Redacción Negocios

El Gobierno abrirá un proceso de renegociación con las principales mineras que están en el país, antes de autorizar la explotación de sus áreas de concesión.

La decisión parte de un estudio efectuado en el  sector minero. El documento fue discutido ayer por el mandatario Rafael Correa, en una reunión, de más de cinco horas, efectuada con los ministros de Estado, en Puembo.

Este proceso se sumará al iniciado con las petroleras privadas a principios de octubre. El titular de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, sugirió la aplicación de un contrato similar al que se aplica para el sector petrolero. Bajo ese esquema, plantea un análisis del precio referencial por tipo de proyecto minero, donde las ganancias extraordinarias sean de, al menos, el 50% para el Estado.

Otro de los ejes es volver al mecanismo de regalías mineras, suspendidas mediante reforma a la Ley de Minería en el  2002.

¿Qué motiva esta decisión? Según el estudio efectuado por esta Cartera, el país tiene un potencial minero de USD 217 600 millones que, al parecer,  el Gobierno  está dispuesto a aprovechar.

Además, según el mismo estudio, aunque 2,9 millones de hectáreas están concesionadas, el Estado apenas ha recibido USD 11,2 millones por pago de patentes desde el 2001. 

Chiriboga ratificó ayer la posición del Gobierno: minería sí, pero con los adecuados controles. Pero  el funcionario reconoce que esta postura se distancia de la tesis del asambleísta nacional electo de Acuerdo País, Alberto Acosta, para quien el país no debe dar paso a la minería a gran escala a  cielo abierto (esta remueve la capa superficial de la tierra para acceder a los  yacimientos minerales).

“Por ejemplo, donde hay una fuente de agua no puede haber una actividad minera, si establecemos que existen parques naturales no podemos destrozar la naturaleza”, señaló en días pasados, en entrevista con este Diario.

En el país nueve  mineras han iniciado exploración en sus áreas de concesión. De estas, apenas dos, Lowell y Aurelian, han consensuado su actividad de manera parcial con la comunidad; el resto enfrenta  conflictos. 

A la par del diálogo, el Gobierno habla también de preparar un paquete de reformas a la Ley de Minería, texto que será discutido por la Asamblea con el  fin de aumentar los controles al sector. El estudio sugiere conformar una corporación  minera, de carácter estatal como  Codelco de Chile.

El cobro de deudas a las petroleras, detenido

Los vacíos legales, según Petroecuador, impiden el cobro de los montos pendientes. La petrolera  señala que la Ley 42-2006 produce ciertas diferencias relacionadas con el precio base utilizado para la liquidación del 50% como ingresos para el Estado por el alto precio del crudo.

Esto debido a un pronunciamiento de la Procuraduría, el cual  señala que para los contratos de Andes Petroleum y Petrobras  la Ley 42 debe aplicarse respetando el precio previsto y pactado por las partes en el contrato original (USD 17 por barril) y no de USD 14 por barril como señala la Ley 42. Esto porque ambos contratos contenían ya una cláusula por  variación de precios, que obliga a la compañía a entregar más recursos al Estado a medida que sube el precio del crudo.

El presidente  de Andes Petroleum, Zhang Xing, señaló ayer mediante un comunicado que su firma no tiene valores pendientes con el Estado. “El Estado ecuatoriano en los últimos 11 años ha recibido más de USD 500 millones desde 1996, por lo que en este contrato no se han producido ingresos extraordinarios no previstos, ni situaciones de inequidad que haya que resolver”.

Agrega que la Ley 42, según el pronunciamiento de la Procuraduría, solo aplica para los que no contemplan cláusulas sobre ingresos extraordinarios. 

De hecho, el titular de Petroecuador, Carlos Pareja, señaló que el contrato de Andes Petroleum, en el bloque Tarapoa, sirvió de base para la elaboración de la Ley 2006-42. “No se puede cobrar a la compañía dos veces”, señaló el funcionario en una entrevista con radio Visión. Sin embargo, dijo que Petroecuador está obligado a cumplir la Ley. Por ello, anunció que el tema será objeto de un nuevo pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado.

En tanto, el cobro de las deudas permanece detenido.

Sobre la deuda que mantiene, por el no pago de la Ley 42,  la empresa Occidental que estuvo en el país hasta mayo del  2006 (bloque 15), el titular de Petróleos, Galo Chiriboga, anunció ayer que el Estado iniciará en los próximos días un proceso legal en contra de esta compañía  ante  cortes locales.