colombia le habían
adelantado los fondos para que pagara su factura. Por supuesto,
presentó el acuerdo con acentos sanmartinianos y bolivarianos. Los
grandes bancos aprovecharon para pasar a pérdida en sus balances los
créditos latinoamericanos y dejaron de ser vulnerables ante sus
accionistas. La posibilidad de imponerles condiciones se evaporó como
rocío al sol. Jaqueado por la inflación y el malestar militar ante los
juicios, Alfonsín terminó pactando con los que entonces se llamaban
capitanes de la industria la economía de guerra contra el salario, y
con los acreedores externos el Plan Baker, de capitalización de deuda
externa, precursor del plan Brady y el desguace del Estado del
menemismo. A principios de 1987, además, puso en práctica su concepción
de la unidad nacional, incorporando al gabinete al sindicalista del PJ
Carlos Alderete, al tiempo que anunciaba un nuevo acuerdo con el Banco
Mundial, de reconocimiento y reestructuración de la deuda
externa. Y al promediar ese año sancionó la ley de obediencia debida,
con lo cual terminó por cruzarse de vereda, operación en la cual lo
pisó el tren, que sólo dejo de él un fantasma patético. La proximidad
con Britos, Romero o Pedraza por un lado, el nombramiento de Argibay y
la remoción de Tereso por el otro, indican que todas las opciones están
abiertas todavía para Kirchner.
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