Redacción Actualidad Étnica

Bogotá, 15/12/2006. De acuerdo con el gobierno colombiano, la exploración de los bloques Sirirí y Catleya ubicados en los Departamentos de Arauca, Santander, Norte de Santander y Boyacá, es uno de los proyectos petroleros más importantes del país. La participación de Repsol en este proyecto ha sido definida en convenio con ECOPETROL.  El "bloque Sirirí es 100 por ciento de ECOPETROL, (OXY lo devolvió en mayo de 2002). El bloque Catleya  también será operado en su totalidad por la empresa petrolera colombiana. En este bloque se ha suscrito un contrato de riesgo compartido (CRC) entre ECOPETROL y la compañía Repsol”. Según la empresa el objetivo es lograr que los riesgos de la inversión sean compartidos. Para dar cumplimiento a la ley, el Estado ha adelantado el proceso de Consulta Previa, tal y como lo señala el Convenio 169 de la OIT.

¿Con quiénes consulta el gobierno?

La Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia de acuerdo con su mandato, convocó a  42 comunidades indígenas y afrodescendientes para cursar la consulta previa. Entre los años 2004 y 2006 esta oficina realizó interlocución con dos organizaciones U´wa: Ascatidar y AsoU´wa.

Según la Dirección de Etnias, a pesar de constituirse en un modelo de consulta previa, pues tanto el Estado como la empresa hicieron uso de todos los recursos disponibles para desarrollar las diversas fases que ésta involucra, las autoridades tradicionales de Arauca organizadas en Ascatidar, luego de cursar todo el proceso dijeron No a la explotación petrolera. 

Por otro lado, Asou´wa, entidad que agrupa a los indígenas de Santander, Norte de Santander y Boyacá, el día 12 de octubre de 2006 expresó su negativa a la realización de la Consulta Previa, es decir, a hacer uso del mecanismo legal vigente, argumentando que la consulta previa ha sido asumida por el gobierno colombiano como una etapa de negociación de impactos, más no como espacio de decisión sobre la ejecución o no de los proyectos. Adicionalmente la organización indígena afirmó que el Convenio 169 de la OIT no excluye o prohíbe el derecho al veto de los mismos y reivindicó el reconocimiento de las preexistencias reconocidas en el artículo 332 de la Constitución Política. En este sentido el caso de Asou´wa se constituye en un debate de carácter fundamentalmente jurídico que, aunque recoge su argumento tradicional de “el petróleo es la sangre de la madre tierra”, plantea la discusión el terreno de las leyes y su interpretación. 

En la década pasada, este pueblo integrado por mas de 5.000 personas, interpuso una demanda al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los abusos cometidos por la multinacional Oxy y el Estado en su territorio; hoy la demanda se encuentra suspendida gracias a la intervención de la Comisión OEA - Harvard, que dió una serie de recomendaciones al Estado colombiano para proceder con este pueblo indígena. 

Ante la complejidad del caso, el entonces Ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, consultó al Consejo de Estado y éste conceptuó que “la negativa expresada por las comunidades indígenas a un determinado proyecto o su reiterada voluntad de no participar en un proceso de consulta previa, no constituyen un elemento suficiente para impedir el desarrollo de un proyecto de exploración sísmica u otros similares, necesarios para atender el interés general.” Es decir, que el Estado colombiano en nombre del interés general de la población colombiana está en potestad de tomar las medidas necesarias para garantizar que se lleven a cabo los proyectos que considere pertinentes, dentro de la normativa nacional e internacional.

¿Por qué es una prioridad extraer petróleo?

El Estado colombiano y la empresa estatal en proceso de privatización, ECOPETROL enmarcan su accionar en el Plan de Desarrollo del Presidente Álvaro Uribe Vélez 2006 –2010, cuyas estrategias principales en materia económica son: producción de hidrocarburos concentrada fundamentalmente en tres pasos: 1. Promover el fortalecimiento comercial en mercados internacionales del sector minero de alto valor agregado, como la industria del carbón, y la producción de petróleo y sus derivados. 2. Desarrollar una agresiva política petrolera para poder adicionar 1.500 millones de barriles de reserva antes del 2010 con altos incentivos y participación del capital privado y de ECOPETROL. 3. Establecer un marco adecuado para explotar todos los yacimientos”.

La exportación de petróleo garantiza el ingreso al país de mas de $13.650,5 millones de dólares al año, sin embargo el accionar de la empresa no se limita a la producción de hidrocarburos y, reconociendo las dificultades de la zona por la presencia de actores armados, la sensibilidad ecológica, las altas tasas de violencia socio política, la ubicación estratégica como corredor de armas y drogas en la frontera, así como el alto nivel de necesidades básicas insatisfechas de la población, ECOPETROL viene discutiendo la posibilidad de un plan de desarrollo regional del Sarare a 30 años.

En estos términos, a través de la inyección de capital propio y extranjero, la compañía buscará impulsar una Consejería Especial para la región del Sarare e incentivar los programas de desarrollo locales, y articular todos los niveles de gobierno para que a través de un documento COMPES se consolide la acción en cinco departamentos y siete municipios, con la inversión social que es discrecional luego de distribuir las ganancias en gastos administrativos, regalías, utilidades e impuestos.

¿Qué hacer?

Si el pueblo U’wa de los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander insiste en decir NO a la consulta previa y no al proyecto petrolero, ¿qué hacer? Al respecto, ECOPETROL ha planteado que “el propósito de la consulta es que el gobierno, la empresa y la comunidad estudien juntos los impactos de la exploración de recursos naturales en su territorio y que tomen concertadamente las mejores decisiones sobre las medidas que se deben adoptar para que el proyecto se pueda realizar sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de la comunidad indígena, como lo ordena la Constitución Política. En tal sentido, los beneficios tanto para la comunidad indígena, el resto de los colombianos como para el Gobierno, son razón suficiente para haber tomado la decisión de realizar estos proyectos de interés general de la nación, los cuales serán desarrollados respetando los derechos del Pueblo U’ Wa”.