¿Conservación o Petróleo en el Yasuní?
Un Dilema de Trascendencia hacia el Futuro
 

Carlos Larrea M.

El bloque petrolero Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), atravesado por el río Napo al borde de la frontera peruana, encierra las reservas probadas de crudo extra-pesado más abundantes del país, y al mismo tiempo abarca tanto  partes del Parque Nacional Yasuní, considerado como uno de los reservorios de biodiversidad más importantes del planeta, como con de  la Zona Intangible de los pueblos Tagaeri y Taromenane, de la cultura Huaorani, que han optado por el aislamiento voluntario.
 
El potencial petrolero del bloque ITT, administrado por Petroecuador, alcanza, de acuerdo a estimaciones recientes del Instituto Francés de Petróleo (Beicip Franlab, 2004), 412 millones de reservas probadas de crudo de alta densidad (12 a 16 grados API), que pueden llegar a 920 millones incluyendo reservas probables. Aunque la elevada densidad del crudo dificulta su extracción y transporte, y disminuye considerablemente su rentabilidad,  se han planteado varias alternativas posibles de explotación petrolera, en alianza con empresas estatales como SINOPEC (China), Petrobras y PDVSA.
 
En vista de los altos impactos ambientales de la explotación petrolera en un área de alta sensibilidad ambiental y cultural, se ha formulado la alternativa de conservar indefinidamente el crudo en el subsuelo, y solicitar una compensación internacional que haga viable esta opción.
 
El presidente Correa ha declarado a esta última vía como la primera prioridad, dejando “el crudo represado en tierra, al fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida será considerada siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación de petróleo, recursos que requiere la economía ecuatoriana para su desarrollo”.[1] <#_ftn1>
 
La opción entre conservación y explotación petrolera en el Yasuní adquiere una trascendencia simbólica, porque representa la alternativa entre el modelo actual de desarrollo, basado en la extracción y explotación no sustentable de recursos naturales, y un modelo futuro encaminado al respeto a la naturaleza, la diversidad cultural y la satisfacción de las necesidades humanas.
 
Esta opción es trascendente también porque el país deberá enfrentar en el futuro cercano el progresivo agotamiento de las reservas petroleras, cuyo monto actual (aproximadamente 3.500 millones de barriles) perimirá no más de 25 años de explotación, aún si se encuentran nuevos yacimientos de alguna significación.[2] <#_ftn2>
 
Petróleo y desarrollo en el Ecuador. Varios analistas, como Jeffrey Sachs, consideran que la exportación de petróleo tiene un impacto negativo en las perspectivas de desarrollo de un país. La experiencia ecuatoriana parece confirmar este punto de vista.  
 
La economía y sociedad ecuatorianas dependen fuertemente del petróleo. Este producto ha aportado con el 48 % de las exportaciones del país entre 1972 y 2006, y con un tercio de los ingresos del Estado entre 1995 y 2004. En 2006, la dependencia del petróleo ha crecido, y este producto ha alcanzado el 60 % de las exportaciones.
 
A pesar de que el aporte del petróleo al desarrollo nacional fue significativo entre 1972 y 1982, el panorama ha cambiado en los últimos 25 años. En la actualidad el país produce más del doble de petróleo que durante los años setenta, durante el “boom” petrolero. Sin embargo, el crecimiento del ingreso por habitante entre 1981 y 2006 ha sido insignificante (0.6 % anual en promedio), la pobreza no ha descendido entre 1995 y 2006,[3] <#_ftn3> pese a la emigración de un millón de ecuatorianos, el desempleo urbano bordea el 10 %, casi la mitad de la fuerza laboral se encuentra  subempleada, y la inequidad social ha aumentado.
 
Aunque la producción petrolera ha alcanzado niveles altos y los precios del crudo también han subido en forma pronunciada, el país continúa sumido en una crisis económica, social y ambiental de larga duración. Obviamente los cambios en las políticas petroleras iniciados en el gobierno de Palacio, como la mayor participación del Estado en las utilidades  y la salida de Occidental, mejoran las perspectivas futuras, como también lo hacen las mayores asignaciones del gasto público para el desarrollo social y la construcción de infraestructura.
 
Los costos no asumidos de la actividad petrolera. La producción petrolera ha conllevado un alto costo ambiental y social para el país, y a escala mundial está contribuyendo al calentamiento global, el mayor problema ambiental enfrentado por la sociedad industrial. Según el Informe Stern, los costos del cambio climático en las próximas décadas pueden equivaler a grandes desastres del siglo XX, como las dos guerras mundiales y la Gran Depresión.[4] <#_ftn4>
 
En el caso ecuatoriano, el petróleo ha contribuido directa e indirectamente a una masiva deforestación en la Amazonía Norte, sin generar alternativas productivas por la escasa aptitud agrícola de los suelos amazónicos. La pérdida de biodiversidad y la extinción de especies son también costos irreversibles. Ha sido también alto el impacto de la actividad petrolera sobre las culturas indígenas, y la salud de los habitantes en las áreas productivas.
 
La pérdida irreversible de la biodiversidad, la deforestación y el deterioro social en las áreas petroleras reducen las posibilidades de formas sustentables alternativas de desarrollo con mayor generación de empleo productivo, como el eco-turismo.
 
