Los u’was, que son conocidos como “el pueblo que piensa” o “el pueblo que habla bien”, debido a que durante miles de años han conseguido mantener relaciones pacíficas con sus vecinos sin el uso de armas ni guerras, son uno de los grupos indígenas de Colombia que mantienen de forma más viva su cultura ancestral. Se asientan en un territorio en el oriente colombiano, limítrofe con Venezuela, que comprende cinco departamentos: Norte de Santander, Santander, Boyacá, Arauca y Casanare. El área donde se espera encontrar nuevos yacimientos, encima del territorio ancestral u’wa, fue conocida como bloque Samoré y a día de hoy, después de que la lucha de los u’was adquiriese relevancia internacional y se abrieran varios procesos judiciales, se encuentra dividida en dos partes: por un lado, el bloque Sirirí (en el departamento de Santander y propiedad de Ecopetrol), y por otro, el bloque Catleya (en Boyacá y Arauca, de Ecopetrol y Repsol al 50%).

Tradición de resistencia

Los u’was, que siempre se han opuesto a la extracción de crudo en sus tierras alegando que el petróleo es “la sangre de la tierra” y que juega un papel fundamental en su cosmovisión, no quieren que les suceda lo mismo que a muchos otros pueblos indígenas del país (como los bari en el Catatumbo, los zenú en Córdoba, los nukak en el Guaviare o los yariguíes en la cuenca media del río Magdalena, entre otros), que vieron cómo las transnacionales petroleras violaban sus derechos e invadían sus territorios. Ellos defienden la continuidad de su modo de vida tradicional lejos de la lógica del capital, que ahora se encuentra amenazado por la exploración sísmica (cuyas detonaciones afectarán a las corrientes de agua y a los movimientos de tierras) y la explotación de los recursos naturales de su territorio.

En la década de los ‘90, la resistencia de los u’was adquirió una gran relevancia internacional, cuando sus amenazas de cometer un suicidio colectivo dieron la vuelta al mundo: preferían suicidarse antes que tener una muerte indigna por la entrada de las multinacionales en su territorio ancestral. La compañía estadounidense Occidental (Oxy) era la que entonces quería explotar Samoré, cuyas reservas se estimaron en 1.500 millones de barriles de petróleo. A pesar de las prebendas de Oxy, como las ofertas que algunos líderes indígenas recibieron para trabajar en la empresa, las comunidades u’was siempre se opusieron a la invasión de sus tierras. Así, mantuvieron litigios en diferentes instancias judiciales nacionales e internacionales y tuvieron la solidaridad y el apoyo de diferentes movimientos sociales. Sus protestas tuvieron su punto culminante en el año 2000, cuando ocuparon los terrenos del pozo Gibraltar para impedir su puesta en marcha, de donde fueron violentamente desalojados por el ejército y la policía. La difusión mediática de estos hechos, en los que murieron dos niños indígenas, hizo que se pararan los esfuerzos por entrar en la zona.

Hoy, ante el agotamiento de las reservas de hidrocarburos en Colombia, el subsuelo del territorio u’wa vuelve a ser una gran esperanza para que las compañías transnacionales hagan negocio. La urgencia por encontrar nuevos yacimientos llevó de nuevo al Gobierno en 2004 a presionar al pueblo u’wa: esta vez, se recurrió a la puesta en marcha de una consulta previa, tal como recoge el convenio 169 de la OIT (que precisamente fue utilizado por los indígenas en anteriores procedimientos judiciales para impedir las actividades petroleras). Entre 2004 y 2005, la organización indígena de Arauca asistió a las reuniones sobre el bloque Catleya, considerando que eran meramente informativas, mientras la asociación de Boyacá y Santander (Aso’uwa) no participó en la consulta sobre el bloque Sirirí, porque, en palabras de un dirigente, “el convenio 169 de la OIT no garantiza que se tenga que respetar nuestros derechos. Es un mero formalismo en el que, aunque se haga la consulta, es el Gobierno el que toma la decisión”. Finalmente, el resultado ha sido idéntico en ambos casos: en el primer caso, la asistencia a las reuniones ha sido usada por el Gobierno para legitimar el proceso y dar por hecha la consulta, aunque no haya habido acuerdo; en el segundo, la renuncia a presentarse ha hecho que el Estado dé por terminado el plazo y autorice la puesta en marcha de los trabajos en diciembre de 2006. A pesar de que en Colombia las operaciones de las petroleras han dejado a su paso un rastro de graves violaciones a los derechos humanos, el pueblo u’wa no quiere ceder en su determinación, como uno de sus miembros declara sin titubeos: “Nos tendrán que matar a todos, con que quede uno sólo seguiremos peleando. Es como cuando se produce una sucesión, para quedarse con todo hay que matar a todos los herederos”. Mientras tanto, Repsol deja que sea la empresa estatal Ecopetrol la que asuma los costos políticos de la exploración, con lo que se da la paradoja de que la mayor petrolera de América Latina opera en Colombia prácticamente en la clandestinidad. Pero los u’was lo tienen claro: “La empresa que opera es Ecopetrol, aunque la que da el dinero por detrás es Repsol...”.

Pedro Ramiro y Alfonso Chaparro
Observatorio de Multinacionales en América Latina y CED-INS

Entran los tráilers

El 17 de enero, representantes de la Asociación U’wa denunciaban en un comunicado que 150 tráilers con material de perforación petrolera estaban ingresando en territorio u’wa, en el pozo Gibraltar 3. Con esa acción, según el escrito, se confirmaría “la decisión arbitraria, inconstitucional e ilegal” de Uribe, que está utilizando “para lograr su cometido, los aviones y helicópteros enviados por los Estados Unidos como proyecto del Plan Colombia para garantizar las actividades petroleras en nuestro territorio”.