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PROPUESTA PARA LA
DECLARATORIA
MESA No.5 SOBRE “RECURSOS
NATURALES Y BIODIVERSIDAD” DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL ECUADOR,
ELABORADA POR EL FORO SOBRE MODELO DE DESARROLLO, HIDROCARBUROS Y
ECOSISTEMAS FRAGILES.
DECLARATORIA
FORO NACIONAL
“MODELO
DE DESARROLLO, HIDROCARBUROS Y ECOSISTEMAS FRAGILES”
Nueva
Loja, Sucumbíos, febrero 22 de 2008
Problemática
Los
más de 300 delegados asistentes a este Foro, representantes de
organizaciones sociales, campesinas, afrodescendientes, juntas
parroquiales, nacionalidades y pueblos ancestrales, organizaciones y
movimiento de mujeres, municipios, instituciones eclesiásticas,
organismos no gubernamentales, instituciones educativas, comités
cívicos, Asamblea bi provincial de Sucumbíos y
Orellana, grupos juveniles, gremios profesionales, sindicatos de
trabajadores, y ciudadanía en general, declaramos al conjunto
de la nación.
Nuestro
país es privilegiado en el contexto mundial tanto por su mega
biodiversidad, como por la diversidad de sus pueblos ancestrales. Sin
embargo, históricamente, las estrategias de crecimiento
económico del país se han basado tanto en la
explotación intensiva de los recursos naturales,
principalmente para el exportación (cacao, banano, petróleo),
como en una competitividad internacional alcanzada a partir de una
remuneración al trabajo a niveles cercanos a los de la
subsistencia, confiriéndole a la sociedad ecuatoriana un
carácter socialmente excluyente y ambientalmente no
sustentable.
Como
consecuencia, la sociedad ecuatoriana se caracteriza no solamente por
la persistencia y profundización de la pobreza masiva y una
inequidad social que se ubica entre las más altas del mundo,
sino también por la acelerada destrucción de sus
recursos naturales. ¿Por qué nos encontramos en un
estancamiento tan prolongado y aparentemente difícil de
superar? ¿Estamos en realidad sembrando el petróleo? El
país no ha tenido un crecimiento económico prolongado,
se ha caracterizado por formar un ciclo de pobreza, reforzado por
sucesivos períodos de estancamiento. Es la característica central de un
modelo de alta dependencia en la extracción de
recursos naturales, que además resta posibilidades de
inversión en otros sectores que sustentan el crecimiento a
largo plazo como son la educación, la salud y las
instituciones sociales.
Además,
la persistencia de ese modelo es causa frecuente de conflictos
socioambientales, que en muchos casos adquieren matices violentos,
violatorios de los derechos individuales y colectivos, con
consecuencias como la frustración de los sectores más
vulnerables y la consiguiente pérdida de credibilidad en el
sistema institucional y en las leyes y la ausencia de políticas
que repercuten en el acelerado deterioro de las condiciones de vida y
la depredación de los ecosistemas.
Frente
a ese panorama, es impostegrable repensar el modelo de desarrollo del
pa
Propuesta
de Principios constitucionales
Modelo
de Desarrollo
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En el nuevo modelo de
desarrollo, la naturaleza no debe ser vista como objeto, recurso
natural, materia prima o paisaje, sino como madre que cuida y nos
alimenta, basados en las cosmovisiones de nuestros pueblos ancestrales;
naturaleza que además es sujeto de derechos, garantizando para ella su
existencia y renovación. La relación con la
naturaleza debe ser armónica, sostenible, equilibrada, racional y
respetuosa.
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La justicia y la
sostenibilidad nos exigen no utilizar más recursos que los que
necesitamos. La contención en el uso de los recursos y vivir dentro de
los límites marcados por la naturaleza, son precondiciones de la
justicia social. Es
indispensable un profundo cambio en el modelo de desarrollo actual,
superando su carácter extractivo y excluyente, como precondición para
la conservación y renovación de la riqueza natural del país y la
satisfacción de las necesidades humanas de las generaciones actuales y
futuras
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El desarrollo debe ser ambientalmente sano,
económicamente viable y socialmente justo, equitativo y participativo,
que garantice el buen vivir sobre la base de la satisfacción de las
necesidades humanas y la recreación de las diferentes culturas de las
generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las
generaciones futuras para atender sus propias necesidades, manteniendo
la diversidad biológica, y la salud de ecosistemas y especies con su
diversidad genética, como los beneficios y funciones ecológicas en sus
diferentes componentes a través del tiempo, incluyendo el clima, el
agua, los suelos, sedimentos y el aire.
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El desarrollo sostenible no es solo deseable
sino que es una necesidad a largo plazo, que garantiza la calidad de
vida y considera un crecimiento económico que no exceda las capacidades
de absorción y regeneración de los ecosistemas que los sostienen.