El Parque Yasuní y la cultura Huaorani. La Amazonía es la selva tropical más grande del mundo, y constituye también el mayor reservorio de biodiversidad del planeta. Aunque el origen de la biodiversidad se remonta al mioceno (hace 16 millones de años), y puede haber antecedido tanto a la formación de la cordillera de los Andes como al nacimiento del río Amazonas, en períodos más recientes, durante el pleistoceno, las glaciaciones afectaron el clima del planeta convirtiendo a la mayor parte de la actual región en una pradera, con refugios disconexos de biodiversidad, como el actual Parque Nacional Yasuní, cuyo territorio sinuoso y parcialmente inundable alberga en la actualidad una variedad única de formaciones vegetales.
 
La cultura Huaorani, cuya subsistencia se ha basado en la caza, recolección y agricultura itinerante, ha sobrevivido el asedio de otras culturas indígenas y de la civilización occidental internándose en planicies interfluviales, como la comprendida entre el Napo y el Curaray. El impacto de la actividad petrolera y la extracción maderera en esta cultura ha sido profundo, y algunos de sus grupos han optado por el aislamiento voluntario, como los Tagaeri y Taromenane, que sobreviven en la zona intangible al sur del Parque Yasuní.
 
El Parque Yasuní y la Zona Intangible han sido ya amenazados por la actividad petrolera de otros bloques en su interior, cuyas reservas tienen, sin embargo, menor importancia que las del ITT. El impacto de la extracción ilegal de madera es también alarmante.  
 
 La Opción Petrolera en el Yasuní. La explotación petrolera del ITT implicaría la producción de aproximadamente 108.000 barriles diarios de crudo extra-pesado, durante un período de tiempo estimado en 10 a 15 años, al cabo del cual los pozos entrarían en su fase declinante. La elevada densidad del crudo obliga a la construcción adicional de una planta termoeléctrica de alta potencia, y de una planta de conversión del crudo para hacerlo transportable, cambiando su densidad. El impacto ambiental de estas instalaciones se añadiría al efecto de la extracción de crudo. Las necesidades de prospección sísmica y construcción de infraestructura requieren un período de cinco años antes de iniciar la fase productiva.
 
La opción de mantener el crudo represado: Como alternativa frente al impacto negativo de la extracción petrolera sobre el clima mundial, la biodiversidad y las culturas indígenas, se ha planteado la conservación indefinida del petróleo en el subsuelo. El Estado planteará a la comunidad internacional una compensación económica por su renuncia voluntaria a la renta petrolera, en beneficio del medio ambiente, la biodiversidad y las culturas indígenas.
 
Esta alternativa ha sido calificada como la primera prioridad por el gobierno, si se justifica su viabilidad económica.  La idea inicial ha recibido una acogida positiva entre varios gobiernos europeos, organizaciones internacionales ambientalistas y de derechos humanos, así como de la opinión pública internacional y ecuatoriana.
 
Una opción en esta línea consiste en crear un fondo de compensación para el Ecuador, administrado internacionalmente, cuyo rendimiento sea transferido al Estado para proyectos destinados a la conservación y al desarrollo social. El fondo puede ser administrado por organismos internacionales y/u organizaciones ambientalistas internacionales, mediante un fideicomiso.
 
Este mecanismo permitiría al Estado obtener un flujo indefinido de recursos para el desarrollo humano y sustentable, frente al flujo petrolero que comenzaría al cabo de 5 años y se mantendría solamente por una década o algo más, mientras dure la producción de crudo.
 
El fondo de compensación puede capitalizarse a partir de distintas fuentes. Entre ellas pueden mencionarse donaciones de gobiernos, mecanismos de canje de deuda externa por conservación, aportes de organizaciones internacionales de conservación y derechos humanos, y donaciones de ciudadanos de todo el mundo, quienes podrían “comprar” simbólicamente barriles de crudo represado en el Parque Yasuní.
 
El impacto internacional de una propuesta para la conservación proveniente de un país a la vez mega-diverso y exportador de petróleo puede ser significativo. La conciencia mundial sobre los peligros del calentamiento global es creciente, y a su vez son evidentes los límites del Protocolo de Kyoto como mecanismo de mitigación. Este acuerdo no reconoce la preservación del bosque tropical como objeto de compensación. Sin embargo, en el marco de las negociaciones para un segundo convenio internacional sobre cambio climático, que entraría en vigencia a partir de 2012 cuando concluye el actual Protocolo de Kyoto, una propuesta innovadora y avanzada como la del Ecuador podría convertir al país en pionero en estrategias de desarrollo sustentable.
 
El aporte del país para la mitigación del calentamiento global puede cuantificarse y representa un valor definidamente mayor a las utilidades que recibiría el Ecuador si optase por la explotación petrolera. Solamente tomando en cuenta el costo de abatimiento de las emisiones de dióxido de carbono provenientes de las reservas del ITT, equivalentes a cientos de millones de toneladas, se obtiene una cifra que justifica claramente la alternativa de conservación como la única razonable en el futuro para una sociedad global que habite el planeta en armonía con la naturaleza.