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ECUADOR - Editorial de El Comercio sobre el Yasuni Imprimir E-mail
Sábado, 27 de Octubre de 2007 03:50
Por Editorial Diario El Comercio

La reciente decisión gubernamental de ratificar la licencia ambiental para que la petrolera brasileña Petrobras explote el bloque 31, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, abrió un debate que evidencia las dificultades de gobernar con posiciones divergentes -al menos en la percepción pública- en una materia tan delicada  como la explotación petrolera frente a  la protección del medio ambiente.

Las organizaciones que venían apoyando con entusiasmo la iniciativa gubernamental de no explotar los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) en esa área protegida consideran que resulta contradictorio levantar, por un lado,  una campaña mundial para que se compensen los ingresos que el Estado dejaría de recibir al conservar el petróleo bajo tierra, y por otro, permitir la explotación a Petrobras.  Es verdad que  los  bloques se manejan por separado y que la petrolera brasileña hará la explotación desde fuera del Parque, pero es difícil separar una actividad de la otra, en especial si   geológica y geográficamente forman una  unidad y están ubicados en el mismo lugar intangible.

Una de las voces en contra ha sido la de Alberto Acosta, ex ministro de Energía del actual Gobierno que tenía, y tiene una visión conservacionista  más que  economicista. Una vez que dejó el cargo para ser candidato a la asamblea nacional, es evidente que las cosas han marchado con más facilidad para los funcionarios que están convencidos de que el recurso petrolero debe explotarse, más todavía cuando los precios mundiales son los más altos de la historia.

Cabe mencionar que el presidente Rafael Correa ha mantenido un discurso claro respecto del ITT: si hasta junio del 2008 no se logra la donación de 350 millones de dólares anuales (calculados con precios internacionales no tan altos como los actuales) para no explotar el crudo en el Yasuní, seguirá adelante con las concesiones, haciendo que se respeten las normas ambientales en una zona  frágil.

La licencia a Petrobras, vista con el pragmatismo de un Gobierno que necesita recursos para los programas sociales, puede ser considerada como la antesala para abrir la explotación controlada del ITT, aunque esto le signifique conciliar los discursos con la realidad.