Una costosa campaña publicitaria es financiada por el consorcio Texaco-Chevron, utilizando varios medios impresos y electrónicos internacionales, a fin de retardar, influir o impedir la expedición del fallo judicial  en el juicio instaurado por cerca de 30 000 habitantes amazónicos en contra de aquella empresa multinacional, reclamando daños y perjuicios causados contra su vida, salud y entorno ecológico durante 26 años de explotación petrolera sin tecnología de protección humana ni ambiental en 4 400 kilómetros cuadrados de selva tropical en el Oriente ecuatoriano.
   
El pasado 19 de agosto la Texaco-Chevron publicó anuncios pagados en la prensa informando que “un tribunal federal de San Francisco de California rechazó la demanda (porque) la acusación de cáncer resultó falsa”, distorsionando el hecho de que es ante la Corte Superior de Lago Agrio donde se sustancia el proceso no solo por provocar la morbilidad cancerosa, sino también por causar, con malas prácticas operativas, una alta tasa de abortos espontáneos, dermatitis, hongos en la piel, dolencias respiratorias, trastornos digestivos, así como por contaminar con 18 000 millones de galones de agua tóxica toda el área concesionada en 1964.
   
Otro incidente dilatorio es la repetida recusación de la Texaco-Chevron al perito Richard Cabrera, nombrado por la Corte Superior para evaluar el monto de compensaciones demandadas por los perjudicados, alegando el 12 de julio anterior parcialidad pericial a favor de los demandantes, los que han sido intimidados  por la intervención unilateral y fuera de juicio de un técnico de la Texaco, Ralph Márquez, quien ha cuestionado sin derecho el peritaje global que se realiza en el caso que se ventila. Un tercer intento indirecto de la Texaco de aplazar el que la Corte dicte sentencia, la que por el abrumador número de pruebas acusatorias presentadas y sin descargo se intuye sería condenatoria, ha sido el argumentar que una ley del Estado estadounidense de Lousiana permite la presencia de hasta 10 000 partículas tóxicas de TPH (Total Hydrocarbon Parts) en las aguas desechables en la industria petrolera, mientras la legislación ecuatoriana fija100 veces menos dicho contenido .
   
Pero el aparente conflicto  no influye en pleitos, cuya jurisdicción y competencia están radicadas en el Ecuador.
   
Las argucias seudolegales tratan de dilatar un fallo judicial que podría ser reprobatorio para la transnacional, ya que crearía un precedente legal internacional sancionador para las compañías extranjeras extractoras de crudo en países subdesarrollados, donde por el empleo de tecnologías baratas, para aumentar cuantiosamente las utilidades, ponen en riesgo vida y salud de pobladores aledaños, deterioran el hábitat circundante y exterminan la heredad forestal y minera de las futuras generaciones. Los demandantes han probado en el juicio que la Texaco ahorró más de USD 4 mil millones usando técnicas rudimentarias, o sea USD 3 más en cada barril extraído. La sentencia es inminente y los afectados esperan justicia, así como las indemnizaciones debidas por los daños irreparables provocados.