Redacción Negocios

Seis  firmas jurídicas buscan la adjudicación del contrato para la defensa del país en el caso de arbitraje presentado por la petrolera Occidental (Oxy). Este caso  se ventila en un tribunal internacional, con sede en París.

Ocho despachos jurídicos adquirieron los documentos precontractuales, pero al final solo seis presentaron las ofertas.

Estas ofertas  corresponden a:   LeBoeuf,  Lamb Greene and Macrae LLP; Dechert LLP; Curtis, Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP;    J Rodriguez & Associates; Lalive Attorneys al taw    y Winston & Strawn LLP.   En tanto, los despachos Weil, Gotshal & Manges LLP;  y  Fabara Abogados & Cia. Ltda se excusaron. Esto  dentro del concurso público iniciado por la Procuraduría el pasado mes de julio.

Las seis firmas son internacionales. De manera extraoficial se conoció que los despachos ecuatorianos se excusaron, porque  las bases del concurso no presentaban la alternativa de asociación, es decir, la unión de firmas nacionales e internacionales.

Tres firmas jurídicas, por su parte,   presentaron excusas sin adquirir los documentos: Shearman & Sterling; Cabezas & Wray Abogados;  y Arnold & Porter LLP.

Las ofertas están en  análisis en la Comisión Asesora de la Procuraduría General del Estado. El organismo deberá  tramitar el proceso y   evaluar los documentos.

De las ofertas que sean habilitadas  se  establecerá el orden de prelación a fin de iniciar las negociaciones con la firma que ocupe el primer lugar.

La firma que gane el concurso será la encargada de asesorar  en la defensa frente al reclamo planteado por la petrolera Occidental.

Esto dentro del proceso iniciado por la empresa en el Centro Internacional de Arreglo Relativo a Inversiones (Ciadi).

Mientras tanto, ayer  el Procurador General del Estado se reunió con el mandatario Rafael Correa, entre otros,  para informar sobre la demanda presentada hace más de una semana  por Oxy.

En la demanda,  la petrolera ampliaría los argumentos presentados en mayo de 2006  cuando presentó la solicitud de arbitraje tras la caducidad de su contrato.

Además,  ampliaría el argumento de que el Ecuador habría tomado su decisión con base a un sentimiento
nacionalista.

Esto, según la petrolera, porque la decisión del Estado de caducar su contrato en mayo de 2006 se resolvió en medio de un  ambiente adverso a  la petrolera y  además  de corte nacionalista.