INCUMPLIMIENTO DE PETROLERAS Y VIOLENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS PONE EN RIESGO LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN DE ORELLANA

Ecuador. Francisco de Orellana Enero 8 de 2007

 Durante la Asamblea Bi-Provincial celebrada el día 14 de Diciembre de 2006 en la ciudad de Francisco de Orellana, se acordó dar un plazo a las compañías petroleras extranjeras y al gobierno nacional hasta el día 20 de dicho mes para que comenzarán a asfaltar la vía a San José de Guayusa, con los recursos existentes en el Fideicomiso creado para este fin; este fue uno de los logros de la Asamblea Bi-Provincial en la paralización de Agosto de 2.005; en dicha ocasión el compromiso de las compañías petroleras transnacionales con la Asamblea Bi-Provincial fue asfaltar 260 kilómetros de vía, 130 en Orellana y 130 en Sucumbíos. Estos 130 kilómetros de asfalto se distribuyeron entre las diferentes parroquias de cada provincia, para que el asfaltado llegue al menos a todas las cabeceras parroquiales. Esos son los tramos que hoy exigen los manifestantes. Después de año y medio de espera, estando los recursos para iniciar esta obra, después de dar plazo sin ningún resultado, las comunidades en el mes de diciembre y hasta la fecha se vieron abocadas a organizar una medida de hecho que consiste en el cierre del acceso a la mina de lastre que existe en la parroquia Huayusa y el cierre de la vía que conduce de la ciudad de Francisco de Orellana a Lago Agrio a la altura del puente del río Coca. Esta carretera es ampliamente transitada y es el ingreso principal a la ciudad de Francisco de Orellana.

  De otro lado se ha celebrado una asamblea en la parroquia San Carlos (Cantón Joya de los Sachas), donde también esta comprometido y sin realizar el asfaltado hacia la cabecera parroquial. Los asistentes han manifestado que plegaran la medida de Hecho de los Habitantes de la parroquia Huayusa  como mecanismo de reclamo por el incumplimiento en el inicio de las obras.

 Aunque la medida se ha desarrollado de manera pacifica para el día martes 2 de enero de 2007 miembros de la Policía Nacional, pertenecientes a la estación de policía de San Sebastián del Coca hostigaron con bombas de gas lacrimógeno a los manifestantes de la parroquia Huayusa, quienes se encontraban en la vía. En estos hechos resultaron heridos varios habitantes de la zona y la motocicleta de uno de ellos fue decomisada por miembros de la Fuerza Publica.

 A la fecha con esta medida de hecho se ha solidarizado la población de la parroquia Dayuma, quienes desde el día 5 de enero de 2007 iniciaron una medida de hecho que consiste en el cierre de vías la altura de la Y del Pindo y el Kilómetro 14 de la vía Auca. 

 Para el día 6 de enero de 2007, hacia las 16H00 un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas llegan a la zona desplazados en vehículos y de manera inmediata han disparado bombas de gas lacrimógeno y balas de goma contra la población que pacíficamente se encontraba en el cierre de la vía.

 De este hecho varias niños resultaron asfixiados y algunas personas resultaron heridas al intentar refugiarse de los impactos de las bombas de gas; entre los heridos se cuenta al señor Eduardo Anangonó y Fernando Peñaherrea.

 En estos mismos hechos fueron detenidos hacia las 4:30 PM, nuevamente por miembros de las Fuerzas Armadas dos civiles, habitantes de la comunidad. Estas personas fueron llevadas a la Estación Auca Central propiedad de la compañía Petrolera Petroproducción, permaneciendo allí por más de media hora y posteriormente fueron trasladados  a los calabozos de la policía nacional de la ciudad de francisco de Orellana hacia las 8:00 PM. Estas personas responden a los nombres de: IPOLITO GONZÁLEZ y GUILLERMO SOLEDIZPA. quienes fueron puestos en libertad hacia las 12:15 PM a través de un recurso de Habeas Corpus presentado por el Comité de Derechos Humanos de Orellana en el cual se argumentaba la incompetencia de las Fuerzas Armadas para la detención de Civiles y por ende la arbitrariedad de dicha detención.

 Vale la pena recordar que este tipo de Violaciones a los Derechos Humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas es reiterativo; quedando demostrado con estos hechos y con la detención de los señores Wilman Jiménez, Alfonso Cango, Diositeo Cuenta, entre otros.

 Posteriormente, este mismo día en la noche, los enfrentamientos tuvieron lugar en la Comunidad del Pindo. Las Fuerzas Armadas querían desalojar a toda costa a los manifestantes, para ello usaron un gran número de efectivos, asimismo fueron lanzadas contra la población grandes cantidades de bombas de gas y balas de goma.

 Desde el día 8 de enero de 2007 se encuentra cerrada la vía Francisco de Orellana – Lago Agrio a la altura del balneario Yana Yacu por los pobladores de las comunidades que habitan la entrada al río Pucuna quienes han plegado el paro que se desarrolla en Guayusa y Dayuma.

 Hacia las 12 del medio dia el presidente de la Junta Parroquial de Dayuma, señor Jhon Rosero denuncio que un grupo de aproximadamente 16 militares se encontraban patrullando la cabecera parroquial y preguntando a varios habitantes por el paradero del mencionado presidente; posteriormente por un par de horas rodearon la oficina de la Junta Parroquial donde el señor Rosero se encontraba laborando. Hacia las 4:00 PM un grupo de 6 Militares han llegado al domicilio del señor Rosero ubicado en la Vía  Pindo y han preguntado a los moradores por este.

 El señor Rosero argumenta que estos hechos de hostigamiento buscan amedrentarlo y disuadir a la comunidad de su determinación de mantener la medida de hecho.

 Una vez más, el incumplimiento de las compañías petroleras transnacionales a los acuerdos firmados, propicia que se genere situaciones de violencia contra la población civil. Entre tanto las Fuerzas Armadas siguen violando flagrantemente los Derechos Humanos consagrados en la Constitución de la Republica al detener a civiles y al implementar altos niveles de violencia contra la población y a favor de la protección de los intereses de las compañías petroleras.

 Se adjuntan las resoluciones que nos han llegado de las parroquias de Guayusa y del Sur de Orellana.

Firma de responsabilidad:

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE ORELLANA