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Misión Internacional de verificación sobre la situación de pueblos indígenas de Colombia Imprimir E-mail
Viernes, 09 de Diciembre de 2005 11:05
MISIÓN INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN HUMANITARIA Y DDHH DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA

Comisión de Verificación Arauca

La comisión de verificación encargada de desplazarse al oriente colombiano, estuvo integrada por representantes de Inter Pares (Canadá), CONAIE (Ecuador), Delegacion Sarayaku (Ecuador), Human Rights Everywhere (Noruega), Amazon Watch (USA), Native Women´s Asociation of Canada (Canadá), Diario de Zurich (Suiza), Red Europea de Solidaridad por Colombia, Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (Colombia), Humanidad Vigente (Colombia), ONIC (Colombia) y Fundación Hemera (Colombia).

 

 

Recorridos

La Mision realizó encuentros con la Comunidad Uwa (Playas de Bojabá), Comunidad Guahiba (Betoyes) Autoridades departamentales y del municipio de Arauca (Sede de la USO), Comunidad Matecandela (Arauca)

Observaciones de campo

  1. Los grupos armados que hacen presencia en la zona (Ejército, Guerrilla, Policía, Grupos Emergentes, Paramilitares), han sido actores de un conflicto armado que lleva ya varios años, responsables de los siguientes hechos contra los indígenas:

    • asesinatos contra miembros y líderes de las indígenas, provocando la disgregación social de las comunidades;

    • señalamientos continuos de pertenecer a las guerrillas, o algún otro grupo armado ilegal, lo que ha llevado a que los indígenas no tengan la libertad de moverse en su propio territorio.

    • amenazas y detenciones arbitrarias a miembros de la comunidad indígena en general.

    • ocupación de resguardos e instalación de minas antipersona en sus territorios.

  1. Según los testimonios de campo, las fuerzas armadas militares han utilizado las escuelas y centros educativos, de salud, los salones y otros espacios comunitarios, para resguardarse durante sus operaciones militares, violando el derecho internacional humanitario.

  2. Fue constante la denuncia de los indígenas, señalando la violación de su derecho constitucional a circular libremente por el territorio del Resguardo y hacia las cabeceras municipales.

  3. La Mision recibió con preocupación la denuncia de detenciones arbitrarias, principalmente de líderes y jóvenes a causa de la carencia de documentos de identidad.

  4. Preocupa mayormente la presión por parte de miembros de la fuerza pública sobre las mujeres y jóvenes indígenas, procurando la relación sexual, lo que ha generado problemas mayores como el madresolterismo y la proliferación de enfermedades venéreas; hecho este, que ha ocasionando además el repudio a las mujeres por parte de su misma comunidad.

  5. Una práctica constante en la zona ha sido el reclutamiento de jóvenes (la mayoría de las veces menores de edad), a las filas de las fuerzas militares, guerrillas y paramilitares, en desmedro de la cultura indígena y de las disposiciones legales que eximen a los indígenas del servicio militar.

  6. El temor generado por la acción de los diferentes actores, ha sido un elemento recurrente para que los indígenas no realicen de manera oportuna las denuncias sobre los atropellos de los que son victimas. Adicionalmente, el proceso de la misma denuncia, ya sea a través de la Personería o la Defensoría no resulta práctico, por cuanto siempre son requeridos a audiencias de ampliación ante un juez militar; mucho menos en las propias guarniciones militares. En general los indígenas aducen falta de garantías para realizar las denuncias.

  7. También escuchamos denuncias sobre prácticas de desalojo forzado de familias o grupos de la comunidad, como producto de falsas acusaciones o señalamientos por parte de informantes del ejército. Como consecuencia de esta práctica, en muchas oportunidades la fuerza pública deja en libertad a los indígenas, para luego detenerlos nuevamente, haciéndole el quite al habeas data.

  8. Los indígenas involucrados en estas practicas ilegales, son estigmatizados y victimas de atentados o amenazas por parte de grupos paramilitares.

  9. Se recibieron denuncias del uso indiscriminado de la fuerza en el desarrollo de las acciones militares en contra de la población civil.

  10. En el caso de la comunidad de Betoyes, se denunció el incumplimiento del Programa de Acción Social de los compromisos pactados para el retorno a sus territorios, de las comunidades victimas de desplazamiento forzado.

  11. Lentitud del gobierno -INCODER- de los compromisos de ampliación de resguardos, como en el caso del Resguardo de Matecandelas en el municipio de Arauca.

  12. Se observa que el proceso de consulta previa ha adolecido de problemas relacionados con el manejo del idioma, limitaciones en el desarrollo de una asesoría idónea para las comunidades, la segmentación de los procesos, ya sea por razones territoriales u organizativas y otros elementos relacionados con el mismo desarrollo del proyecto.

