| Sin reglas claras el
proyecto para ITT |
| LE UNIVERSO Domingo 1 de junio del 2008 |
El Gobierno ecuatoriano planea emitir bonos de
responsabilidad para garantizar los aportes de extranjeros y dejar el
petróleo en tierra en el ITT. Si algún momento se incumple el
compromiso, estos se convertirían en deuda externa. El procedimiento
aún no está definido y se ha establecido un plazo hasta octubre próximo.
La
emisión de bonos de responsabilidad que se convertirían en deuda
externa si el Ecuador irrespeta su palabra, surge como una alternativa
del Gobierno para sustentar la Iniciativa Yasuní, que busca dejar casi
mil millones de barriles de petróleo en tierra en el campo
Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT), en el Parque Nacional Yasuní, si el
mundo aporta al menos 350 millones anuales.
Ese es uno de los
aspectos que contempla el denominado Plan Integral, cuya elaboración
está por concluir y que debe considerar incluso el destino específico
de los fondos. Aún no hay ofertas concretas, pero el presidente Rafael
Correa amplió el plazo de captación hasta octubre. Caso contrario se
licita.
Los ambientalistas se quejan por las indefiniciones,
mientras que los pobladores de unas 80 comunidades aledañas al Yasuní
dicen que más les preocupa las necesidades básicas insatisfechas.
El
río caudaloso de aguas chocolatadas corre semidormido. Culebrea entre
árboles; la espesa selva parece inclinarse a sus orillas, el río les da
vida. Aquí, en uno de los linderos del Parque Nacional Yasuní, que
involucra territorios de Napo y Orellana hasta la frontera con Perú, se
siente al máximo la generosidad de la naturaleza.
El río,
bautizado por los ancestros como Shiripuno, avanza hacia el corazón del
Yasuní, reconocido por la Unesco como Reserva de la Biosfera y que en
sus entrañas guarda una gran biodiversidad y a dos tribus no
contactadas: tagaeri y taromenane. Adentro, en la profundidad, también
está la más grande reserva de petróleo del Ecuador: el eje
Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT), donde se estima hay de 920 millones
a mil millones de barriles.
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Por la importancia del sitio, el presidente Rafael Correa, acogiendo la
idea del hoy presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, y de grupos
ambientalistas, anunció en abril del 2007 la puesta en marcha de la
Iniciativa Yasuní, que busca financiamiento mundial de unos $ 350
millones anuales para no explotar el ITT. Aunque también puso en
marcha la licitación para explotar el crudo, si no existen
fondos. Correa fijó como plazo el próximo 5 de junio; ahora amplió
hasta el 5 de octubre.
A fines del año pasado se creó la
Secretaría Técnica. Su titular, Juana Ramos, indica que esta entidad
promociona la iniciativa y orienta el proceso, pero está por culminar
el denominado plan integral que define, entre otras cuestiones, a dónde
irán los recursos que entreguen gobiernos y organizaciones a condición
de que no se explote el crudo.
Inicialmente hay tres ejes de
inversión: transición energética, para que el país deje de depender del
petróleo y busque alternativas; protección ambiental, especialmente del
Yasuní, y obras sociales, aún no determinadas por tipo ni lugar.
Juana
Ramos destaca que en los próximos días se realizará una reunión donde
los ministros de Ambiente, Salud, Educación, Turismo, Inclusión Social,
Gobierno y Relaciones Exteriores definirán cuáles serían las áreas por
invertir. Hasta ahora no hay un diagnóstico de las comunidades
adyacentes al Yasuní.
Ramos afirma que para garantizar la
factibilidad y duración de la iniciativa, se ha definido la emisión de
bonos de responsabilidad, que se convertirían en deuda externa si el
Estado, representado por el Gobierno de turno, no respeta el
compromiso. Al momento, la emisión está en estudio en el Ministerio de
Economía y Finanzas.
Dice que hay interés mundial, aunque no
ofertas de dinero concretas. Existe un fideicomiso nacional y se ha
pedido que la Unión Europea haga de fiduciaria internacional para las
donaciones. “En 30 o 45 días se harán anuncios concretos de
financiación”, dice Ramos.
Pero si bien el presidente Correa
parece mostrar un genuino interés en la iniciativa e incluso en su gira
a Europa, hace dos semanas, la promocionó, algunas de sus decisiones en
materia ambiental envían señales confusas a los países que podrían
interesarse en apoyarla.
“La entrega de la licencia ambiental
para Petrobras, que opera el bloque 31 dentro del Yasuní, vecino del
ITT, fue un balde de agua fría para la comunidad internacional que
interpretó esto como que sí habrá explotación del petróleo”, dice Luis
Corral, miembro de la agrupación Amazonía por la Vida, uno de los
grupos impulsores del proyecto.
Esa entidad es parte de Acción
Ecológica, que hasta hace poco tenía como directora a Esperanza
Martínez, hoy asesora de Alberto Acosta en la Asamblea, y que fue
cuestionada por Correa porque, según él, “no responde al proyecto
político de PAIS”. Corral señala que, desde la Secretaría Técnica
dirigida por Juana Ramos (alterna de Acosta) se han diseñado mecanismos
de financiamiento que no son “políticamente correctos”.