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En el modelo de desarrollo sostenible el
crecimiento no es el fin en sí mismo, sino el medio para satisfacer las
necesidades humanas y su expansión deberá concentrarse en la calidad
más que en la cantidad, priorizando la regeneración de los ecosistemas y el respeto de los
derechos individuales y colectivos de toda la población sin exclusión.
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Un modelo de desarrollo
que se basa en el respeto a la naturaleza y en el manejo y explotación
sustentable de sus recursos, en la protección del patrimonio natural y
en el respeto a los derechos individuales, colectivos y de
autodeterminación de las nacionalidades y las poblaciones locales. Conservación de los ecosistemas,
mantenimiento y potenciación de las culturas y la realización personal
de los habitantes del país (buen vivir). El modelo además debe ser
solidario, incluyente, productivo, sustentable, responsable con las
generaciones futuras, humanista y con identidad.
Los
hidrocarburos
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Los recursos del subsuelo,
particularmente los hidrocarburos, cualquiera sea el estado
en que se encuentren, son de propiedad inalienable e imprescriptible
del pueblo ecuatoriano y de sus nacionalidades originarias, siendo el
Estado ecuatoriano el responsable de su óptimo aprovechamiento y
gestión sustentable, así como de su administración transparente e
inclusiva y el único facultado para su comercialización.
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También es fundamental que
el Estado, en condiciones de bonanza económica derivada del incremento
de los precios de los recursos hidrocarburíferos en el mercado
internacional, promueva una distribución equitativa de los beneficios,
fomentando la inversión social en educación, salud e infraestructura
básica, así como el fortalecimiento y diversificación del sistema
productivo nacional, regional y local. Tal reinversión será
equivalente a un mínimo 5% de los ingresos provenientes de cada sector.
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La gestión y aprovechamiento
sustentable de los recursos hidrocarburíferos deberá garantizar el
desarrollo equitativo de las diferentes regiones del país, y
particularmente de aquellas zonas afectadas ambiental, social y
culturalmente, cuyos derechos a indemnizaciones, reparaciones y
compensaciones serán garantizados por el Estado.
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La explotación de los hidrocarburos se realizará por parte de
la empresa estatal y será regulada mediante la ley respectiva. Los
excedentes del petróleo serán percibidos por el Estado y redistribuidos
a la población para fines sociales, obligatoriamente a las comunidades
afectadas y pueblos de donde el recurso fue extraído, así como para la
restauración del patrimonio natural y conservación de la naturaleza.
Parte de estos recursos también deberán destinarse a la investigación y
promoción de alternativas energéticas que no dependan de los recursos
no renovables, así como al monitoreo y control del patrimonio natural.
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El transporte, la
comercialización y la distribución de hidrocaburos será controlado por
el Estado, como parte de la recuperación del control total de estos
recursos por parte del pueblo ecuatoriano.
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Será obligación del Estado realizar
reingenierías y depuraciones periódicas de la empresa estatal y demás
instancias responsables de la gestión del recurso hidrocarburífero.
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La
soberanía energética debe encaminarnos a que la producción y consumo se
acerquen al ideal de cero entropía, se debe acabar con la práctica de
subsidio de la naturaleza, y del Estado a los grupos de poder.
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En
materia energética además de la soberanía es necesario incorporar el
tema de la responsabilidad, es decir conocer los límites de las
riquezas naturales, y los límites del planeta, como se manifiestan hoy
con el cambio climático.
Protección
de Patrimonio Natural y Territorios
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El patrimonio natural del
país, incluye todos sus ecosistemas frágiles, especies nativas de
origen animal y vegetal, presentes en el territorio continental
ecuatoriano, en sus distintas regiones, el Archipiélago de Galápagos,
su plataforma submarina e islas adyacentes a la plataforma continental,
los recursos bioacuáticos, bosques nativos, páramos, humedales,
sistemas lacustres, patrimonio espeleológico, bosques secos y
petrificados, zonas áridas, glaciares, entre otros. Son de propiedad
inalienable e imprescriptible del pueblo ecuatoriano y de sus
nacionalidades ancestrales, y son responsables de su conservación,
protección y gestión el Estado central, los gobiernos seccionales y
autogobiernos de las nacionalidades y pueblos.
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Las áreas protegidas y los territorios
ancestrales, constituyen un bien común del pueblo ecuatoriano y de sus
nacionalidades, y forman parte del patrimonio natural y cultural del
país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas
para el desarrollo sustentable.
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La supervivencia del patrimonio natural del
país y de sus ecosistemas frágiles es solamente posible mediante el
fortalecimiento de instituciones públicas responsables del control,
protección y monitoreo, así como formas de organización social que
incorporen en sus principios, frenos y controles estrictos al mal uso
de los recursos naturales.