  13. Vemos con preocupación constantes manifestaciones de racismo, tanto institucional, como individual, encarnado en algunos funcionarios que discriminan a los miembros de las comunidades indígenas.

  14. Este fenómeno se observa además en algunas instituciones educativas, que discriminan a los niños y jóvenes indígenas, principalmente de la étnia Guahibo y les niegan la posibilidad de hablar su lengua en dichos centros.

Respuesta de las autoridades civiles y militares.

  1. En ese mismo sentido, vemos con preocupación la pretensión de algunos funcionarios en ocultar la carencia de políticas públicas preferenciales para los indígenas, con el pretexto que la problemática de las poblaciones indígenas están asociadas a contradicciones personales o al desacato de la autoridad de sus miembros, entre otras razones, como consecuencia del alcoholismo.

  2. Sin desconocimiento de lo anterior, también observamos con preocupación las manifestaciones de deterioro de las comunidades a causa del alcoholismo, tanto de hombres y mujeres, lo que ha traído como consecuencia inmediata, el maltrato contra niños y mujeres y el abandono de los niños en las cabeceras municipales.

  3. Sorprende la respuesta de los miembros de la fuerza publica, para la cual ninguna de las denuncias presentadas por los indígenas y la Misión no tiene asidero, pues jamás han recibido queja alguna sobre las violaciones reseñadas. No se obtuvo respuestas a los señalamientos de los indígenas, por cuanto los miembros de la fuerza publica responsables de la fuerza en la región adujeron ser nuevos en el cargo.

  4. En esa misma dirección, el tema del acoso sexual a las mujeres indígenas es asumida como un hecho natural de la relación de hombres y mujeres, que resulta irremediable.

  5. Contrario a la Mision y al espíritu que la Defensoría del Pueblo ha mantenido en la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, nos llamó la atención la actitud negligente de la funcionaria de la Defensoría Regional quien jamás saludó a la misión y a la delegación indígena, los pocos minutos que estuvo, los ocupó hablando por teléfono, y se retiró de la reunión sin siquiera despedirse formalmente. El delegado de la Procuraduría, aunque permaneció unos minutos en la audiencia, también se retiro de la reunión sin mayores explicaciones.

  6. En síntesis, la participación de las distintas instancias de gobierno no estuvo a la altura de las expectativas de las comunidades y sus respuestas denotan la valoración que el estado tiene por las comunidades en esta región del país.

  7. A pesar de las respuestas dadas, resaltamos el valor de los miembros de la fuerza publica –ejercito y policía- por dar respuesta a cada una de las inquietudes de los miembros de la Misión y de las comunidades, así como su disposición por participar durante toda la audiencia, y aceptar una reunión bilateral con ONIC y ASCATIDAR para abordar en detalle las denuncias presentadas.

  8. Tanto el Estado como las comunidades deben procurar el involucramiento de los profesionales indígenas en los diferentes procesos de su competencia, siempre que los mismos sean intérpretes y voceros cabales de sus realidades.

Recomendaciones

  1. Acercamientos de la fuerza pública con la indígena para mejorar los canales de comunicación, buscando un mejor tratamiento de las denuncias sobre amenazas, desplazamientos, intimidaciones y otras violaciones de los ddhh.

  2. Carencia de mecanismos o estrategias ágiles o viables para que los indígenas denuncien las violaciones de las cuales son víctimas.

  3. El estado debe asumir los costos de la participación de los indígenas en los proceso de consulta previa y ser garante de que sus deliberaciones se desarrollen de manera autónoma y libres de cualquier coacción.

  4. La consulta previa debe realizarse en su propio idioma y debe proveerse a las comunidades de los traductores necesarios cuando se utilice una lengua diferente.

  5. La consulta debe ser garante de la participación de todos los miembros de la comunidad a través de los mecanismos de representación que cada una ellas habilite.

  6. El estado debe considerar la voluntad del pueblo Uwa, de involucrar a todos los pueblos de los cinco departamentos en el desarrollo de la consulta.

  7. El estado debe garantizar que el pueblo Uwa cuente con una asesoría permanente y cualificada escogida por ellos, para que les acompañen durante todo el proceso.

  8. Muchas de las denuncias presentadas son resultado de la ausencia de programas específicos para las comunidades, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, razón por la cual es necesario que el estado a todos los niveles implemente programas diferenciales para estas comunidades y a nivel nacional implemente una política pública diferencial, buscando una solución real a sus problemas.

 

Mision Internacional de Verificación
Grupo de trabajo Arauca
Septiembre 21 – 23 de 2006