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Miércoles, 10 de Octubre de 2007 12:50 |
Derechos Humanos en Ecuador: Saldo en rojo
El día 1 de octubre los campesinos de las comunidades Tiwino, Loma del
Tigre y Critalino ubicadas a 120 Km de la ciudad de Coca en la
Amazonía ecuatoriana acudieron ante los jueces de la provincia de
Orellana para denunciar la contaminación causada en el pozo reinyector
Tiwino 3. La compañía Petrobell / Pacificpetrol, operadora del campo,
venía reinyectando al subsuelo el agua toxica producida en la
extracción de petróleo, pero debido a un mal manejo técnico, el líquido
brotó nuevamente a la superficie mezclado con crudo. Se estima que el
volumen del derrame fue superior a los mil barriles.
El derrame de estas aguas mezcladas con petróleo, contaminó buena parte
de las propiedades de los campesinos y del río Cristal, que es uno de
los principales cuerpos de agua que ingresa al Parque Nacional Yasuní y
a la Zona Intangible donde habitan pueblos indígenas en Aislamiento
Voluntario.
Ante la falta de responsabilidad de la empresa al no iniciar la
inmediata remediación, los moradores afectados, a quienes se les había
contaminado su principal fuente de agua, decidieron obstaculizar la VIA
PUBLICA desde el día 2 de octubre para impedir el paso de los vehículos
de la compañía operadora, del denominado Campo Tiwino, como protesta
por las afectaciones que venían padeciendo desde hace varios días.
La empresa decidió iniciar la limpieza del pozo para continuar
reinyectando las aguas tóxicas, debido a que la producción del campo se
encontraba paralizada ante esta falla técnica; pero no había informado
a la población sobre la situación de los derrames provocados y tampoco
se iniciaron trabajos de limpieza ambiental.
Los equipos técnicos para la reparación del pozo llegaron a las
comunidades para ingresar al campo Tiwino, acompañados por un
contingente de militares que brindaban seguridad a los vehículos de la
empresa, tal como se anuncia en la página Web de las Fuerzas Armadas
Ecuatorianas, se encontraban escoltando un convoy de camiones de la
empresa petrolera ( http://midena.gov.ec/content/view/4487/207/
).
Desde el día miércoles 3 de octubre, por orden del Coronel Fausto
Bravo, la fuerza pública arremetió contra esta población, que se
manifestaba de forma pacífica, utilizando gas lacrimógeno y disparos al
aire. El día 4 de octubre los campesinos afectados se encontraban
impidiendo el paso de vehículos, ante lo cual los militares procedieron
a desalojar de manera violenta la vía ocupada. En medio de la agresión
se produce un forcejeo dejando como saldo varios heridos.
Según testigos que estuvieron en el lugar, un joven de la comunidad,
Juan Carlos Esmeraldas fue sorprendido por los militares, los mismos
que procedieron a golpearlo brutalmente cuando se hallaba tendido en el
piso. Ante esto el Sr. Segundo López trato de ayudar al agredido pero
fue impedido por el ejército, como resultado de este forcejeo un
militar fue herido en la mano y el Sr. Segundo López, de 28 años de
edad, cayó al piso herido con arma de fuego e inmediatamente fue
detenido por los militares y conjuntamente con Juan Carlos Esmeraldas
fueron llevados dentro del campamento de la petrolera para
posteriormente embarcarlos en un helicóptero militar para ser llevados
a la ciudad de Coca.
El Sr. López muere cuando se encontraba dentro de las instalaciones de
la empresa y el otro joven detenido permaneció incomunicado por más de
12 horas y, durante todo este tiempo se desconoció su paradero. Según
la autopsia realizada el Sr. López presentaba varios órganos a nivel
abdominal totalmente destrozados, siendo esta la causa de su muerte.
La detención de Juan Carlos Esmeraldas se produjo supuestamente por
portar armas; horas más tarde el juez de la provincia de Orellana
ordenó su libertad inmediata al no encontrar motivos para que
permaneciera detenido. Actualmente se encuentra recuperándose de la
brutal agresión en el hospital de la ciudad de Coca.
Los familiares de Segundo López han manifestado a diferentes medios de
comunicación la responsabilidad de los militares y la seguridad
privada de la empresa en el asesinato. El 5 de octubre los testigos
que se encontraban en el lugar se dirigieron hasta la fiscalia de
Orellana para testificar la brutal reprensión militar que fue dirigida
por el jefe de seguridad de la empresa y la responsabilidad de los
militares en el asesinato del joven Segundo López.
¿Saldo en rojo para los derechos humanos en Ecuador?
El asesinato de Segundo López hace parte de una serie de violentas
agresiones de parte del ejercito ecuatoriano en contra de la población
afectada por la industria petrolera en la Amazonia. En el mes de junio
durante otra paralización y protesta ante los incumplimientos de los
acuerdos entre empresas petroleras transnacionales y campesinos se
produjo otra violenta represión dejando como saldo varios heridos en la
localidad de Pindo, dentro del bloque 14 operado por la empresa china
Andes Petroleum. En aquella ocasión los militares abrieron fuego
contra los campesinos y una bala destrozó la garganta del ciudadano
Jorge Alvear Mesías.
Parecería ser que la respuesta del gobierno ante las protestas de los
afectados por la contaminación y la destrucción ambiental es la
represión violenta, que ya ha dejando varias víctimas y no únicamente
en la Amazonía. El gobierno nacional y las Fuerzas Armadas ya tienen un
alarmante saldo en rojo por las permanentes violaciones de los derechos
humanos que comenten en contra de las poblaciones que protestan ante
los daños ambientales. Son muchos ya los casos en los últimos meses en
que ecologistas y defensores del ambiente han sido víctimas de
persecuciones y agresiones de parte de las fuerzas armadas y de las
empresas que pretenden explotar los recursos.
¿Significa acaso, que el actual gobierno esta decidido a continuar
reprimiendo brutalmente a toda población que exige el respeto de su
medio ambiente? ¿Cómo puede un gobierno que se ha comprometido a
trabajar por la soberanía nacional permitir que las fuerzas armadas del
Ecuador mantengan convenios de seguridad para proteger a empresas
transnacionales? ¿Por qué el ejercito se encontraban el día 4 de
octubre escoltando un convoy de una empresa petrolera, que tipo de
convenios existe entre los militares y las empresas petroleras?
Pedimos a las autoridades encargadas la inmediata investigación y
sanción para los criminales que pretenden acabar con el pueblo que
protesta cuando le topan sus derechos. Exigimos la anulación de todo
tipo de convenios existentes entre las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y
las empresas petroleras. Así también rechazamos rotundamente que la
seguridad de los recursos estratégicos se encuentre en manos de
empresas privadas de seguridad. La seguridad de la ciudadanía y de los
recursos naturales es estricta responsabilidad del Estado a través de
las diferentes autoridades públicas y CIVILES, que vigilen el respeto
de los derechos humanos y constitucionales que amparan los pueblos del
Ecuador.
Jose Proaño
Campaña de Petróleo
Acción Ecológica
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