ECUADOR - El 99% de ingresos extras por altos precios de crudo al
Fisco
EL COMERCIO
Reds. Política y Negocios
El presidente Rafael
Correa, de manera sorpresiva, elevó ayer al 99% la participación del
Estado en las ganancias por el precio extraordinario del crudo.
La
decisión se tomó vía Decreto Ejecutivo. El documento reformula el
art. 2 del Reglamento de Aplicación de la Ley 42, conocida como 50/50
que establecía que: “La participación del Estado en los excedentes de
los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos en los
contratos de participación... corresponde al menos al 50 %”.
60 mil barriles
es la participación estatal por día en la producción privada
En su lugar, el Mandatario ordenó a las privadas el pago del 99% de
las ganancias extras por precio de crudo. El Presidente calificó esa
decisión de “justa y constitucional”.
Con ello, el Gobierno aspira a recaudar USD 700 millones por año, dijo
el titular de Petróleos, Galo Chiriboga.
Con la distribución equitativa (50/50) el Fisco recaudó cerca de USD
200 millones en el primer año de vigencia de la Ley.
¿Cómo
se definen los ingresos extraordinarios? El Gobierno dejó de lado el
tema de producción y apuntó una fórmula más sencilla.
Al
momento de la firma de los contratos, se fijó un precio de referencia
que está en el orden de los USD 17 por barril, en promedio. A esa
cifra se suma un reajuste anual de acuerdo a la inflación
estadounidense, con lo que el precio por barril llega a los USD 24 para
las petroleras privadas.
Esa es la línea base. Pero por el
momento el precio de exportación del crudo ecuatoriano bordea los USD
64 por barril. La diferencia entre este precio y el pactado en los
contratos (USD 24) se dividía: 50% para el Estado y 50% para las
compañías, hoy será del 99% y 1%, respectivamente.
La decisión
también se da en medio de la intención de cuatro compañías de
renegociar sus contratos. Pero los diálogos siguen abiertos, dijo
Chiriboga, quien descartó que las compañías foráneas decidan salir del
país.
Su razonamiento es que los contratos de participación
que suscribieron con el Estado ya eran rentables para las empresas
antes de que se dé la escalada del precio del petróleo, generado por el
aumento del consumo, así como el conflicto en el Golfo Pérsico.
El
funcionario descartó que el trasfondo de la reforma sea estatizar los
campos petroleros a cargo de las privadas. “De no estar de acuerdo las
compañías se puede hablar de una reformulación a la modalidad
contractual”.
El funcionario explicó que las compañías que no
estén de acuerdo con la nueva fórmula pueden optar por un contrato de
servicios, donde el Estado reconoce las inversiones efectuadas a las
compañías y recibe la producción.
Según Alexis Mera,
subsecretario jurídico de la Presidencia, el Jefe de Estado tiene la
potestad legal de fijar el nuevo porcentaje de reparto, ya que la Ley
Reformatoria de Hidrocarburos dispone que el Presidente es quien fija
los porcentajes a través del reglamento.
En una ceremonia realizada en el Salón Amarillo, el presidente Correa
justificó la decisión.
Con
la presencia del ministro de Petróleos, Galo Chiriboga; el titular de
Petroecuador, Carlos Pareja, y el procurador Xavier Garaicoa, el
Mandatario recordó que la Constitución señala que los recursos
naturales son del Estado.
Por ello, dijo que la explotación petrolera debe realizarse en “función
de los intereses nacionales”.
Chiriboga
agregó que desde el próximo lunes se reunirá con las empresas
petroleras privadas para establecer la nueva política petrolera en el
país.
Según el Ministerio de Energía, el Estado tiene
suscritos un total de 20 contratos con compañías extranjeras en las
modalidades de participación, prestación de servicios y marginales.
La
participación en producción y la renta petrolera, argumento con el que
las privadas defienden que la actual participación del Estado bordea el
70%, es un tema que deberá analizarse, acotó.
Hasta el cierre de la edición no fue posible obtener una versión de los
representantes de las compañías privadas sobre el tema.
Los contratos
City Oriente suscribió el
contrato de participación en el bloque 27 el 29 de marzo de 1995 y está
vigente hasta diciembre del 2021. La firma demandó en el Ciadi al
país por considerar que la Ley 50/50 atenta sus inversiones.
Ecuador
TLC (Petrobras) a cargo del bloque 18 y campo Palo Azul, suscribió el
contrato de participación el 19 de diciembre de 1995 y está vigente
hasta el 2022.
Petrobras (bloque 31) suscribió el contrato en julio de 1996 y rige
hasta el 2024, pero aún no inicia la producción.
Repsol YPF firmó su contrato en diciembre de 1996 y rige hasta enero
del 2012.
CNPC (bloque 11) firmó el contrato de participación en enero de 1995 y
finaliza el 16 de noviembre del 2021.
Andes Petroleum (Tarapoa) su contrato firmado en 1995 vence en agosto
del 2015.
Petroriental opera los bloques 14 y 17; sus contratos vencen en
el 2012 y 2018, respectivamente.
Canadá Grande (bloque 1) firmó en 1996 y vence en el 2015, Perenco
(bloque 17) firmó en el 2000 y vence en el 2010.
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