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ECUADOR - TEXACO PONE EN RIESGO ATPDA CON ECUADOR Imprimir E-mail
Petróleo en Latinoamerica - Ecuador
Jueves, 31 de Julio de 2008 10:54
FRENTE DE DEFENSA DE LA AMAZONIA

Quito, 31 de julio de 2008

TEXACO PONE EN RIESGO ATPDA CON ECUADOR

Exige al gobierno norteamericano no amplíe acuerdo mientras Ecuador no invalide el juicio en su contra.

La compañía Chevron-Texaco, contrató los servicios de importantes políticos para que el gobierno norteamericano no extienda las preferencias arancelarias, ATPDA, a Ecuador, si no se invalida el juicio que 30 mil pobladores amazónicos interpusieron a la compañía petrolera.

Según la investigación realizada por Michael Isikoff, publicada en la última edición de la prestigiosa revista Newsweek y que saldrá a la venta el próximo 4 de agosto, “un portavoz de la Representante Comercial de Estados Unidos (…), Susan Schwab, confirmó que su oficina está considerando la petición”, realizada por el equipo de Chevron, que incluye a Trent Lott, quien liderara la mayoría del Senado, John Breaux, ex senador demócrata y Wayne Berman, recaudador de fondos de la campaña de John McCain.

De acuerdo a la misma publicación, según ha expresado uno de los lobystas contratados por Chevron, quien pidió reserva de fuente, la derrota en este juicio podría “sentar un precedente peligroso para otras transnacionales norteamericanas”. “No podemos permitir que países pequeños fastidien a compañías grandes como ésta –compañías que han hecho grandes inversiones alrededor del mundo”.

Pero no es la primera vez que Chevron actúa ante las autoridades norteamericanas a fin de que ejerzan presión política, según versiones de los demandantes, lo propio ocurrió durante las negociaciones del TLC.

URL: http://www.newsweek.com/id/149090


Delito cometido por Texaco a punto de prescribir

La Asamblea de Afectados por Texaco, aportó nuevas evidencias ante la Fiscalía, que consiste en la entrega de cientos de resultados de laboratorio obtenidos durante el juicio de Lago Agrio, tanto por técnicos de la empresa, como por expertos de los demandantes, con el fin de proseguir la indagación previa solicitada por la Contraloría General del Estado, para determinar los responsables de liberar a Texaco de sus responsabilidades ante el fraude en la supuesta remediación ambiental.

Estas pruebas fueron entregadas a petición de la Fiscalía General del Estado, cuando falta un mes para que el delito prescriba, ante ello, las organizaciones afectadas esperan que con estas evidencias esa organización del Estado agilice el trámite para así evitar que un grave delito quede en la impunidad. Anunciaron además el posible inicio de acciones legales en contra de los funcionarios públicos, de esta y otras administraciones, que por inacción y/u omisión de sus responsabilidades han puesto en peligro la conclusión de la indagación previa, antes de que prescriba.

De continuar exitosamente esta investigación, permitiría iniciar un juicio penal contra los funcionarios públicos y personas particulares, que dieron paso a la liberación de responsabilidades a Texaco, luego de la supuesta remediación, que como está documentado en pruebas científicas no se la realizó correctamente, por lo que se configura el delito de falsificación de instrumento público.

Como antecedente es importante que se conozca que en 1995 Texaco firmó con el Ecuador un contrato denominado “Contrato de Reparación Ambiental y Liberación de Responsabilidades”, mediante el cual el Estado se comprometía a liberar a la empresa de toda responsabilidad proveniente de sus operaciones hidrocarburíferas a cambio de que realice una reparación ambiental de los daños que hubiera ocasionado. Incumpliéndose los términos del contrato y como ha sido demostrado, a pesar de los altos niveles de contaminación en las zonas supuestamente remediadas por la compañía, el Estado procedió a conceder esa liberación completa de responsabilidades, según consta en actas públicas, que sostienen que la compañía cumplió con su parte en la reparación de los daños.

Respecto a este particular la Contraloría General del Estado emitió un Informe basado en el examen especial que hizo a este Contrato y que concluye la existencia de indicios de responsabilidad penal, tanto por parte de funcionarios públicos como de personas particulares, lo que motivó que esta entidad estatal presente la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público, el 30 de octubre del 2003.

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