La comunidad se opone a las actividades petroleras en unas 135
000 hectáreas de bosque tropical y por eso interpuso una demanda contra
el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que
se anulara el contrato. Luego la empresa argentina abandonó la zona.
Los indígenas de Sarayacu resistieron duramente las actividades
petroleras en sus tierras
La Compañía General de Combustibles de Argentina, encargada de operar
el Bloque 23 en la Amazonia ecuatoriana, en la provincia de Pastaza, al
este del país, anunció que presentará “una demanda millonaria” contra
el estado ecuatoriano por incumplimiento del contrato de trabajo.
Según explica el diario El Comercio de Ecuador, Compañía General de
Combustibles firmó en julio de 1996 el contrato para explorar y
explotar el Bloque 23, pero aún no ha podido iniciar esas tareas por la
oposición que ha enfrentado de los indígenas de la comunidad Sarayaku.
La comunidad se opone a las actividades petroleras en unas 135 000
hectáreas de bosque tropical y por eso interpuso una demanda contra el
Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se
anulara el contrato. Luego la empresa argentina abandonó la zona.
El gerente de la filial de Compañía General de Combustibles en
Ecuador, Ricardo Nicolás, dijo que “el contrato establece que el estado
debe garantizar las condiciones de seguridad y no lo ha hecho, así que
lo lógico es iniciar acciones legales”. Desde el gobierno ecuatoriano
se ha argumentado que la empresa no cumplió con algunas pautas del
contrato.
En tanto, comunidades indígenas de Pastaza que no se oponen a la
explotación del Bloque 23 exigieron el jueves al gobierno que resuelva
la controversia con Compañía General de Combustibles o que se financien
los proyectos sociales para la zona que estaban estipulados en el
acuerdo.
“Si el estado va a declarar la nulidad del contrato que tiene con
Compañía General de Combustibles nosotros no tenemos problema, pero que
asuma la responsabilidad de los acuerdos pendientes”, dijo Patricio
Santi, líder shuar de la Federación de Indígenas Evangélicos, citado
por el diario ecuatoriano El Universo.
Según el dirigente, la empresa argentina no llevó a cabo proyectos
sociales estipulados como parte del acuerdo con el Estado, valorados en
un millón de dólares, que favorecerían a las comunidades locales. “La
explotación de ese campo (Bloque 23) está detenida por la oposición de
la comunidad de Sarayacu. Nosotros estamos de acuerdo con que ellos
defiendan su derecho, pero preguntamos qué va hacer el estado frente a
los problemas que tenemos”, finalizó Santi. www.ecoportal.net
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