CORREA EXPULSA A LA CONSTRUCTURA BRASILEÑA ODEBRECHT DE ECUADOR
América Economía, 23 setiembre 08
Ecuador expulsó el martes a la constructora brasileña Odebrecht
enviando
militares para tomar sus proyectos en el país, días antes de que se
celebre un referendo en el que el presidente Rafael Correa busca
aprobar
una Constitución de corte socialista que amplía sus poderes.
El mandatario izquierdista ordenó revertir al Estado las obras
adjudicadas a la compañía, valoradas en unos US$ 800 millones, luego de
que Odebretch se negara a compensar a la nación andina por daños
técnicos
en una central hidroeléctrica que originaron pérdidas
millonarias.
"El Estado ecuatoriano ha considerado el comportamiento de la
empresa como una burla e irrespeto a los intereses del pueblo
ecuatoriano, lo que el Gobierno nacional no permite ni permitirá
jamás", dijo el ministro coordinador de Sectores Estratégicos,
Derlis Palacios. "Esa es la decisión del presidente (la
expulsión)", agregó el funcionario en una conferencia de
prensa.
La compañía, con sede en Brasilia, defendió su actuación en un
comunicado
de prensa en el que aseguró que su propuesta para solventar sus
diferencias con el Gobierno era "altamente positiva" para el
país.
El decreto de Correa, quien suele adoptar medidas nacionalistas para
reforzar su liderazgo interno, podría afectar a las buenas relaciones
de
Ecuador con la mayor economía regional, cuyas empresas mantienen
importantes inversiones en construcción y petróleo.
Sondeos dan al popular mandatario una cómoda ventaja para aprobar el
domingo una nueva carta magna que le dará mayor control sobre la
economía
y ampliará sus poderes ejecutivos.
Desplazamiento militar.
El decreto presidencial también dispuso el embargo de todos los
bienes de la compañía y prohibió la salida del país de los directivos
brasileños, encargando a las Fuerzas Armadas cumplir con esta
disposición. Además, el Gobierno dijo que adoptará medidas legales y
penales contra la firma tras auditar los proyectos. El ministro de
Defensa, Javier Ponce, confirmó que los militares comenzaron a
desplazarse hacia las obras, aunque no precisó el número de tropas
desplazadas.
La pugna entre Odebrecht y el Gobierno surgió hace unos tres meses,
luego
de que la central hidroeléctrica de San Francisco, que genera un 12 por
ciento de la energía nacional, se paralizara tan sólo un año después de
su inauguración poniendo en riesgo el abastecimiento eléctrico.
Odebrecht
también tenía adjudicada la central hidroeléctrica Toachi-Pilató
n, la
construcción del aeropuerto en la ciudad amazónica de Tena, la
carretera
Carrizal-Chone y el proyecto de aprovechamiento de agua Baba.
Las autoridades aseguraron que no deben compensar a la firma por la
rescisión de los contratos de obra, en algunos casos ya iniciados, por
su
condición de contratista. En el caso San Francisco, ubicada en el
centro
del país, el Gobierno demandaba una compensación de unos 43 millones de
dólares, junto al compromiso de devolver la operación de la represa en
la
"brevedad posible".
Correa, que ha renegociado otros contratos con empresas mineras y
petroleras para aumentar el control estatal sobre estos sectores
estratégicos, anunció el fin de semana que llegó a un acuerdo con la
petrolera brasileña Petrobras para que devuelva un yacimiento al
Estado.
No obstante, Petrobras seguirá presente en el país operando un bloque
del
que extrae unos 36.000 barriles de crudo día (bpd).
La resolución del conflicto entró esta semana en un confuso escenario,
ya
que este lunes el asesor en materia energética del Gobierno de Ecuador,
Bernardo Henríquez, había anunciado un principio de acuerdo con la
empresa brasileña, basado en el compromiso de la compañía de depositar
recursos por US$43 millones en un fideicomiso de la Corporación
Financiera Nacional (CFN).
Según una información publicada este martes por
El
Comercio, de la que AméricaEconomía.com se hizo eco,
los
montos serían destinados como garantía hasta que concluya una auditoría
que determine la responsabilidad de la firma en los daños a la central
hidroeléctrica San Francisco y el lucro cesante, debido a su
paralización.
El convenio se dio luego de la advertencia que hiciera el presidente
ecuatoriano Rafael Correa a Odebrecht para que cancelara una
indemnización al Estado. Sin embargo, horas más tarde el Gobierno dio
marcha atrás con la decisión y resolvió terminar los contratos con la
empresa brasileña.
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