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Las actividades extractivas de recursos no
renovables como hidrocarburos y minerales, y de recursos renovables
como madera y biodiversidad, están prohibidas en áreas protegidas,
zonas intangibles y de zonas de exclusión perpetua dentro de
territorios de nacionalidades y pueblos indígenas en situación de
aislamiento, que deberán ser reguladas por una autoridad estatal en
áreas de patrimonio público, o por los autogobiernos de las
nacionalidades dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales.
No se expandirán las fronteras petrolera y minera en esas áreas de
exclusión, y se deberá trabajar mediante disposiciones transitorias en
la revisión y reordenamiento para las concesiones ya existentes dentro
de esos espacios.
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Donde exista sobreposición de áreas
protegidas y territorios de las nacionalidades y pueblos, la gestión
compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos
propios de las nacionalidades y pueblos, respetando el objetivo de
creación de estas áreas, en cuanto protección del patrimonio natural.
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Los bosques nativos de altura, tropicales,
subtropicales, secos y petrificados, y los suelos con aptitud forestal
son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo y el Estado
promoverá las actividades de protección y en algunos casos, de su
aprovechamiento sustentable, siempre y cuando no entren en
contradicción con los fines de las zonas de exclusión ya mencionadas.
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De igual manera, se prohíbe la construcción inconsulta de
carreteras, aeropuertos, la instalación de plantas industriales,
centrales hidroeléctricas y demás infraestructuras, en áreas
protegidas, zonas intangibles y zonas de exclusión perpetua dentro de
territorios ancestrales, y en áreas próximas o aledañas a fuentes de
captación de agua. Los requerimientos de servicios de transporte y
comunicación para la población existente en esas áreas, serán
resueltos, según los casos por las autoridades estatales y/o en
coordinación con los autogobiernos de las nacionalidades.
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Las Islas
Galápagos y la Reserva Marina adyacente son un patrimonio de la
humanidad y constituyen un espacio vital de especial protección por su
condición única en biodiversidad terrestre y marina. Se regirá por
leyes especiales en beneficio de sus pobladores, que gozarán de los
mismos derechos ciudadanos que los demás ecuatorianos.
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La Región Amazónica Ecuatoriana constituye un espacio
estratégico de especial protección, para la humanidad y para el
desarrollo integral del país, por su elevada sensibilidad ambiental,
biodiversidad existente, recursos hídricos, por las eco-regiones y por
la diversidad cultural de sus pueblos y nacionalidades. Se regirá por
leyes especiales en beneficio de la región.
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El Estado priorizará el desarrollo integral sustentable de
las zonas ecológicamente frágiles y culturalmente vulnerables, como es
la Región Amazónica Ecuatoriana a través de una administración
integral, participativa, intercultural, compartida y equitativa.
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La administración de la Región Amazónica Ecuatoriana tendrá
como prioridades la conservación de su patrimonio natural y cultural,
la generación de empleo y la mejora de los ingresos para sus habitantes
de manera equitativa.
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Para la Región Amazónica Ecuatoriana, el Estado fomentará el
acceso al financiamiento y generará incentivos económicos para
actividades turísticas, ecoturísticas comunitarias, conservación y
manejo de bosques, investigación y otras iniciativas sostenibles de
emprendimiento regional.
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El Estado en coordinación con los gobiernos locales,
organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades ancestrales,
establecerá un organismo especial descentralizado y autónomo, con sede
en la Amazonía y subsedes en cada una de sus provincias, para promover
actividades de desarrollo propias de la región.
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Deberán sentarse de manera firme las bases para iniciar una
transición post petrolera. El Estado debe financiar la búsqueda de
alternativas económicas, así como la investigación y educación en los
temas energéticos, incentivar y difundir una nueva cultura energética
basada en el ahorro, el buen uso, preservación y conservación de las
fuentes.
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Se debe incentivar el uso de energías
alternativas como son la eólica, solar, geotérmica y si se
utilizan la energía hídrica, sea con la condición de que no alteren el
fluir del río y la vida acuática. Y sobre todo en donde se produzca
energía para el bienestar y el buen vivir. Las energías alternativas deben ser descentralizadas,
limpias y de bajo impacto, no pueden ser concentradas, monopolizadas, o
privatizadas, pues la energía no es un negocio, es un derecho.
Derechos ciudadanos,
colectivos y de la naturaleza
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Deben respetar tanto los
derechos colectivos de los pueblos que han convivido de manera armónica
y ancestral con la naturaleza, cuanto de los derechos a un entorno
natural íntegro de aquellos que aún no nacen.
