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La empresa enfrenta escándalos múltiples en cuestión de días

QUITO, Ecuador--(BUSINESS WIRE)--15 de septiembre de 2008-- La acusación penal en Ecuador contra dos abogados de Chevron, uno de ellos con el cargo de vicepresidente ejecutivo, se basa en la evidencia científica que indica que el gigante petrolero conspiró con funcionarios del gobierno ecuatoriano para falsificar los resultados de un saneamiento del medioambiente para escapar a una potencial responsabilidad civil multimillonaria, pendiente en aquel entonces en un tribunal federal de los Estados Unidos.

   Los abogados de los demandantes en el juicio civil pendiente, el

cual alega que Texaco (ahora Chevron) arrojó billones de litros de

desechos tóxicos a los canales y ríos navegables del Amazonas,

afirmaron que Chevron está tergiversando la acusación formal al aducir

que fue motivada "por razones políticas", cuando en realidad se basa

en un amplio conjunto de muestras de suelo generadas por una agencia

de investigación independiente, y corroboradas por otras tres fuentes

distintas, incluyendo a Chevron mismo.

    "Chevron enfrenta un problema serio porque hay abundante evidencia

de que se cometió un fraude y gran parte de esa evidencia proviene de

Chevron", declaró Pablo Fajardo, el abogado ecuatoriano de la parte

actora, quien además fue distinguido recientemente con el prestigioso

Premio Medioambiental Goldman.

    "Siempre que Chevron protesta alegando "interferencia política" es

porque no tiene una buena defensa", agregó.

    La responsabilidad potencial de Chevron en el juicio civil, el

cual se está dirimiendo en Ecuador a pedido de Chevron, fue estimada

entre 7,2 billones y 16,3 billones de dólares, según un informe

divulgado en marzo que presentó un experto designado por el tribunal.

El fallo definitivo del juicio civil, que comenzó en 2003, se espera

para los próximos meses.

    Entre los acusados se encuentran Ricardo Reis Veiga,

vicepresidente de Chevron en Miami, quien supervisa los asuntos

legales de la empresa en Latinoamérica, y Rodrigo Perez Pallares,

representante legal de Chevron en Ecuador durante más de tres décadas.

Reis Veiga y Perez Pallares estuvieron a cargo de supervisar el

presunto saneamiento (objeto de la acusación) por parte de Texaco a

mediados de los 90, y ambos continuaron cumpliendo una función activa

supervisando la defensa de Chevron durante el juicio civil.

    La acusación también involucró a siete funcionarios del gobierno

ecuatoriano, quienes certificaron las medidas de saneamiento, entre

los que se encuentra un ex Ministro de Energía.

    Los residentes de la región amazónica, incluyendo a los líderes de

cinco grupos indígenas, han alegado durante años que el saneamiento de

Chevron fue un fraude y que fue orquestado para asegurarse una

exoneración de responsabilidad que pudieran usar para desestimar la

acción civil colectiva pendiente, en ese entonces, en el tribunal

federal de los Estados Unidos de Nueva York. Los abogados de Texaco,

en ese momento, trataron reiteradamente de valerse de la exoneración,

suministrada antes de que se efectuara ninguna tarea de saneamiento,

para desestimar la causa.

    El juez de los Estados Unidos competente en ese momento rechazó el

intento de Texaco de que desestimaran la causa, pero la empresa logró

ganar una moción para transferir el caso a Ecuador, sosteniendo que

los tribunales de ese país eran justos y constituían un foro más

apropiado para llevar a cabo el juicio.

    La acusación formal, divulgada por Chevron el viernes, se basa

principalmente en las muestras de suelo tomadas en las fosas saneadas,

recogidas en 2001 por una agencia independiente del gobierno de

Ecuador, llamada Controlaria del Estado. Las muestras recogidas por

esta agencia, similar a la Oficina General de Auditoria en los Estados

Unidos, forman parte del registro oficial del juicio civil.

    La acusación sostiene que Reis Veiga y Perez Pallares firmaron

documentos que certificaban la finalización del saneamiento, cuando en

realidad nunca se llevó a cabo. La firma de los documentos viola

varias disposiciones contra el fraude establecidas por el código penal

de Ecuador, según dicha acusación. Los cargos por fraude conllevan

sentencias máximas de diez años en prisión según el código penal de

Ecuador.

    Para defenderse de los cargos, Reis Veiga y Perez Pallares también

deberán enfrentarse al conjunto de pruebas científicas del juicio

civil, suministradas por tres fuentes diferentes: Chevron, la parte

actora y el experto independiente del tribunal, el profesor Richard

Cabrera. Cuando Cabrera revisó casi 64.000 resultados analíticos

producidos por estas Fuentes, encontró que más del 80% de las fosas

supuestamente "saneadas" tiene niveles de toxinas que violan las

leyes.

    La evidencia en el juicio civil demuestra que las fosas de desecho

"saneadas" contienen Hidrocarburos Totales del Petróleo (HTP) de hasta

206.512 partes por millón (ppm), es decir, 206 veces superior a la

norma ecuatoriana de 1.000 ppm, según Douglas Beltman, científico de

Stratus Consulting en Boulder, que trabaja con los demandantes. Los

HTP son un conjunto de químicos tóxicos entre los que se encuentra el

benceno, conocido agente cancerígeno.

    Se adjuntó en este comunicado de prensa una lista completa de las

fosas supuestamente saneadas que violan las normas ecuatorianas,

tomada del informe de Cabrera, publicada en el sitio Web

www.chevrontoxico.com.

    Fajardo señaló que hay más pruebas disponibles en el registro

público que pueden usarse para ampliar la causa del fiscal. Entre esta

evidencia se encuentra una prueba de que dos ejecutivos de Chevron se

valieron de un examen de laboratorio secreto que hizo técnicamente

imposible detectar las cantidades de HTP que hubieran violado el

contrato de saneamiento.

    La fecha de la acusación formal parece surgir como resultado de

que el plazo legal de prescripción expiraría el 28 de septiembre, diez

años después de firmados los documentos definitivos que señalaban la

finalización del saneamiento.

    La noticia de la acusación formal se dio a conocer un día después

de que Chevron resultara implicado en un escándalo de drogas y sexo

relacionado con el pago de regalías petrolíferas al Departamento del

Interior, y apenas unas semanas antes de que Chevron se someta a

juicio en un tribunal federal de los Estados Unidos de San Francisco,

enfrentando cargos por violación a los derechos humanos de los

pobladores de Nigeria. Los demandantes en Ecuador alegaron haber

sufrido amenazas de muerte y una serie de robos.

    La causa civil sostiene que Chevron arrojó más de 70 billones de

litros de desechos tóxicos en el Amazonas ecuatoriano, y abandonó

cientos de fosas de desechos abiertas, excavadas en los suelos de la

selva amazónica, lo que desencadenó una epidemia de cáncer y contaminó

las tierras de cinco grupos indígenas, forzándolos a abandonar la

mayor parte de su hábitat ancestral. Como operador exclusivo de una

amplia concesión petrolera, Texaco extrajo 1,3 billones de barriles de

petróleo del país entre 1964 y 1990.

    Acerca del Frente de Defensa de la Amazonia

    El Frente de Defensa de la Amazonia representa a decenas de

comunidades de la selva tropical y a cinco grupos indígenas, que

habitan la región norte de la Amazonia en Ecuador. La misión del

Frente es proteger el medio ambiente y asegurar la justicia social,

mediante organizaciones bases, defensa política y litigios.

    El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la

versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como

adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es

la única versión del texto que tendrá un efecto legal.