La
propuesta original apuntaba a obtener una compensación para evitar el
calentamiento global, sin condicionamientos, pero ahora se habla de
canjes de deuda. Tampoco está claro si la figura de la "venta de bienes
y servicios ambientales" (beneficio de reducir las emisiones de dióxido
de carbono) generará algún derecho sobre la biodiversidad del país en
los titulares de los "bonos de carbono".
La abogada ambientalista Inés Manzano expresa que el régimen no puede
presentarse ante los foros internacionales para pedir apoyo a la
Iniciativa
Yasuní si no fortalece, primero, los convenios para la protección del
medio ambiente, sobre todo el control de la deforestación.
Mientras
esto sucede, en la cabecera del río Shiripuno está Manuel Cahuiya,
líder de Ñoneno, una de las 38 comunidades de indígenas huaorani
asentadas en su mayor parte en el interior de la reserva. Está furioso.
Cerca de su comunidad se instaló hace dos meses un centro de vigilancia
que, entre otras cosas, impide la salida de madera del Yasuní y áreas
aledañas.
“Ya no saca marera (madera). Marereros se fueron y
nadie da nada. No tenemos para comer; guaguas están enfermos; no hay
gasolina para motor de canoa y gente no puede salir”, se queja el líder
huao, quien cobraba hasta $ 1.000 mensuales a los madereros,
especialmente colombianos, que por su comunidad accedían a la reserva
para extraer cedro rojo y caoba.
A Cahuiya casi no le interesa
la Iniciativa Yasuní para dejar el petróleo en tierra. Solo piensa en
conseguir dinero para sus gastos, pues no posee ninguna otra forma de
obtener ingresos. Igual realidad la tienen sus hermanos huao. O venden
madera aliándose con los explotadores o consiguen trabajo como obreros
en las compañías petroleras.
Tampoco le llama la atención a José
María Aguilar, tesorero de la comunidad Andina, ubicada a 100 km de
Coca y cercana al Parque Nacional Yasuní. “Ahora que sacan petróleo de
toda esta zona no nos atienden, peor será después con eso del ITT.
Nosotros, los campesinos, somos olvidados, no tenemos de qué vivir.
Hasta la madera ya prohíben sacarla”, comenta Aguilar. Explica que para
explotar el bosque en zonas no incluidas en la reserva deben presentar
un plan de manejo cuyo costo es de $ 2.000 para sacar 200 m³ y obtener
el doble de dinero.
En Andina residen unos 150 campesinos, a
quienes se los denomina colonos y que llegaron de provincias de la
Costa y Sierra hace 20 o 30 años. Viven, en su mayoría, en casas de
tablas. No poseen trabajo fijo y cuidan animales domésticos. Los
servicios básicos son una quimera.
Inés Arango, Loma del Tigre,
Armadillo y al menos cuarenta comunidades de colonos se asientan en los
bordes del Yasuní. La mayor parte se asemeja a la Andina y sus
pobladores tienen las mismas necesidades.
“La gente alrededor
del Yasuní vive en extrema pobreza. Cada familia obtiene un promedio de
$ 60 al mes. Lo único que esperan es que las petroleras les den trabajo
para ganar $ 300 mensuales. Esas necesidades provocan más presión al
área protegida”, dice José Rodríguez, técnico del proyecto Bosque.
Ese
proyecto es financiado por la Unión Europea y lo ejecuta Solidaridad
Internacional, una ONG. En las comunidades aledañas al Yasuní establece
datos sobre lo que se extrae y sobre la forma de vida de los
pobladores. Rodríguez dice que han establecido que la extracción de
madera de áreascercanas al Parque, con permiso del Ministerio de
Ambiente, ha ido
en aumento cada año. En el 2005 salieron 40 mil metros cúbicos; en el
2006, 80 mil; en el 2007, 110 mil.
Eduardo Pichilingue,
coordinador del centro de monitoreo de la zona intangible en la
cabecera del río Shiripuno, a 108 km de Coca, reconoce que en toda la
zona ha habido una ausencia absoluta del Estado, que solo se ha
extraído petróleo pero no cubierto las necesidades básicas de la gente.
Por eso considera que si se consiguen recursos para dejar el petróleo
represado en el ITT, debe priorizarse la atención a estas poblaciones.
Enrique
Elizalde, jefe de educación ambiental del Municipio de Orellana, es
incrédulo sobre los resultados de esta campaña. “El Gobierno pide
financiar, pero nosotros creemos que es una propaganda política;
sabemos que tarde o temprano se va a explotar el ITT”, menciona. Por
esta razón, el próximo jueves habrá una caravana estudiantil ambiental
en Coca. “Queremos decir que que no se explote el Yasuní en forma
definitiva”.
La iniciativa del ITT despierta expectativa en la
prensa europea. Estos días, un equipo del canal Italia 1 Mediaset
recorre el Yasuní. El periodista Matteo Viviani afirma que se debe
concienciar al mundo que la lucha ambiental es una prioridad.
El eje ITT
Antecedentes
1980-1990
Petroecuador inicia exploración.
30 de junio de 1993
Petroproducción descubre que el eje Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT)
posee reservas de 1.000 millones de barriles.
2001-2002
Se perforan dos pozos para certificar las reservas.
Junio del 2007
El directorio de Petroecuador decide no explotar el ITT por estar en
medio del Parque Yasuní.
Octubre del 2008
Termina el plazo impuesto por
el Gobierno para conseguir los $350 millones anuales para dejar el
petróleo en tierra. Si no se logra, inmediatamente se convocará a
licitación para su explotación.
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