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Si para realizar la explotación petrolera se
confrontan dos intereses entre sí, debe darse prioridad a los derechos
del grupo más vulnerable y de aquel que mantenga prácticas ligadas a la
naturaleza y respeto a la diversidad
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La explotación petrolera
no podrá afectar la sustentabilidad de las sociedades impidiendo el
acceso y control de sus territorios, sus prácticas tradicionales, la
conservación de los ecosistemas, la estabilidad climática y la
soberanía alimentaria.
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Antes de la toma de
decisión, de la firma de un contrato, de realizar una actividad o
ejecutar cada parte de un proyecto hidrocarburífero, el Estado, a
través de sus funcionarios públicos, consultará a las colectividades
que vayan a ser afectadas ambiental, social o culturalmente de forma
directa o indirecta.
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Esta consulta se la hará
respetando el derecho que tienen las poblaciones a recibir una
información pertinente, comprensible y completa. Respetará también el
derecho al consentimiento previo informado y fundamentado, y expresado
libremente, sin presión o acoso y principalmente respetará el derecho a
la objeción o veto, es decir a oponerse a una actividad que afecte o
pueda llegar a afectar derechos fundamentales, colectivos o culturales.
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El Estado debe garantizar la vigencia de esos
derechos y no auspiciar el saqueo ni la explotación de los recursos
naturales en los territorios de estos pueblos y nacionalidades ni en
otros espacios ecológicamente frágiles de todo el país.
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En casos de conflictos
asociados a las actividades extractivas se privilegiarán vías
pacíficas, basadas en el respeto de derechos humanos y participación
ciudadana. El rol y la intervención de las Fuerzas Armadas deberá
subordinarse a los derechos ciudadanos, antes que a los intereses de
empresas privadas y públicas. En ningún caso se debe criminalizar la
protesta social.
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Las
nacionalidades y pueblos ancestrales, situados dentro de áreas
forestales serán titulares del derecho exclusivo, de su aprovechamiento
y de su gestión, de acuerdo con la Ley.
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Los
derechos de los pueblos en situación de aislamiento estarán
garantizados por el Estado.
Gestión
Ambiental
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La institucionalidad debe
establecerse sobre la base de criterios básicos como: entidades separadas
de control (supertintendencia ambiental) y otras de gestión (entendidas
descentralizadamente).
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Para una adecuada, eficaz, oportuna y
transparente gestión del patrimonio natural del país, se requiere una institucionalidad
pública y social fuerte, legítima, que oriente sus políticas públicas
sobre la base de proteger su patrimonio natural, fortaleciendo y
ampliando el actual sistema de áreas protegidas, con un sentido de
plurinacionalidad y responsabilidad democrática.
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Frente a la explotación
petrolera en el país, el Estado adoptará medidas para evitar acciones
que suponen riesgo ambiental o social aun cuando no existan evidencias
científicas conclusivas de los daños. La carga de la prueba estará
bajo la responsabilidad de la empresa operadora. Frente a la
incertidumbre científica se valorará la opinión de los afectados o
posibles afectados quienes pueden rechazar la actividad y su decisión
será respetada por el Estado. Frente a las incertidumbres técnicas las
decisiones de protección deben ser políticas.
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Las empresas petroleras
estarán obligadas a entregar a la población información transparente y
oportuna sobre los riesgos que implica sus operaciones para la
población.
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Debe considerarse prioritaria la conservación
de los ecosistemas y la reparación integral de aquellas zonas que han
sido degradadas o destruidas por la explotación petrolera, recuperando
la capacidad de sustentación de sus habitantes y el equilibrio
ecológico de los ecosistemas.
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La reparación integral debe restituir la
situación previa de los afectados, sus derechos, permitir el retorno a
su lugar de residencia y la devolución de bienes y condiciones de
trabajo. Debe también indemnizar o compensar monetariamente por daños y
perjuicios, incluido el daño moral. Debe también incluir la
rehabilitación, las medidas de satisfacción y brindar las garantías de
no repetición.
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Deberá establecerse una jurisdicción especial
en torno al tema ambiental, con capacidad de procesar las demandas y
litigios ambientales en el país.
Exhortaciones
al Gobierno Nacional
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Hasta contar con un nuevo marco regulatorio,
enunciado en esta declaración de principios y que serán recogidos en la
Nueva Constitución, debe declararse una moratoria a la expansión de la
frontera petrolera en el país.
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Se apoya la iniciativa “Yasuní
ITT”, para mantener el crudo represado en el subsuelo, como un paso
inicial para avanzar hacia otro modelo de desarrollo sostenible y
responsable con la naturaleza y las generaciones presentes y futuras.
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Se exige la caducidad de
los contratos suscritos por la empresa Petrobrás en el país, conforme
los fundamentos presentados por la Procuraduría General del Estado.
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